Reclusiones Perpetuas a Menores de edad: ¿política de gobierno?
Emilio García Méndez.
FUNDACIÓN Sur-Argentina.
Las sentencias de reclusión perpetua a menores de edad siguen dando que hablar en la Argentina. Esta vez, en ocasión de un Dictamen del Procurador Fiscal ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En rigor de verdad nada nuevo dice el dictamen en términos sustanciales, ya que el mismo prácticamente se limita a reiterar casi textualmente los argumentos que hace tres años expresó un fallo de la Cámara Nacional de Casación Penal, que establecía la conformidad de la imposición de sentencias de reclusión perpetua a menores de edad, con la Convención Internacional de los Derechos del Niño -tratado internacional de derechos humanos que, en el contexto latinoamericano, sólo en la Argentina posee explícito rango constitucional-.
Esta “nueva” interpretación bastarda y descontextualizada de un articulo de la Convención que según algunos (que sorpresiva y selectivamente se presentan como supuestos interpretes rigurosos de la letra chica de la Convención, mientras durante años ignoraron la flagrante inconstitucionalidad deesperpentos jurídicos, derogados pero vigentes, como la ley de Patronato 10.903) legitimaría la imposición de reclusiones perpetuas a menores de edad, no es novedosa por lo que dice sino por quién lo dice.
Lo que realmente llama la atención del mencionado dictamen es lo que implica como toma de posición política. Una toma de posición doblemente preocupante, primero porque insiste explícitamente en el argumento de la “peligrosidad” del menor (repugnante concepto positivista reñido con los principios más básicos del Estado Democrático de Derecho) y segundo, porque contradice abiertamente la posiciónconciliadora que el gobierno ha asumido, para cerrar las denuncias que contra el Estado argentino tramitan en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Por lo demás, llama la atención que a todo lo largo del dictamen, el fiscal se refiera a la “ley” 22.278, sin la más mínima mención al hecho que se trata de un espurio decreto de la dictadura militar que más de 20 años de democracia no han conseguido derogar.
La propuesta de política criminal contenida en este dictamen del Fiscal, no sólo contradice el sentido común sino también las posiciones serias y responsables de aquellos que situados en lugares de alta responsabilidad en la política de seguridad (como el Ministro Arslanián, por ejemplo), no se cansan de recordar que no es precisamente la brutalidad de las respuestas lo que se constituye en disuasivo para la comisión de delitos.
El tiempo pasa y la Argentina continua aumentando su triste record de constituir el único país de América Latina con reclusiones perpetuas a menores de edad: once hasta el día de hoy.
Fuente: Fundación Sur Argentina
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