UN MUNDO MEJOR ESTÁ EN TUS MANOS. NI LA VIDA NI LA MUERTE SE RINDEN CON SUS CUNAS Y SUS CRUCES (L. GIECO) Trabajemos juntos por los derechos de niños, niñas y adolescentes. ¿Nos escuchamos? LUNES 19hs.Argentina- CIELO Y TIERRA - www.fmradiocultura.com.ar
ENTREVISTA A SUSANA VILLARAN, PERUANA, INTEGRANTE DEL COMITE DE DERECHOS DEL NIÑO DE NACIONES UNIDAS
“Hacen aparecer a los chicos como criminales”
La experta vino al país para ver el cumplimiento de la Convención por los Derechos del Niño, a veinte años de su sanción. Cuestiona la estigmatización de los jóvenes, reclama la sanción de una ley penal juvenil y propone políticas preventivas.
Por Mariana Carbajal
“Los gobiernos locales tienen que abrir casas de juventud, con políticas recreacionales, culturales.”
“La mayor parte de los problemas que tienen los chicos con la ley penal son infracciones menores, pero los hacen aparecer como los grandes criminales”, advierte Susana Villarán. Es peruana, especialista en seguridad ciudadana, activista por los derechos humanos e integrante del Comité de Derechos del Niño de las Naciones Unidas. Villarán vino a la Argentina en visita no oficial para ver el cumplimiento en el país de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, al cumplirse 20 años de su aprobación en el seno de la ONU. En una entrevista con Página/12, señaló las principales asignaturas pendientes, entre ellas la sanción de una ley de responsabilidad penal juvenil, y describió experiencias exitosas de reducción de la participación adolescente en el delito. “Los gobiernos locales son los que tienen que trabajar en esto, abriendo casas de juventud, con políticas recreacionales, culturales, para hablar el lenguaje de los jóvenes a través de propuestas creativas, donde ellos se sientan parte de la solución y no siempre el problema”, recomendó.
Villarán estuvo con niños, niñas y adolescentes del conurbano en un acto en la Cancillería y también viajó hasta Jujuy para encontrarse con chicos migrantes bolivianos. Llegó a Buenos Aires invitada por el Colectivo de Derechos de Infancia y Adolescencia y Save the Children, entre otras organizaciones de la sociedad civil, en el marco del vigésimo aniversario de la CIDN, que se celebra hoy. “Por un lado estamos festejando, pero es una conmemoración que nos trae a la mesa en cada país cuáles han sido las recomendaciones del Comité al Estado para el efectivo disfrute de los derechos de niños y niñas”, señaló Villarán. Las últimas recomendaciones a la Argentina fueron realizadas en 2002. Actualmente, el Gobierno ya presentó un nuevo informe oficial, que será contrastado con un informe alternativo elaborado por el Colectivo de Derechos de Infancia y Adolescencia, que reúne a ONG especializadas. En junio la situación argentina será analizada en una sesión del Comité, en Ginebra.
Villarán es, además, presidenta del Instituto para la Seguridad Ciudadana (ISC) en el Perú e integrante del Advisory Board of the Academy on Human Rights and Humanitarian Law at American University’s Washington College of Law. Y feminista.
No es la primera vez que viene a Buenos Aires. Está impactada por el estado de salud de Rubén Carballo, el adolescente de 17 años que quedó en coma tras concurrir a un recital de Viejas Locas donde hubo represión policial (ver página 19). “El Comité de Derechos del Niño hizo una recomendación muy clara en este aspecto: se debe capacitar a la policía, investigar y sancionar los casos de violencia institucional. Donde hay impunidad, hay repetición crónica”, advirtió.
–¿Cuáles son las asignaturas pendientes de la Argentina en materia de niñez?
–Hay problemas estructurales que se arrastran desde la época de la última dictadura militar. Por ejemplo, la Justicia penal juvenil. La norma vigente no contempla las garantías mínimas que debe tener todo niño o niña cuando comete infracciones. En ese sentido, el Comité, en su informe de 2002, planteó una profunda preocupación.
–Hay un proyecto consensuado en el Senado, que fue aprobado en general y podría tratarse la semana próxima en particular. Establece la privación de libertad como último recurso y en el caso de delitos gravísimos, pero baja la edad de imputabilidad de 16 a 14 años.
–En su observación general Nº 10 sobre justicia penal, el Comité plantea una edad mínima de 12 años. Pero inmediatamente aclara que no quiere decir que los Estados en los que esté fijada en 16 o 18 años puedan reducirla. La posición oficial del Comité es no bajarla. Por muchas razones: porque los niños y niñas requieren de una protección integral de medidas alternativas a la privación de libertad, socioeducativas, de justicia restaurativa, diversas medidas que están dando resultados espectaculares en el sentido de que los infractores no reinciden.
–¿En qué consiste la justicia restaurativa?
–Es una nueva filosofía cuando se habla de niñas y niños que infringen la ley. Consiste en poner mucho acento en la prevención, en lo comunitario, en la familia y en la escuela, es decir, evitar que el niño que está en riesgo de cometer un delito lo cometa. Aclaro que se es niño hasta los 18 años, independientemente de lo que diga la ley. Si comete una infracción, en justicia restaurativa el niño puede, por un lado, asumir su responsabilidad, que es lo que todos queremos para dejar de lado esa sensación de impunidad, y por otro, reparar a la víctima, pero no es castigado con la privación de la libertad sino a través de una serie de medidas como servicios comunitarios o educativos. La mayor parte de los problemas que tienen los chicos son infracciones menores y los hacen aparecer como los grandes criminales. La participación de los niños en los homicidios, las violaciones y los secuestros es minoritaria. Pero la percepción ciudadana es que la gran mayoría de los crímenes en las calles es cometida por chicos y chicas. Entonces, hay una criminalización de los niños y una consecuente política de represión contra ellos, un llamado a bajar la edad de responsabilidad penal y a abrir más cárceles para privarlos de la libertad. Esta es la perspectiva que vemos.
–Hizo una radiografía de lo que sucede cada vez que hay un hecho violento que los medios de comunicación masiva se encargan de amplificar.
–Es una tendencia regional. En Centroamérica, donde están las maras y donde hay una actividad delictiva mayor y más letal, sigue siendo una minoría de niños los que infringen de manera severa la ley penal. ¡Qué cosa! Como no somos capaces de darles oportunidades, como nos dan tanto miedo, los castigamos. La sociedad no se reconoce en ellos, no se reconoce en sus hijos. ¿Cuántos niños existen privados de su libertad que no han cometido ninguna infracción sino que están en una situación de desventaja social por discriminación, por pobreza, por exclusión? Hay muchísimos en Buenos Aires y en el resto del territorio argentino.
–¿Cómo se debe trabajar desde la prevención?
–Una de las recomendaciones del Comité a la Argentina es clarísima: estudiar el problema de la violencia doméstica, extender el registro de casos, que se judicialicen con apoyo especial a los niños víctimas. El tema de las familias violentas, expulsoras, requiere de políticas sociales de prevención y de atención y recuperación de las víctimas. Otro problema es el de la educación: la escuela no retiene a los niños, ha bajado su calidad, los aburre y no les da respuestas a las preguntas que se están haciendo, que tienen que ver con la generación de oportunidades. Los gobiernos locales tienen que abrir casas de juventud, con políticas recreacionales, culturales, grafitteros, para hablar el lenguaje de los jóvenes a través de propuestas creativas, donde ellos se sientan parte de la solución y no siempre el problema.
–¿Hay experiencias exitosas?
–La recuperación de espacios públicos, bien iluminados, para los niños, adolescentes y jóvenes en Medellín y Bogotá ha sido fundamental. Otras medidas importantes consisten en iluminar las calles para evitar el riesgo y también prevenir la microcomercialización de drogas. Luego, darles oportunidades para que se expresen en todas esas formas de voluntariado social que son tan importantes y que los jóvenes están buscando y nadie se las ofrece. Son iniciativas que, está medido, bajan la criminalidad.
–¿Se está considerando a los niños y niñas sujetos de derecho como marca la Convención?
–Es la gran pregunta a 20 años de su aprobación. Se ha abierto una gran conciencia de que los niños tienen derechos. Y los niños están crecientemente tomándolo en serio. En el Comité tenemos el privilegio de ver en distintos países organizaciones de niños, niñas y adolescentes que promueven y defienden sus derechos en la escuela, en los barrios. Este ha sido el cambio más importante.
Mientras se siguen pagando marchas a favor del gobierno, usan aviones para llevar los diarios al matrimonio K hasta el Calafate, pagan para retransmitir fútbol todo el día, y varios delirios hollywoodenses, la vida no logra ganarle la batalla a la muerte en el 70% de los casos, en nuestro país....
Cada día mueren 21 mujeres y niños por causas evitables
Por año mueren en Argentina 333 mujeres durante el embarazo, parto y puerperio, y 11.000 nenes menores de 5 años, de los cuales 6.000 son recién nacidos. Investigaciones nacionales demuestran que al menos dos terceras partes de estas muertes son evitables, es decir, 7.600 mujeres y niños podrían salvarse y sobrevivir: 21 por día. Asustados por esta realidad, diez destacados organismos dedicados a la salud y temas sociales formaron una alianza para promover acciones nacionales tendientes a mejorar la salud de las madres y sus hijos. Hablan de pobreza, de falta de información y educación, pero también reclaman políticas de Estado y denuncian falencias en los servicios de salud. ASUMEN (Alianza Argentina para la Salud de la Madre, Recién nacido y Niño) se presenta mañana en sociedad con una jornada de concientización. Está formada por la Academia Nacional de Medicina (ANM), la Asociación Argentina de Perinatología (ASAPER), la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP), la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva (SATI), la Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Buenos Aires (SOGIBA), el Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES), la Federación Argentina de Enfermería (FAE), la Federación de Obstétricas de la República Argentina (FORA), el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS). "Un grupo de científicos nos unimos con gran preocupación por el alto nivel de mortalidad materna (MM) e infantil (MI). Entre el 60 y 70 % de estas muertes son evitables –dice Bernardo Chomski, de SOGIBA–. Si aumentaran los controles durante el embarazo se evitarían muchas muertes, pero el 98% de las muertes de los recién nacidos se da a nivel institucional. Es decir, mejorando la atención en ese nivel se podrían evitar muchas más muertes. Las condiciones sociales son determinantes, pero la accesibilidad y la calidad del servicio lo son aún más". Compara Argentina con Canadá, país cuatro veces más grande. Allí, dice Chomski, hay 30 unidades de cuidados intensivos neonatales, mientras que aquí hay 900 ("el 90% no tiene elementos para un parto seguro"). Sin embargo, la mortalidad infantil allá es 6 por mil y acá 13.3. Conclusión: hay gran dispersión de recursos económicos, humanos y tecnológicos.
Otra preocupación de Asumen es que Argentina no cumplirá los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). En 2000, Naciones Unidas congregó en la Cumbre del Milenio a 189 representantes de Estado para que reflexionaran sobre el destino de la humanidad. Cada país asumió compromisos para 2015. Argentina firmó Reducir la Mortalidad en la Infancia a menos de dos dígitos y Mejorar la Salud Materna: bajarla a 13 por cien mil. Ahora es 44 por cien mil. "Las dos terceras partes de la MM y MI son reducibles. La meta que se fijó al 2011 es llegar a un dígito la MI y reducir la MM de 44/100.000 a 33/100.000. Con respecto a los objetivos del Milenio creo que podremos cumplir con lo referente a MI y será más difícil cumplir la meta de MM, pero hay que trabajar para lograrlo, no sólo tiene que ver con la salud, es multifactorial", dice Ana Speranza, directora nacional de Maternidad e Infancia del Ministerio de Salud. "No es un tema coyuntural de este gobierno. Se necesitan políticas de Estado. Por eso, distintas sociedades científicas queremos poner en foco este tema, y que se instale en la sociedad", explica Analía Messina, de Sogiba. ¿Por qué se mueren tantas mujeres embarazadas o en el parto? "El 30% muere en prácticas de abortos en condiciones no sanitarias. Muchas por infecciones y hemorragias, y el resto por hipertensión. No hay controles durante el embarazo, o se llega con hemorragias a centros de salud donde no hay bancos de sangre o no es segura". Messina agrega un dato estremecedor: un chico que pierde a su mamá tiene cinco veces más posibilidades de morir durante el primer año de vida. Miguel Larguía, de la ANM, habla de los criterios para reducir muertes neonatales: el 34,2% es reducible por diagnóstico y tratamiento oportuno durante el embarazo, el 12% por diagnóstico y tratamiento oportuno en el recién nacido, y el 9,8% por diagnóstico y tratamiento oportuno en el parto. Desde el CEDES, Mariana Romero habla de determinantes sociales (mujeres que no consultan, que no tienen plata ni medios para movilizarse), y también del conocimiento: "La evidencia existe, pero no se usa o no se implementa". El objetivo de Asumen es claro: crear un sistema médico de calidad con equidad. Todos tienen derecho a salud de calidad.
Clarín - 12-11-09
Cómo evitar las muertes evitables
Una serie de entidades médicas y científicas, junto con Unicef y la OPS, constituyeron una alianza para instalar en la agenda política el problema de las muertes de madres, recién nacidos y niños. Gisela Pardo, un caso emblemático.
Por Mariana Carbajal
Gisela Pardo murió en Mendoza a pocos días de parir su tercera hija. Tenía 24 años y la ilusión de ver crecer a su prole. Una infección que no fue atendida a tiempo en el Hospital de Malargüe la sumó a la larga lista de mujeres que mueren en la Argentina por causas evitables, vinculadas con la gestación. “La muerte de Gisela era evitable con una buena atención en el parto y una buena evaluación durante el puerperio”, reconoció Mirella Puzollo, jefa del Departamento de Obstetricia del Ministerio de Salud de Mendoza. El caso es emblemático: deja en evidencia fallas en el sistema de salud que impiden la reducción de las elevadas tasas de mortalidad materna e infantil en el país. El Hospital de Malargüe no cuenta con terapia intensiva ni banco de sangre, tiene un laboratorio, pero carece de un bioquímico que analice las muestras, describió Puzollo. Con el objetivo de instalar en la agenda política esta problemática, en un hecho inédito en el país, entidades médicas y científicas junto con Unicef y la OPS constituyeron la Alianza Argentina para la Salud de la Madre, Recién Nacido y Niño (Asumen), que hoy se presentará en sociedad.
Es llamativo, pero todavía el Ministerio de Salud no dio a conocer las estadísticas de mortalidad materna ni infantil correspondientes a 2008. Los últimos datos son de 2007. Ese año se registraron 44 muertes de mujeres relacionadas con el embarazo, el parto y el puerperio cada 100 mil nacidos vivos. Uno de los fallecimientos fue el de Gisela, que ocurrió en mayo de 2007, a los pocos días de dar a luz a Camila. “Casi un tercio de la mortalidad de mujeres por gestación se debe a consecuencias de abortos inseguros, realizados con métodos precarios”, apuntó la investigadora Mariana Romero, del Centro de Estudios Estado y Sociedad (Cedes), una de las instituciones académicas que integran Asumen. La mortalidad infantil, en tanto, en 2007 fue de 13,3 menores de un año cada 1000 nacidos vivos. Ese año fallecieron 9300 chicos de menos de un año. Si se toma a los niños menores de 5 años, la MI ascendió a 15,6 por 1000: en 2007 fallecieron 1612 chicos de 1 a 4 años. “El 60 por ciento son muertes evitables”, indicó Bernardo Chomski, coordinador de la jornada que hoy realiza Asumen para analizar el problema, y miembro de la Sociedad Argentina de Pediatría, una de las entidades médicas que forman esta alianza. Chomski, ya jubilado, fue jefe de Neonatología y de la División Pediatría del Hospital Argerich.
En diálogo con Página/12, explicó el surgimiento de Asumen: “Estamos preocupados por el lento descenso que viene teniendo la mortalidad materna e infantil. La Argentina asumió el compromiso de reducir ambos indicadores para 2015 en el marco de los Objetivos del Milenio (ODM). A este ritmo es difícil que alcance las metas. Aunque si las cosas se hacen bien, se podrían cumplir”, opinó. Bajar la MM a 13 por 100 mil nacidos vivos y la infantil a 8,5 cada 1000 nacidos vivos, son los ODM asumidos por el gobierno ante la ONU. En las últimas dos décadas, la MM se mantuvo casi estable. En 2007, la MI experimentó un aumento (en 2006 había sido de 12,9) y se cortó una tendencia histórica hacia la baja, que sólo se había alterado luego de la crisis de 2001. La Argentina tuvo el descenso de la mortalidad materno-infantil más lento y problemático de la región, según analizan en Unicef.
