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Se muestran los artículos pertenecientes al tema Caso Padre GRASSI (abusos a niños).
El sacerdote católico romano Julio César Grassi sigue en libertad tal como lo consiguió su "defensa" con un "habeas corpus preventivo, en respuesta a un rumor que indicaba que la Cámara Penal de Morón se expediría sobre un planteo de "detención inmediata" que habían formulado los acusadores de Grassi. Julio César Grassi fue condenado a 15 años de prisión por abuso de menores el 10 de junio de 2009. Sin embargo seguía y seguirá libre. Así lo determinó el tribunal de Casación Penal de la provincia de Buenos Aires que le otorgó hoy un "habeas corpus preventivo" ante la insistencia de arresto promovida por la Fiscalía y la parte querellante.
Martín Tipitto y Ricardo Malvicini, los defensores del cura, sostienen que el planteo de la querella era improcedente dado que la condena aún no tiene carácter definitivo. Los magistrados Jorge Celesia, Fernando Mancini y Carlos Alberto Mahiques, miembros del tribunal, reconocieron que esta determinación se da en el marco de una "situación de excepcionalidad" como para imponer ese recurso.
"La Cámara de Morón ha asumido una competencia que excede la que legalmente tiene atribuida y podría traducirse en perjuicio del imputado dato que, precisamente, es revelador del potencial peligro denunciado y habilita la procedencia de la acción de habeas corpus", señala el escrito.
Fuente: Perfil Adentro de la sala, el sacerdote no se inmutó cuando escuchó la sentencia. El alivio de Portal y las lágrimas de Miriam Lewin. Qué pasó con los chicos.
“15 años de prisión”. Las palabras emitidas por el presidente del Tribunal Nº1 de Morón, Luis María Anduela, retumbaron en la pequeña Sala que se convirtió en el escenario de una condena histórica. Por encima de él, una gran cruz de madera, un detalle extravagante. A su derecha, el "hombre de Dios" Julio César Grassi escuchaba la lectura de la sentencia sin inmutarse. No parpadeaba, no movía las manos, no sonreía ni fruncía el ceño. Nada.
Frente a él, los abogados Juan Pablo Gallego, Sergio Daniel Piris y Jorge Luis Calcagno formaban una especie de muralla entre el cura pedófilo y los tres jóvenes que se animaron a acusarlo. A ellos, los chicos, se los notaba más nerviosos y expectantes.
Sentado al lado del forense Enio Linares, Raúl Portal atendía sin perder detalle de ninguna de las palabras inmortalizadas en la sentencia de la causa Causa Nº 2438. Una mueca de satisfacción brotó de sus labios al escuchar la absolución, luego de la condena por el caso del joven llamado Gabriel. En ese mismo momento, Luis y Ezequiel bajaron la mirada, sin decir nada, al igual que Estela de Carlotto que, en cambio, hizo una mueca de disgusto.
Desde el momento en que los jueces ingresaron, la tensión inundó la sala repleta de periodistas (de medios nacionales). Entre ellos, Myriam Lewin seguía sin pestañar los dichos del magistrado hasta que éste dijo: “15 años de prisión”. La periodista más atacada por los cómplices del sacerdote, respiró aliviada y unas lágrimas cayeron de sus ojos claros.
Grassi, seguía sin cambiar su gesto despreocupado, ni siquiera expresó alegría cuando el Tribunal lo absolvió de los hechos de abusos denunciados por Luis y Ezequiel. Sabía muy bien que la Justicia no iba a ordenar su detención, se aseguró de que así fuera antes de presentarse en el edificio ubicado en las calles Almirante Brown y Colón.
Luego de la lectura, la Sala se vació y vinieron las declaraciones de los protagonistas:
Enio Linares: “Es un peligro para la sociedad”.
Raúl Portal: “Estoy feliz, esto es una victoria: de tres chicos, lo condenaron por uno”.
Estela de Carlotto: "Nos queda nada más el consuelo de que no fue absuelto".
Osvaldo Grassi: “Mi hermano es inocente”.
Federico Nieva Woodgate: “Hay que seguir luchando. Esta condena no es suficiente”.
Julio César Grassi: “Soy víctima de una injusticia”.
Pero, pese a la condena, esta historia no ha llegado a su fin, debido a que los abogados de los damnificados no piensan quedarse con los brazos cruzados, apelarán el fallo por considerarlo “insuficiente”. Y no están solos. Lo acompañarán en la epopeya intelectuales, periodistas, profesionales de la salud y organismos por los derechos del niño. Por ello, esta sentencia es sólo el principio.
Todavía, el final está abierto Fuente: 24.con ¿Tan sólo?..... Grassi puede entrar en el hogar (EN EL QUE COMETIÓ LOS ABUSOS Y CORRUPCIÓN DE MENORES) porque los jueces no piensan que pueda reincidir Habida cuenta de las experiencias en todo el mundo que avalan que una persona con este tipo de desviaciones es "incurable" y por tanto volverá a cometer el delito.... Digo yo, qué tal si el Juez Andueza, presidente del tribunal que lo condenó, le da albergue en su casa, junto a la habitación de su hijo/a o nietos/as. El presidente del tribunal que condenó al cura Julio César Grassi a 15 años de prisión por abuso sexual y corrupción de menores, Luis Andueza, descartó que el sacerdote pueda "ser reincidente", y dijo que por eso se lo autorizó a ingresar al hogar de la Fundación Felices los Niños con la persona que el mismo elija.
Un día después del veredicto: Lewin calificó de "salomónico" el fallo contra Grassi La periodista que encabezó el informe sobre el cura para Telenoche Investiga cuestionó al Tribunal. "Dejarlo entrar a la Fundación es como mandarlo a Disneylandia", señaló. La decisión del Tribunal Oral Nº 1 de Morón de condenar con 15 años al cura Julio César Grassi tiene una realidad a secas para Miriam Lewin, la periodista que en 2002 estuvo a cargo de la denuncia periodística: "Está probado, es un perverso, un depravado. Y va a entrar a la Fundación donde va a estar rodeado de niños. Es como mandarlo a Disneylandia".
En diálogo con Primera Mañana, por radio Mitre, Lewin manifestó una "terrible amargura" porque" sólo fue condenado por los hechos de 'Gabriel'". Al mismo tiempo, recordó cómo la pasó el chico abusado por el cura: " Lo amenazaron. Fue el que más agresiones sufrió. Lo apretaron en un descampado en zona oeste. Realmente Gabriel la pasó muy muy mal" y resaltó que tanto él como el resto de los chicos "seguirán bajo el sistema de protección de testigos mientras este hombre (por Grassi) podrá deambular sin ninguna restricción".
Lewin calificó la decisión del tribunal como un "fallo salomónico" dado que permanecerá en libertad hasta que quede firme la sentencia. "No tendrá restricción para pasearse por cuanto programa de radio y televisión quiera", remarcó la periodista que advirtió que "puede haber otras víctimas. Cualquier especialista que se consulte sobre delitos sexuales determinan que el abusador sexual tiene una alta probabilidad de reincidencia". Fuente: Perfil PASAPORTE AL INFIERNO EL SACERDOTE FUE CONDENADO POR “ABUSO SEXUAL AGRAVADO” Grassi, quince años pero libreEl cura fue declarado culpable por dos hechos de corrupción de un chico de 13 años. En los otros dos casos de jóvenes que también lo acusaban, resultó absuelto. El fallo generó polémica porque el sacerdote quedará en libertad y podrá ir a su Fundación. Por Carlos Rodríguez A más de seis años de la difusión pública del caso, el cura Julio César Grassi fue condenado ayer a 15 años de prisión como autor de los delitos de “abuso sexual agravado” por su condición de sacerdote “encargado de la educación y la guarda” del chico conocido como “Gabriel”, mientras que fue absuelto por hechos similares denunciados por otros dos niños mencionados en la causa como “Ezequiel” y “Luis”. Más allá del fallo condenatorio en un caso de pedofilia cuyo autor es un religioso, la decisión del Tribunal Oral Nº 1 de Morón despertó polémica, sobre todo porque el cura seguirá en libertad, como a lo largo de casi todo el proceso iniciado en octubre de 2002. Y no sólo eso, sino que fue autorizado a visitar la sede central de la Fundación Felices los Niños, en la localidad de Hurlingham, en horario diurno y acompañado “por una persona por él designada”. Esto significa que Grassi, aunque condenado en primera instancia, puede volver al lugar donde ocurrieron los abusos sexuales que fueron considerados probados y “en concurso real con corrupción de menores agravada”. “Se ha condenado a un pedófilo a 15 años de prisión, pero el tribunal no lo encontró culpable de todos los cargos, de manera que vamos a apelar ante la Cámara de Casación”, dijo el abogado querellante Juan Pablo Gallego, que representó en el proceso al Comité de Seguimiento de la Convención Internacional por los Derechos del Niño. “De todos modos, lo más grave es que pueda seguir en libertad y que pueda visitar, cuando quiera, la escena del crimen”, comentó Gallego, y en ese punto coincidieron el fiscal del juicio, Alejandro Varela, y Estela Carlotto, presidenta del Comité (ver aparte). Grassi, a pesar de recibir una dura condena, calificó el fallo de “salomónico” y dijo que era “un empate”, en alusión a las absoluciones por los casos de “Ezequiel” y “Luis”. El sacerdote igual consideró que el de ayer fue “un día triste y terrible” para él, pero a su lado, sus seguidores, entre ellos sus hermanos Juan José y Osvaldo Grassi y el conductor de TV Raúl Portal, parecían celebrar que se hayan descartado las acusaciones de “Ezequiel” y “Luis”. “Antes teníamos que pelear contra tres y ahora nos queda pelear sólo con uno de ellos”, comentó Portal en una de las ruedas íntimas que realizaron los amigos de Grassi, luego de la lectura de la sentencia, en una audiencia que duró 40 minutos. El presidente del Tribunal, Luis Andueza, secundado por Jorge Carrera y Mario Gómez, leyó sólo la parte resolutiva del fallo y entregó los fundamentos a la fiscalía, a las querellas y a la defensa. Adelantó que la sentencia consta de 1400 fojas. Durante la lectura, Grassi movió su silla para ponerse de frente, cara a cara, a los jueces. En el recinto estaban dos de los denunciantes, “Gabriel” y “Luis”, que presenciaron el acto. En el comienzo, Andueza dijo que había “veredicto condenatorio”, por unanimidad, para los dos casos de abuso sufridos por O. A. A., iniciales del verdadero nombre y apellido de “Gabriel”. Algunos de los fundamentos, no leídos en la audiencia, pero a los que tuvo acceso este diario, especifican que “resulta clara la orientación sexual de los tocamientos, besos en la boca y fellatio” promovidos por el imputado en hechos ocurridos en noviembre y en diciembre de 1996, cuando “Gabriel” tenía apenas 13 años. El tribunal dice, respecto del cargo de corrupción, que “Grassi, para satisfacer sus bajos deseos, no trepidó en llevar adelante, con un menor de 13 años, conductas que no podía ignorar eran aptas para desviar el normal desarrollo de su sexualidad”. Los jueces citaron al perito de la defensa, Fernando Cabello, “quien habló de los conflictos en la formación sexual de una persona, del paso de la etapa de isofilia a la heterofilia, cuando aparece la libido y se determina la orientación en tres etapas –autofilia, isofilia y heterofilia– una persona va madurando en lo sexual normalmente”. Abundan los jueces al señalar que “no solamente se trató de la ejecución de actos de connotación sexual con un menor de su propio sexo, sino de la influencia en la psiquis de la víctima mediante palabras y gestos que pretendían lograr en el menor la idea de que se trataba de una situación normal”. “Le decía –precisa el fallo– que lo viera como su padre, o que era normal que los hombres se conocieran, mientras llevaba a cabo estas conductas.” El avance de Grassi fue gradual: “Primero lo sentó sobre sus faldas, luego le tocó las piernas aproximándose al pene, después lo sorprendió dándole un beso en la boca. Otro día le propuso una fellatio a la que accedió antes de escuchar la respuesta de una víctima paralizada”. Al momento de evaluar la pena, los jueces consideraron que era “inexorable y exorbitante” la pena máxima, solicitada