Sucedieron en enero último enel barrio de Villa Urquiza, en el Gran Córdoba; reclaman ayuda a las fuerzas federales
Lunes 3 de marzo de 2008
CORDOBA.- "Sólo en enero, diez chicos murieron por consumir paco en mi barrio, Villa Urquiza. Algunos se ahorcaron, otros se pegaron un balazo y otros se pasaron de la dosis." Así, Teresa Zamora, máxima responsable de la Cooperativa de Carreros de Villa Urquiza, puso al descubierto una realidad que las estadísticas del gobierno provincial no reflejaron porque no se investigó el historial clínico de cada uno de los chicos.
La cifra no incluye a los nueve jóvenes muertos en 2008 en tiroteos entre bandas de narcotraficantes en el Gran Córdoba. El último de esos hechos ocurrió el domingo último en la manzana 4 del barrio IPV 360. Allí, un muchacho de 21 años fue asesinado porque se había quedado con 20 pesos de una venta de droga.
"Nos están matando a los niños y a los adolescentes. Por el paco se están destruyendo familias enteras. Los chicos se matan entre ellos y se estafan entre ellos. Hay balazos a cualquier hora del día. Lo del domingo pasó porque el chico al que mataron había ido a comprar droga para un amigo. Cuando le llevó la bolsa con droga, el amigo se dio cuenta de que le habían cambiado la cocaína por talco. Como el chico no quiso devolver los 20 pesos, le pegaron dos balazos", relató un vecino que solicitó el anonimato debido a que vive frente a una de las cocinas de droga del barrio.
En Villa Urquiza viven algunos de los 5004 vecinos de los 62 barrios de esta ciudad que, hace siete meses, firmaron un recurso de amparo para que las fuerzas federales de seguridad se hicieran cargo de la lucha contra el narcotráfico debido a que la policía provincial estaba desbordada.
Hace dos meses, la jueza federal Cristina Garzón de Lascano ordenó al gobierno nacional que, a través de la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal, elabore un plan para el Gran Córdoba para reforzar a la policía. Como la resolución fue apelada por el Ministerio de Justicia de la Nación, la llegada de las fuerzas federales quedó en suspenso. Esto provocó que la situación se agravara. Muchos vecinos que firmaron el amparo fueron amenazados por los traficantes.
En Villa Cornú, los vecinos siguen realizando patrullas armadas para expulsar a los narcotraficantes, que ante la ausencia de la policía volvieron a dominar el barrio. Mientras que, tal como ocurrió en Villa Urquiza, vecinos del barrio IPV y Villa Funes denunciaron las muertes de varios chicos por el consumo de paco (pasta base de cocaína) y de "fana" (pegamento con tolueno).
"Es mentira que el paco no mata. Los chicos se alteran, pierden noción de la realidad y se suicidan. Quedan tirados en la calle, algún familiar o vecino los lleva al hospital y en el certificado de defunción ponen cualquier cosa como causa de muerte. Nadie se preocupó en averiguar cómo llegó a esa situación, si se drogaban con paco o con «fana». Al gobierno municipal y al provincial no les importa. Pero yo vi a esos diez chicos drogarse hasta que no podían más", relató Teresa.
Con el 95 por ciento de las calles sin pavimentar, poceadas y bordeadas de zanjas que emanan hedores y miedo, Villa Urquiza es tierra arrasada por el abandono del Estado y terreno fértil para los narcotraficantes.
"En la cooperativa les damos contención a entre cinco y seis chicos con problemas de consumo de drogas. La mayoría se marchan. Si pasaron varios días y no volvieron fue porque los metieron presos. Parece que les interesó más robar para comprar droga que juntar cartones con los carros. Con los veinte pesos que ganan por día no les alcanza para comprar droga", explica Teresa mientras apila bolsas con Javier, uno de los chicos que rescató del paco. Teresa también dirige un comedor comunitario en el pasaje Rafael Obligado. Allí, 240 chicos y abuelos reciben la única comida del día en Villa Urquiza.
"A pesar de los esfuerzos, muchos vecinos tuvieron que mudarse. No resisten la violencia. Hubo familias en las que chicos fueron abusados por otros adolescentes que consumían «paco»; hicieron la denuncia, pero la policía no intervino. No les quedó otra salida que irse", agregó Teresa.
En Villa Cornú, la venta de "paco" y cocaína se convirtió en un negocio que posibilitó a muchas familias desocupadas obtener dinero. En ese barrio de 70 manzanas funcionaban 49 puestos de droga, mientras que en Villa Urquiza y el barrio IPV 360 existe un puesto cada dos manzanas.
Por tal motivo fue que el recurso firmado por los 5004 vecinos y redactado por el abogado Aurelio García Elorrio apuntaba a que los gobiernos municipal, provincial y nacional aportaran puestos de trabajo para que el jefe de una familia que se dedica a vender droga tuviera una salida laboral honesta.
"Lo que ocurrió con la droga en Córdoba no fue un castigo bíblico: tiene nombre y responsables que pusieron en marcha un sistema clientelista de la política que consistió en quitar la presencia del Estado en los barrios más humildes a través de los Centros de Promoción Humanos."
"El Estado replegó sus técnicos y esos lugares fueron ocupados por punteros políticos incapaces de contener a los grupos más vulnerables. Peor aún, algunos comenzaron a inmiscuirse en el control directo de la droga", concluyó el abogado.
Por Gustavo Carabajal
Enviado especial - La Nación
La Lucha de los Vecinos Contra los Dealers
CORDOBA (De un enviado especial).- Villa Cornú, un barrio de la periferia de esta capital, se convirtió en escenario de una guerra entre los vecinos que luchan para evitar que los chicos consuman droga y familias que vieron en los dealers que venden paco y cocaína una posibilidad de obtener dinero ante la falta de trabajo.
Uno de los íconos de la lucha era el centro vecinal. Su presidente, Rodolfo Arrieta había organizado allí un comedor comunitario al que asistían cincuenta abuelos y más de veinte chicos. Muchos, con problemas de drogas. Pero hace un mes, la sede del centro vecinal fue atacada por una de las bandas de narcotraficantes del barrio, que destruyó los bancos, libros, caños del desagüe pluvial y el horno de pan. El centro vecinal debió cerrarse. Mientras Arrieta mostraba los daños a este enviado, le temblaba la voz; desde una casa situada frente al centro vecinal, uno de los supuestos lugares de venta de droga, era vigilado por dos traficantes.
"No tengo forma de arreglar el desastre que hicieron", exclamó Arrieta. Enfrente, un grupo de jóvenes lo observaba mientras se acercaba a una de las casas donde se vende droga.
A su lado, el abogado Aurelio García Elorrio, que representa a vecinos que presentaron un recurso de amparo, explicaba que "la policía provincial está paralizada desde que advirtió que había punteros políticos relacionados con el narcotráfico".
En la semana, Arrieta participó de una marcha de cien vecinos en la que reclamaron al intendente de esta capital, Daniel Giacomino y al gobernador Juan Schiaretti que pongan en marcha un plan de inclusión y puestos de trabajo para luchar contra la droga.
"El 29 de enero tuvimos una reunión con el intendente y se comprometió a que comenzaríamos a trabajar para sacar a los chicos de la calle, darles educación y trabajo, y así sacarlos de la droga. Pasó un mes, y nadie nos llamó. No tenemos respuestas", explicó Arrieta.
"Pedimos seguridad y la posibilidad de generar puestos de trabajo, capacitación y empleo para darles a los chicos una posibilidad distinta a la droga", explicó Nancy Alderete.
LA NACIÓN
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