Maternidades
En Asumen evalúan que uno de los problemas para bajar ambos indicadores está vinculado con el sistema sanitario. “Hay una enorme dispersión de recursos humanos y tecnológicos, lo que hace que la atención sea ineficiente. Proponemos la regionalización y la concentración”, señaló Chomski. Como ejemplo, mencionó el elevado número de maternidades públicas que existe en el país que atienden una muy baja cantidad de partos cada año. “De un total de 989 maternidades, el 78 por ciento atiende menos de 500 partos anuales. Está estudiado que para que una maternidad resulte eficiente tiene que atender un promedio de 4 mil a 5 mil partos al año. Esa cantidad de pacientes hace que la inversión resulte eficiente. Con tanta dispersión no podemos concentrar recursos altamente calificados para atender los cuadros graves”, consideró. Hoy serán analizadas las causas que contribuyen a mantener las tasas altas en el encuentro que tendrá lugar en el Centro de Docencia y Capacitación Pediátrica Carlos Gianantonio. Participarán representantes de todas las instituciones que integran Asumen, entre ellas la Academia Nacional de Medicina, la Asociación Argentina de Perinatología, la Federación Argentina de Enfermería, la Federación de Obstétricas de la República Argentina, la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, la Sociedad Argentina de Pediatría, la Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Buenos Aires, Cedes, la Organización Panamericana de la Salud y Unicef.
Atención tardía
Gisela era ama de casa. Vivía con su pareja, Pablo, y sus dos hijas, en un departamento en el fondo de la casa de sus suegros, en Malargüe. En su historia clínica dice que tenía primaria completa. El embarazo de su tercera hija, Camila, lo controló en una sala de atención primaria. Pero el parto, como el de sus otras hijas, lo tuvo en el Hospital de Malargüe. Camila nació el 17 de mayo de 2007. Fue un jueves. El sábado le dieron el alta. “Gisela volvió a su casa y se empezó a sentir mal. Aparentemente le habían quedado unos restos de placenta en el útero. Le dio fiebre”, recordó su hermana, Jessica, de 33 años. Dice que consultó en la salita, donde le hicieron algunos estudios. Recién una semana después la mandaron a internar al hospital, con síntomas de infección. “Tenía tos y dificultades para respirar”, siguió Je-ssica. El cuadro –recordó– se agravó hasta que decidieron hacerle un legrado en el que le perforaron el útero. “Sufrió un paro cardiorrespiratorio y la trasladaron al Hospital Schestakow de San Rafael. La internaron en la terapia intensiva con una infección avanzada. Los médicos decidieron extirparle el útero y, luego de la intervención, murió por una falla multiorgánica”, detalló. El Schestakow es un centro de alta complejidad: es el hospital para derivaciones más cercano a Malargüe. Está a dos horas de viaje en ambulancia. El Hospital de Malargüe atiende un promedio de 400 partos al año. No siempre tiene anestesistas o médicos pediatras, comentó Puzollo, quien se desempeñaba como jefa de Area de Obstetricia del Schestakow en 2007. “La muerte de Gisela era una muerte evitable con una buena atención en el parto y una buena evaluación durante el puerperio”, consideró la jefa del Departamento de Obstetricia del Ministerio de Salud de la provincia de Mendoza.
La especialista en Salud de Unicef, Zulma Ortiz, comentó: “Podríamos quedarnos con la idea de que el legrado provocó la muerte de Gisela, pero esa mirada sería muy simplista e ignoraría que ninguna intervención por sí sola puede abordar la diversa gama de causas de muerte materna, y que se requiere una multiplicidad de intervenciones. Pero, claro, que estén disponibles en tiempo y en forma. No podemos transmitir a la sociedad el mensaje erróneo de mala praxis o inadecuada atención. Se trata de entender de que en la medida en que no se garanticen estas condiciones, es mejor no contar con un servicio que luego no podrá resolver el problema”.
“Se necesita apoyo político”
Mariana Romero es médica e investigadora del Conicet y del Centro de Estudios de Estado y Sociedad (Cedes).
–¿Se puede bajar la mortalidad materna en la Argentina y cumplir con los Objetivos del Milenio?–le preguntó Página/12.
–Dado el nivel de la mortalidad materna hoy sólo estrategias articuladas y con gran apoyo político podrían marcar una diferencia hacia el cumplimiento del ODM 5 (Mejorar la salud materna) y su meta de reducir en tres cuartas partes las muertes maternas. Esto significa intervenir fuertemente para prevenir los embarazos no deseados y las complicaciones de los abortos inseguros, mejorar la calidad de la atención de la emergencia obstétrica con recursos humanos que atienden con oportunidad y eficiencia dentro de un sistema de salud que facilita el acceso y está en condiciones de derivar a centros de mayor complejidad cuando es necesario.
–¿Qué medidas debe tomar el Gobierno en ese camino?
–Se debe dar apoyo y visibilidad al Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, tanto en sus componentes de promoción de los derechos como en la provisión de métodos, con consejería integral en salud sexual y reproductiva; se debe fortalecer y monitorear las acciones planteadas dentro del Programa de Mejoramiento de la Calidad de la Atención Postaborto; se debe garantizar la interrupción del embarazo en los casos contemplados por la ley y se deben garantizar las condiciones para atender oportunamente las emergencias obstétricas.
Las cifras, los datos
- En Argentina una mujer de cada 530 tiene riesgo de morir por causas relacionadas con la maternidad; en Chile, la probabilidad es significativamente más baja: de una cada 3200, según datos de Unicef.
- En 2007, el 11,7 por ciento de la mortalidad materna ocurrió en menores de 20 años y el 1,3 por ciento en menores de 15 años.
- Hay profundas desigualdades entre provincias. Mientras Córdoba presenta una tasa de mortalidad materna de 15 muertes por 100 mil nacidos vivos, Formosa tiene 133, casi tres veces el promedio nacional. En Chile, la tasa es de 18 por 100 mil nacidos vivos. Uruguay y Costa Rica presentan rangos parecidos, por debajo de 20.
- Cuatro de cada diez maternidades públicas en el país no cuentan con las condiciones obstétricas y neonatales esenciales para atender en forma segura un parto y a un recién nacido, según un estudio del Ministerio de Salud.
- Las peores situaciones se registran en hospitales del NEA, seguidos por los del NOA, pero también hay problemas de insumos y de infraestructura en maternidades de la provincia de Buenos Aires, en la zona norte y sur del conurbano.
- En mayo el Ministerio de Salud lanzó el Plan Estratégico para la Reducción de la Mortalidad Materna e Infantil 2009-2011.
Del siguiente artículo se pueden sacar muchas conclusiones, pero las que me parecen más alarmantes son las que dejan entrever la posibilidad de que fuerzas de seguridad utilicen bajo amenaza a adolescentes para fines inescrupulosos o delictivos.
Alarmante, Aberrante, Anticonstitucional, en síntesis, una Triple A. (Lic. Claudia Santalla)
El problema no es el Angel sino los demonios
Por Horacio Cecchi
Durante buena parte de sus 14 años de vida, para el Estado fue un arreglate-como-puedas. Pero en menos de veinte días, con una ayudita mediática y con información surgida del inefable olfato policial, parece como si hubiera pasado a cargar todas las responsabilidades incumplidas del mundo adulto. Lo llaman el Angel, aunque nadie sabe quién le puso el apodo, sin tomar en cuenta que en la misma jurisdicción al menos hay otro chico apodado del mismo modo. Lo que sí se sabe es quién le cargó encima el impresionante raíd de 60 “causas delictivas”, cuando en realidad sólo existen once denuncias ante la Justicia: las fuentes policiales, alentadas por las señales de mano dura que desde el gobierno bonaerense van arrojando a los repetidores de gacetillas. Ayer, un tribunal de familia platense analizaba el pedido de la Subsecretaría de la Niñez provincial para que el Angel fuera internado compulsivamente en un centro terapéutico, lo que no significa detención ni instituto, porque el tribunal de familia es del fuero civil, y la internación compulsiva es semejante a cualquier internación pedida por un familiar a la Justicia civil en un caso límite.
La medida solicitada, que no es restrictiva de la libertad porque no hay una orden judicial que ordene su detención, intenta ubicar al chico en un centro terapéutico como una medida sanitaria y no punitiva, como lo indican una larga enumeración de leyes provinciales, nacionales, tratados y convenciones y las constituciones provincial y nacional. El chico había abandonado (no fugado, ya que no estaba detenido) el anterior centro terapéutico, lo que revela, según señalan fuentes judiciales, que “hubo una errónea interpretación de la situación real para, sin detenerlo, evitar facilitarle el abandono de una casa con sólo levantar la tranquera”.
La lógica que indica que si hay o hubiera un problema de adicciones y marginalidad en un chico de 14 años, pretender resolver su problema (no el de los políticos) marginándolo en una celda, más que cura suena a castigo.
La pregunta es castigo de qué. Entonces surgen las 60 entradas en comisarías, que lo transforman en un “peligroso delincuente” y que a la larga, si sigue primando la información policial, lo será efectivamente por aquello de la profecía autocumplida, con lo que las fuentes policiales podrán jactarse de que estaban en lo cierto.
El Angel, pese a tener 14 años, no está lejos de esta situación. De hecho, su irrupción en los medios (o la irrupción de los medios sobre él) tuvo lugar con el intento de robo de una moto, en la que podría haber muerto o matado como suele ocurrir en la ley de la calle.
En todo este tránsito de peligrosidades, la sociedad está tan alterada por fuentes/medios/gobernantes que pierde la posibilidad de preguntarse lo que ocurre. Si hay 60 “causas en comisarías”, y a la Justicia sólo llegaron once, el problema no es el Angel sino el demonio que se lo transfiere. El Angel es a esta altura un instrumento para declamar por la baja de edad de imputabilidad, el regreso de los retrógrados e inservibles edictos policiales, y la mano dura contra todo lo que no sea una 4x4.
¿Por qué las comisarías no revelan las 60 “causas delictivas en comisarías” a la Justicia y sin embargo las susurran a los medios? Porque es ilegal la detención policial. Las detenciones por averiguación de antecedentes fueron derogadas por inconstitucionales. El lobby policial de todos modos obtuvo el DAI, demora por averiguación de antecedentes, pero que tiene un límite de 12 horas. Un chico o adolescente, menor a los 18 años, no puede ser mantenido en una comisaría por más de medio día sin informar a los padres y a la Justicia. En ese marco, el proyecto de ley de la senadora oficialista Edda Acuña, con media sanción en el Senado y al borde de su aprobación en Diputados, es uno de los reclamos del lobby policial que permitiría retener en una celda a un chico por infinidad de motivos que no se compadecen con la averiguación de identidad, tecnología informática mediante. En todo caso, de ser cierta la dificultad, el Angel estaría cargando otra culpa y castigo, esta vez por la ineficiente burocracia estatal que puede digitalizar las huellas dactilares pero es incapaz de averiguar la identidad de un chico que supuestamente ingresó en la comisaría sesenta veces.
Como demostración de políticas, el Angel no está encarnando por sí solo sino que es el visible de turno. En septiembre pasado, el defensor del fuero juvenil platense, Julián Axat, presentó una denuncia para investigar a la comisaría 1ª de La Plata, citando notas periodísticas en las que se mencionaba que “Josecito tendría ‘43 ingresos en la comisaría’ producto de una larga secuencia de ‘caídas’ desde el año pasado a la fecha”. Axat señaló en su denuncia que la cifra no se condice con los trámites judiciales reales iniciados. Y que la diferencia, grosera, casi 40, son intervenciones policiales no informadas a la Justicia por averiguación de identidad y lo que la jerga policial denomina como “entrega menor”, que consiste en llevarlo a su casa.
La peligrosidad adolescente no es propiedad de la Bonaerense. En la Capital, el caso de Piki reveló en julio pasado, que la práctica es en toda jurisdicción y que la peligrosidad se construye con palabras, sigilosamente, hasta que la víctima está en condiciones de creerse victimario y justificar su castigo.
La siguiente es una publicación del año 2008 - pero vale la pena refrescar su información
15 niñas en pago por un burro
Dos clanes de Pakistán resuelven con matrimonios forzados ocho años de disputas
GEORGINA HIGUERAS- Madrid - 08/06/2008- El País.com
Pakistán, pese a ser uno de los pocos países del mundo capaz de fabricar armas nucleares, sigue socialmente anclado en el feudalismo más arcaico. Muchas de sus tribus valoran más a los animales domésticos que a las mujeres, como ha puesto de manifiesto la decisión adoptada por un consejo de notables locales (yirga) de la provincia de Baluchistán de saldar una vieja disputa entre clanes con la entrega de 15 vírgenes de entre tres y 10 años de edad.
El enfrentamiento lo desató hace ocho años un perro del clan de los qalandari, que mordió a un burro de los chakrani. El can debía de tener rabia y el asno murió. Desde entonces, estos dos clanes se han enzarzado en una pelea sin sentido que ha costado la vida a 13 personas: 11 qalandaris y un hombre y una mujer chakranis. La yirga pretendía con su intervención acabar con el derramamiento de sangre para lo que recurrió a su más ancestral sentencia: el ofrecimiento de impúberes en matrimonio sin tener en cuenta la edad de los hombres con los que se desposarán.
Los dos clanes pertenecen a la tribu bugti, una de las 130 tribus que pueblan el indómito territorio baluchistano, donde cinco grupos armados se disputan con el Ejército de Pakistán el control de las enormes reservas de gas de esta provincia, la mayor del país (347.190 kilómetros cuadrados), la menos poblada (10 millones de habitantes) y la más atrasada.
El veredicto de la yirga se ajusta al dictado en 2002 por el entonces jefe de la tribu Nawab Akbar Jan Bugti, quien para apagar el desenfreno de muertes organizado por los chakrani tras el fallecimiento de su burro, multó a éstos con el pago de cuatro millones de rupias (unos 40.000 euros) y la "entrega en matrimonio de una niña por mes". Los qalandari, como dueños del perro rabioso, debían pagar una multa de 12.000 euros. Los chakrani no aceptaron.
El asesinato por los servicios secretos paquistaníes de Nawab Akbar Jan Bugti, en agosto de 2006, puso a la tribu, a la que pertenecen unas 200.000 personas, en mayores dificultades. La necesidad de pacificar a sus clanes para tener una estrategia común ante las negociaciones con el nuevo Gobierno democrático paquistaní, llevó a la yirga a reunirse para buscar una solución definitiva al conflicto. De acuerdo con la tradición, optó porque las niñas pagaran la deuda de sangre y sellaran con su sacrificio la reconciliación entre chakranis y qalandaris.
La brutal sentencia, sin embargo, ha levantado ampollas en los sectores más progresistas de Pakistán. El diario Dawn, que se publica en Karachi, la capital financiera del país, fue el que desveló la noticia, el pasado 31 de mayo. Según Dawn, las niñas debían desposarse en su mayoría con hombres mayores de 50 años. En realidad, el trato las convierte en esclavas de los maridos, una situación que viven muchas mujeres paquistaníes, tanto de las zonas tribales como de las zonas rurales de las cuatro provincias del país. Mujeres y niñas forzadas por sus familias a casarse con desconocidos.
Este prestigioso periódico es el medio paquistaní que más lucha contra el feudalismo de la sociedad, a través de la publicación de noticias sobre el pago de deudas de sangre, el tráfico, el maltrato, el secuestro y el asesinato de mujeres y de niños.
Una vez hecho público el veredicto del consejo de notables, la Comisión de Derechos Humanos de Pakistán ha pedido no sólo la anulación de la decisión, sino también el "inmediato encarcelamiento de todos los que participaron en la yirga y de todos los que estuvieron de acuerdo en pagar con niñas menores por la solución de una deuda tribal".
Tanto la ley religiosa islámica como la ley civil paquistaní prohíben los matrimonios infantiles, tan arraigados en la tradición feudal del país. Según la ley islámica (sharía), las mujeres sólo pueden casarse después de la pubertad, y las de tres a 10 años son impúberes. En cuanto a la ley civil, no permite el matrimonio a menores de 16 años.
Antonia Paradela, portavoz de Unicef en Pakistán, comenta por teléfono desde Islamabad que, desde 2004, esta organización de Naciones Unidas para la infancia, asesora al Gobierno paquistaní en cuestiones legales y que una vez que existen las leyes colabora para que se pongan en práctica. Según Paradela, "lo más positivo" que se desprende del horror de este caso es "la concienciación cada día mayor de la sociedad paquistaní" contra esta barbarie, contra la que en la actualidad luchan numerosas ONG del país, apoyadas por Unicef y otras ONG internacionales de ayuda a la infancia.