por Gallego, de 37 años de prisión, y también la de 30 y hasta la de 20, sobre todo teniendo en cuenta que se desestimaron, como válidas, las acusaciones por los 15 hechos denunciados, en conjunto, por los jóvenes identificados como “Ezequiel” y “Luis”. En cuanto al pedido de la fiscalía, y de las querellas, de que se dictara la inmediata detención de Gra-ssi, los jueces la desecharon por entender que el imputado siempre se presentó “en cuanta ocasión le fuera requerida” durante el largo proceso judicial. Incluso se hizo referencia a lo ocurrido, en octubre de 2002, cuando Grassi “eludió públicamente a la comisión policial” que iba a detenerlo en un estudio de televisión, pero luego “no cambió de actividad ni de residencia” para escapar al accionar del Poder Judicial. Los jueces dejan sentado que “a esta altura del proceso sólo resta que la presente (sentencia) quede firme para que Grassi pierda su libertad ambulatoria”. Por eso resolvieron que siga en el actual régimen de “libertad vigilada” (ver aparte). Los magistrados decidieron que el cura podrá concurrir a la Fundación Felices los Niños, pero que tendrá que hacerlo en compañía de una persona “por él designada”, en los siguientes horarios: de lunes a sábado de 7.30 a 18.30 y los domingos de 7.00 a 20, bajo responsabilidad de la persona mencionada. También se estableció que Grassi no puede contactarse con menores de edad en lugares privados o a solas, así como acercarse a los tres jóvenes que lo denunciaron, dos de los cuales todavía siguen –por razones de seguridad– bajo el régimen de protección de testigos. Lo que no se dijo es si se tomarán medidas tendientes a garantizar el cumplimiento de esas disposiciones. El cura escuchó la lectura en un marco de completo silencio de la sala, que estaba colmada por unas cincuenta personas, entre jueces, abogados, periodistas y público en general, que por primera vez pudieron presenciar un debate que les estuvo vedado durante todo su desarrollo. Al lado de Grassi estuvieron sus defensores, Daniel Cavo, Ricardo Malvicini y Marcelo Tipito, sin hacer gestos ni comentarios ampulosos. Una vez conocido el fallo, el fiscal general de Morón, Federico Nievas Woodgate, admitió que la pena impuesta “no cubre el total de las expectativas de este Ministerio Público”, pero consideró que la sentencia es “mucho más que nada”. Agregó que si bien “no es un triunfo, está muy lejos de ser una derrota”. Sí hizo en hincapié en que es “un error que el imputado quede libre hasta que la condena quede firme”. Nora Schulman, directora del Comité de Seguimiento de la Convención Internacional de Derechos del Niño, dijo que los tres jóvenes que denunciaron al cura Grassi se sintieron “muy mal y quedaron muy shockeados” luego de escuchar la sentencia. Los que estuvieron presentes fueron “Luis” y “Gabriel”, quien “ni siquiera se alegró porque tomaron en cuenta su caso, ya que siempre trató de ponerse en el lugar de los otros dos chicos”, le dijo a Página/12 su abogado, Sergio Piris. “Uno de los jóvenes me comentó apenas escuchó el fallo: ‘Yo perdí tres años y medio de mi vida por todo esto. ¿Hasta cuándo tengo que seguir con esto?’”, contó Schulman a este diario. Sostuvo luego que otro de los chicos “se acercó de inmediato, me abrazó llorando y no hubo necesidad de que dijera ninguna palabra”. El chico conocido como “Ezequiel” eligió quedarse afuera de la sala y cuando salió Schulman, la abrazó y también se puso a llorar. A la sala de audiencias del quinto piso no ingresaron los reporteros gráficos y hubo recomendación, para los periodistas, para que no se tomaran fotografías de los denunciantes con los teléfonos celulares. “Sale y ya es un peligro”Por Emilio Ruchansky “Siete años de trabajo y nueve meses de juicio no fueron en vano. En eso coinciden Estela Carlotto y los integrantes del Comité que vela por los derechos de la niñez (Casacidn) que ayer evaluaron la sentencia contra el cura Julio César Grassi. “Ya no se trata de sospechas y denuncias –dijo en un momento el abogado Juan Pablo Gallego–, ahora existe una certeza judicial de que es un abusador y corruptor de menores.” Que siga libre y pueda visitar a los jóvenes de la fundación que creó es para los miembros del Casacidn algo insólito, peligroso, aberrante. Pasa que el cura, según afirmó el criminalista Enio Linares, puede reincidir porque no siente culpa: “Manipula a sus víctimas diciendo ‘mis órdenes son tus deseos’, como escribió Montaigne”. La extraña sensación de tranquilidad y espanto por ver culpable y libre a Grassi fue el tema recurrente de la conferencia en la sede del Casacidn, a pocas cuadras del Congreso. Además de anticipar una apelación a la sentencia del tribunal de Morón, tanto Gallego como sus colegas Jorge Calcagno, Sergio Piris y Luis Paglietti opinaron que los jueces no tuvieron el valor y el compromiso de detenerlo. “No se jugaron, Grassi se tendría que haber ido esposado”, acotó Piris, querellante por “Gabriel”, uno de los tres chicos que denunciaron al cura y por cuyo caso resultó condenado. “Gabriel vive en el régimen de protección al testigo, rodeado de policía, no tiene novia ni amigos y Grassi tiene todo, hasta una mansión frente a uno de los hogares de Felices los Niños”, contó después. Sentado a un extremo de la mesa, con los brazos sobre una pila de 40 centímetros de papeles, la sentencia completa que ninguno de los presentes había podido leer, el perito Linares hizo un breve análisis sobre la peligrosidad del cura. “Es un narcisista crónico, es algo patológico y me animo a decir que es la fuente de todas las perversiones. Grassi no es un demente, es racional en todo lo que hace, el psicópata convive con la realidad. Su estructura personal no cambia, es irreversible. Siempre va a ser un perverso. Va a repetir el error porque no siente culpa.” Sin embargo, para Linares, Grassi no está del todo libre: “Vive encerrado en su coraza”. Aunque admitió que a veces los psicóticos acorralados se suicidan, dijo que el cura es “demasiado cobarde” como para hacerlo. En la otra punta de la mesa, la directora del Casacidn, Nora Schulman, aseguró que Grassi hoy no es el responsable legal de su fundación pero la sigue manejando: “Acabo de hablar con alguna gente de la sede de Chacarita y me contaron que ya les llegó el mensaje de que desde ahora responden a las órdenes de Grassi”. En el centro de la mesa estuvo Estela Carlotto, quien lamentó que sólo se tomara como probada la denuncia de uno de los tres chicos. “No soy abogada, así que hablo desde mi sentimiento”, aclaró un momento después. “Estoy contenta y frustrada. Es un castigo ejemplar, que va a dar valor a otros para que denuncien. Pero se juzgó sólo el abuso a un menor, cuando los otros dos también aportaron todo su dolor y sus pruebas al tribunal”. La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo juzgó como inaceptables y groseras “las franquicias inmerecidas” que recibió Grassi. “Le dieron libertad de acción a un hombre peligroso”, dijo. “Nada garantiza el futuro de lo que podrían ser sus próximas víctimas.” –¿Cuál es su opinión sobre los jueces? –le preguntó Página/12 después de la conferencia. –La verdad es que creo que nos olvidamos que la Justicia es una Justicia que tiene una ideología y la vuelca en sus fallos. Los jueces que lo condenaron tienen sus años, no son niños inexpertos. Arrastran la costumbre de favorecer al victimario sobre la víctima cuando el acusado es una persona que tiene mucho poder y dinero. Es como si pensaran “bueno, es cura, es intocable”, minimizando los casos que estaban probados. –¿Piensa que el entorno fue cómplice? –Hay una inmensa red detrás, (Raúl) Portal es sólo la fachada de sus amigos a ultranza. Cuando entré al tribunal me vino a saludar y me dijo que pese a las diferencias me respetaba y me quería mucho. Lo miré con los ojos redondos, yo no le pido afecto, sólo respeto por los chicos. Fue una situación límite, yo hubiera preferido que saludara de lejos. Me ofende más que se acerque y me diga que me quiere. –Del otro lado, están las víctimas y sus familiares. Usted mencionó el libro de Roberto Pia-zza y de lo difícil que es salir del silencio cuando hubo un abuso. –Cuando pienso en las madres de estos chicos me surge la desesperación. Grassi sale y ya es un peligro. Debería llevar un cartel que diga “abusador suelto” para alertar a la población. Hay que escuchar las voces de esas madres. –¿Y la Iglesia? –Bueno, la Iglesia es silenciosa en los peores crímenes, me consta por lo que hicieron cuando fue la dictadura. En ese caso fueron cómplices directamente, muchos de los bebés apropiados eran ofrecidos por curas y monjas en las parroquias. –¿Cree que la Fundación de Grassi puede seguir funcionando? –Sí, claro. Pero debe tomarla alguien serio y sano, un grupo de gente con vocación, que no tenga sotana ni hábitos. –¿Hábitos como los de Grassi? –(Risas.) Exacto. Porque la estructura sirve. Yo tengo una receta para todos esos niños con problemas o abandonados, a veces me siento doña Petrona cuando la digo. El Estado gasta 3000 pesos por mes para mantenerlos encerrados en asilos, esa plata debería usarse para subvencionar a familias que los puedan contener. Dos mil para la familia y mil para un asistente que controle que ese chico comió, que no fue golpeado, que estudia. Igual hay un negocio detrás del encierro, el Estado debería, por lo menos, tomar cartas en el asunto y controlar más. Las condiciones de la libertad - Deberá presentarse el primer día hábil de cada mes ante el Tribunal que lo condenó. - Tendrá que mantener el domicilio real constituido en la provincia de Buenos Aires y fuera de cualquier sede o dependencia de la Fundación Felices los Niños. - Si planea ausentarse de su casa por más de 24 horas, deberá contar con una autorización judicial previa. - Debe comprometerse o no concurrir solo a las sedes o dependencias de la Fundación y podrá hacerlo de lunes a sábado en el horario de 7.30 a 18.30 y los domingos de 7 a 20, bajo la responsabilidad y acompañamiento de la persona que él designe. A su vez, ese cuidador puede delegar su función en un tercero, quien quedará sujeto a la previa aprobación del Tribunal y deberá concurrir al mismo a labrar la correspondiente acta de estilo. - Se le prohíbe tener contacto con alguna persona menor de edad, en lugares privados o a solas. - No puede acercarse a O.A.A., H.O.J. y L.A.G. (los tres denunciantes), referirse a ellos públicamente, ni comunicarse intencionalmente con los nombrados ni con ninguna otra persona vinculada íntimamente con ellos. - No podrá salir del país, por lo que ya se envió un oficio a la Dirección Nacional de Migraciones. - Y, por último, debe continuar sometiéndose al proceso. Entre el rol de víctima y la responsabilidad institucional Por Washington Uranga Durante todo el juicio y aun después de la condena, la estrategia de Julio César Grassi siempre fue la misma: presentarse como víctima de una campaña orquestada desde los medios de comunicación para condenarlo. Contra todas las evidencias evaluadas por la Justicia, el cura seguirá insistiendo en su inocencia porque ello le permite instalarse en la condición de mártir, así esta caracterización sólo tenga valor para sí mismo y para sus seguidores incondicionales. Mientras tanto, la jerarquía de la Iglesia se ha mantenido cautelosamente al margen, intentando mitigar el daño institucional y reiterando que respeta el fallo de la Justicia. La insistencia de Grassi en su inocencia es una forma más de no asumir responsabilidades frente a los hechos que le fueron probados. La proclamación de la inocencia puede leerse así como una manifestación más de la perversidad de la conducta del cura. En un último reportaje publicado por un medio católico, Julio Grassi habló de los intentos de “presionar mediáticamente a la Justicia”, diciendo que esta pretensión no sólo alcanza “a los jueces, sino a la sociedad, haciendo ostentación de un poder de ‘dibujar la realidad a su antojo y acorde a sus intereses’”. Y agregó: “Hablo sobre todo del grupo interesado en atacarme y de sus aliados”. ¿Quiénes son? Nunca quedó claro cuáles son los intereses que se le oponen, cuáles los grupos complotados contra él. Salvo que el cura considere que la Justicia, en la que dijo creer, sea parte de esa conspiración. No hay datos en cambio respecto de quién proveyó el dinero para la costosa defensa del cura, ni se aportó transparencia sobre otras acusaciones que, más allá de las probadas, rondan en torno de la Fundación que dice estar dedicada a la protección de niños y jóvenes. Y si Grassi habla de conspiración mediática en su contra, debe admitir que en torno de él y para su defensa se montó también una estrategia compleja de medios y marketing para vender la imagen de la víctima, del mártir. De ello da cuanta la página www.causagrasi.org, lugar donde se ventilan los méritos del cura, las apelaciones de inocencia y las cadenas de oraciones de sus seguidores. Si hasta se instrumentó allí una encuesta virtual convocando a votar por Grassi “inocente” o “culpable”. ¿Puede imaginarse el resultado? 