Una de las jóvenes logró advertir a su familia en Paraguay; eran explotadas en un cabaret de La Plata
Jueves 26 de junio de 2008
Un cliente le prestó su teléfono celular y la chica, apenas adolescente, pudo hacer la llamada que le salvó la vida. Contó a su familia, que vive en Paraguay, que era mantenida secuestrada en el cabaret El Harem de La Plata, en la provincia de Buenos Aires, donde era obligada a tener relaciones sexuales a cambio de dinero. La denuncia, que llegó a las autoridades en Paraguay, terminó con un allanamiento realizado ayer en el prostíbulo platense, donde la policía liberó a la chica, menor de edad, y a otras cinco jóvenes que estaban cautivas en el antro subterráneo.
El procedimiento permitió echar luz sobre una red de trata de personas, comandada por un subinspector exonerado de la policía de Misiones, quien fue detenido hace unos días por la Prefectura Naval cuando cruzaba a media docena de chicas en una balsa desde Paraguay a El Dorado, Misiones, por el río Paraná.
Además, en el procedimiento realizado en La Plata, en el cabaret El Harem, fueron detenidos un hombre y dos mujeres que regenteaban el lugar. Así lo informaron fuentes oficiales a LA NACION.
El procedimiento fue realizado por la flamante la División Trata de Personas de la Policía Federal. La investigación de este delito cobró fuerza en los últimos meses luego del renovado interés de las autoridades norteamericanas en poner fin al tráfico de personas en el continente.
De hecho, en abril último, la Argentina aprobó una ley en el Congreso que castiga con penas que llegan a los 15 años de prisión al que mediante engaños reclute a mujeres para esclavizarlas.
A tono con esta política, la Policía Federal creó una división especializada en este delito y la Procuración General de la Nación estudia la conformación de un grupo de fiscales especializados.
Para el procedimiento de ayer, Interpol Paraguay pidió a sus pares de la Argentina la intervención y así el juez federal de La Plata, Humberto Blanco, firmó la orden de allanamiento.
La investigación comenzó cuando la madre de la menor paraguaya, de 17 años, denunció, ante la fiscal de su país Teresa Martínez Acosta, que su hija había sido trasladada a la Argentina con una propuesta de empleo doméstico, pero se trató de un engaño.
La mujer manifestó que su hija tuvo oportunidad de llamar por un teléfono celular para pedir ayuda, lo que permitió determinar su ubicación.
Martínez Acosta hizo entonces el pedido de investigación a Interpol de Paraguay y este organismo a sus colegas de la Argentina, cuya actuación permitió liberar a la joven y desbaratar la banda de traficantes de personas.
Cuando la policía allanó el lugar, situado en la calle 41 número 414, en La Plata, según dijo uno de los investigadores del caso la policía encontró a una veintena de clientes que estaban haciendo fila para ingresar en el local.
La Argentina está en la mira de los Estados Unidos por este delito. En el último informe anual del Departamento de Estado sobre trata de personas, las autoridades norteamericanas consideraron que nuestro país "funciona como fuente, tránsito y destino de hombres, mujeres y niños que son traficados con propósitos comerciales para la explotación sexual y las labores forzadas".
"La mayoría de las víctimas son trasladadas dentro del país, desde áreas urbanas a las ciudades", destaca la investigación, que pone el foco en la Triple Frontera. El informe divide a los países en niveles. El primero incluye a aquellos en mejor situación. El segundo, a los países con tareas pendientes, pero en proceso de mejorar. La Argentina se encuentra en este nivel, pero en la lista de observación por tercer año consecutivo.
"El Gobierno no cumple totalmente con los estándares mínimos para la eliminación del tráfico, pero está haciendo esfuerzos significativos", señaló el trabajo.
Por Hernán Cappiello
De la Redacción de LA NACION
Los debates y proyectos que están en el Congreso
Jueves 26 de junio de 2008
Un proyecto contempla la creación del Registro Nacional de Huellas Genéticas Digitalizadas. Otro, una base de datos con los antecedentes de personas condenadas por los delitos contra la libertad sexual.
Ambos están aún sin tratar en la Cámara de Diputados de la Nación. El primero, presentado por el legislador Eugenio Burzaco (Pro), fue girado a las comisiones de Presupuesto y Hacienda, Legislación Penal y Justicia. El segundo, cuya autora es la diputada Paola Spatola, después de perder estado parlamentario en diciembre pasado fue presentado nuevamente y ahora está en las comisiones de Legislación Penal y de Justicia.
"No quiero que aprueben mi proyecto, simplemente que haya una discusión", explicó a LA NACION Spatola, (Guardia Peronista-Buenos Aires).
En el proyecto de Spatola se sostiene que el Registro Especial de Antecedentes de Personas Condenadas por los Delitos contra la libertad Sexual será reservado y "únicamente podrá suministrar informes ante el requerimiento de jueces y tribunales de todo el país; autoridades nacionales, provinciales o municipales, y entidades o instituciones educativas y organizaciones, cuando acreditaren interés legítimo para ello según los requisitos que establezca la reglamentación".
Desde la Asociación Madres del Dolor denunciaron que un colaborador de la presidenta de la comisión de Legislación Penal, Nora César FpV -Buenos Aires), les dijo que el proyecto de Spatola no iba a ser tratado.
César negó la acusación. "No es cierto que este proyecto no se vaya a tratar. Está en estudio, por parte de los asesores. Hay temas que hay que abordarlos con mucha seriedad, y este es uno de ellos. Lo pondremos en el temario de la comisión, y lo trataremos, seguramente, una vez que superemos lo del campo", explicó.
Isabel Yaconis, madre de Lucila, una adolescente violada y asesinada e integrante de las Madres del Dolor, dijo que convocan para hoy, a las 18.30, a víctimas y familias de personas que hayan sido violadas a movilizarse en la plaza del Congreso para pedirles a los legisladores que traten los proyectos que "interesan a la gente y que están parados".
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