En una entrevista mantenida recientemente en Karachi con Musarrat Perveen, coordinadora de Madadgaar -una de las ONG paquistaníes más importantes en cuanto a la defensa de las mujeres y los niños-, indicó que uno de los mayores problemas que enfrentan es el secuestro de menores para venderlas, casarlas o prostituirlas tanto dentro como fuera del país. "Nosotros tenemos registrados 6.886 casos desde el año 2000 pero éstos son los que han trascendido públicamente, lo que supone multiplicar al menos por 10 para saber el alcance real del problema", señaló.
Esa cifra incluye también a los niños, muchos de los cuales son secuestrados para ser vendidos por cantidades que oscilan entre los 300 euros y los 4.000, para ser esclavos en las ricas monarquías y emiratos del golfo Pérsico y, sobre todo, como jinetes de camellos. "Los raptan incluso a la edad de cuatro años, para someterles a un durísimo entrenamiento con el objetivo de que participen en las carreras de camellos. Les dan la mínima dieta alimentaria posible porque cuanto menos pese el jinete y más llore, más corre el camello", indicó Parveen.
El despacho que Syed Sarim Burney tiene en la sede en Karachi de la Fundación Ansar Burney, de la que es su vicepresidente, está repleto de fotos horrendas de mujeres deformadas por la brutalidad de los maridos, los padres o los hermanos. "Una de las prácticas casi habituales en casos de celos", indicó mostrando una fotografía colocada bajo el cristal de la mesa, "es cortarles de un navajazo la nariz para que nadie vuelva a mirarlas".
Burney, especializado en la defensa legal de mujeres maltratadas o encarceladas por delitos cometidos por los varones de la familia, tiene documentados cientos de casos de mujeres asesinadas, quemadas o sometidas a una múltiple violación para, entre otros motivos, pagar por la infidelidad de sus hermanos. Pero pese al horror descrito, al igual que Parveen entonces y Paradela ayer, Burney sostiene que estas prácticas atávicas son cada día peor vistas por la sociedad paquistaní, que exige a sus gobernantes mano dura contra ellas.
La Cátedra Itinerante de Derechos Humanos del Instituto Jacques Maritain Bs. As. y la Fundación CyO (Comunidad y Organización) invitan a todos a concurrir la Conferencia de presentación de la Cátedra.
La siguiente es una entrevista realizada en 2008 y publicada en Voltairenet (22/02/08) a Jean-Claude Paye acerca de las consecuencias para los ciudadanos comunes, del "nuevo orden" instaurado por las legislaciones «antiterroristas» Traducción: Beatriz Morales Bastos
En diciembre de 2005 los medios de comunicación revelaron que la NSA, una agencia [estadounidense] cuya misión oficial es espiar fuera de Estados Unidos, había sometido a ciudadanos estadounidenses a escuchas electrónicas. Un año más tarde revelaron que la misma NSA había fichado millones de comunicaciones y que la CIA vigilaba todas las transacciones financieras internacionales. En Europa diferentes parlamentos nacionales ya habían establecido y legitimado en medio de la indiferencia general una legislación que impone la retención de los datos personales.
Mientras que en Estados Unidos los medios de comunicación se han hecho eco de este asunto y las organizaciones de defensa de las libertades individuales han hecho campaña contra estas disposiciones sin provocar, sin embargo, una movilización popular, en Francia y Alemania prácticamente no han suscitado reacciones unos proyectos de ley que permiten a la policía espiar a distancia el ordenador de aquellas personas que considera sospechosas de terrorismo. En la entrevista concedida a Silvia Cattori el sociólogo belga Jean-Claude Paye demuestra cómo las leyes «antiterroristas» vacían de su sustancia todas las protecciones legales nacionales y europeas, y aclara el alcance de unas disposiciones que legalizan la introducción de programas informáticos espía en los ordenadores privados.
Silvia Cattori:¿Está ya en aplicación la legislación de la Unión Europea sobre la vigilancia de los ciudadanos?
Jean-Claude Paye [1]: La mayoría de los Estados miembro de la Unión Europea disponen ya de legislaciones que imponen a las compañías telefónicas y a los suministradores de acceso a internet conservar los datos de conexión de sus clientes durante un tiempo más o menos largo, o indefinidamente, como en Bélgica. En varias ocasiones la propia Unión Europea ha elaborado proyectos fallidos de decisión marco que iban en el mismo sentido y cuyo objetivo era imponer un periodo mínimo de dos años de retención de los datos. Esta violación de la protección de los datos personales va acompañada de proyectos como la violación del contenido de un ordenador, con desconocimiento de su usuario. En Francia el proyecto de ley de orientación y de programación para la seguridad interior (LOPSI, por sus siglas en francés), presentado al consejo de ministros en enero de 2008, va a autorizar el espionaje electrónico durante una investigación policial.
Se trata de permitir a la policía introducirse secretamente en los ordenadores de quienes son sospechosos de terrorismo o de pertenecer al crimen organizado. Alemania está preparando un proyecto de ley análogo. Las fuerzas del orden podrían estar autorizadas a espiar la superficie y el contenido de los discos duros de cualquier sospechoso. Se trataría de un «Caballo de Troya» (sistema informático espía) con un registrador de tecleado (keylogger) adjunto en secreto a un correo electrónico procedente de una agencia oficial. En concreto esto significa que los servicios de policía pueden utilizar un programa informático espía para leer todo lo que está dentro de un ordenador privado, sin que lo sepan la persona concernida. En Estados Unidos la policía tiene desde 2001 esta posibilidad de introducirse secretamente en un ordenador. Este procedimiento, llamado «linterna mágica» es uno de los dispositivos liberticidas introducidos por la famosa USA Patriot Act [2]. Estas medidas, que en un principio se votaron para tener una vigencia de cuatro años, se han convertido en permanentes [3].
Silvia Cattori:¿Antes no era posible someter a escucha y vigilar los correos electrónicos ?
Jean-Claude Paye: Los servicios de inteligencia siempre han podido seguir el rastro de la gente y entrar en un ordenador cuando querían. Pero este espionaje era ilegal. Lo que es una novedad es que todo cuanto se recoge ahora puede servir para iniciar un procedimiento judicial.
Silvia Cattori: ¿Podría una persona que expresa en sus correos electrónicos su simpatía por un grupo inscrito en las listas «terroristas» ser perseguida por colusión con el terrorismo?
Jean-Claude Paye: Sí, porque se ha producido una evolución de las leyes antiterroristas. Manifestar simpatía por grupos catalogados como «terroristas» es ya una infracción. En Gran Bretaña decir, por ejemplo, «Hamas o Hizbola son movimientos legítimos de resistencia», podría constituir un delito de apoyo indirecto en el marco de la ley inglesa Terrorist Bill of 2006. En Gran Bretaña es donde las leyes antiterroristas son más abiertamente liberticidas. En 2006 Gran Bretaña introdujo los delitos de «enaltecimiento» y de «apoyo indirecto» al terrorismo [4]. Estas incriminaciones no persiguen los hechos, sino las palabras de resistencia al poder o, simplemente, el acto de revelar unos hechos que contradicen la política del gobierno. Por ejemplo, se acosó a unos militantes por incitación indirecta al terrorismo por el hecho de haber enunciado públicamente los nombres de los soldados ingleses muertos en Iraq. El poder considera que la persona que enuncia estos hechos da publicidad a unos actos catalogados de terroristas (las acciones de la resistencia) y que esta publicidad crea así un «clima favorable» al terrorismo.
Acciones o palabras de apoyo a la resistencia palestina también podrían servir de base a estas investigaciones. Tampoco es necesario que se trate de conflictos contemporáneos: se podrían retener palabras o escritos que enaltecen atentados del pasado si una persona que comete un acto como poner una bomba en el metro declara haber sido incitada a cometerlo por las palabras o escritos incriminados. Existe un efecto retroactivo y no está objetivamente limitado en el tiempo[5]. En otros países en los que, como en Bélgica, no existe el delito de apoyo indirecto al terrorismo se intenta de introducir estas nociones a través de la jurisprudencia [6].
Por lo tanto, no es inútil observar lo que ocurre en Inglaterra. Es el país más avanzado en el desmantelamiento del Estado de derecho. Es de esperar que lo que se ha establecido en este país se imponga tarde o temprano al resto del continente. También nos acecha la legislación inglesa que criminaliza el acto de aportar un simple apoyo verbal o escrito a una parte implicada en un conflicto internacional en oposición a la política exterior del gobierno británico y el acto de relatar unos hechos que están en contradicción con la política gubernamental.
En Bélgica y en otros países europeos ha fracasado por el momento el intento de criminalizar a las personas a través de la jurisprudencia [7]. La evolución de la situación dependerá de la capacidad de reacción de los ciudadanos europeos en relación a los proyectos gubernamentales. Es en este marco, el de la posibilidad cada vez mayor de criminalizar no sólo los actos, sino también toda palabra escrita incómoda para la política del gobierno a propósito de un conflicto violento en cualquier lugar del mundo, donde conviene considerar todas les perspectivas de persecución policial que ofrece el espionaje legal de los ciudadanos por parte de la policía. Estos procedimiento permitirán utilizar en un momento dado lo que se ha recogido como elemento de prueba en el marco de lo que se define como apoyo indirecto o enaltecimiento de actos y de organizaciones «terroristas». Hay que situar en este marco el procedimiento de captura del contenido de los ordenadores por medio de sistemas informáticos espía, que en Europa se llaman «Caballo de Troya» y en Estados Unidos, «Linterna mágica».
Silvia Cattori:¿Cuál es la diferencia entre el proyecto de decisión-marco de la Unión Europea antes mencionado y las leyes adoptadas, por ejemplo, en diciembre de 2001 en la República Federal Alemana y en Italia, y que obligan a los bancos, oficinas de correos, operadores de telecomunicaciones y compañías aéreas a proporcionar los datos personales de sus clientes? ¿Se van a volver caducas las leyes de los países miembro?
Jean-Claude Paye: Estas leyes se siguen aplicando. La futura decisión-marco de la Unión Europea concerniente a la retención de los datos personales no aporta nada nuevo en relación a lo que ya existe en la mayoría de los Estados miembro. Se trata únicamente de forzar a los últimos recalcitrantes y, sobre todo, de imponer un plazo mínimo de conservación de los datos. En una palabra, se trata ante todo de una acción de racionalización y de unificación de los procedimientos a nivel del conjunto de la Unión Europea. El control de las comunicaciones electrónicas no es más que uno de los elementos del control global instaurado desde 2001.
Silvia Cattori:¿Está pensando usted en el control de las transacciones financieras internacionales y de los pasajeros de las compañías aéreas?
Jean-Claude Paye: Sí, fundamentalmente. No se trata sólo de una pieza del sistema de espionaje de los ciudadanos establecido después del 11 de septiembre, sino también antes de esta fecha en lo que concierne al programa de escuchas de la NSA. En efecto, a finales de 2005 la prensa estadounidense reveló que este sistema se había establecido por lo menos siete meses antes del 11 de septiembre 2001.
En primer lugar hay que recordar que la USA Patriot Act otorga al poder ejecutivo de Estados Unidos la posibilidad de controlar el conjunto de los bancos y sociedades financieras extranjeras que tenga filiales en el país. Los artículos 313 y 319 (b) de esta ley obligan a estas instituciones financieras a responder positivamente en un plazo de 120 horas a las peticiones de una agencia federal no sólo sobre las cuentas inscritas en su agencia situada en territorio estadounidense, sino también sobre los movimientos entre la cuenta estadounidense que es su objetivo y otras cuentas del banco situadas en el extranjero y, de este modo, sobre estas propias cuentas. Para conservar el derecho a tener agencias en territorio estadounidense o a tener relaciones comerciales con sociedades financieras estadounidenses, estos bancos tienen que estar certificados por el Departamento del Tesoro [estadounidense], es decir, obtener la Patriot Act Certification. Para ello deben cumplir ciertas condiciones, como la identificación precisa de sus clientes y de la procedencia de los fondos en el momento de la apertura de la cuenta. De este modo, en el espacio de la globalización financiera la USA Patriot Act otorga al poder ejecutivo estadounidense la posibilidad de vigilar y de investigar los movimientos bancarios si una parte, aunque sea residual, de estos pasa por Estados Unidos.
Esta transferencia de datos tiene lugar fuera del marco legal de intercambios de informaciones financieras entre gobiernos y a espaldas de las personas concernidas y de las autoridades de protección de la vida privada, nacionales y europeas. Como en el caso Swift (Society for Worldwide Interbank Financial Telecomunication), se trata de un sistema de relaciones indirectas entre unas empresas privadas extranjeras y su tutela estadounidense. Así, la ley estadounidense, en este caso la USA Patriot Act, tiene un carácter directamente imperial. Por medio de la decisión de estas empresas de someterse a ella se aplica directamente al extranjero y, por consiguiente, en territorio europeo.
Después, en junio de 2006, el New York Times reveló que una sociedad basada en Bélgica, Swift, transmitía secretamente el conjunto de los datos de las transacciones financieras internacionales a los servicios de aduanas estadounidenses y ello en el marco de programa de espionaje de la CIA [8]. Swift, una sociedad estadounidense de derecho belga, gestiona los intercambios internacionales de unas ocho mil instituciones financieras en 208 países. Asegura la transferencia de datos relativos a los pagos o a los títulos, incluidas las transacciones internacionales en divisas. En este caso la transferencia de datos personales es generalizada y ya no es estrechamente selectiva, como en el establecimiento de las disposiciones financieras de la USA Patriot Act de las que acabamos de hablar. Además, esta transferencia es más amplia ya que se refiere a transacciones que ni siquiera tocan el territorio estadounidense.
Desde 2002 la sociedad Swift había informado a sus autoridades financieras de tutela belgas y europeas, lo que significa que las autoridades europeas y los dirigentes de los bancos centrales estaban al corriente de este espionaje, pero que consideraron que se hacía en el marco de la lucha antiterrorista y que ellas no tenían que prevenir a sus gobiernos. Estos bancos centrales son considerados como órganos, dirigidos por Washington, de la lucha anti-terrorista. Por consiguiente, no sólo la sociedad Swift estaba en la más completa ilegalidad, sino también los bancos centrales europeos. Nunca se ha acusado a la sociedad Swift ni ha sido objeto de amonestación alguna por parte de los gobiernos y de los bancos centrales respectivos [9].
Silvia Cattori:¿Podía esta sociedad oponerse a las órdenes de Estados Unidos ya que éstas podían permitir la detención de terroristas?
Jean-Claude Paye: Era difícil que la sociedad Swift pudiera escapar a las demandas de Estados Unidos en la medida en que su segundo servidor estaba en territorio estadounidense. Era difícil que Swift se negara, pero tenía la posibilidad de no transferir sus datos a territorio de Estados Unidos y de poder escapar así a los requerimientos de la administración estadounidense. Por consiguiente, se le puede reprochar la transferencia de datos personales a territorio estadounidense. Para transferir unos datos personales desde un país de la Unión Europea a otro que no tiene un nivel de protección adecuado había que obtener autorizaciones, respetar las reglas de protección de datos. La sociedad Swift no respetó estas reglas. La transferencia de estos datos a las autoridades de Estados Unidos era ilegal.
Prácticamente no tenemos ninguna prueba de que haya habido detenciones en el marco del espionaje de las transferencias financieras. Es sabido que no se necesita demasiado dinero para preparar atentados. El control financiero global no sirve para nada.
Silvia Cattori:Resulta chocante el silencio de los bancos centrales y de las autoridades belgas en relación a este asunto. ¿Se sancionó posteriormente a los culpables?
Jean-Claude Paye: Las autoridades europeas tenían que prohibir a la sociedad Swift, basada en territorio europeo, esta transferencia [de datos] a Estados Unidos. No había ninguna razón técnica que les obligara a transferir, de manera completamente ilegal, estos datos a Estados Unidos. Nunca se condenó a nadie.
Silvia Cattori: ¿Se pidió que cesara esta transferencia?
Jean-Claude Paye: Esto nunca se consideró. Ningún gobierno ordenó nunca a la sociedad Swift que detuviera la transmisión de estos datos a Estados Unidos. Se permitió a la sociedad Swift seguir transmitiendo los datos a la CIA, incluso después de que el escándalo fuera revelado a la opinión pública. La Unión Europea estableció después las modalidades para «legalizar» estas trasferencias ilegales hacia Estados Unidos. En junio de 2007 se firmó un acuerdo entre Estados Unidos y la Unión Europea.
Silvia Cattori:En el caso de Estados Unidos, ¿acaso no se trata de un espionaje financiero encubierto bajo la lucha antiterrorista? ¿El comportamiento de la Unión Europea en este asunto acaso no indica que esto les conviene a todos?
Jean-Claude Paye: Estas transferencias de datos permiten a Estados Unidos beneficiarse de una distorsión de las reglas del mercado puesto que las autoridades administrativas y las empresas multinacionales, que están estrechamente vinculadas con los poderes ejecutivos de Estados Unidos, tienen la posibilidad de tener acceso al organigrama permanente del conjunto de las transacciones financieras internacionales. El acceso a la red Swift completa lo que ya permite el sistema de espionaje Echelon [10].