7751 votantes (80 por ciento) se inclinaron por la inocencia, 1647 (17 por ciento) por la culpabilidad y apenas 334 (3 por ciento) manifestaron no tener opinión al respecto. Lo que sorprende es que, en ese sitio, tantos se hayan inclinado por la condena. Conociendo la manera como se manejan los obispos, sus temores y ambigüedades institucionales, Grassi utilizó también ese flanco. Aunque ningún jerarca de la Iglesia salió a respaldarlo públicamente, él se encargó de decir que el cardenal Jorge Bergoglio “siempre está a mi lado”. Así como no hubo apoyo explícito, tampoco existió una desmentida clara y terminante del presidente del Episcopado a los dichos de Grassi. Pero el cura condenado no se detuvo ahí. En declaraciones recientes mencionó a un total de doce obispos locales, provenientes de todo el espectro ideológico eclesiástico, que según él le dieron respaldo. “También he recibido apoyo del nuncio (embajador del Vaticano)” y hasta de un obispo de Angola, dijo. En los últimos días los obispos han venido calibrando en privado el perjuicio institucional que les acarrea la condena a Grassi. Porque si bien lo que se juzga es una conducta individual, la investidura institucional del cura roza a la propia Iglesia. Máxime cuando este hecho se suma a un ya largo rosario de delitos de abuso de menores comprobados a miembros de la institución eclesiástica en diversas partes del mundo. Lo más probable es que la institución eclesiástica permanezca inmutable. La respuesta será entonces que “hemos respetado y seguiremos respetando la Justicia”, con el agregado de que “el hecho no involucra a la institución”. Es la manera que los obispos eligen para minimizar los costos. Aunque los costos sean grandes, también en lo institucional. Porque aunque se trata de una persona, Grassi es un ministro religioso de clara identificación con la institución que lo formó y que, incluso, se sirvió de los réditos que en determinado momento el hoy condenado obtuvo de su actividad pública. Pero además, la Iglesia tendrá que revisar también institucionalmente cuáles son las condiciones que habilitan la presencia en sus filas de este tipo de delincuentes. “Es aberrante que quede libre” Fue el terapeuta de “Gabriel”, el joven por cuyo caso fue condenado el sacerdote. Por su trabajo profesional fue amenazado y atacado en varias oportunidades. Aquí, evalúa el impacto de la sentencia sobre los denunciantes. Por Mariana Carbajal “Yo sé de la veracidad de los hechos denunciados por ‘Gabriel’. Para su buena evolución psíquica es necesaria la condena de Grassi”, señaló a Página/12 el médico psiquiatra, especializado en psicología clínica, Enrique Stola, minutos después de escuchar la sentencia a 15 años de prisión que recayó ayer sobre el sacerdote y cabeza de la Fundación Felices los Niños por abuso sexual en dos hechos y corrupción de menores agravada por su condición de guardador en perjuicio del joven. Stola fue el terapeuta de “Gabriel” después de que el muchacho apareció en Telenoche Investiga denunciando al religioso. Lo contuvo y fortaleció psicológicamente durante los cinco años que siguieron luego de que el caso estallara mediáticamente y lo acompañó en cada una de las pericias a las que fue sometido. Su trabajo profesional con uno de los tres denunciantes del religioso –por cuyo testimonio fue ayer condenado– le costó caro a Stola: recibió tres violentas visitas en su hogar, en una de las cuales recibió una paliza brutal y uno de sus agresores le advirtió: “Dejate de joder, no hagas más quilombo, no jodas más al cura”. Lo contó por primera vez en el juicio, cuando declaró como testigo de la fiscalía, a mediados de octubre. Ese ataque le dejó un cuadro de estrés postraumático, con secuelas por dos años. Fue, además, blanco de hostigamiento y campañas de desprestigio a través de Internet. Grassi lo amenazó con un iniciarle un juicio civil por injurias y calumnias. Estuvo durante un tiempo con guardaespaldas, bajo el programa de protección de testigos de la provincia de Buenos Aires. Ayer, siguió la lectura de la sentencia en su casa, rodeado por su mujer y su hija menor y esta cronista como testigo. “Estoy aliviado”, dijo, con emoción contenida, cuando escuchó el fallo condenatorio. Una vez que se terminó de leer la sentencia, la sensación de triunfo dejó paso a cierta desilusión porque el Tribunal Nº 1 de Morón desestimó las denuncias de los otros dos jóvenes, “Ezequiel” y “Luis”, comentó Stola. “Es una aberración que los jueces dejen en libertad a Grassi cuando lo condenaron porque creen que es un abusador sexual. Hoy mismo puede abusar de otro chico. Están poniendo en riesgo a otros menores. Es como dejar libre a un violador”, analizó el médico psiquiatra. No quiso estar en la sala de audiencias. Por cuestiones de seguridad, dijo. Todavía siente cierto temor por las situaciones de violencia y amedrentamiento que vivió en los últimos años y que él relaciona directamente con su participación en el caso. Stola denunció penalmente al fiscal Juan Pablo Galarza por haber manipulado a “Gabriel” para que renunciara como particular damnificado en la causa. Aquella maniobra, finalmente desarmada, beneficiaba a Grassi –sin acusación, la absolución podía estar a la vuelta de la esquina– y le costó a Galarza la separación del caso. Por ese episodio, a fines de 2005 –recuerda– decidió cortar la relación terapéutica con “Gabriel”. No estaba de acuerdo con que desistiera como particular damnificado. Al muchacho lo conoció días después de que saliera su testimonio en la televisión. “Había estado en un programa anterior en el que se denunciaban a unos workshops, donde se hacía psicodrama para dominar a los participantes. Me habían entrevistado porque soy psicodramatista, para que explicara cómo funcionaba esa técnica. Cuando veo la denuncia contra Grassi y me imagino la repercusión que tendría y las presiones que iban a recibir los periodistas del equipo de Telenoche Investiga, le dejo un mensaje a Miriam Lewin para ofrecerme por si necesitaban algún tipo de acompañamiento terapéutico. Al lunes siguiente recibo un e-mail donde me dice que acepta el ofrecimiento”, señaló. Pero a la cita acordada no fue ningún periodista, sino el joven denunciante, en ese entonces de 18 años, junto a su guardadora legal. “Casi me caigo de espaldas”, recordó. Stola contó que a Lewin la había conocido en organismos de derechos humanos en la década del ’80. El psiquiatra –recordó– había trabajado terapéuticamente durante la última dictadura militar con detenidos que habían estado desaparecidos, que habían sido torturados, que se iban al exilio. Y al recuperarse la democracia, con los perseguidos políticos que volvían del exilio. “Después empecé a trabajar con mujeres que sufrían violencia de género y con algunos hombres violentos”, siguió Stola. La primera entrevista a solas con “Gabriel” –señaló– se extendió por dos horas. “Hubo algo que me impactó bastante. Me preguntó por qué yo lo ayudaría. ‘Te creo y estoy dispuesto a atenderte’, le respondí. Estaba muy angustiado, tenía mucho temor por la repercusión que el tema tenía.” Stola aceptó ser su terapeuta, y tuvo el aval de la jueza que tenía la tutela del adolescente. Durante dos meses también asistió a “Ezequiel”, otro de los denunciantes. En marzo de 2004, unos meses después de que “Gabriel” sufriera una de las tantas palizas que recibió desde el inicio de la causa contra el cura, dos extraños entraron en el departamento de Barrio Norte de Stola –donde ayer siguió la lectura de la sentencia por TV–. El no estaba. Ataron a su hija menor, entonces de 13 años, y a la mucama. Revolvieron las habitaciones, robaron dinero y otros objetos de valor y lo esperaron. Cuando llegó el psiquiatra, también lo amarraron y luego se fueron. Para Stola el hecho tuvo que ver con las maniobras de amedrentamiento que recibió en estos años del entorno de Grassi. Sufrió en total tres ataques en su casa. En el segundo, hacía poco que también a “Gabriel” le habían dado una paliza. “Fueron dos tipos, uno tenía la experiencia de las fuerzas de seguridad. Me pegaron, me tiraron al suelo. Uno me dijo: ‘Dejate de joder, no hagas más quilombo, no jodas más al cura’.” Stola relató el episodio en el juicio. Declaró a mediados de octubre como testigo de la fiscalía. “A partir de ahí estuve con un cuadro de estrés postraumático, con trastorno del sueño, vivía con miedo, me sentía abatido, se me representaba la escena violenta una y otra vez. Estuve dos años para poder recuperarme. Pasé por momentos de desaliento. Me afectó económicamente: hubo pacientes que dejaron de venir por miedo. Colegas y amigos también tuvieron miedo y dejaron de invitarme a sus casas. Mi pareja ha tenido que bancarme mucho.” –¿Se arrepintió alguna vez de haberse involucrado en el caso? –le pregunto este diario. –No me arrepiento de luchar por causas que considero justas. Recibí sugerencias de colegas de que me apartara del caso. Pero no había ninguno que quisiera tomarlo. –¿Tuvo dudas alguna vez de la veracidad de los dichos de “Gabriel” y de “Ezequiel”? –Después de haberlos evaluado psiquiátrica y psicológicamente a los dos, no tuve dudas. Una vez uno de los chicos me dijo: “Si hubiera callado, no hubiera pasado por todo esto”. Ahí estuvo la duda: estos pibes estuvieron ofreciendo su cuerpo, su psiquismo a una sociedad que no les daba pelota, que no les da pelota. Ayer se sentó frente al televisor un poco antes de las 14. Ansioso, nervioso. Tras conocerse el veredicto contra Grassi, el teléfono no dejó de sonar: eran allegados, amigos, que lo querían saludar. Investigarán presiones a Laguna El Tribunal Oral Nº 1 de Morón, como parte del fallo en la causa contra el cura Julio César Grassi, ordenó que se remitan a la Fiscalía General Departamental “las actuaciones pertinentes, ante la posible comisión de delito de acción pública, que surgiría de las declaraciones del testigo Carlos D’Elia”, de la Gerencia de Producción del Canal 13 de Buenos Aires. En el juicio, D’Elia hizo mención a una reunión que mantuvo con el obispo emérito de Morón, monseñor Justo Laguna, en referencia a las actividades desarrolladas, en esa jurisdicción, por el imputado Grassi. Al parecer, Laguna habría hecho comentarios desfavorables al imputado. Al mismo tiempo, de acuerdo con lo que se dijo en el juicio, el propio Laguna habría recibido presiones por parte del entorno de Grassi. Lo que hizo el tribunal fue remitir el texto de las declaraciones, para evaluar si se debe iniciar una causa judicial. Al declarar ante los jueces, D’Elia sostuvo que incluso él, y su esposa, sufrieron amenazas que ellos vinculan a la causa Grassi. A pesar de la condenaPor Miguel Jorquera El cura Julio César Grassi