Silvia Cattori: No se trata, por lo tanto, de medidas para llevar a cabo «la guerra contra el terror», como afirma Bush, sino de otra cosa.
Jean-Claude Paye: El objetivo principal de Estados Unidos es poner a la Unión Europea en una situación de dependencia y obligar a sus Estados miembro a plegarse a todas sus exigencias, sobre todo si éstas violan las leyes europeas. Así es como se expresa la primacía de Estados Unidos sobre las leyes europeas y como, a partir de esta primacía, se opera una transformación de nuestro derecho.
Esta primacía del derecho de Estados Unidos sobre el derecho europeo se verifica también en las medidas de control de los pasajeros de las compañías aéreas. Desde que en 2003 la administración Bush obtuvo el acceso a las terminales de las sociedades instaladas en territorio europeo, Estados Unidos está en posesión de un conjunto de informaciones sobre cualquier persona que embarque en un avión: nombre y apellidos, religión, hábitos alimenticios, número de la tarjeta de crédito, itinerario, etc. Por ejemplo, las personas que indican que no consumen carne de cerdo son susceptibles de ser consideradas sospechosas de «terrorismo» y de ser sometidas a vigilancia por parte de Estados Unidos.
La transmisión de estas informaciones contradice completamente las legislaciones europeas de protección de datos personales. Se crea, pues, una situación de hecho en la que Estados Unidos impone a los países europeos la transferencia inmediata de los datos personales de los viajeros. Esto lleva más tarde a la Unión Europea a firmar un conjunto de acuerdos para legalizar una situación que violaba su legislación. El procedimiento de la carta de compromiso unilateral por parte de Estados Unidos, que se ha utilizado tanto en el «acuerdo» sobre los pasajeros de las compañías aéreas como en el de los datos financieros, marca la emergencia de una novedad en lo jurídico: ¡los países europeos ya no discuten en tanto que potencia estatal! Estados Unidos es quien otorga o deniega determinados derechos a los ciudadanos europeos.
Silvia Cattori:¿Reconsideraron más tarde su decisión aquellos Estados miembro que firmaron acuerdos contra natura con Estados Unidos?
Jean-Claude Paye: En lo que concierne al control de los pasajeros de las compañías aéreas, la Comisión de la Unión Europea ya ha hecho mención en varias ocasiones de un proyecto análogo. La mayoría de los dirigentes de la Unión Europea tienen en lo fundamental una postura análoga a la de Estados Unidos. Respecto al control de los pasajeros de las compañías aéreas afirmaban: «Es absolutamente necesario responder afirmativamente a las demandas de Estados Unidos que exigen a las compañías aéreas instaladas en territorio europeo transmitir las informaciones sobre sus clientes; si no, los aviones europeos no podrán aterrizar en Estados Unidos». ¡Como si la Unión Europea no pudiera tomar medidas coercitivas análogas y prohibir a los aviones estadounidenses aterrizar en territorio europeo! Los dirigentes que tiene prisa por liquidar las libertades individuales utilizan las exigencias estadounidenses para hacer lo mismo a nivel de Europa. Esto les permite debilitar a quienes quieren salvaguardar las libertades.
Silvia Cattori:¿Reaccionarán los cargos electos el día en que se den cuenta de que todo esto lleva a una sociedad totalitaria?
Jean-Claude Paye: Estas medidas no han sido discutidas. Nunca se han discutido a nivel europeo los acuerdos sobre los pasajeros de las compañías aéreas ni los acuerdos sobre las transacciones financieras o los acuerdos de extradición firmados con Estados Unidos. No ha habido debate alguno ni en la prensa ni en los parlamentos nacionales. Cuando el Parlamento Europeo se ha ocupado de estas cuestiones ha sido para criticar o rechazar los proyectos de los acuerdos. Sus competencias a este nivel se limitan a emitir opiniones consultivas no vinculantes.
Si se quiere comprender qué tipo de relaciones de subordinación mantiene la Unión Europea con Estados Unidos, donde hay que ver las cosas es a nivel de los acuerdos de cooperación policial y judicial, a nivel de la evolución del derecho penal. Nos encontramos en una situación en la que la Constitución no regula nada en absoluto. Se violan sistemáticamente todos los principios constitucionales de los países europeos. Todas las leyes aprobadas desde hace una decena de años son contrarias el espíritu de las Constituciones nacionales. Los partidos de izquierda y el movimiento alternativo han centrado todas sus fuerzas en torno al debate sobre el proyecto de Constitución Europea, que es un elemento que tiene relativamente poca importancia en relación a los temas de los que acabamos de hablar. A partir de ahora, lo que regula las relaciones entre los Estados y las relaciones entre un Estado y sus ciudadanos es esencialmente el derecho penal. Éste sustituye al derecho internacional y adquiere ahora una dimensión constituyente en lugar de la propia Constitución.
Silvia Cattori:Entonces, ¿no lo conocemos todo?
Jean-Claude Paye: Por supuesto que no, no lo sabemos todo. Sin embargo, algunos hechos empiezan a salir a la luz. Gracias a las revelaciones de la prensa estadounidense a finales de 2005 ahora sabemos que el programa ilegal de la NSA sobre el espionaje de las comunicaciones electrónicas y telefónicas estaba ya en funcionamiento siete años antes del 11 de septiembre de 2001. Esto demuestra que el sistema de espionaje al que los Estados someten a sus propios ciudadanos no es una medida cuyo objetivo es luchar contra el terrorismo, sino luchar contra las propias poblaciones. Y que las medidas que limitan las libertades no son consecuencia de los atentados del 11 de septiembre, sino que forman parte de un sistema que ya se había establecido antes de los atentados. Simplemente, se ha acelerado este sistema represivo y se han legitimado las medidas tomadas anteriormente.
Silvia Cattori:Por lo tanto, ¿estos ataques contra las libertades que acaba usted de describir (espionaje de la opinión, espionaje financiero, control de los pasajeros de las compañías aéreas), sólo sería la parte emergente de un nuevo orden que se está estableciendo?
Jean-Claude Paye: Sí, por supuesto. La mejor prueba es el acuerdo de extradición firmado en 2003 entre la Unión Europea y Estados Unidos. De hecho se trataría de discusiones secretas que se han estado llevando a cabo durante años. Ahora bien, si hemos podido entrever una pequeña parte de estos acuerdos es porque este texto tenía que ser ratificado por el Congreso de Estados Unidos, si no, no habríamos sabido nada porque por parte europea no era necesario ratificarlo puesto que los funcionarios permanentes del COROPER* tienen plenos poderes, no están controlados por ninguna instancia europea o nacional. Desde entonces no tenemos la menor idea de qué ocurre; sin embargo sabemos que continúan en secreto unas «negociaciones» y que Estados Unidos ha formulado nuevas exigencias. Por lo tanto, sólo hemos visto emerger una parte muy pequeña de la punta de este iceberg que constituye el conjunto de discusiones y acuerdos.
Silvia Cattori:¿Ya no se libra nadie de ser fichado?
Jean-Claude Paye: En este marco de vigilancia todos nuestros datos personales ya no nos pertenecen, pertenecen a las autoridades administrativas y a las empresas privadas. Se ponen automáticamente a disposición de los Estados. El es fin del habeas corpus, del derecho de la persona a disponer de sí misma y es también el fin de la propiedad de uno mismo. La vida privada ya no existe.
Notas:
[1] Jean-Claude Paye, sociólogo, es el autor La Fin de l’État de droit, La Dispute, Parí,s 2004, y de Global War on Liberty, Telos Press, New York 2007. [La traducción del primero al castellano será publicado por la editorial Hiru en las próximas semanas, n. de la t.]
[2] USA Patriot es el acrónimo de Uniting and Strengthening America by Providing Appropriate Tools Required to Intercept and Obstruct Terrorism, literalmente, “ley sobre la unificación y reforzamiento de Estados Unidos atribuyéndole las herramientas necesarias para interceptar y obstaculizar el terrorismo”. Más que de una ley se trata de un voluminoso código antiterrorista cuya redacción emprendió en secreto durante al menos dos años antes del 11 de septiembre la Federalist Society, bajo la dirección del profesor John Yoo. La USA Patriot Act fue adoptada por el Congreso de Estados Unidos sin ser debatida bajo la conmoción del 11 de septiembre. Otorga plenos poderes a la policía del Estado, al FBI, a los servicios de inmigración en materia de detención, de interrogatorios, de tortura y de detención ilimitada en secreto y sin la decisión de un tribunal de ciudadanos que no sean originarios de Estados Unidos sobre la base de simples presunciones. También autoriza la vigilancia de las conversaciones telefónicas y de los correos electrónicos, los registros domiciliarios tanto de día como de noche en ausencia de la persona concernida y sin orden judicial.
[3] «A Permanent State of Emergency», Jean-Claude Paye, Monthly Review, noviembre de 2006.
[4] «Préoccupation sécuritaire», Jean-Claude Paye, La Libre Belgique, 27 junio de 2007.
[5] «Beyond intention», Jean-Claude Paye, Le Monde diplomatique, English edition, noviembre de 2006.
[6] «Un procès qui engage nos libertés», Lieven De Cauter, Jean-Marie Dermagne y Bernard Francq, La Libre Belgique, 16 de noviembre de 2007.
[7] «DHKP-C: Bahar Kimyongur acquitté à Anvers», Marc Metdepenningen, Le Soir, 7 febrero de 2008.
[8] «La CIA a contrôlé les transactions financières du monde entier via la société SWIFT», Grégoire Seither, Réseau Voltaire, 26 junio de 2006.
[9] «SWIFT: le Trésor états-unien au-dessus des lois européennes», Réseau Voltaire, 29 septiembre de 2006.
[10] Échelon es un sistema de espionaje electrónico común a Estados Unidos y Reino Unido que existe desde 1947. A esos países se han unido Canadá, Australia y Nueva Zelanda. Las estaciones de estos países forman una sola red integrada. Véase Ducan Campbell, Surveillance électronique planétaire, Éditions Allia, París, 2OO1. Este libro retoma el informe que el autor preparó para el Parlamento Europeo.
* COREPER es el Comité de Representantes Permanentes de la Unión Europea [n. de la t.]
Si pensáramos en el título de este artículo observando al vocablo "in" segun la terminología de la lengua inglesa, podríamos pensar que este artículo se trata de algo que está dentro de la justicia.
Si por el contrario, con este vocablo aludiéramos a una partícula que en la lengua española indica, opuesto a la justicia, fuera de la justicia, estaríamos cometiendo un error.
El fallo del que trata el siguiente artículo periodístico, es algo que está dentro de la justicia que imparten jueces en nuestro país. Jueces de nuestro país, que están imbuidos en la aberración de un criterio jurídico "legal" fuera de todo sentido común, "in"-civilizado, "anti" ético, bestial y hasta criminal.
La IN-JUSTICIA en su total y pleno sentido (en la lengua española), está alojada en el corazón de la JUSTICIA, en el cuerpo jurídico y las normativas de nuestro país (espero que no en el espíritu de las leyes).
Si sucede que en la Justicia Dios esconde la INJUSTICIA, como en el Paraíso se oculta el Infierno "para que estemos atentos" segun dice Paulo Cohelo en algunos de sus libros, entonces nos estamos distrayendo mucho.
Ahora se me ocurre pensar que si siguiera esta hipótesis y aquella que dice que en cada uno de nosotros habita Dios, ¿será entonces que oculto dentro de él también se aloja en nuestro interior su opuesto?. ¿Será por eso que podemos convertirnos en monstruos capaces de inimaginables atrocidades?.
Prefiero despojar mi criterio de toda apelación a un responsable supremo y devolver la libertad por la que tanto hizo Dios por nosotros segun las doctrinas muy a pesar de lo que varios religiosos intentan negar con su contradictoria actitud y enseñanzas.
Tampoco voy a analizar la temática desde la perspectiva de género. Ni tampoco de la corrupción a la que está expuesta nuestro sistema jurídico profundamente parcial y casi exclusivamente dedicado a perseguir, castigar y aislar a determinados estratos sociales frente a una ostentosa impunidad de otros.
Sólo quiero declarar que cada uno de nosotros es responsable de sus actos y en tanto individuo que comparte el espacio tiempo con otros de su "manada" (ni siquiera digo miembros de una comunidad), somos además responsables de rendir cuentas ante esos otros.
Espero que algunos de ellos no sólo exijamos esa rendición de cuentas, y no sólo el efectivo cumplimiento de los códigos que "la manada" ha establecido, sino la primacía del bien común y del sentido común. Tan comúnmente ausentes, tan criteriosamente manipulados.
Mientras no lo hagamos, no tendremos siquiera la posibilidad cierta de considerarnos mamíferos, pues el desarrollo social de estos animales, incluye un sistema (en muchos casos altamente complejo) de normas de convivencia, códigos de valores y sistemas de premios y castigos que toda la manada comparte y respeta.
La noticia que motivó esta introducción es un hecho judicial acaecido en Río Negro, Argentina, provincia que demoledoramente nos tiene acostumbrados más que otras a este tipo de aberración:
La asesinó de 75 puñaladas y recibió 5 años de cárcel
RÍO NEGRO - El tribunal le otorgó esa pena por entender que actuó de forma imprudente por estar alcoholizado. La querella había solicitado perpetua.
El mismo crimen que por su brutalidad dejó impactada a la provincia de Río Negro en febrero de 2008 volvió a hacerlo este año, pero esta vez por la condena. El hombre que asesinó y destrozó a una joven de 75 puñaladas y golpes con una mancuerna fue condenado a 5 años de cárcel. El tribunal entendió que actuó de forma imprudente porque estaba alcoholizado.
El hombre, de la ciudad rionegrina de General Roca, recibió la pena máxima por el delito de "homicidio culposo", ya que los jueces entendieron que como bebió deliberadamente antes de concretar el crimen actuó de manera negligente y sin intención.
El fiscal del debate, Eduardo Luis Rodríguez Trejo, que había solicitado una pena de 15 años por "homicidio simple" aseguró esta mañana a Télam que la pena "será recurrida ante Casación". La querella, por su parte, había reclamado prisión perpetua por "homicidio calificado" y la defensa su absolución.
El acusado, Ramón Orlando Sosa, de 32 años, había llegado a juicio oral acusado del homicidio de Laura Nahuelcar, ocurrido el 27 de febrero del 2008, y que murió como consecuencia de 75 heridas producidas en todo su cuerpo, entre puñaladas y golpes provocados con una mancuerna.
Durante el juicio oral quedó establecido que Sosa estaba totalmente alcoholizado en el momento de haber concretado el crimen y, para los jueces Juan Rotter, María Evelina García y César López Meyer, esa conducta lo llevó a actuar de manera negligente. Rotter, acompañado por los otros magistrados, sostiene que "al haber sido consciente y voluntaria la ingesta alcohólica por parte de Sosa tal circunstancia constituye una negligencia".
Sin embargo, por otro lado, sostienen que no corresponde una pena mayor porque Sosa estaba en un "tercer grado" en la escala del test de alcoholemia la noche del crimen y en ese grado la persona sufre de "inconciencia plena", "sueño profundo", por lo que no es consciente de sus actos.
En reacción, el fiscal Rodríguez Trejo sugirió que "si partimos de ese análisis, que estableció que tenía 2,43 gramos de alcohol en sangre, cómo se explica que esta persona haya causado 75 heridas entre puñaladas y golpes de mancuernas, haya cruzado la calle hasta la casa del vecino para pedir ayuda, y se haya intentado suicidar -se quiso cortar las venas y antebrazos con un cuchillo-".
Juan Carlos Nahuelcar, padre de la joven asesinada, dijo que el fallo de la cámara "es injusto, porque no te puede dar la misma condena si robás una bicicleta que si matás". Además, dijo que no apelará la decisión judicial "porque nadie puede hacer que yo recupere a mi hija".
LLAMAMIENTO MUNDIAL PARA UNA NUEVA MOVILIZACION A FAVOR DE LA INFANCIA 20o aniversario de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño
“La humanidad debe dar al niño lo que tiene de mejor” Eglantyne Jebb
Declaración de Ginebra, 1924
1. Con ocasión del 20º aniversario de la adopción por la Asamblea General de Naciones Unidas de la Convención sobre los Derechos del Niño, nosotros, firmantes del presente documento1, lanzamos con urgencia y gravedad un llamamiento para una nueva movilización a favor de la infancia2.
2. La Convención marcó un momento histórico: ha permitido una nueva mirada sobre el niño3. Desde su promulgación y su ratificación por casi todos los países, los niños deben ser considerados como personas de pleno derecho, verdaderos sujetos de derechos y titulares de los derechos humanos de manera inalienable y sin discriminación. Al mismo tiempo, porque son seres frágiles y en crecimiento, necesitan protección.
3. Según la opinión de las organizaciones, los expertos y las personalidades firmantes de este llamamiento, la transposición de las normas de la Convención a los derechos nacionales y a las políticas implementadas, ha permitido progresos reales.
4. Desgraciadamente, los compromisos contraídos están aún muy lejos de ser respetados por todos. Muy a menudo, se considera a los niños como objetos de asistencia o destinatarios de algunos derechos que se les conceden como una limosna. Demasiados niños en el mundo permanecen al margen de todos sus derechos, a veces incluso de los más fundamentales.
5. Niños soldados, niños trabajadores en condiciones ingratas y peligrosas, niños abusados, violados, objeto de toda forma de violencia, niños obligados a huir sin cesar con o sin familia debido a las guerras, el hambre, los cataclismos naturales, niños abandonados y rechazados por todos, obligados a vivir en la calle, niños “brujos”, sin educación, sin patria, sin documentos…
6. Niños que debido a la fragilidad de las familias, la urbanización masiva, la degradación del medioambiente, la globalización que incrementa las desigualdades se han hecho más vulnerables. Actualmente, la crisis económica que se extiende a escala planetaria acrecienta las amenazas que pesan sobre millones de ellos.
¡Es urgente!
7. Todos estos niños tienen algo en común: han sido “desarraigados”. Desarraigo físico, a veces brutal, de sus países o del lugar en el que deberían haber crecido; también desarraigo psicosocial, más íntimo, causa de un choque aún más profundo, cuando no reciben amor, ni son escuchados, cuando viven al margen de una familia o de la sociedad, cuando no se inscriben dentro de una descendencia, heredera de una colectividad humana vinculada a su cultura y a su historia. Estos niños se encuentran “desarraigados” de un espacio de vida humano indispensable, de la posibilidad de crecer equilibradamente en un ambiente de respeto afectuoso y verdadero.
8. Este desarraigo debe interpelarnos seriamente; debe ser mejor comprendido, sus causas y graves consecuencias para la humanidad actual y futura deben ser mejor estudiadas.
9. Tales situaciones no son ni excepcionales ni reservadas a tal o cual país: millones de niños en el mundo viven esta dramática pérdida de referencias que, ineluctablemente, los priva también de sus derechos.
10. Nos proponemos adoptar un enfoque renovado sobre el niño que tenga en cuenta sus necesidades más profundas así como su derecho a la vida y a un desarrollo integral, incluyendo el espiritual.
11. A pesar de esta sombría realidad de los niños desarraigados, a menudo nos sorprendemos: algunos niños muestran una vitalidad y una especie de energía para resistir, levantarse y superar de una manera positiva los grandes retos que la vida les impone. Llamamos esta capacidad que tienen resiliencia. Ella incrementa también sus oportunidades de ver sus derechos respetados porque les da la capacidad de luchar para defenderlos.
12. Para dar todo su fruto, la resiliencia gana desarrollándose y siendo apoyada por diferentes factores:
- La inserción en un medio familiar y comunitario verdaderamente atento y que sea percibido como tal por el niño. - Una educación de calidad tanto en la escuela como en el marco de la familia y de la comunidad. - Pertenecer a una familia que pueda cubrir, incluso modestamente, sus propias necesidades. - Una verdadera solidaridad vivida en la familia y en la comunidad: ésta abre al niño a la generosidad y a la esperanza de poder encontrar siempre a alguien que sea capaz de ayudarlo.
13. El respeto y la valoración del medio cultural de origen aportan también las referencias indispensables para que el niño se estructure y pueda acceder positivamente a otras culturas. Su vida tiene, en su opinión, un sentido. La dimensión religiosa que el niño puede haber recibido cuando era pequeño deber ser preservada y desarrollada, respetando su libertad, ya que constituye un profundo recurso para toda su vida.
14. También es conveniente favorecer la participación de los niños, su responsabilidad, el sentido de sus deberes, su solidaridad; entonces se convierten en protagonistas de su vida, hacen evolucionar eficazmente los comportamientos tradicionales de los adultos y son los mejores embajadores de los derechos del niño ante sus pares.
15. Este tipo de enfoque asocia al niño mismo con la promoción y la defensa de sus derechos. Este nos ha probado su eficacia donde lo hemos puesto en práctica.
16. Este nuevo enfoque sobre el niño llama a movilizarse prioritariamente respecto a ciertos desafíos.
Entre los diez desafíos identificados4, se trata en particular de:
- Luchar contra toda forma de violencia hacia los niños, ya sea la pobreza extrema como las violencias en los conflictos armados, en la escuela, en el trabajo, en el ciberespacio o en las familias; es en el seno de éstas que la violencia está más generalizada.
- Garantizar una educación de calidad para todos los niños con el fin de que no sean condenados a la pobreza y a la marginalización perpetuas. En particular, hemos experimentado que la intervención de educadores-mediadores capaces de ayudar a los niños desarraigados a pasar gradualmente a nuevas referencias culturales suscitando y apoyando su resiliencia favorece su inserción y su desarrollo y permite luchar eficazmente contra el abandono de la escuela.
- Apoyar a las familias fragilizadas, especialmente a las familias monoparentales, promover un clima de buenos tratos y reforzar las competencias educativas de los padres.
- Humanizar la justicia juvenil y la asistencia a los jóvenes en conflicto con la ley. Ante el endurecimiento de la justicia penal en numerosos países, queremos recordar que la justicia de menores debe dirigirse prioritariamente hacia su educación y reinserción.
17. Hay que poner en práctica de una manera efectiva y urgente las exigencias de los tratados internacionales de derechos humanos y, más específicamente, las de la Convención sobre los Derechos del Niño.
18. Nosotros, los firmantes del presente documento, lanzamos un llamamiento urgente a los Estados para que:
a) Ratifiquen, por los que aún no lo han hecho, la Convención así como el Protocolo facultativo relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía y el Protocolo facultativo relativo a la participación de niños en los conflictos armados; levantar aquellas reservas que resulten restrictivas de derechos o afecten los objetivos de la Convención y continuar la armonización del derecho interno con la Convención.
b) Respeten los compromisos contraídos, sobre todo adoptando políticas públicas a favor de la infancia y de las familias, lo que supone también subsidios presupuestarios prioritarios y suficientes así como una voluntad política firme y constante.
c) Cooperen estrechamente con el Comité de los Derechos del Niño y los mecanismos de seguimiento de los derechos humanos de la ONU, así como con las instituciones independientes (defensores de los niños…) y las ONG especializadas en este campo, con el fin de garantizar a los niños el pleno goce de sus derechos.
19. Hacemos un llamamiento a la comunidad internacional en su conjunto para:
a) Favorecer el sistema de verificación, de evaluación y de control de la Convención, garantizar al Comité de los Derechos del Niño, así como al sistema de procedimientos especiales de la ONU para la protección y la defensa de los derechos humanos, los medios para cumplir con su mandato.
b) Poner en práctica una nueva gobernabilidad mundial, especialmente para tratar todos los temas de carácter transnacional relativos a los niños (migraciones, trata, redes de pornografía infantil, venta de órganos…).
c) Reforzar en la cooperación internacional el enfoque basado en los derechos humanos.
d) Exigir firmemente que los Estados respeten su compromiso de apoyar con el 0,7% de su PIB a los países en vías de desarrollo.
e) Favorecer una producción, distribución y comercialización equitativas de los bienes de primera necesidad para garantizar a las familias ingresos que sean el fruto de un trabajo digno.
20. Hacemos un llamamiento a los medios para:
a) Introducir en su carta ética o deontológica una reflexión sobre la infancia y la adolescencia con el fin de presentar una imagen digna y respetuosa.
b) Resaltar el valor de la diversidad cultural y favorecer el diálogo entre personas, generaciones, comunidades.
c) Contribuir en la difusión de una cultura de los derechos del niño formando a los profesionales del sector, así como producir y difundir publicaciones destinadas a los niños mismos con vistas a su desarrollo
21. Hacemos un llamamiento a las autoridades morales y religiosas para:
a) Velar en cualquier parte donde estén activas por el respeto de la dignidad y los derechos del niño.
b) Contribuir, en unión con los jóvenes, en el diálogo intercultural e interreligioso para prevenir las divergencias, reconocer las diferencias así como la igual dignidad de cada uno.
c) Preocuparse siempre de educar más en valores ya que sólo éstos pueden garantizar una vida humana y espiritual digna.
d) Mostrar el valor de cada persona humana expresando los lazos que existen entre su mensaje ético y religioso y los derechos humanos, incluyendo los derechos del niño.
22. Hacemos un llamamiento a las organizaciones de la sociedad civil para:
a) Difundir ampliamente y dar a conocer los principios de la Convención así como la Convención misma, preservando y desarrollando en la sociedad una verdadera cultura de la infancia.
b) Reforzar el trabajo en red, asegurar una coordinación más eficaz de sus acciones, intercambiar buenas prácticas y, juntos, ejercer presión sobre las autoridades públicas para que apliquen cada vez más ampliamente las políticas en favor de la infancia.
c) Velar por que sus iniciativas se inscriban en una dinámica de escucha de los niños y de sus necesidades con el fin de reforzar la participación de los niños en la vida social y pública.
d) Realizar estudios multidisciplinarios sobre la infancia y suscitar nuevas investigaciones dentro de una perspectiva de experimentación creativa.
e) Establecer un informe anual sobre el estado de los derechos del niño en el mundo que tome en cuenta los avances más notables y las violaciones más graves.
f) Velar por el respeto de la dignidad y los derechos del niño en los lugares en los que actúan.
23. Hacemos un llamamiento a los hombres y mujeres de buena voluntad para:
a) Velar activamente para que cada niño y todos los niños puedan crecer en condiciones dignas y en el pleno respeto de sus derechos.
b) Dar el ejemplo de la solidaridad con el fin de que cada niño pueda tener la experiencia del altruismo, de la generosidad y sea capaz de contribuir al bien común.
c) Exigir que las autoridades públicas cumplan con sus deberes a favor de la familia y de los niños y que mejoren constantemente sus políticas en este campo.
24. El niño, cada niño, es un don para la humanidad. Un don que se inscribe en una historia y abre nuevos posibles. Suscita asombro y maravilla y, a su vez, debe poder maravillarse con el mundo que le confiaremos.
Para que ese mundo tenga un rostro humano, debemos respetar al niño, “debemos ponernos a la altura del niño”:
«Ustedes dicen: Es cansado ocuparse de los niños. Tienen razón. Agregan: porque debemos ponernos a su nivel. Debemos rebajarnos, inclinarnos, encorvarnos, empequeñecernos. Se equivocan. No es esto lo que más cansa sino el estar obligados a elevarnos hasta la altura de sus sentimientos. Elevarnos, estirarnos, ponernos sobre la punta de los pies, acercarnos. Para no herirlos».5
Janusz Korczak6 Ginebra, junio de 2009
1 La Oficina Internacional Católica de la Infancia (Bice), creada en 1948, tomó parte activa en la elaboración de la Convención en los años 80 y le ha dado constantemente un seguimiento desde su implementación en el terreno y en Ginebra ante el Comité de los Derechos del Niño. A este título, ha tomado la iniciativa de lanzar este documento. 2 Un Documento de referencia acompaña y completa este llamamiento. Puede ser consultado y bajado en el portal del Bice www.bice.org, y www.biceinternational.org.
3 En el sentido del artículo 1 de la Convención, se entiende por niño: “todo ser humano menor de dieciocho años de edad”.
4 El documento de referencia establece DIEZ DESAFÍOS 1/. Respetar el derecho a la vida; 2/. Luchar contra la pobreza; 3/. Luchar contra las violencias hacia los niños; 4/. Apoyar a las familias; 5/. Tomar en cuenta la situación de los niños trabajadores; 6/. Garantizar una educación de calidad para todos los niños; 7/. Garantizar el derecho a la salud; 8/. Dar el lugar que les corresponde a los niños discapacitados; 9/. Humanizar la justicia juvenil, 10/. Poner las nuevas tecnologías al servicio del niño.
5 Prólogo de “Cuando me haga pequeño”, Asociación Francesa Janusz Korczak (AFJK), traducción revisada en el 2007. 6 Janusz Korczak (1878-1942), célebre siquiatra infantil polaco, escritor, pedagogo, defensor infatigable de la causa de los niños, muerto en Treblinka adonde fue deportado con los niños de su orfanato a quienes rehusó abandonar.
Llamamiento Mundial para una nueva movilización a favor de la infancia, convocada por el BICE
Reflexión de Adolfo Pérez Esquivel
Se cumplen 20 años de la Convención sobre los derechos del niño de las Naciones Unidas. El BICE - Bureau Internacional Catholique de l´enfance- convocó en Ginebra, a una reunión internacional de la cual participé por la gentil invitación de los organizadores. En la misma se evalúo el trabajo realizado con las redes de organizaciones de la iglesia y organizaciones hermanas y se efectuaron conclusiones acerca del camino recorrido en el mundo en relación a la infancia y adolescencia. Uno de los ejes fundamentales de la convocatoria fue promover el "Llamamiento Mundial para una nueva movilización a favor de la infancia".
La madrina del Llamamiento y del congreso fue Mme. Marguerite Barankitse, de Burundi, una extraordinaria mujer que asumió su compromiso y lleva con coraje y decisión una valiosa obra generando la esperanza a los problemas que viven los niños en estado de riesgo social en el continente africano.
El encuentro se realizó en el Centro Internacional de Conferencias en Ginebra, Suiza los días, 3 y 4 de junio, que permitió intercambiar información y experiencias sobre el trabajo con la niñez en diversos partes del mundo en los 20 años, desde la Convención.
El relator especial del evento fue el Dr. Norberto Liwski, de Argentina, antiguo vicepresidente del Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, quien con su larga experiencia sintetizó los trabajos realizados y perspectivas para el futuro.
Llama la atención que el gobierno argentino no haya renovado el mandato ante la ONU en el Comité de Derechos del Niño, al Dr. Liwski, quien ha desempeñado una valiosa labor en bien de la infancia y que, hasta el momento, el gobierno no ha propuesto a otro u otra representante ante el Comité. Son deficiencias que debieran corregirse urgentemente, teniendo en cuenta la necesidad de generar políticas públicas de prevención y protección de la infancia.
El Llamamiento Mundial por una Nueva Movilización por la Infancia, aborda de una manera efectiva y urgente la necesidad y la exigencia que tienen los gobiernos de respetar y hacer efectivo los tratados internacionales de derechos humanos y muy en especial la Convención sobre los Derechos del Niño.
Se constató la diversidad de derechos actualmente vulnerados en muchos países por las violaciones a la vida y la dignidad de los niños, al ser utilizados en los conflictos armados, la explotación sexual, económica y en el trabajo o mediante la esclavitud a las drogas, la trata de personas y venta de niños como mercancías. Siendo asimismo, víctimas de la violencia social y estructural a la que son sometidos por el hambre, la pobreza y la falta de recursos para garantizar derechos fundamentales en la salud y la educación, entre otras.
Por lo expuesto es urgente y necesario que la comunidad internacional, pueda evaluar estos 20 años desde la Convención y asuma en su conjunto el compromiso y decisión de preservar la vida y derecho de los niños; tanto jurídico, social y afectivo como personas sujetos de derecho.
Es urgente reforzar la cooperación internacional y el enfoque basado en los derechos humanos en su integridad, en los derechos económicos, sociales y culturales.
La convocatoria se dirige en forma particular, a los medios de comunicación ya que son generadores de conciencia crítica y pueden contribuir a fortalecer valores éticos y responsabilidad social, difundiendo el Llamamiento.
Las autoridades de los países que han ratificado la Convención tienen la responsabilidad jurídica y ética de preservar, proteger y dar condiciones de vida digna. El Estado no puede estar ausente en la vida de los niños y pensar que la solución de los problemas sociales es reprimirlos, encarcelarlos y someterlos a la violencia, como es la intencionalidad recurrente de querer bajar la edad de imputabilidad de los niños, siendo que ésta no resuelve el problema de fondo, por el contrario lo agrava y genera mayor violencia y angustia en los niños.
Las comunidades religiosas vienen asumiendo el compromiso con la infancia a través de sus obras. Es necesario tener claro que las iglesias y organizaciones, no deben suplantar la responsabilidad del Estado en la vida social y jurídica de los niños. Sí, acompañar y apoyar, social y espiritualmente y tratar de corregir y superar las situaciones de injusticias que afectan la vida de los niños, dándoles protección y esperanza de vida.