fue condenado a 15 años de prisión por abuso deshonesto y corrupción de menores que tenía bajo su guarda, pero seguirá libre mientras la sentencia –que apelarán las querellas y la defensa– no quede firme. Una decisión que debe resolver el Tribunal de Casación, que no tiene límite de tiempo para pronunciarse. También podrá volver, casi sin restricción, al lugar que los propios jueces reconocieron en su sentencia como la escena del crimen: la Fundación Felices los Niños. El Tribunal Oral Nº1 de Morón sólo le fijó a su condenado un horario: “Podrá asistir a la Fundación de lunes a sábado en el horario de 7.30 a 18.30 y los domingos de 7 a 20 bajo la responsabilidad y acompañamiento de la persona que él designe”. Sólo prohibió “el contacto con menores de edad en lugares privados o a solas y acercarse a los tres jóvenes denunciantes”. Situaciones que “controlará” el acompañante que elija el propio cura. Tras casi siete años de proceso judicial, Grassi estuvo preso apenas dos semanas en una celda policial, donde concedió varias entrevistas. Durante los nueve meses que duró el juicio oral pero no público, el cura se paró todos los días frente a las cámaras de TV apostadas fuera del tribunal para proclamar su “inocencia”. Durante todo ese tiempo, víctimas y testigos sufrieron extorsiones, aprietes, amenazas, robos, golpizas y a uno de ellos, Gabriel, hasta le pusieron un revólver en la cabeza para que desistiera de su denuncia. Dos de los chicos debieron refugiarse en el programa de testigos protegidos para salvaguardar sus vidas. Cuando el tribunal leyó las costas que debía afrontar Grassi por su defensa, la lista llegó a casi una decena de los abogados penalistas más caros del país. La nómina abarcó desde el abogado de Alfredo Yabrán, Jorge Sandro, hasta las defensoras de Carlos Telleldín en la causa AMIA, Laura Fechino y Andrea Novello. Pero no incluyó al mediático Miguel Angel Pierri ni al fiscal de la Corte Internacional, Luis Moreno Ocampo, cuyos honorarios pagó el empresario Santiago Soldati. Tampoco a Luis Rapazzo, un gran conocedor de la familia judicial moronense, que ayer festejó abrazado a Raúl Portal el fallo, que midieron en términos deportivos. Para Grassi la condena en uno de los casos y las absoluciones en los otros dos fue “un empate”. Para su amigo Portal es “un triunfo 2 a 1”. Después de larguísimos y traumáticos procesos personales, las víctimas de Grassi debieron vencer el temor de que la Justicia nunca mete preso a un poderoso para tomar la decisión de hacer las denuncias. El fallo de ayer les devolvió esa misma sensación de impunidad, a pesar de la condena. La barra del cura en su batalla finalEran algo menos que cien. Una especie de fuerza de choque del sacerdote, con remeras de la Fundación Felices los Niños. Después del fallo, provocaron una batahola. Hubo forcejeos, algunas caídas y gritos contra periodistas y críticos de Grassi. Por Horacio Cecchi En términos objetivos, nada parecía librado al azar. A las 9 de la mañana, cinco horas antes de que el tribunal leyera la sentencia, el edificio de Tribunales estaba vallado y cubierto de uniformados. Un centenar de policías de la Distrital de Morón rodeaban la zona; guardia de Infantería, patrulleros, camiones policiales y vallas tan azules como altas cercaban el edificio que, para colmo, cuenta con su propio enrejado. Además, la policía de tránsito de Morón había distribuido hombres en cada una de las bocacalles que derivan sobre Almirante Brown, la calzada de ingreso a los Tribunales. Tan prolijo fue el cerco policial que hasta el estadio de Deportivo Morón quedó encerrado dentro, como si se tratara de una protección contra las más feroces barras bravas. Lo que no preveía la seguridad fue la mano de Dios, qué digo la mano, la espada. Fuera del vallado, frente al portón de ingreso sobre Brown y Sucre, partidarios del cura Grassi chocaron primero con la condena, después con un grupo que aplaudía el fallo y pedía la libertad de Romina Tejerina, después con fotógrafos, después con camarógrafos, después con el Foro de los Derechos de la Niñez de Hurlingham, al que le robaron y destrozaron una bandera bramando como en guerra de santos cruzados, en nombre de Grassi, de la justicia (celestial) y de su propia ceguera al devastador grito de “¡Inocencia, inocencia!”. El capitán Favio Perrone, jefe de la Distrital de Morón, había descripto el operativo y dijo que de los cien uniformados en el operativo, “la mitad son de siete comisarías de Morón”, y que el resto corresponde al cuerpo de Infantería. También dijo que a las 6 de la mañana la División Explosivos revisó todo el edificio como medida preventiva. Dentro del enrejado de Tribunales, la seguridad quedó en manos de una veintena de hombres de la División Custodia y Traslado de Detenidos. Pasado el mediodía, Brown en la esquina de Sucre estaba cruzada por una faja de seguridad rojiblanca que más que cerrar el paso intentaba dividir aguas. De un lado, por Brown, en dirección al estadio de Morón, un centenar de personas agitaba banderas rojas de Convergencia de Izquierda Zona Sur, levantaban pancartas demandando libertad a Romina Tejerina, y al ritmo de bombos y de un parlante de insistente metálico, clamaban contra el cura Julio Grassi con tono tribunero. Del otro lado de la faja de seguridad rojiblanca –que, ya se dijo, no hacía otra cosa que marcar territorios de fronteras altamente volátiles–, otro centenar de personas, no más, entonaba ingenuas canciones de santidad e inocencia hacia el padre Grassi, se reunían en oración en torno de la gran imagen de una virgen, apoyada, quieta aunque de rostro impresionado, contra las rejas de los Tribunales. Ambos grupos, claramente enfrentados por el sentido de sus cánticos más que el de sus actitudes beligerantes hasta ese momento, sólo quedaban separados por la tenue faja fronteriza y por la intersección de Sucre con Brown, donde un grupo de cronistas, fotógrafos y movileros aguardaba alguna situación efervescente que justificara tanto despliegue periodístico. Desde el mediodía hasta las tres de la tarde, la mencionada esquina se mantuvo en un equilibrio inestable que no denotaba situación de crisis. Después de conocerse la condena de 15 años al padre inocente o al violador de chicos –según de qué lado de la rojiblanca uno se instalara–, todo equilibrio se destripó en corridas, golpes de puño, insultos, golpes de cámara, tironeos y empellones, cascotes y amenazas. Al principio, fue una regordeta con la inscripción “Justicia por el Padre Grassi”, que parecía controlar o conducir al grupo grassista, quien se lanzó ya descontrolada más allá de la frontera rojiblanca al grito de “¡hija de puta, con mi vieja no!” y se trenzó literalmente de las trenzas de una mujer que agitaba una pancarta con el rostro de Tejerina. En cuestión de segundos, qué digo segundos, de milésimas, se armó un revoltijo donde volaron piñas, zapatos, golpes de karate, gritos endemoniados, corridas de fotógrafos y camarógrafos poco dispuestos a perder el instante, aquel instante histórico de intercambio de opiniones. Al costado, la policía con pecheras de color naranja por si a alguien se le ocurriera no reconocerlos, tomó la filosófica actitud de permitir la expresión, el intercambio y la autocalma de las partes para evitar males mayores. La regordeta fue separada por quien luego se daría a conocer en el runrún de la calle como su hermano, más regordete y corpulento que ella, y que venía haciendo alharaca de contener su cuerpo en son de paz. Claro, cuando la separó y con todas las cámaras y tanto revuelo encima, la joven y regordeta se desmayó mientras un ohhhh la rodeaba e informaba de la situación. A la joven de la camiseta la trasladaron colgada de los hombros hasta la otra esquina de Sucre y Brown, veinte metros dentro del territorio eclesiástico, donde mujeres desesperadas agitaban sus pañuelos para dar aire mientras las cámaras ya habían abandonado el enfrentamiento y rodeaban a la regordeta clickeando por los suspiros angustiados. El hermano, quizás angustiado por el desmayo, tal vez algo sacado por la condena, o nervioso por ambas situaciones adversas, empezó malamente a tironear de uno de los cables de un movilero que, para qué, reaccionó blandiendo patadas y cámara. Se desató una batahola que demoró un par de minutos y centenares de fotos en terminar. Científicamente milagroso fue el resurgir de la desmayada apenas las cámaras le perdieron interés y la abandonaron. Con mucho menos, alguien hizo un tratado sobre la histeria. La cosa no quedó ahí. La izquierda de banderas rojas se retiró conforme con el resultado del juicio. Una breve corrida más de periodistas que de contrincantes derivó en un principio de batahola sin motivo sobre Sucre. Vueltos a sus puestos y ya sin contrincantes, los grassistas oraron en medialuna por su líder espiritual y se retornaron a la fe cristiana, calma y universal. Hasta que llegó un nuevo actor: unos diez integrantes del Foro por los Derechos de la Niñez, Juventud y Adolescencia de Hurlingham, con una gran bandera amarilla en la que se leía “los chicos no mienten”. En ese momento, la regordeta del desmayo ya plenamente recuperada logró robar la bandera que el Foro había colgado contra una reja. Hubo forcejeos, tironeos, la bandera quedó hecha jirones, la gordita grassista, a las dentelladas, mostraba la otra mejilla después de cruzar a arañazos y trompadas los rostros de quien se le opusiera. La escena terminó cuando el hermano fue detenido y derivado a la comisaría. Los ánimos se calmaron un poco. Hubo espacio todavía para que se acusara a la Justicia de impura, al periodismo de manos del infierno, y a los jueces de montoneros. Una mujer espetaba a otra: –¿Vos lo viste (a Grassi) violar a tu hijo? ¿No? ¿Entonces por qué lo acusás? –Hay peritos –intentó explicar la otra mujer. –¿Vos lo viste violar a tu hijo? –No –respondió ingenua. –Hija de puta, montonera, comunista. Todavía había un poco de espacio para que la regordeta de la camiseta de Felices los Niños amenazara a un periodista mientras le daba una entrevista a otro. Después, todo volvió a la calma. hcecchi@pagina12.com.ar “Soy una víctima de la injusticia” Por Carlos Rodríguez “Si fallan en mi contra triunfó el mal”, había dicho el cura Julio César Grassi 24 horas antes de que se conociera la sentencia. Ayer ensayó como explicación que los miembros del Tribunal Oral 1 de Morón intentaron “hacer algo salomónico que no es salomónico, que es una injusticia. La condena es injusta, por más que me hayan librado de cargos”, dijo Grassi ante la prensa en general, rodeado en todo momento por dos cronistas de C5N, el canal de Daniel Hadad, que se lo disputaban para sacarlo en vivo, aunque sin imágenes, porque el quinto piso de los tribunales fue vedado a camarógrafos y reporteros gráficos. “Esto es terrible, no lo esperaba en absoluto. Es un día muy triste, pero voy a seguir trabajando como hasta ahora, pues soy una víctima de la injusticia”, declaró Grassi. “Pudimos demostrar que todo lo que se había dicho era una mentira, pero ahora va a haber que luchar con las pruebas, vamos a apelar y seguramente ellos van a apelar para hacer valer a sus testigos. No entiendo que me condenen por los dichos de ‘Gabriel’ porque mi defensa ya había demolido las acusaciones.” Grassi interpretó que “el juicio oral parece que pasó en vano. Acá demostramos que la acusación era mentira. Por eso tengo mucha amargura porque la condena es una mancha”. El sacerdote estaba preocupado por su futuro “y por el de la Fundación” Felices los Niños, que nació al amparo del menemismo, con dos subsidios, en años consecutivos, por un monto total de 5 millones de pesos-dólares. El predio de Hurlingham, de 67 hectáreas, fue cedido por el Instituto Forestal Nacional (Ifona) y sigue en poder de la Fundación, que no paga un solo peso a cambio. Otro que expresaba su preocupación, en el entorno de Grassi, era Raúl Portal, actual presidente de la Fundación. “Nos quieren hundir”, comentaba entre los allegados, su esposa Lucía Portal, los dos hermanos de Grassi y la monja guatemalteca Olivia Jiménez, que en forma reciente fue echada del Hogar San José Obrero, de Chacarita, donde se investigan otros casos de abuso sexual contra chicos. Aunque Grassi se mostraba preocupado por la sentencia, Portal parecía muy tranquilo, igual que el abogado de Morón Esteban Rapazzo, a quien se señala como el “jefe” del regimiento de abogados que secunda a Grassi. “Se dijo, es cierto, pero no es verdad. Desconozco esta causa”, le dijo Rapazzo a Página/12, que lo vio abrazarse en forma efusiva con los tres defensores que estuvieron en el juicio. Rapazzo, ligado al ex senador Horacio Román, fue abogado defensor del comisario Alberto Sobrado, quien tuvo que renunciar a la jefatura de la Bonaerense cuando lo acusaron de “enriquecimiento ilícito” porque no pudo justificar una fortuna en dólares que tenía en el exterior. FUENTE: Página 12 El calvario de los chicos en el hogar del horror