El llamamiento convoca a las organizaciones de la sociedad civil para difundir y dar a conocer la Convención sobre los Derechos del Niño, a fin que la sociedad tenga conciencia crítica, valores y la voluntad política de desarrollar una Cultura sobre los derechos de la infancia que permita construir y afirmar la Paz.
La educación es la base fundamental de aprender a respetar la diversidad de cada etnia, comunidad y pueblo. Una sociedad que no piensa y protege a sus niños, es una sociedad que perdió la esperanza y sentido de vida, hipoteca el presente y pierde el futuro.
El trabajo en redes es fundamental para poder dar respuestas concretas a las necesidades de vida de los niños, muy en especial a aquellos que viven en estado de riesgo social.
El Llamamiento propone establecer un "Anuario sobre el estado de los derechos del niño en el mundo" para visibilizar los avances, como corregir y denunciar las violaciones a que son sometidos.
Los gobiernos tienen la responsabilidad de las políticas públicas, de proteger y generar conciencia sobre las condiciones de vida de los niños y su hábitat, darles educación, respetando sus culturas, valores y espiritualidad.
Es necesario destacar la labor que viene realizando el BICE bajo la presidencia de Yves, Marie Lanoë; de la representante en Ginebra ante las Naciones Unidas, Alessandra Aula y el valioso trabajo del equipo del BICE. Los aportes de los expositores fueron valiosa, dejando su experiencia y riqueza de los trabajos realizados.
Son signos de esperanza que hacen posible un nuevo amanecer.
Buenos Aires, 10 de junio del 2009.
Fuente: BICE
Carta por la Niñez A los sacerdotes, consagrados, consagradas y fieles de la arquidiócesis
Queridos hermanos y hermanas:
La XXXI peregrinación juvenil al Santuario de Luján tiene como lema "Madre, ayúdanos a cuidar la vida". Le pedimos a nuestra Madre esta gracia: que nos ayude a cuidar toda vida y toda la vida. Lo hacemos con el grito filial de la oración y la confianza que nos da la Virgen. Ella le dijo a San Juan Diego: "¿No estoy yo aquí que soy tu madre?" Saber que está cerca con su ternura maternal nos da fortaleza para seguir pidiéndole, con corazón de niños: "Madre ayúdanos a cuidar la vida". Y, a la luz de esta oración filial, quiero proponer a la reflexión de Ustedes un problema de vida que afecta a nuestra ciudad.
En los últimos años se han incorporado al paisaje ciudadano nuevas realidades: cortes de calles, piquetes, gente viviendo en las veredas... Una realidad, a mi parecer la más dolorosa que se ha impuesto en este paisaje, tiene como protagonistas a los niños. La presencia de situaciones injustas y riesgosas de las que son víctimas nuestros niños, niñas y adolescentes nos golpean y conmueven. Niños y jóvenes en situación de calle, mendigando, durmiendo en estaciones de subtes y ferrocarriles, en zaguanes y recovas; en ocasiones "aspirando" solos o grupalmente, son realidades habituales en el cotidiano paisaje ciudadano.
Niños y adolescentes cartoneando y hurgando en la basura en busca quizá de su única comida diaria, aun en horas entradas de la noche. Niños y jóvenes, muchas veces bajo la mirada de mayores que los regentean, ocupados en diversos trabajos formales e informales, vendiendo, haciendo malabarismos, limpiando vidrios, abriendo puertas de automóviles o repartiendo estampitas en los subtes. En la Ciudad de Buenos Aires está prohibida la "tracción a sangre". Si aparece un carrito de cartoneros tirado por un caballo puede ser decomisado... Pero hay cientos de carritos de cartoneros que andan por todas partes (los veo diariamente en el microcentro) y como no se puede utilizar un caballo, entonces muchas veces los empujan los chicos. ¿Es que estos chicos no son "tracción a sangre"?
El pasado 13 de agosto nos enteramos por los diarios que una red de pedofilia funcionaba en los barrios de Chacarita, Floresta, Congreso, Recoleta, San Telmo, Montserrat, Núñez, Palermo y Caballito. Chicos y chicas entre 5 y 15 años, manteniendo relaciones con mayores. Hace unos años nos rasgábamos las vestiduras cuando sabíamos que los Sex-Tours organizados en Europa hacia ciertos lugares de Asia incluían sexo con niños... Y ahora lo tenemos instalado aquí, incluso en los menús de algunos alojamientos lujosos. La creciente utilización de niños y adolescentes en el tráfico de drogas es una realidad dolorosa. Resulta también aberrante el consumo masivo de alcohol por parte de niños y jóvenes, con la complicidad de comerciantes inescrupulosos. Incluso a veces se observa como práctica la ingesta de bebidas alcohólicas en niños de corta edad. Por otra parte, los datos de la realidad nos señalan que la mayoría de nuestros niños son pobres y que alrededor del 50% de los pobres son niños. Los niveles de indigencia se expresan dramáticamente en la actualidad y en nuestro futuro próximo, con consecuencias ciertas a partir de carencias nutritivas, ambientales, insalubridad, violencia y promiscuidad naturalizadas, que condicionan su crecimiento, problematizan su relación personal y tornan dificultosa su inserción social y comunitaria. Resulta escalofriante que algunas empresas de turismo, como parte de tours que organizan en nuestra ciudad, incorporen las Villas de Emergencia, donde viven niños en estado de indigencia o pobreza, como lugares de observación y visita para los turistas.
La producción cultural, en especial la oferta televisiva, pone a disposición de nuestros niños y jóvenes, como ya lo vienen señalando prestigiosas instituciones y personalidades de nuestra sociedad, programas donde la degradación y frivolidad de la sexualidad, la desvalorización de la familia, la promoción de desvalores, maquillados artificialmente como valores, y la exaltación de la violencia, junto con una libertad irresponsable y "gánica", son constantes, aportando componentes de conductas que devienen paradigmáticos para nuestra juventud, frente a la pasividad de organismos de control y el financiamiento cómplice de empresas e instituciones. Esta realidad nos habla de una degradación moral cada vez más extendida y profunda que nos lleva a preguntar cómo recuperar el respeto por la vida y por la dignidad de nuestros niños. A tantos de ellos les estamos robado su niñez y les estamos hipotecado su futuro y el nuestro, una responsabilidad que, como sociedad, compartimos y que pesa más sobre los de mayor poder, educación y riqueza. Y si miramos la realidad religiosa, ¡cuántos niños no saben rezar!, ¡a cuántos no se les ha enseñado a buscar y contemplar el rostro del Padre del Cielo, que los quiere y los prefiere! Grave carencia en el ser mismo de una persona. Todas estas realidades nos sacuden y confrontan con nuestra responsabilidad de cristianos, con nuestra obligación de ciudadanos, con nuestra solidaridad como partícipes de una comunidad que queremos cada día más humana, más digna y más acorde a la dignidad humana y de la sociedad.
Frente a esta realidad de nuestros niños y adolescentes, aparecen reacciones diversas que se orientan a un acostumbramiento progresivo de creciente pasividad e indiferencia, una suerte de normalidad de la injusticia; o, por otra parte, una actitud falsamente normativa y de supuesto bien común que reclama represión y creciente control que va desde la baja de la edad de imputabilidad penal hasta su forzada separación familiar, en ocasiones sometiendo injustamente al sistema judicial situaciones de pobreza familiar o bien promoviendo una discrecional y abusiva institucionalización. Y así podríamos continuar con esta descripción, la cual entraña un grito a tomar conciencia. Debemos tomar conciencia de la situación de emergencia de nuestra niñez y juventud. Debemos afrontar nuestras propias responsabilidades personales y sociales ante la emergencia. Debemos asumir como propios los mandatos constitucionales en la materia. Debemos tomar conciencia de que cada chico marginado, abandonado o en situación de calle, con deficiente acceso a los beneficios de la educación y la salud, es la expresión cabal no sólo de una injusticia sino de un fracaso institucional que incluye tanto a la familia como también a sus vecinos, a las instituciones barriales, a su parroquia y a los distintos estamentos del Estado en sus diversas expresiones. Muchas de estas situaciones reclaman una respuesta inmediata, pero no con la inmediatez de las luces de bengala. La búsqueda e implementación de respuestas no emparchadoras no pueden hacernos olvidar que necesitamos un cambio de corazón y de mentalidad que nos lleve a valorar y dignificar la vida de estos chicos desde el seno de su madre hasta que descansen en el seno del Padre Dios, y a obrar cada día en consecuencia. Debemos adentrarnos en el Corazón de Dios y comenzar a escuchar la voz de los más débiles, estos niños y adolescentes, y recordar las palabras del Señor: "El que recibe a uno de estos pequeños en mi Nombre, me recibe a mí mismo" (Mt. 18: 5); y: "Cuídense de despreciar a cualquiera de estos pequeños, porque les aseguro que sus ángeles en el cielo están constantemente en presencia de mi Padre celestial" (Mt. 18: 10). Tanto esas voces como la palabra del Señor deberían conmovernos en nuestro compromiso y en nuestra acción:
Nunca la niñez abandonada en nuestra ciudad;
nunca la adolescencia y la juventud marginada en nuestra ciudad;
ningún cristiano, ninguna parroquia, ninguna autoridad indolente o indiferente frente al vía crucis de nuestras familias y de nuestros niños;
ningún egoísmo o interés personal o sectorial menguando el esfuerzo y el compromiso que dilate la necesaria unidad y coordinación para el esfuerzo impostergable e inmediato.
Estoy preocupado y dolorido por esta situación. Por ello quise escribirles esta carta. He tratado el tema con algunos especialistas, con la Vicaría Episcopal de Niños, con la Comisión de Niñez y Adolescencia en riesgo, con algunos jueces y legisladores. En base a lo reflexionado con ellos, hago un resumen sintético que añado en ANEXO. Esto nos ayudará sobremanera a reflexionar sobre esta realidad y sé que será útil en el camino de la Asamblea Arquidiocesana. Pero, sobre todo, quisiera que nuestros ojos no se acostumbraran a este nuevo paisaje ciudadano que tiene como protagonistas a los niños. Les pido, por favor, que abramos nuestro corazón a esta realidad dolorosa... Los Herodes de hoy tienen muchos rostros, pero la realidad es la misma: se mata a los niños, se mata su sonrisa, se mata la esperanza... Son carne de cañón. Miremos con ojos renovados a estos niños de nuestra ciudad y animémonos a llorar. Miremos a la Virgen y digámosle desde el llanto de nuestro corazón:
"Madre, ayúdanos a cuidar la vida".
Con paternal y fraternal cariño Card. Jorge Mario Bergoglio s.j. Buenos Aires, 1º de octubre de 2005, Fiesta de Santa Teresita del Niño Jesús, Patrona de los Niños de la Arquidiócesis.
A N E X O
La conflictiva existencia de un sistema estatal de atención y protección de la niñez y adolescencia, que podemos calificar como "sistema en crisis", pone en evidencia una realidad donde las carencias sistemáticas, los quiebres o conflictos institucionales son habituales, abonando un imaginario social sobre el tema y desnudando nuestra conducta como sociedad. Esta situación se plantea en un escenario donde, a pesar de la recuperación del crecimiento económico, en nuestra realidad cotidiana se mantiene la distribución injusta de la riqueza, que tan fieramente golpeó a las familias argentinas en el pasado reciente, continuando su tendencia a concentrarse en los niveles de mayor poder y riqueza, sin que los esfuerzos planteados desde las medidas oficiales logren cambiar este sentido que como sociedad nos humilla y nos mortifica. Las políticas de Estado deben tender al crecimiento económico y a una justa distribución de la renta tal que el desarrollo de los países se comparezca con la calidad de vida de sus habitantes.
"La verdadera y plena protección de los niños significa que éstos puedan disfrutar ampliamente de todos sus derechos, entre ellos los económicos, sociales y culturales, que les asignan diversos instrumentos internacionales. Los Estados Partes en los tratados internacionales de derechos humanos tienen la obligación de adoptar medidas positivas para asegurar la protección de todos los derechos del niño" (Corte Interamericana de Derechos Humanos mediante la Opinión Consultiva OC-17/2002 "Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño", 28 de agosto de 2002, punto 8 de la parte dispositiva).
Por ello, la actividad estatal no puede reducirse a lograr una reforma de legislación en materia de niñez, que se adapte a la Convención sobre los Derechos del Niño, sino que debería hacer hincapié en la efectivización de dicha Convención a través de la gestión monitoreo de las políticas públicas destinadas a restablecer los derechos vulnerados (necesidades insatisfechas). No se trata solamente de dictar leyes sino de cumplirlas adecuadamente mediante una gestión efectiva, en un marco de redistribución de la riqueza y de creación de empleo. Recordemos finalmente la conclusión principal de la Comisión de Trabajo Nro. 8, "Niñez y Jóvenes en Situación de Riesgo" de la VIII Jornadas de Pastoral Social (25 de junio de 2005): "Las políticas de niñez y familia deben ser políticas de Estado, debiéndose crear, monitorear y transformar los programas sociales a tal fin, que a su vez deben tener en cuenta el fortalecimiento y desarrollo de la vida familiar, articulando y cogestionando recursos públicos con la sociedad civil, y reforzando la capacidad de los integrantes de la familia para enfrentar la adversidad y salir fortalecidos". Se deben realizar esfuerzos tendientes a revalorizar la cultura del trabajo que conlleva las notas típicas de esfuerzo, sacrificio, conducta y disciplina. El trabajo es una obligación pero también es un derecho que sirve de ejemplo para los niños: los niños al ver a sus padres laborando visualizan su posible desarrollo, crecimiento y maduración. Si bien en épocas de crisis económica, donde el desempleo crece, los Estados tienden a subsidiar al empleo o destinar planes para ayudar a la subsistencia de los hombres, estas políticas deben ser herramientas transitorias y no deben constituirse en política de Estado. Si los Estados no tienen una fuerte política destinada al crecimiento industrial, no crecerá el empleo, una de las formas de asegurar a los habitantes de una Nación la justicia conmutativa. De allí se mide el nivel de educación, la salud, la justicia, la cultura, el deporte, el fortalecimiento de las familias, el crecimiento y desarrollo de los niños, el cuidado de las personas mayores. Es necesario proteger el trabajo del hombre. ¿Cómo se lo protege? Instruyendo al hombre, culturalizándolo, entrenándolo, dándole la digna protección legal, dándole descanso, lugar para la recreación, asegurándole condiciones dignas para su vejez, proporcionándole un sistema de salud que lo proteja adecuadamente de sus infortunios laborales. Los trabajadores no son "instrumentos bípedos, sin libertad, sin moral, que sólo poseen manos que ganan poco y un alma absorta", como sostuviera el abate Sieyes, quien fuera uno de los inspiradores de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Con la promoción y el fortalecimiento del trabajo de los adultos lograremos evitar el trabajo de los chicos. Es muy difícil que un chico salga a buscar trabajo si sus padres cuentan con un empleo digno que le proporcione la satisfacción de las necesidades de la familia.
Por otra parte el niño y el adolescente tenderán a concurrir y permanecer en los centros educativos, cumpliendo con su obligación y su derecho que es esencialmente el de estudiar. Es necesario desarrollar programas orientados a favorecer el acceso y la permanencia en la escuela, donde deben estar comprometidos los maestros, las familias y los propios niños. La escuela es el principal mecanismo de inclusión. Quienes se van de la escuela pierden toda esperanza ya que la escuela es el lugar donde los chicos pueden elaborar un proyecto de vida y empezar a formar su identidad. En la actualidad, la deserción escolar no suele dar lugar al ingreso a un trabajo sino que lleva al joven al terreno de la exclusión social: la deserción escolar parece significar el reclutamiento, especialmente de los adolescentes, a un mundo en el que aumenta su vulnerabilidad en relación a la violencia urbana, al abuso y a la adicción a las drogas o al alcohol. Si bien la escuela puede no lograr evitar estos problemas, la misma parece constituir la última frontera en que el Estado, las familias y los adultos se hacen cargo de los jóvenes, en el que funcionan, a veces a duras penas, valores y normas vinculados a la humanidad y la ciudadanía y en el que el futuro todavía no ha muerto.
La función esencial de la escuela es formar ciudadanos libres y con capacidad para defender sus derechos y cumplir con sus obligaciones. Sin embargo, no por mantener al niño o al adolescente en la escuela debemos vaciarla de su contenido. El derecho constitucional que se garantiza es el derecho a la educación, no el derecho a la escolaridad. No es sólo inaugurando escuelas, repartiendo libros o útiles, la manera con la cual se logrará cumplir con este derecho. Esto demandará un esfuerzo conjunto de toda la comunidad educativa. Este esfuerzo por un lado debe tener como eje la motivación del joven, no sólo para quedarse en la escuela sino para capacitarse y aprender, y por otro, debe buscar fortalecer y revalorizar el rol del docente para que éste pueda enfrentarse a las nuevas realidades que se le presentan en el aula.
Para entender las causas de la deserción y el fracaso escolar debemos tener en cuenta una variable importante que es la desnutrición infantil. La infancia es el período caracterizado por el crecimiento corporal, que requiere una cantidad determinada de nutrientes para sintetizar nuevos tejidos o culminar etapas importantes como el desarrollo neurológico. La alimentación deficiente, desde su concepción en el vientre de la madre hasta los tres años en que se desarrolla el sistema nervioso, produce lesiones físicas o psíquicas que lo afectan de por vida. Es imprescindible realizar un seguimiento de los niños desde el momento en que la mamá embarazada empieza a controlarse en los hospitales para reducir el riesgo de que nazcan criaturas con bajo peso y reducir los índices de mortalidad infantil. El problema de la desnutrición infantil en nuestra ciudad no se soluciona entregando cajas con alimentos, eso reduce el fenómeno de la desnutrición a un plano biológico y no tiene en cuenta factores sociales, económicos, antropológicos y culturales. Debemos educar y crear buenos hábitos alimentarios para prevenir problemas de desarrollo en nuestros niños. Por otra parte, el mejoramiento de la situación de los niños, en lo que respecta a la pobreza, no puede estar alejado de políticas públicas generales destinadas a toda la sociedad. Justamente, las políticas distribucionistas, plasmadas en la década del 50 en países de Latinoamérica, permitieron reducir la "institucionalización" de niños, cuando aún no existía una legislación que conceptualizara al niño como sujeto de derecho. Resulta disvalioso para la sociedad en su conjunto, y fundamentalmente para educadores y educandos, que la escuela resulte ser en los hechos prioritariamente un lugar donde se asiste para alimentarse, desnaturalizándose el concepto esencial de la enseñanza. Las escuelas deben ser contenedoras de alumnos en estado de aprendizaje, de formación, y de ninguna manera están llamadas a sustituir a las familias en una de las funciones primordiales la cual es dar alimento a sus hijos. Los problemas más significativos referidos a la población infanto juvenil, como hemos analizado, son la desnutrición, la deserción escolar y el ingreso temprano al mundo del trabajo. Estos problemas se ven profundizados cuando hablamos de embarazo adolescente.
Es necesario trabajar con los adolescencia acompañándola en este proceso, fortaleciendo su autoestima, el sentido de la responsabilidad, el cuidado de la salud y posibilitando el diseño de proyectos alternativos para sus vidas. Creemos fundamental reforzar los vínculos familiares para evitar que los niños lleguen a la situación de calle o terminen institucionalizados. Si bien existe una demanda social muy fuerte a favor de la institucionalización, los tratamientos con larga privación de libertad no han logrado buenos resultados. Esto queda demostrado ya que ocho de cada diez presos adultos pasaron por Institutos de Menores. Es preocupante además que mientras cuatro de cada diez chicos ingresan por causas penales, el resto ingresa por causas asistenciales, porque su familia no puede hacerse cargo de ellos o porque son víctimas de violencia. Estos hechos están íntimamente ligados a la falta de actualización de la legislación sobre el tema, donde la persistencia de la ley, conocida como Ley Agote, progresista en su tiempo, ya no refleja los cambios de nuestra sociedad ni las miradas basadas en el niño y el joven como sujeto de derecho. Esta nueva mirada está expresada cabalmente por la Convención de los Derechos del Niño que, aprobada con reservas por nuestro país por ley 23849, forma parte del plexo constitucional a partir de la reforma constitucional de 1994.
La Convención es el tratado de Derechos Humanos que mayor ratificación ha tenido entre los estados miembros del sistema de Naciones Unidas, incluido el Estado Vaticano, y constituye, no sólo un compromiso de los firmantes desde el punto de vista internacional, sino que fundamentalmente redefine las obligaciones insalvables de las políticas públicas respecto a la niñez, la adolescencia, la juventud y las familias. En su preámbulo destaca, como elementos sostenedores de la necesidad y vigencia de la Convención, entre otras afirmaciones: "…Convencidos de que la familia, como grupo fundamental de la sociedad y medio natural para crecimiento y el bienestar de todos sus miembros, y en particular de los niños, debe recibir la protección y asistencia necesarias para poder asumir plenamente sus responsabilidades dentro de la comunidad", y agrega: "reconociendo que el niño, para el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad, debe crecer en el seno de una familia, en un ambiente de amor, felicidad y comprensión". El mejoramiento de las condiciones socioeconómicas de la infancia no está desvinculado de lo que suceda a cada familia, que representa el sostén psicosocial y cultural en el crecimiento de cualquier niño. Se han advertido últimamente programas destinados solamente a niños, como si se pudiera mejorar la situación de los niños sin sus familias. A propósito recordaremos que: "La familia constituye el ámbito primordial para el desarrollo del niño y el ejercicio de sus derechos. Por ello, el Estado debe apoyar y fortalecer a la familia, a través de las diversas medidas que ésta requiera para el mejor cumplimiento de su función natural en este campo" (Corte Interamericana de Derechos Humanos mediante la Opinión Consultiva OC-17/2002 "Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño", 28 de agosto de 2002, punto 4. de la parte dispositiva).
Asumir la Convención implica establecer una relación del Estado con los ciudadanos y ciudadanas, con los chicos y jóvenes, que define una cosmovisión entre el estado y los miembros de la comunidad. No debe limitarse a generar una nueva retórica, ni constituirse solamente en un marco ético. Asumir la Convención implica superar una tradicional perspectiva de satisfacer determinadas necesidades para proponer un enfoque de derechos donde universalidad, integralidad y exigibilidad constituyan el trípode que defina la relación del Estado con la niñez y adolescencia. Para esta finalidad, el Estado debe orientar todos los recursos disponibles a través de planes, programas y acciones, desde una perspectiva generada por esta nueva legalidad. Frente a esta realidad, los cristianos y los hombres de buena voluntad no podemos permanecer inactivos o desorganizados en acciones individuales o grupales que, aunque valiosas y ejemplares, carecen de la eficacia y el impacto necesario para transformar la realidad. No debemos olvidar la multitud de ejemplos de abnegación, solidaridad, responsabilidad y testimonio que día a día nos brindan familias, instituciones y jóvenes en el esfuerzo de sobrevivir, resistir y en la tarea de construir una sociedad más justa.
El camino es arduo pero el mandato indelegable. Es hora de asumir nuestras propias responsabilidades frente a los niños y los jóvenes, como cristianos, como ciudadanos, como hombres y mujeres de buena voluntad. Es hora de que las instituciones preocupadas por la niñez y la juventud sean escuchadas y tenidas en cuenta. Es hora de que el Estado, como Garante del Bien Común, asuma su responsabilidad y su obligación en la defensa de la vida, en la protección de su crecimiento y desarrollo, en la promoción humana y social de personas, familias e instituciones. Implementar rápidamente políticas de Estado destinadas al desarrollo de las familias de escasos recursos. El presupuesto de la Ciudad debe contemplar prioritariamente la adjudicación de partidas especiales destinadas al fomento del empleo y al crecimiento económico de manera tal que sus habitantes obtengan trabajo que les resulte digno. Los dirigentes, tanto los que conducen los destinos del Gobierno de la Ciudad como los de la oposición, deben confeccionar un plan destinado a abolir todas las prácticas de trabajo infantil y toda otra forma de explotación de la niñez. Una sociedad, que se precie de tal, no puede ignorar los valores que llevan a la realización plena del hombre en todo su desarrollo. Y, entre esos valores, cabe destacar la dimensión religiosa. El hombre es imagen de Dios y llamado a la comunión con Él. Las políticas implementadas hasta la fecha han producido graves daños a los dos extremos de la vida, precisamente el de las personas más indefensas de esta sociedad: los niños y los ancianos.
No posterguemos para el futuro el cumplimiento de estas deudas, el día y la hora es hoy o nunca.
Ayer miércoles 5 de agosto a las 18 hs fue presentado oficialmente en uno de los auditorios de la Universidad Católica Argentina el informe anual del Observatorio de la Deuda Social Argentina, dependiente del Dto. de investigaciones de dicha Universidad y con el apoyo de la Fundación Arcor. Me gustaría compartir con Ustedes un escrito publicado por la Agencia de Noticias Pelota de Trapo que cita información del mismo en el artículo "Ilusiones".
(APe).- Varios países europeos caben en la monumental geografía de la provincia de Buenos Aires.
Sus pampas sin límites y sus distintos climas también darían lugar para millones y millones de seres humanos.
Sin embargo no hay lugar para que todas las pibas y pibes de Buenos Aires estén bien alimentados.
El alerta sanitaria que llegó como consecuencia de la gripe A también trajo el cierre de los comedores escolares.
Allí se alimentan, casi todos los días, 2.056.307 chicas y chicos que intentan cumplir con los ciclos inicial, primario y secundario de la educación.
No pueden comer en sus casas, tienen que hacerlo en las escuelas.
Brutal naturalización de la concentración de riquezas en pocas manos en el principal estado de la Argentina.
De allí que el gobierno bonaerense haya decidido repartir canastas alimentarias cada quince días.
El problema es que hay poca comida en esos bolsones cuyo costo es de tres pesos por ración.
Para Carlos Bertolotti, pediatra del Hospital de Niños de La Plata, la entrega de estos bolsones implica “realizar un trabajo de campo para analizar cómo viven los chicos que reciben el bolsón. Seguramente habrá chicos que les alcance y a otros que no... De nada sirve dar arroz, si en las casas no tienen garrafa, gas y herramientas para cocinarlo... Crudo no se lo pueden comer...”, sostuvo el profesional acostumbrado a tratar a hijos del pueblo empobrecido.
Según Amelia García, titular de Suteba La Plata, “la mercadería no es la prometida, ya que ni siquiera incluye un jabón. El Estado está ahorrando plata en medio de la crisis sanitaria, porque si se divide por quince días el total del costo de la canasta que le entregaron a cada chico, no llega a dar el mísero costo de 3 pesos por día, que es lo presupuestado por alumno para los comedores durante una situación normal. La ausencia del Estado es total... ¿En ningún momento se pusieron a pensar que en las casas pobres no tienen ni agua, ni cocina, ni gas?”, se preguntó la dirigente gremial.
Eduardo Olguín, dirigente del Frente Popular Darío Santillán, coordinador de varios comedores sociales en La Plata, Berisso y Ensenada, dijo que “es paradójico” que informen que la gripe A afecta a quienes tienen “defensas bajas” y “estén entregando este tipo de alimentos que no tienen ningún valor nutricional... En los barrios no hay ninguna campaña. Ninguna autoridad municipal ni de ningún tipo que se haya acercado a llevar información o insumos... Nos hemos organizado por nuestra cuenta y los comedores los tenemos abiertos, cocinamos el almuerzo, pero repartimos las viandas para que cada familia se las lleve... En estas bolsas no se incluyen productos de limpieza... Nadie que se alimenta solamente con fideos puede tener las defensas altas”, concluyó el dirigente barrial.
Más allá que por la geografía y la riqueza que tiene la provincia de Buenos Aires varios países europeos podrían vivir, queda claro que semejante abundancia es para pocos. Para los que son más apenas llegan estos bolsones cargados de impunidad.
Personas robadas, traficadas y apropiadas se preguntan por sus raíces
Una ONG denuncia que existen 3 millones de personas en el país que producto de una adopción irregular o de la apropiación de bebés (trata) no conocen sus orígenes
“Todavía no sé quienes fueron mis padres biológicos ni cuándo nací. Por lo que pude reconstruir, sé que tengo entre 46 y 48 años”, relata Graciela Palma, presidenta de Quiénes Somos, una organización que se dedica a buscar el origen de unos tres millones de argentinos que desconocen sus raíces. “La apropiación ilegal de bebés existió siempre y lamentablemente continúa. Por eso exigimos al Estado que luche contra este flagelo y reconozca el derecho a la identidad para que todos podamos reconstruir nuestra historia”, expresa. “Es un delito que la sociedad tiene incorporado: es común que una partera les prometa ’te consigo un chico’. Por eso hay que educar y crear conciencia ya que esta actividad funciona porque existe una demanda”, afirma Palma. Los argentinos que aún buscan su verdadera identidad de origen sufren graves trastornos físicos y psicológicos. Tienen entre 18 y 70 años y no se resignan a conocer sus raíces. La mayoría de los casos surgieron de las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Corrientes y la Capital Federal. En la asociación explican que todas las historias pueden reconstruirse con una adecuada política de estado. Pese a que elevaron distintos proyectos de ley al Congreso, denuncian que los mismos “fueron cajoneados”. En la ciudad de Buenos Aires, en tanto, fue sancionada la ley 2.202, que autoriza la apertura de los archivos de los hospitales y clínicas del distrito. Sin embargo, la norma aún no fue reglamentada “por falta de presupuesto”, acusan en Quiénes Somos. (Diario Popular, pág. 8, 22/6/09) - Fuente: Periodismo Social
LA IDENTIDAD QUE CORRE EN LA SANGRE
De niños fueron tratados como objetos y envueltos en mantos de silencio. Pero las mentiras estallaron cuando, ya adultos, se sintieron interpelados por un interrogante que las Abuelas de Plaza de Mayo instalaron en la sociedad: “¿sabés quién sos?”. Ellos buscan sus orígenes y han formado dos organizaciones planteándose esa pregunta en primera persona. La Pulseadacuenta las historias de quienes necesitan verse “completos” en el espejo, pero cargan con el peso de identidades expropiadas.
Por Carlos Sahade y Daniel Badenes
“no quiero otra noticia sino vos
cualquiera otra migajita donde
se muere de hambre la memoria / cava
para seguir buscándote / se vuelve
loca de oscuridad / fuega su perra/
arde a pedazos / mira tu mirar
ausente / espejo donde no me veo...”
Juan Gelman
El baño: un baño como cualquier otro. El pibe: uno como cualquiera. Salvo por una cosa: cuando se mira al espejo es como si no se viera. Sus ojos paralizados, profundos, se interrogan sobre una ausencia. Luego, una leyenda aparece del televisor: “¿Y vos, sabés quién sos?”.
El spot publicitario difundido años atrás, fue parte de una campaña de Abuelas de Plaza de Mayo para detonar las dudas de sus nietos secuestrados, que aún viven con identidades sustituidas. Son “desaparecidos vivos” que conviven con sus apropiadores e ignoran sus orígenes. Se calcula que unos 500 chicos fueron robados por las fuerzas represivas durante la última dictadura.
Organizado de un modo sistemático, se trató de un delito “único en el mundo: no hemos encontrado otro país donde, en guerra convencional o en terrorismo de Estado como fue acá, haya existido un plan para apropiarse de los bebés que nacían en los campos de concentración”, explica la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo Estela Carlotto. Entre 1975 y 1983 existieron maternidades clandestinas donde las jóvenes secuestradas tuvieron a sus hijos, que se transformaron en botines de guerra. Allí se dejaban progresar los embarazos de las enemigas políticas de la dictadura, se concretaba el parto y casi inmediatamente se arrebataba al bebé de los brazos de su madre, que era asesinada. El chiquito recibía otro nombre, una familia ajena y una historia falsa. “Siempre con un signo político”, remarca Carlotto. Un signo que explicitó en 1983 el general Ramón Camps, jefe de la Policía bonaerense, cuando declaró a un medio español que había matado a 5000 “subversivos”,pero que nunca había asesinado niños. En cambio, dijo haberlos entregado a “nuevos padres”, lejos de sus familias biológicas, que los hubiesen “educado para la subversión”.
Si la represión del Estado terrorista generó una cultura del miedo y desmovilizó a la sociedad, ese accionar particularmente macabro terminó de quebrar al país: ya ni siquiera estaba garantizado el derecho a la identidad. “Fuimos a las casas cuna, a los juzgados de menores y nadie nos daba respuestas. Es más: escondían las pruebas. La orden era que nunca vinieran a vivir con nosotros”, rememora Carlotto.
Como las Madres, en 1977 las Abuelas comenzaron a caminar juntas y emprendieron la búsqueda de sus nietos. El poema de Gelman –“no quiero otra noticia sino vos”– encarna el dolor y el deseo de esos familiares cuyos seres queridos les habían sido saqueados.
Cuando las Abuelas cumplieron dos décadas de lucha perseverante, 59 chicos habían recuperado su identidad. La realidad había cambiado: ya no buscaban niños, sino jóvenes. Fue entonces cuando comenzaron las campañas para instaurar en la sociedad la pregunta sobre la identidad. Tuvieron muchas respuestas y hoy ya son 79 los nietos restituidos. Pero hubo resultados adicionales: otros sectores se sintieron interpelados e iniciaron la búsqueda de sus propias raíces biológicas.