La fundación del sacerdote católico Julio César Grassi abre sus puertas a través del relato del Defensor Público de Menores e Incapaces, Marcelo Jalil. Dolor, vejaciones, castigos, un infierno construido "para niños", por un sacerdote de la Iglesia Católica. ¿Recuerdan esa frase atribuida a Jesús en la Biblia,"Dejad que lo niños vengan a mí"?.Domingo 24 de mayo de 2009 Franco Varise
LA NACION Ese día Cristian llegó muy angustiado a la escuela. No quería estudiar y comenzó a llorar con un quejido profundo y bestial. En el recreo salió al patio, ató un cable a su cuello y quiso ahorcarse frente a todos. "¡Quiero irme al cielo y terminar con todo esto!", gritaba. En un rincón del salón, otro niño de 5° grado le susurró a una maestra: "Acá empezó otra vez la joda de los abusos". El episodio destapó una trama macabra, según surge de la causa que lleva adelante la jueza de primera instancia en lo Civil Myriam Rustán de Estrada sobre el Hogar San José Obrero, de la Fundación Felices los Niños, creada por el sacerdote Julio César Grassi. Esto ocurrió el 2 de septiembre del año pasado, durante un día de clase en el Colegio Santa Teresa de los Andes, en Chacarita. Pero ese día no tuvo nada de convencional. Una vez que lograron calmarlo y asistirlo, las autoridades del colegio comunicaron el hecho al obispo auxiliar y vicario episcopal de la zona Belgrano de la Arquidiócesis de Buenos Aires, monseñor Horacio Benites Astoul. El obispo, es decir la propia Iglesia, fue quien realizó el 26 de septiembre de 2008 la presentación ante el defensor público de Menores e Incapaces N° 4, Marcelo Jalil, para que se investigara el hecho, dado que las monjas responsables del hogar habían negado cualquier sospecha al respecto. Anteayer, el Consejo Episcopal de la Arquidiócesis de Buenos Aires emitió un comunicado por el que respalda a monseñor Benites Astoul y a las autoridades de la escuela, y aclara que el trámite judicial impulsado por la Iglesia ha sido una presentación ante la Justicia "considerando la seriedad de los hechos" y no una denuncia. De ambos, dice que siempre "obraron correctamente". Es que, cuando las autoridades del colegio le preguntaron a Cristian a qué se refería con "terminar con todo esto", el menor dijo: "De eso no se habla". "Apretaba los puñitos y tenía una tensión muy fuerte en todo el cuerpo", sostiene el relato volcado en el expediente de la secretaria del director de la institución. Detrás de las paredes del hogar San José Obrero pasaban cosas raras desde hacía muchos años. Cosas supuestamente siniestras y muy bien guardadas, según las indagaciones que, tras la denuncia, realizó el Cuerpo Médico Forense y que ya son parte del expediente. Surge de las pesquisas psicológicas que, en un contexto de absoluta ignominia, los mayores del grupo sometían a los niños más pequeños a vejámenes sexuales a cambio del pago de favores. Estas situaciones escabrosas se asegura que sucedían sólo entre los varones. El líder de ese grupo dominante era un joven de unos 16 años, sin documentación, aparentemente de nacionalidad ucraniana, que presenta problemas de toxicomanía, una personalidad psicopática y de una sexualidad indefinida, detalla el informe psicodiagnóstico realizado por el Cuerpo Médico Forense. Y agrega que debería estar en una comunidad terapéutica especializada. Pero lo más importante estaba por llegar. Una vez efectuada la denuncia, el primer funcionario judicial en cruzar el umbral del hogar fue Jalil. A pesar de contar con una foja de servicio bastante frondosa en asuntos difíciles, dijo a LA NACION que quedó impresionado. En la casa, que en verdad parecía un instituto correccional, según su opinión, había ratas, desorden y una sensación de deriva absoluta. Jalil pidió los legajos de los chicos y, en unos papeles escritos con mucha informalidad, descubrió historias de horror. Los legajos fueron secuestrados por la Justicia. Lo llamativo es que habían sido elaborados por el personal a cargo de esos niños en diferentes momentos de su vida en el hogar. En una de esas esquelas que acompañan el expediente aparece el relato sobre un niño pequeño que había sido atado en el altillo del hogar y violado por cuatro chicos mayores, entre los cuales se encontraban sus propios hermanos. En otro de los legajos, uno de los responsables del hogar cuenta que había descubierto a un niño practicándole sexo oral a uno de los chicos mayores. Y al consultarle que hacía, el niño de menos de diez años le respondió que estaba pagando una deuda. El defensor sospecha que, en realidad, el chico ucraniano que actuaba como líder podría ser mayor de edad. En el hogar convivían menores con distintas problemáticas. La mayoría provenía de hogares del conurbano bonaerense donde ya había sufrido abusos. Incluso, algunos presentaban discapacidades o traumas psiquiátricos graves... Abandono, indigencia y todas las maldiciones del mundo concentradas en menos de 15 años de vida. Para muchos, el hogar era lo único que conocían. Un solo cuidador Durante las noches, por la falta de personal en el hogar San José, apenas un cuidador debía hacerse cargo del complejo que incluía una zona de habitaciones de niñas y otra de varones. Del expediente surge que habían existido intromisiones de niños en camas de otros durante las noches. Cuando el Cuerpo Médico Forense consultó a uno de los niños acerca de este episodio, éste lo negó. Pero, al interrogarle para qué estaba el sereno por las noches, el mismo niño contestó: "Para que no nos pasemos de cama". "Había preferidos que tenían teléfono celular y estaban muy bien vestidos, mientras que el resto, los más pequeños, estaba totalmente abandonado. La diferencia era manifiesta", dijo Jalil. Este magistrado recibió amenazas que supone provinieron de gente afín a la Fundación Felices los Niños del padre Julio César Grassi. Jalil trabajó siempre en soledad junto con la jueza. Un aspecto curioso, según los especialistas que siguen el caso, es que la defensora general de la Nación, Stella Maris Martínez, designada por el gobierno nacional, nunca manifestó su apoyo a la investigación. "Los tratamientos médicos habían sido descuidados: una chiquita casi repite de grado porque pensaban que era tonta, pero en realidad le faltaban lentes", agregó Jalil. Uno de los niños de seis años, según los legajos que están en el expediente, había sido segregado de la habitación de los varones, porque se hacía pis en la cama durante las noches. Dormía en otra habitación, completamente solo, aislado y desnudo, por disposición del personal del hogar, para que se sintiera incómodo cuando no pudiera contenerse. La jueza que dio impulso a la causa, al analizar la información del defensor, dispuso en septiembre pasado la intervención del hogar por parte del Concejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del gobierno porteño, durante 120 días, y con el compromiso de efectuar informes quincenales. Sin registro A medida que fueron llegando los primeros análisis, la jueza, empezó a convencerse de que debía reubicar en forma urgente a los niños. La institución de menores no estaba inscripta en el registro de "hogares conveniados" del Consejo y funcionaba casi al margen de todos los controles. No recibía subsidios del gobierno y subsistía gracias a las donaciones de particulares, que habían decaído mucho después de las imputaciones judiciales por abuso y corrupción de menores, que pesan sobre el padre Grassi. La sentencia en ese juicio se conocerá el 10 del mes próximo. Las autoridades del hogar, las hermanas Olivia y Delfina, de una orden de Guatemala y que vivían en el fondo del predio, negaron la situación desde un principio. Voluntarios y personas afines a la fundación del padre Grassi acusan a los funcionarios de avanzar en el desalojo del hogar por "faltas menores en el edificio". Consultados por LA NACION, vecinos del barrio tampoco parecían conocer lo que ocurría detrás de las paredes de ese predio de la calle Charlone, en Chacarita. De prosperar las sospechas sobre abusos, las hermanas Olivia y Delfina podrían quedar imputadas por incitación, negligencia y abandono de personas, según fuentes judiciales. El avance de la causa quedó en manos de la fiscal de menores María Helena Holden. Cronología SEPTIEMBRE DE 2008
Presentación.
El obispo auxiliar y vicario episcopal de la zona Belgrano de la Arquidiócesis de Buenos Aires, monseñor Horacio Benites Astoul, denunció ante la Defensoría Pública de Menores e Incapaces de la Capital que se investigue presuntos abusos en el hogar. SEPTIEMBRE DE 2008
Decisión judicial
La jueza Myriam Rustán de Estrada ordenó al Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes intervenir el hogar y la realización de fichas informativas. NOVIEMBRE DE 2008
Intervención
Comienza la intervención, que se extiende hasta marzo de 2009. En febrero, el Consejo firma un convenio con la Fundación Felices los Niños para devolverle el hogar al considerar que se habían hecho las mejoras y le ofrece asistencia. ABRIL DE 2009
Resolución
La jueza Myriam Rustán de Estrada resuelve la reubicación de todos los niños que estaban en el hogar, con la intervención de los jueces que estaban a cargo de los menores. La tensión dentro y fuera del hogar crecía. MAYO DE 2009
Traslado
El viernes 15 se debía terminar el traslado, pero no pudo concretarse. Administrador
La jueza ordena la administración del hogar al Arzobispado de Buenos Aires. Lectura obligatoria al final de las misas
- Durante este fin de semana, quienes asistan a misa escucharán un comunicado de lectura obligatoria, dispuesto por la Arquidiócesis de Buenos Aires, en apoyo del obispo Benites Astoul y de la Escuela Santa Teresa de los Andes, que fueron los que comunicaron a la Justicia lo sucedido en el hogar del padre Grassi.
Fuente: La Nación - La jueza ordena la administración del hogar al Arzobispado de Buenos Aires.
- El viernes 15 se debía terminar el traslado, pero no pudo concretarse.
- La jueza Myriam Rustán de Estrada resuelve la reubicación de todos los niños que estaban en el hogar, con la intervención de los jueces que estaban a cargo de los menores. La tensión dentro y fuera del hogar crecía.
- Comienza la intervención, que se extiende hasta marzo de 2009. En febrero, el Consejo firma un convenio con la Fundación Felices los Niños para devolverle el hogar al considerar que se habían hecho las mejoras y le ofrece asistencia.
- La jueza Myriam Rustán de Estrada ordenó al Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes intervenir el hogar y la realización de fichas informativas.
- El obispo auxiliar y vicario episcopal de la zona Belgrano de la Arquidiócesis de Buenos Aires, monseñor Horacio Benites Astoul, denunció ante la Defensoría Pública de Menores e Incapaces de la Capital que se investigue presuntos abusos en el hogar.
Una institución fuera del sistemaNunca estuvo inscripta en el registro de "ONG conveniadas" del gobierno porteñoDomingo 24 de mayo de 2009 La pregunta se plantea casi sola: ¿cómo es que un hogar de niños funcionaba en la Capital casi sin control? Y la respuesta es compleja. La Fundación Felices los Niños recibió a mediados de la década del 90, por parte del Estado nacional y en comodato por 100 años, el predio en el barrio de Chacarita que antes pertenecía a Segba, la ex empresa de energía estatal. Allí, comenzó a funcionar el hogar San José Obrero, que incluía también el colegio Santa Teresa de los Andes. El predio estaba bajo la órbita del Organismo Administrador de Bienes del Estado (Onabe). La fundación operaba ambas instituciones en forma independiente, aunque recibía aportes del Estado nacional. El 15 de septiembre de 2006, la escuela fue transferida al Arzobispado de la ciudad de Buenos Aires debido a que la Dirección General de Educación Privada no le otorgaba el reconocimiento y había criticado, entre otras cosas, los planes de estudio. Se evaluó cerrar el colegio, pero como otros chicos del barrio concurrían, la iglesia se hizo cargo. Ambas instituciones comenzaron a funcionar en forma independiente. El hogar, por sus características, nunca estuvo inscripto en el registro de "ONG conveniadas", que tiene el gobierno porteño para alojar niños. Por eso dejó de recibir dinero y empezó a mantenerse gracias a las donaciones. La mayoría de los niños que vivían ahí provenían del conurbano bonaerense y, algunos de ellos, iban y venían de la casa central de la fundación, en Hurlingham. El hogar funciona con puertas abiertas: el control de ingresos y egresos, como se comprobó luego, era inexistente. La presidenta del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes porteño, Jessica Malegarie, admitió a LA NACION que se visitaba el hogar, pero como no había una vinculación formal, los controles eran menores a los de una institución "conveniada". De acuerdo con informes sobre algunas irregularidades, entre mayo y agosto del año pasado, el Consejo decide realizar una inspección. Pero, según comentó Malegarie, las autoridades del hogar les negaron el ingreso en dos oportunidades. El 22 de octubre pasado, el Consejo envió una carta documento a la fundación y días después surgió la denuncia del obispo auxiliar, Horacio Benites Astoul, sobre presuntos abusos. La jueza Myriam Rustán de Estrada le solicita al Consejo que intervenga el hogar y que elabore informes quincenales. "Colocamos un equipo las 24 horas para garantizar el funcionamiento del hogar y para que esos presuntos abusos no se repitieran", dijo Malegarie. Durante ese tiempo, los especialistas descubrieron faltas gravísimas. "El equipo de la fundación para atender a los chicos tenía serias deficiencias. Había alojados 20 chicos y 20 chicas y tenían un solo operador de noche", señaló Malegarie. Y agregó: "Los niños están ahí como última opción, pero no había trabajo de revinculación y había chicos que hacía 5 y 8 años a los que no se les había dado la posibilidad de egresar y reinsertarse en una familia". La presidenta del Consejo no duda al señalar que las condiciones de vida dentro del hogar no garantizaban que los niños pudieran estar bien. "La comida era deficiente en cuanto a su composición y su preparación. Se cocinaba en un lugar sin mínimas condiciones de aseo", dijo la funcionaria. Durante el período de intervención, que empezó en noviembre pasado y siguió hasta marzo último, explicó Malegarie, las trabajadoras del hogar nunca se adaptaron a realizar los cambios de higiene y de dieta. Tratamientos discontinuados Uno de los temas más delicados era que los tratamientos médicos se habían discontinuado. Uno de los chicos había perdido un turno en el hospital para realizarse una intervención quirúrgica porque nadie lo había llevado, comentó Malegarie. En cuanto a la medicación y seguimiento de las patologías, también había grandes deficiencias. Y se evidenciaron "desbordes emocionales de adolescentes con riesgo de ataque físico a sí mismo y hacia terceros", dice uno de los informes del Consejo. "En otros hogares pueden haber algunos problemas puntuales, pero en éste estaban todos", agregó. Y algo peor: los espacios a veces eran cerrados con llave, a pesar de que había niños en el interior. La intervención terminó con la orden de la jueza de reubicar a todos los chicos. El Consejo no pudo concretar la relocalización y pidió más tiempo. La jueza se lo negó y, el último día, ocurrieron los graves incidentes entre los funcionarios que debían retirar a los chicos y personas afines a la fundación. Escuche las declaraciones de JALIL en Perfil Defensor de Menores de la Nación. Familias instruídas por Grassi para reclamar a los chicos e instruirlos para que sus hijos digan que quieren seguir en el hogar. Situaciones de abuso documentadas en la misma fundación. ¡Espeluznante!
Impericias periodísticas Presentan una denuncia ante el COMFER por la exposición en TV de chicos vinculados al caso GrassiLa titular del Comité Argentino de la Convención Internacional por los Derechos del Niño apuntó contra tres canales. Acusaciones y amenazas.El próximo mes se conocerá la sentencia en el juicio que se le sigue al cura Julio César Grassi, por presunto abuso sexual de menores, en el tribunal Oral Nº 1 de Morón. Pero el clima enrarecido, previo al veredicto, se dirime entre amenazas y acusaciones.
Nora Shullman, directora ejecutiva del Comité Argentino de la Convención Internacional por los Derechos del Niño, denunció amenazas telefónicas el último domingo por la noche: "Yegua de mierda, dejate de joder con la Fundación. No sabés lo que te va a pasar", le advirtió una voz anónima al teléfono particular de su casa. Con esa intimidación, ya son tres los funcionarios judiciales amenazados.
La responsabilidad de los medios. En diálogo con Perfil.com, Shullmann relató el episodio y adelantó que mañana presentará una nueva denuncia en el COMFER contra los canales C5N, Canal 26 y Crónica TV por la exposición a la que se vio sometido uno de los chicos del hogar: "Nos parece vergonzosa la exhibición que se hizo de un chico de 16 años que habló con los periodistas y al que le dieron media hora de cámara mientras hablaba con (Raúl) Portal. Ese chico está dispuesto por un juzgado".
Esta no es la primera vez que el periodismo aparece como involucrado directo en el caso. En su momento, el propio Grassi fue quien mencionó con nombre y apellido a los chicos que lo acusaban delante de los medios: "Por entonces, presentamos un amparo. Lo ganamos en la justicia de Morón y se prohibió mencionar a los involucrados".
El destino de los chicos, tras la determinación de la jueza Myriam Rustán de Estrada, quedó en manos del Arzobispado porteño. "El equipo técnico y el aporte de recursos lo tiene el Gobierno de la Ciudad, ellos van a garantizar el personal. El Arzobispado es el que va a poner el director, vicedirector y un tesorero", explicó Shullmann.
Al mismo tiempo, cuando este portal le preguntó por la injerencia repentina que la Iglesia tiene con esta decisión y de sus silencios desde que comenzó el caso, la titular del Comité concluyó: "Es una manera sútil de sacarle la escalera" al padre Grassi.
Un defensor de menores dijo que Grassi manejaba el hogar "a control remoto" Marcelo Jalil, recordó los casos de abusos denunciados el año pasado. Una decisión judicial tomó partido en el hogar que supo presidir el cura Julio Grassi. Ayer, la jueza Myriam Rustán de Estrada dispuso que el Hogar San José Obrero, siga funcionando temporariamente con los doce chicos que no querían irse.
Esta mañana, en diálogo con Radio Mitre, el defensor de Menores de la Justicia Nacional, Marcelo Jalil, recordó que "en septiembre de 2008 un chiquito se quiso ahorcar con un cable en el colegio y cuando lo hicieron desistir de su intento, otro chiquito que estaba al lado le dijo - y es literal - "señorita lo que pasa que aquí empezó realmente la joda de los abusos".
La denuncia a la que refiere el defensor de Menores fue publicada oportunamente en el diario Perfil. " Era público y notorio lo que pasaba con los chicos del hogar", explica Jalil. "En sus propios legajos - a los que definió como libreta de carnicería - aparecían los abusos. Daban pena".
Luego, explicó por qué es crítico con los manejos de la Fundación. "Es para ambos sexos, chicos chiquitos y chicos grandes. Hay una chiquita que es anorexica, un chiquito psiquiátrico. Tenían tratamiento y tomaban pastillas. Otra nena que repitió el año porque no veía, no tenía anteojos".
A propósito de la situación actual de los menores, el Defensor sostuvo que "lo que cambia es que, para asegurar la contención afectiva de los chicos, se hizo esto con el arzobispado hasta que los chicos puedan ser reubicados".
Según Jalil, desde que estalló el caso por los presuntos abusos de Grassi, el hogar es regenteado por personas "capacitadas en nada y manejado por control remoto desde otro lado". Su primera intervención pública fue cuando Grassi señaló que "como los chicos vienen de familias promiscuas es común que les pase eso adentro del hogar", algo que el propio Jalil calificó de "confesión perversa".
Un defensor de menores dijo que Grassi manejaba el hogar "a control remoto" Marcelo Jalil, recordó los casos de abusos denunciados el año pasado. Una decisión judicial tomó partido en el hogar que supo presidir el cura Julio Grassi. Ayer, la jueza Myriam Rustán de Estrada dispuso que el Hogar San José Obrero, siga funcionando temporariamente con los doce chicos que no querían irse.
Esta mañana, en diálogo con Radio Mitre, el defensor de Menores de la Justicia Nacional, Marcelo Jalil, recordó que "en septiembre de 2008 un chiquito se quiso ahorcar con un cable en el colegio y cuando lo hicieron desistir de su intento, otro chiquito que estaba al lado le dijo - y es literal - "señorita lo que pasa que aquí empezó realmente la joda de los abusos".
La denuncia a la que refiere el defensor de Menores fue publicada oportunamente en el diario Perfil. " Era público y notorio lo que pasaba con los chicos del hogar", explica Jalil. "En sus propios legajos - a los que definió como libreta de carnicería - aparecían los abusos. Daban pena".
Luego, explicó por qué es crítico con los manejos de la Fundación. "Es para ambos sexos, chicos chiquitos y chicos grandes. Hay una chiquita que es anorexica, un chiquito psiquiátrico. Tenían tratamiento y tomaban pastillas. Otra nena que repitió el año porque no veía, no tenía anteojos".
A propósito de la situación actual de los menores, el Defensor sostuvo que "lo que cambia es que, para asegurar la contención afectiva de los chicos, se hizo esto con el arzobispado hasta que los chicos puedan ser reubicados".
Según Jalil, desde que estalló el caso por los presuntos abusos de Grassi, el hogar es regenteado por personas "capacitadas en nada y manejado por control remoto desde otro lado". Su primera intervención pública fue cuando Grassi señaló que "como los chicos vienen de familias promiscuas es común que les pase eso adentro del hogar", algo que el propio Jalil calificó de "confesión perversa".
Un fallo contra la fundación de GrassiDespués de que manifestantes impidieran el desalojo judicial del hogar, la Justicia dispuso que los doce chicos internados queden bajo tutela del Arzobispado porteño, que había denunciado abusos contra los niños. Acusó a la policía de “deliberada desobediencia”. Por Carlos Rodríguez Los doce chicos que todavía permanecen en el Hogar Convivencial San José Obrero, de Chacarita, seguirán allí, por decisión de la Justicia y no por la oposición de los manifestantes que fueron movilizados, desde el viernes y hasta ayer, por la Fundación Felices los Niños que lideran el cura Julio César Grassi y el conductor televisivo Raúl Portal. La jueza Myriam Rustán de Estrada, luego de analizar un pedido en ese sentido formulado por el defensor de menores Marcelo Jalil, resolvió que los niños deben quedar a cargo del Arzobispado porteño, que fue el que hizo la denuncia inicial sobre los presuntos abusos sexuales que habrían ocurrido en el hogar, en perjuicio de al menos dos niños de 8 años que estaban alojados allí. En cumplimiento de la medida, el Arzobispado debe designar un director, un subdirector y un tesorero, que se pondrán al frente del hogar, desplazando de esas funciones tanto a la Fundación, cuyos miembros tendrán prohibida la entrada al lugar, como a la intervención del Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes del gobierno porteño. En un fallo de inusual dureza, la jueza responsabilizó por el escándalo sucedido el viernes a la “obstaculización generada por particulares que (como es) público y notorio, responden a la Fundación Felices los Niños y al presbítero Julio César Grassi”. En el mismo fallo, Rustán de Estrada denunció la “deliberada desobediencia de la Policía Federal, a través del titular de la comisaría 37, comisario inspector Ricardo Raúl Pedace”, lo que habría contribuido a impedir que la medida se pudiera concretar. Sobre los hechos del viernes, la jueza hizo hincapié en la “grave situación abusiva a la que se ha sometido a los niños”, en alusión al accionar de personas que impidieron la salida de los vehículos en los que iban a ser trasladados los chicos. La manifestación fue encabezada por Portal y por la monja Olivia Jiménez, quien estaba al frente del hogar cuando ocurrieron los abusos sexuales denunciados y fue destituida. “Los hechos son de tal gravedad que no es posible consentir la manipulación de los niños por quienes debían velar por su cuidado. Corresponde entonces acudir a una institución que posea la autoridad moral necesaria para impedir el avasallamiento sistemático de los más elementales derechos del niño”, dijo la magistrada en otro párrafo de su resolución. La tutela de los doce niños del Hogar San José quedará en manos del obispo auxiliar Horacio Benites Astoul, de la Vicaría Episcopal de Belgrano, de quien depende el Colegio Santa Teresa de los Andes, que funciona en Charlone 753, en el mismo predio donde están el hogar y un call center montado por la Fundación. La jueza dejó constancia de que “surge el interés puesto de manifiesto por las autoridades de la escuela (Santa Teresa) ya que fueron ellas quienes pusieron en conocimiento de la autoridad eclesiástica los aberrantes hechos ocurridos dentro del hogar”. La doctora Rustán de Estrada sostuvo que buscó una autoridad que sea “un referente genuino y desinteresado, que no ejerza actos de manipulación sobre sus personalidades en formación”. Se aclaró en el fallo que “el Arzobispado deberá ejercer la guarda hasta tanto los jueces naturales de cada uno” de los doce niños “disponga la reubicación de cada uno de ellos en un hogar que contemple sus necesidades afectivas, psicológicas y materiales”. La jueza advirtió que “conforme a los graves hechos vividos a lo largo de estos años por los menores, se encomienda especialmente al Arzobispado la atención psicológica y espiritual de los niños”. Antes de las denuncias de abuso, había en el hogar 36 chicos, entre niños y adolescentes. De ellos, 24 fueron trasladados sin que se produjeran enfrentamientos con los manifestantes de la Fundación. Antes de dictar su fallo, la jueza se reunió con el defensor Jalil y con la vicepresidenta del Consejo, Gladys Suárez, quien se había hecho cargo de la dirección del hogar y había tenido “una actitud muy comprometida, a nivel personal, frente a la situación planteada”, según confió a Página/12 una fuente allegada al proceso que se abrió a partir de las denuncias de abuso sexual. Anoche, en el Consejo, se advertía un gran malestar por la decisión de la jueza de dejarlos afuera de la resolución del problema. Jalil, por su parte, declaró que “se mantiene la decisión de trasladar a los chicos (del hogar San José), pero se hará en su momento de manera no traumática y respetando los tiempos y las necesidades de cada uno”. Falta saber cuál será la actitud de los manifestantes movilizados por Portal y Grassi, que ayer seguían en la puerta de acceso al hogar y que abuchearon y empujaron a una persona enviada por el obispo Benites Astoul. La asesora general tutelar de menores de la Ciudad, Laura Musa, expresó ayer su rechazo a la “grosera manipulación” que se hizo de los chicos del hogar San José y sostuvo que se hizo “en una brutal defensa de intereses que nada tienen que ver” con los derechos de los niños sino “con el juicio que se le sigue al cura Grassi (en Morón)” y “con la defensa del predio de Felices los Niños” en Charlone 753. Musa recordó que el lugar “es propiedad del Estado y deberá ser devuelto una vez que los niños sean alojados en lugares apropiados”.
Infancia, la aberrante “normalidad”Por Emilio García Méndez * Los recientes sucesos en el Hogar San José Obrero vinculado con la “obra” del cura Grassi se parecen mucho a aquel cuento de Borges donde un anónimo alertaba a un marido ingenuo sobre las peripecias de su mujer, la cual, “con la excusa de trabajar en un lupanar, vendía en realidad allí géneros de contrabando”. El escándalo perfectamente organizado y orquestado por poderosos de todo pelaje, resistiendo al desalojo denunciado por un obispo y ordenado por la Justicia debido a la evidencia de gravísimas violaciones de todo tipo y tamaño, puso al descubierto una situación donde los hechos más graves se escondían y se esconden en el “normal” funcionamiento cotidiano de la institución. Un funcionamiento “normal” que hasta ahora no ha sido puesto en evidencia, tal vez, porque en esta materia hemos perdido la capacidad de percibir lo obvio. Entre otras cosas, el escándalo puso de relieve que buena parte de los niños abandonados fueron rápidamente recuperados por miembros de su entorno familiar, cuya aparente inexistencia era el único motivo que justificaba su “protección”. No quiero abundar aquí en las falacias y los peligros que esconden las diversas formas de institucionalización para el supuesto amparo de sujetos vulnerables. ¿Hasta cuándo y con qué argumentos el Estado seguirá tolerando estas repúblicas autónomas fundadas en un “amor”, para el que no rigen ni los límites ni los controles de ninguna naturaleza? Espacios de grosera y delictiva manipulación de niños y adolescentes. La experiencia concreta y no una vaga especulación filosófica enseña a distinguir las formas legítimas de las formas ilegítimas y espurias de participación de los menores de edad. En las primeras, simplemente, los niños hablan como niños y los adultos, como adultos. En las segundas, los niños hablan como adultos y los adultos, como niños. En todo caso, algunos interrogantes permanecen flotando en el aire y dependerá de la voluntad real del poder político (de la Nación y de la ciudad) responderlos adecuadamente. Entre otros, resulta incomprensible la ostensible torpeza de la inacción policial. Un poco más clara parece ser la defensa de la “casita” de los niños situada en terrenos de propiedad del Onabe, cuyo valor lejos está de ser de naturaleza simbólica. Si de la acción de la Justicia y del coraje cívico y solitario de funcionarios como el Dr. Marcelo Jalil no se extraen consecuencias profundas en términos de reformulación de la política social, sólo habrá que sentarse a esperar un nuevo escándalo, aunque le será más difícil a la dirigencia política mostrar sorpresa y estupor frente a la sociedad. Diputado nacional. Presidente de la Fundación Sur Argentina.
Fuente: Perfil 19 y 20/05/09
Este es el título que el diario Página 12 eligió para su trabajo periodístico sobre el caso Grassi y me parece un excelente título para resumir la historia de abusos, vejaciones, y terror que infundió en los chicos este sacerdote que supo codearse y regodearse con el poder de turno, y desarrollar una obra aparentemente muy buena para los niños de pocos recursos o que no podían estar al cuidado de sus familias, mientras jugaba al golf con los funcionarios del gobierno. A continuación la serie de notas publicadas por Página 12 en el día de hoy 08/04/09 Tras considerar probadas las diecisiete imputaciones que se le hicieron, en perjuicio de tres niños que estaban alojados en la Fundación Felices los Niños, los fiscales pidieron que se lo condene a treinta años de cárcel. Y solicitaron que la prisión se haga efectiva. Por Carlos Rodríguez “El perro guardián del rebaño era un lobo que lo guardaba para su provecho.” La frase textual, en boca del fiscal Alejandro Varela, resumió la gravedad de los delitos que se le imputan y la actitud que la parte acusadora le atribuye al cura Julio César Grassi, para quien se pidió una condena a treinta años de prisión por diecisiete hechos de abuso sexual y corrupción de tres chicos que estaban a su cuidado. En el final del alegato –fueron más de 20 horas a lo largo de cinco días consecutivos–, los fiscales Varela y Carolina Rodríguez consideraron probadas “las 17 imputaciones que se le hicieron a Grassi” en perjuicio de “Gabriel”, “Ezequiel” y “Luis”, que siendo niños fueron abusados mientras estaban alojados en la Fundación Felices los Niños, con sede en la localidad bonaerense de Hurlingham. Los fiscales solicitaron a los jueces del Tribunal Oral 1 de Morón que, de haber una sentencia condenatoria, se ordene ese mismo día –el veredicto se conocería recién a mediados de mayo– la prisión preventiva efectiva de Grassi en forma inmediata, porque temen un intento de fuga del religioso. Los fiscales, al pedir la pena, argumentaron que los delitos imputados tenían agravantes porque “las víctimas estaban al cuidado del acusado, por la condición de sacerdote de Grassi y también por el daño que le ha causado a la entidad que él mismo creó (Felices los Niños), que realmente ha ayudado a gran cantidad de chicos”. En el juicio, además de los 17 hechos que la fiscalía consideró probados, se presentaron otros tres casos nuevos de abuso en perjuicio de “Luis” y dos más que tuvieron como supuestas víctimas a otros dos niños. Los cinco hechos nuevos comenzaron a ser investigados y podrían dar lugar a un futuro juicio oral (ver aparte). Grassi, luego de escuchar el pedido de condena, habló con los medios y reiteró que es “totalmente inocente” (ver aparte). El juicio oral contra Grassi no es público y ayer, por primera vez, la prensa pudo dialogar con los fiscales. Varela comentó que a lo largo del proceso, que lleva cerca de ocho meses, se han detectado algunas presiones, por parte del imputado Grassi, “a través de algunas visitas que hizo a la casa de testigos que estaban por declarar. Sobre uno de esos casos se ha dejado constancia en actas”. En otras ocasiones, los testigos concurrían a la casaquinta que Grassi alquila y que está ubicada frente a la sede de la Fundación, en Hurlingham. “Hay una coincidencia temporaria: nosotros anunciábamos la lista de testigos e inmediatamente el imputado se movilizaba hasta sus domicilios para hablar con ellos. No eran visitas casuales”, precisó el fiscal Varela. El representante del Ministerio Público dijo que las pruebas más importantes contra Grassi “son varias”. Lo principal es que “los testimonios de las tres víctimas se han mantenido a lo largo del debate. También se han mantenido en su postura los peritos psicólogos y psiquiátricos que habían determinado que las víctimas no eran personas fabuladoras y tampoco estaban inventando una historia de abuso”. Con esas confirmaciones “más todas las pruebas que se colectaron acerca de cómo se manejaba el imputado dentro de la Fundación, fue que se mantuvo la acusación y se pidieron treinta años de prisión”. Varela informó sobre la calificación legal de los hechos imputados a Grassi. Lo acusan de “corrupción para el caso de las tres víctimas” y por 17 hechos de “abuso sexual o abuso deshonesto” –la calificación varía según la gravedad de los casos– contra los tres chicos. El sacerdote también fue acusado por “amenazas agravadas contra una de las víctimas”. El perjudicado fue “Gabriel”, a quien Grassi, según se dijo en la acusación, lo amenazó con estas palabras si denunciaba los abusos: “Si vos llegás a contar algo, te meto en un instituto”. Los fiscales, en un momento del alegato, refutaron una de las banderas de la defensa de Grassi: la teoría del complot. “Hubo varios complots que fueron planteados desde el inicio. El complot de Susana Giménez y Jorge ‘El Corcho’ Rodríguez, (Rodolfo) Galimberti y Jorge Born. El segundo complot era el de Canal 13 por puntos de rating. El tercero era el de Miriam Lewin por una cuestión ideológica. Después está el complot de los ex trabajadores de la Fundación (que corroboraron las denuncias contra Grassi), y luego vino el complot judicial junto con un medio de comunicación. Según la defensa, todo fue un gran complot, pero la realidad es que no hubo ninguno por parte de nadie. Los complots fueron inventados para sacar el punto clave de la investigación.” Consultado por Página/12, Varela hizo una evaluación de la pericia psicológica y psiquiátrica que se le hizo a Grassi en la Justicia de Santa Cruz, en relación con una causa por un hecho más de abuso contra “Luis”, que será considerado en un juicio oral a realizarse en esa jurisdicción. Varela recordó que “ésa fue la única pericia a la que se sometió Grassi. El imputado se negó a todas las pericias en el juzgado de Morón. Primero pedía cámaras de filmación, después no las pedía. Luego dijo que en Morón no era confiable, que iba a hacerse en La Plata, pero en La Plata tampoco se la quiso hacer. Pedía que estuvieran los peritos de parte que no estaban, pero en definitiva pasaron dos o tres años y finalmente no se hizo ninguna pericia”. Sobre el examen que se hizo en El Calafate, en la otra causa, opinó que si bien “no fue determinante, porque una pericia no determina ni autoría ni responsabilidad, sí sirvió para dar el perfil del imputado”. En esa pericia, los profesionales determinaron que Grassi tiene “el perfil del delincuente sexual”. Varela sorprendió ayer cuando aseguró que “ese perfil quedó demostrado a lo largo del juicio. El solo hecho de verlo a diario no hacía más que reflejar la pericia que se había hecho en El Calafate”. El fiscal dejó constancia, además, que “los peritos que hicieron ese trabajo son profesionales altamente calificados y especializados en estos temas”. Cuando se le preguntó a Varela si la fiscalía teme que Grassi pueda darse a la fuga, respondió: “Es una posibilidad más y por eso pedimos que se convierta en prisión efectiva la sanción que pesa sobre él, con el fin de garantizar que, en el caso de que se dicte, se pueda hacer cumplir una condena”. En ese punto, los fiscales aclararon que lo que está cumpliendo Grassi “no es una prisión morigerada”. El fiscal general de Morón, Federico Nieva Woodgate, en diálogo con Página/12, señaló que el sacerdote “nunca tuvo una prisión morigerada. El está con una libertad vigilada, de manera que, si se le dicta una condena efectiva, no puede solicitar que se le descuente el tiempo que estuvo bajo proceso, porque no fue una prisión preventiva ni una prisión morigerada. No fue prisión”, insistió Nieva Woodgate, que estuvo presente durante la conferencia de prensa que ofrecieron, luego de pedir la condena, los fiscales del juicio Varela y Rodríguez. La causa contra Grassi se hizo pública el 20 de octubre de 2002, fue detenido cuatro días después y el 21 de noviembre, antes de cumplir un mes en prisión, lo procesaron bajo el régimen de libertad con restricciones. Ante una eventual condena, se cree que su defensa pediría que se compute todo el período que comenzó el 21 de noviembre de 2002 como si hubiera cumplido una “prisión morigerada”. Respecto del pedido de condena, Nieva Woodgate explicó que se tuvo en cuenta el artículo 55 del Código Penal, que establece que cuando se cometen varios hechos reprimidos con una misma pena se puede aplicar “como mínimo el mínimo mayor y como máximo, la suma aritmética de las penas máximas correspondientes a los diversos hechos”. En este caso, según el Código Penal vigente al momento de los hechos, a Grassi se le podría aplicar una pena de hasta 37 años. Con el nuevo Código, que no corresponde en este caso, se podría llegar a los cincuenta años. “Han creído en los chicos”Por Eduardo Videla Nora Schulman, directora ejecutiva del Comité de Seguimiento y Aplicación de la Convención de los Derechos del Niño (Casacidn) –organización querellante en la causa contra Grassi–, afirma que el pedido del fiscal ha sido “un reconocimiento para las víctimas”. En diálogo con Página/12, destaca que esos chicos siguen “presos”, porque están en un programa de protección de testigos, con custodia, a raíz de las amenazas que han sufrido, “mientras Grassi sigue libre”. Y sostiene que una condena ayudará a “prevenir otras situaciones de pedofilia” en instituciones que albergan niños y adolescentes. –¿Le sorprendió el pedido de la fiscalía? –Nos sorprendió gratamente. Nos pareció un pedido absolutamente justo, incluyo que haya solicitado la prisión preventiva de Grassi, porque falta muy poco para el final del juicio y existe riesgo de que se profugue: él se la pasa diciendo que no va a aceptar una condena. Pero, sobre todo, es un pedido justo por los chicos que fueron víctimas, es un reconocimiento para ellos, porque han creído en su palabra. –¿Cómo recibieron ellos este pedido de la fiscalía? –Estuvieron presentes en la audiencia. Le pregunté a Luis si estaba contento y me dijo que todavía no. Tiene razón. Todavía falta el veredicto de los jueces. –¿Cuáles serían las consecuencias de una condena y cuáles las de una absolución? –Para nosotros es una causa emblemática. Porque acá, además de Grassi, se está juzgando a toda una institución donde se favorecía que ocurrieran hechos como los que ocurrieron. Cada uno hacía lo que quería y el cura podía llevar a su cuarto a quien se le antojara. Es un sistema que no se condice con una institución religiosa ni con ninguna institución. Y que se repite en otras instituciones como el hogar que la Fundación Felices los Niños tiene en Chacarita o en otras instituciones. Si hay condena, será un reconocimiento para estos chicos, en términos de valorar que lo que han dicho es la verdad. Si el cura va preso, se pueden prevenir otras situaciones de pedofilia que hoy se pueden estar produciendo en el país. Pero si no hay condena, la vamos a seguir peleando. Vamos a llegar hasta la Corte Suprema si es necesario. Pero va a ser muy frustrante para las víctimas, les va a producir una conmoción negativa. –¿Cuál es la situación de los jóvenes que han sido víctimas en este caso? –Ha mejorado su situación personal, han sentido alivio al declarar, se sienten acompañados. Pero siguen estando “presos”, entre comillas, porque ellos están en un programa de testigos protegidos, viven con custodia, mientras el cura está libre y puede ir a un canal de televisión cuando quiera. La idea nuestra es seguirlos acompañando hasta que puedan mantener una vida normal. Que consigan un trabajo, que puedan estudiar. –¿No han podido hacerlo hasta ahora? –Luis está empezando a estudiar Derecho, es traductor de inglés. Tiene 25 años. Los otros dos chicos, no han podido, hasta ahora. Los tres han tenido problemas para relacionarse con una pareja, lo han expresado ante el tribunal. –¿El caso Grassi no pone en tela de juicio, además, el sistema de encierro de chicos y adolescentes? –El tema de la institucionalización de niños y adolescentes por razones sociales es muy grave, porque es una concepción del pasado que permanece en el presente. Argentina tiene la mejor ley de América latina, la 26.601, que crea los instrumentos adecuados para que no haya chicos encerrados por razones sociales. –Pero no se cumple... –Se está cumpliendo en parte, hay una fuerte voluntad política, aunque en la ciudad de Buenos Aires se ha retrocedido, han vuelto a institucionalizar chicos. Pero la secretaría nacional de Niñez ha ido cerrando instituciones. Es necesario un cambio cultural para fortalecer el vínculo de los chicos con sus familias o con otras familias. No ve “otra cosa que la absolución” “Soy inocente y una persona inocente a la que le están diciendo que le dan seis meses de prisión le duele, porque no cometí ninguno de los ilícitos y delitos que me están imputando.” Con el rostro algo demacrado y ojeroso, Julio César Grassi sostuvo que “para un inocente, es lo mismo un mes de prisión que 30 años”. El cura dijo que no lo sorprendió que la fiscalía pidiera “una pena alta” y aseguró que eso “no influye” en su ánimo frente a la etapa culminante del juicio en su contra. “No tienen ninguna prueba para acreditar”, dijo Grassi aludiendo al alegato de 20 horas que leyeron los fiscales. “Mi defensa va a demoler todos los dichos del fiscal técnicamente, no demoler al fiscal, a quien respetamos, y va a demostrar que todas las cosas que se dijeron y las denuncias sobre mí fueron mentiras”, puntualizó. “No veo otra cosa que la absolución. Una persona inocente no ve otra cosa”, insistió. Grassi sostuvo que vivió con “naturalidad” la presencia de sus acusadores, “Gabriel”, “Ezequiel” y “Luis”, en el recinto, durante la lectura de la acusación. Uno de los querellantes, Juan Pablo Gallego, había dicho ante los periodistas que Grassi tuvo un entredicho, en plena audiencia, con uno de sus abogados, Martín Tipito. El cura lo negó, a medias: “Estoy muy bien con mis abogados Daniel Cavo y Ricardo Malvicini”, declaró, omitiendo nombrar a su tercer letrado. Como a lo largo de todo el juicio, Grassi fue apoyado por un grupo de colaboradores de la Fundación Felices los Niños. La mayoría eran mujeres. Una de ellas, acompañada por un camarógrafo, grababa todas las declaraciones, de defensores y querellantes, como si fuera periodista. Otra, ante un pedido de la gente de la TV para que se corriera, hizo el clásico fuck you, levantando su dedo índice. Una amiga suya, a su lado, mostraba un cartel que decía: “Grassi, te queremos”. Denuncias por falso testimonio El fiscal Alejandro Varela confirmó que se ha pedido la apertura de causas por falso testimonio contra varios de los 120 testigos que desfilaron por el juicio oral contra el cura Julio César Grassi. “De confrontar los testimonios y las pruebas documentales existentes en la causa y en otras causas que se incorporaron al debate, hemos comprobado que hubo testigos que no vinieron a decir la verdad. Incluso hoy (por ayer), en la última etapa del juicio, hemos pedido la apertura de una nueva causa por falso testimonio”, precisó Varela. “Está el caso de quien era el vicedirector de Hogares de la Fundación Felices los Niños, Juan Domingo Pérez, el de un asistente social, el señor Carballo, el del señor Flavio Móndolo (ex interno y amigo personal de Grassi) y también el de una mujer y el de un señor Vizca, que era director de un colegio y negaba que había acompañado a un menor hasta la oficina (de la Fundación), cuando sí lo habría hecho”, especificó el fiscal Varela. El fiscal señaló que “se han analizado a fondo todos los testimonios y se han encontrado algunas contradicciones que, de acuerdo con nuestro parecer, deben ser investigadas porque existe la posibilidad de que se hayan producido delitos de acción pública”. Varela se excusó ante los periodistas porque, dada la complejidad del caso, no recordaba con precisión todos los casos de posibles falsos testimonios. De todos modos, corroboró que “todos los casos denunciados corresponden a personas que estaban vinculadas con la Fundación Felices los Niños”. Otros casos de abusoEn diálogo con Página/12, los fiscales Alejandro Varela y Carolina Rodríguez confirmaron que durante el juicio se presentaron nuevas denuncias contra el cura Julio César Grassi, por supuestos abusos que habrían ocurrido, como los que están siendo juzgados, en la sede central de la Fundación Felices los Niños, en la localidad bonaerense de Hurlingham. “De los testimonios que se han producido en la audiencia, se han recogido tres nuevas denuncias por hechos en perjuicio de una de las víctimas” que estuvo en el proceso. Se trata del hoy joven “Luis”, que ya había denunciado al religioso por otros hechos similares que ocurrieron cuando era un niño y que fueron incorporados a este juicio, y por otro caso en El Calafate, durante un viaje, que tiene que ser juzgado por la Justicia de Santa Cruz. Los nuevos casos en contra de “Luis” fueron denunciados por el joven durante su declaración ante el Tribunal Oral 1 de Morón. “Hubo también otras dos denuncias de abusos que habrían sido cometidas en contra de dos chicos que no han participado en este juicio y cuyos casos, hasta ahora, no habían sido investigados por la Justicia”, precisó Varela. Los cinco nuevos casos fueron denunciados, por los fiscales del juicio, ante las fiscalías de turno de Morón, que tendrán que hacer una investigación a fondo para determinar la posible responsabilidad de Grassi. “Estos casos no pueden ser investigados por nosotros, sino por los fiscales de instrucción y podrían ser ventilados en un nuevo juicio oral”, aclaró el fiscal Alejandro Varela.
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