En primera persona
Pronto quedó claro que el dilema de la identidad atraviesa a la sociedad entera. Las Abuelas recibieron muchos casos denominados “de identidad de adultos”.Y si bien ofrecieron su apoyo psicológico, no podían hacerse cargo de un problema que las excedía. Por eso acercaron a esas personas a la Defensoría del Pueblo de la Nación, promoviendo que se creara un ámbito específico para ayudar a quienes buscaban su identidad genética. Patricia Peña, una de las primeras en llevar su caso, reconoce que “Abuelas fue el primer lugar a donde recurrimos, porque ellas sabían de búsquedas. Además, no había nada en el Estado para buscar identidad. La identidad biológica no estaba ni siquiera contemplada hasta que Abuelas empieza a buscar a sus nietos”.
Algunas de las personas que se habían acercado a la Defensoría se unieron en una organización: “¿Quiénes somos?”. La psicopedadoga Soledad Lugones, una de sus actuales integrantes, sostiene que “la búsqueda de la verdad, de la identidad, tiene que ver con la salud física y mental. Porque lo que no se elabora, se repite”.
Las historias de quienes indagan sobre sus raíces biológicas son conmovedoras e impactantes. Como la de Graciela Palma Arizaga, criada con desprecio por la familia de un abogado que fue cónsul durante la dictadura de Aramburu. Desde los 6 años, Graciela somatizó todos sus problemas, que tenían como tronco común la falta de verdad. Como no había nada físico, la mandaron a un psicólogo. Luego a otro. Y a otro. “Después me enteré que los psicólogos llamaban a mis padres de crianza y les decían ´esta hija no es suya. Le hemos hecho los tests y ella está manifestando que sabe la verdad, pero necesita que se la digan´. Entonces cambiaban de psicólogo”. Graciela, que hoy tiene 43 años, llegó a estar muy mal de salud. Fue entonces cuando le dieron otra versión sobre su vida: “que mi madre era una prostituta que me iba a tirar a la basura y que ellos me salvaron...”.
La angustia y el sentimiento perturbador de estar envueltos en un manto de mentiras se reitera en cada testimonio. Graciela evoca el día en que hizo su cédula de identidad y el empleado de Policía preguntaba datos y datos. “Me quedé pensando: todo es mentira... doy un nombre, una fecha de nacimiento que son mentiras”.
No hay registro de que este tipo de casos haya culminado en un cambio de nombres, en parte porque el trámite requiere un costoso juicio de filiación. Pero el problema va mucho más allá de lo que diga la cédula o el DNI: eso es sólo la “identificación”.La identidad tiene bases biológicas y genéticas, y se completa durante la socialización de la persona, signada por la influencia de la familia, su cultura, idioma, religión. Desconocer los orígenes “produce una fractura entre el saber y el conocimiento... Tienen la sensación, el saber, pero andan a ciegas”, explica Lugones.
La pregunta plural
Dicen haber sido tratados como cosas. Muchos fueron obtenidos ilegalmente. Algunos quieren a sus padres de crianza y otros les guardan cierto rencor. Todos intentan quebrar el silencioque rodea sus historias. Y se unieron para construir herramientas que sirvan a sus búsquedas, eludiendo los obstáculos que existen para indagar esa parte de su identidad que les corre por la sangre.
Después de plantearse la pregunta en primera persona, decidieron hacérsela en plural: “¿Quiénes somos?”.En marzo de 2002 fueron diez personas que se reunieron en la Defensoría del Pueblo para crear una organización con ese nombre. Tenían entre 27 y 55 años y la mayoría eran mujeres. En noviembre de 2003 se escindieron. Quince personas, algunas provenientes de la primera experiencia, formaron la agrupación “Raíz Natal” con objetivos prácticamente idénticos.
La naturaleza de estos grupos es ciertamente atípica: son las propias personas que buscan su identidad –y no sus familiares– los que se organizan. Son los robados, los traficados, los abandonados, los apropiados, los negados.
Graciela, de “¿Quiénes somos?”, aclara que no hacen “autoayuda”, sino que tratan “de dar una mano a los que están en nuestra misma situación, que es buscar la identidad biológica y exigirle al Estado que cumpla con la Constitución y los pactos internacionales”. Su grupo asegura tener más de 500 integrantes.
“Sin nuestra identidad, no sabemos de dónde venimos, por qué estamos donde estamos, cuál es nuestra historia genética, o en quién nos reflejamos”, sostienen desde “Raíz Natal”, que se define como una “ONG solidaria” que “lucha contra los fantasmas, la inequidad, la burocracia, el conformismo, la ignorancia y aquellos que le temen a la verdad”.
El florero que faltaba
-¿Por qué creés que te adoptaron? –pregunta La Pulseadaa Graciela, que se crió en un semipiso de Barrio Norte, donde “todo era un lujo, salvo mi habitación”.
–Por cómo era mi familia, fue una cuestión de apariencia. Ellos siempre estaban con el “qué dirán” y entonces cómo podía ser que un matrimonio, con él profesional, Cónsul de Chile y qué se yo, no pudiera tener un hijo. Era como el florero que faltaba en la casa. (...) Hubo abusos y un montón de cosas. Sufrí muchísimo. La imagen que tengo de chica y de adolescente es encerrada en mi habitación llorando abrazada a una almohada.
Muchas de las historias están signadas por las adopciones ilegales, la apropiación y el tráfico de niños. Algunos hablan de “adopciones legales pero ilegítimas” porque tienen los sellos del Estado. En verdad, como reflexiona Lugones, “son partidas de nacimiento ilegales porque los funcionarios cometieron un delito”.
Al preguntarse por su pasado, casi todos han pensado en el robo y la comercialización de bebés. El tema sale espontáneamente. María Rosa Pallone, de “¿Quiénes somos?”, expone el caso de los 35 mil chicos que faltan en las regiones asiáticas afectadas por el tsunami ocurrido a fines de 2004. “En Europa hay muy pocos niños, muy poca densidad demográfica porque la gente tiene pocos chicos y entonces están desesperados, sobre todo los pedófilos (personas adultas que sienten atracción erótica o sexual hacia niños o adolescentes) y los que actúan en el tráfico”, interpreta. Y no se equivoca: ya han sido probadas varias adopciones ilegales de niños robados en la zona del desastre.
También evocan otro caso que se hizo público recientemente: el del Hospital Funes, de Córdoba, donde se hacía figurar como muertos a bebés que eran entregados a otras personas.
En el país y en el mundo, el tráfico de niños es bastante mayor de lo que muchos creen. La trabajadora social Nora Schulman aclara que “no hay cifras, no se conoce la verdadera dimensión del problema”, aunque cita un caso que la sugiere: el del juez chaqueño denunciado años atrás por la monja Martha Pelloni, que “había hecho 365 adopciones en un año: una por día... Truchas absolutamente”. “Además hay agencias privadas de adopción en Argentina, cosa bastante grave, porque muchas están en manos de la Iglesia”. Schulman es directora Ejecutiva del Comité Argentino para el Seguimiento y Aplicación de la Convención Internacional de los Derechos del Niño (CASACIDN), presidido por Estela Carlotto.
La titular de Abuelas sostiene que “en este caso es un delito social, no del Estado. El Estado no compra y vende niños. Pero tampoco hace lo suficiente para romper con la venta de chicos. Argentina es como una especie de semillero para la provisión de niños a los países europeos”. En eso están involucrados médicos, abogados, jueces y funcionarios corruptos.
Problema social, miedo cultural y vacío legal
El grueso de la comercialización de bebés está relacionado con el problema de la pobreza. Son comprados a madres muy carenciadas, que reciben una ínfima parte de las sumas implicadas; o apenas la atención del parto. Los chicos se venden a precios que van de los 5 a los 20 mil dólares, según asevera Nora Schulman.
La apropiación toma la forma jurídica de la adopción o directamente se fraguan las actas de nacimiento y los pibes se inscriben como propios.
En Argentina no existe la adopción internacional, y por eso el problema no es tan monumental como en Colombia o en otros países de América Latina. Schulman aclara: “así y todo, salen del país muchísimos bebés y no hay ningún tipo de control. Podés sacar un chiquito en un bolso y nadie te va a preguntar qué llevás”.
A la inacción del Estado se agrega “un problema de tipo cultural”, según explica la directora de CASACIDN: “el común de la gente piensa que es mejor que las madres pobres vendan un hijo a que lo tengan en malas condiciones”.
La titular de “Raíz Natal”, Patricia Mónica Peña, se alarma: “hay páginas en Internet que ofrecen chicos... Queremos que nuestras historias no se vuelvan a repetir”.
Pese a los pedidos para que se legisle sobre el tema, el tráfico de niños aún no está tipificado como delito penal. Al no estar prevista una figura específica –expone Schulman– “se utiliza un poco la Convención Internacional de los Derechos del Niño, otro poco el artículo del Código Penal sobre suposición y supresión de estado civil, que no es específicamente para eso...”. Además, hay otras formas jurídicas a las que se suele recurrir, como la de adulteración de documento público.
Un reclamo presente entre los integrantes de “¿Quiénes somos?” y “Raíz Natal” es que todos los delitos de apropiación sean considerados “de lesa humanidad”,lo cual los haría imprescriptibles. Así son los casos de los chicos secuestrados durante la dictadura, debido a que el Estado fue su responsable directo. Y como las leyes de impunidad sancionadas durante el primer gobierno constitucional no perdonaron el robo de bebés, cada vez que las Abuelas de Plaza de Mayo encontraron a un nieto pudieron llevar a la cárcel a los apropiadores.
La mente del apropiador
¿Qué hace a una persona capaz de apropiarse de otra, negándole su identidad? Los casos de la dictadura expresan una lógica siniestra: “¿cómo ese hombre de las fuerzas armadas o de seguridad puede tener un niño, verlo crecer, y verle los rasgos de su papá y su mamá, a los que él asesinó?”. Los interrogantes de Carlotto conmueven e indignan: “¿cómo sostiene esa crianza diciendo que lo quiere?”. El apropiador no trata al chico como su hijo, sino como un objeto: “un fetiche”,según la caracterización de Eva Giberti. Carlotto repite una historia que llegó a sus oídos: “una vez un marino mostró a sus camaradas un bebé y les dijo: ´ese es mi hijo´. Pero sabían que la mujer no podía quedar embarazada. ´Ese es mi hijo. Es hijo de guerrilleros. Y si me sale como el padre, lo mato´. ¡¿Qué amor puede haber en algo que le lleva de regalo, de presente griego, a su mujer?!”.
Por su parte, en el caso del tráfico “común” de bebés, según la titular de Abuelas se hace patente “la bajeza del ser humano: de robarle al pobre hasta el hijo. No sólo no le dan de comer, ni le dan trabajo, sino que también se quedan con el hijo, con la excusa de que va a estar mejor. La sociedad piensa así. En vez de ayudar a esa familia a vivir dignamente...”
Para Schulman, la mayor barbarie es la de los intermediarios, que “lucran con la desesperación de gente que quiere tener hijos... No digo que la compra de bebés esté bien. Pero hay quienes están lucrando con la desesperación de una pareja por tener un bebé y de una mamá que tiene que sobrevivir”.
¿Es posible querer a un chico y ocultarle sus raíces biológicas? Sonia Judith Castagnoli cree que no: “el amor es otra cosa: si vos querés a alguien, le decís la verdad”.
Silencios, secretos y mentiras
Muchas familias de crianza siguen ocultando la verdad aún cuando los hijos empiezan a buscar su identidad biológica. Varios integrantes de “¿Quiénes somos?”mencionan una y otra vez los “pactos de silencio”.
Mientras intentan armar el rompecabezas sobre sus propias vidas, apuestan a un cambio cultural que termine con esa costumbre de ocultar.
–Yo no estoy dispuesta a esperar ese cambio cultural –aclara a María Rosa otra víctima, Sonia, que llegó para consultar a “¿Quiénes somos?”mientras sus integrantes hablaban con esta revista. María Rosa justifica su postura:
–¿Sabés lo que pasa? Sino cierran todas las puertas... En mi familia, ya estoy casi en la tercera edad, ¿no te parece una ridiculez que no me digan nada?
–¿Qué motivos te dan?
–Hay un pacto de silencio.
–En mi caso también.
–¿Cómo hacemos entonces? Hay que lograr un cambio...
Para Peña, que se alejó de la primera organización para integrar “Raíz Natal”, “la sociedad tiene que empezar a ver a los chicos como sujetos de derecho y no como objetos”.
Logros, necesidades y reclamos
No todas las búsquedas llegaron a buen puerto, pero han ido generando herramientas que simplifican las pesquisas futuras. La lucha de Abuelas dio el primer empujón, que logró un avance mundial en la genética: investigadores norteamericanos hallaron un método efectivo para determinar lo que se llamó “índice de abuelidad”. Hasta entonces, los exámenes de sangre sólo podían demostrar paternidad. Las Abuelas reclamaban otro recurso para certificar la identidad del niño y poder reconocer a un nieto al que jamás habían visto. Luego promovieron la creación del Banco Nacional de Datos Genéticos, lograda en 1989, y la incorporación del Derecho a la Identidad en la Convención Internacional de los Derechos del Niño, ese mismo año.
Finalmente, pidieron la formación de una Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI) y de un centro de atención psicológica para los jóvenes apropiados. Creada en 1992, la CONADI recibe a quienes dudan de sus orígenes y sus funciones ya no se limitan a los chicos arrebatados durante la dictadura.
De todos modos, las búsquedas de las personas nucleadas en “Raíz Natal” y “¿Quiénes somos?”, y otras con casos similares, exceden a la CONADI y fueron atendidas por la Defensoría del Pueblo de la Nación. Ellos tienen también sus reclamos específicos.
Los integrantes de “¿Quiénes somos?”piden que el gobierno de la Ciudad reglamente el artículo 12 de la Constitución porteña, que reconoce el derecho “a conocer la identidad de origen”. También exigen la apertura de archivos y el acceso a libros de parto. “Ni el gobierno de la Ciudad ni el nacional nos contestan”, se queja María Rosa Pallone.
También pasa factura a los medios de comunicación: “vienen entusiasmados, pero cuando ven qué es este tema...”.
-¿Qué tiene este tema? –pregunta La Pulseada.
-El tema de la identidad... quieren que quede medio así para que la gente no empiece a reclamar (...) Una periodista de Clarín me dijo: “cómo vamos a hacer hincapié en la identidad”. Nosotros necesitamos difusión, pero tenemos principios. La del diario se levantó y se fue.
Peña remarca que “en la historia de nuestro país no se le ha dado buen resguardo a la memoria. Te encontrás con hospitales donde no es que no te quieren dar archivos sino que no hay ninguna ley que los proteja. Algunos han tratado a los libros de partos como libros contables, que después de diez o quince años se podían destruir o quemar”.
Enfrentar al espejo
Conocedora de la experiencia de los chicos restituidos, Carlotto se anima a definir que “acercarse a los orígenes es todo” y cuenta que “cuando los nietos recuperan su identidad, todos esos ‘porqué’ –por qué camino así, por qué me gusta pintar, por qué soy distraído, por qué tengo los ojos claros– se ven en el abuelo, en los tíos, en toda esa familia que es la propia”.
A tres años de organizarse, el balance de Peña es positivo:“Quedó claro que es difícil pero se puede buscar. Mucha gente ha podido descubrir toda su historia. Con que pudiésemos encontrar un sólo caso, ya basta para todo este trabajo”.
En eso, ambos grupos también coinciden: “Un solo encuentro emocionante vale la pena y un encuentro no emocionante, también vale la pena”, explica Lugones. Y comenta los conflictos que aparecen a la hora de la verdad: “Muchas veces te dicen: ´No, porque esta mujer ahora está casada y tiene hijos y va a producir un desequilibrio familiar´. Yo entiendo el padecimiento de esa señora y de sus hijos, pero ¿saben qué? Hay que entender que el padecimiento de la persona a la que le robaron la identidad es mucho más grande...”.
El pedido de que comprendan sus búsquedas es otra constante. En una ocasión, una prima le sugirió a María Rosa que acepte “que hay gente que tira y hay otra que recoge”. Pero ella le contestó con convicción: “si me tiraron, no me interesa en lo más mínimo. Yo quiero saber quién es mi mamá. Yo quiero conocer mis orígenes”. De eso se trata: de poder mirarse al espejo y saber quién está ahí.
CÓMO SOMOS
Las personas que luchan por el derecho a conocer su identidad biológica estuvieron unidas menos de dos años: luego, la organización “¿Quiénes somos?” se escindió y nació “Raíz natal”. El trabajo periodístico de La Pulseadano logró determinar con exactitud qué los diferencia: tienen las mismas búsquedas y realizan reclamos similares.
La división de ambas organizaciones deja un sabor amargo e inquieta. Si tan fuertes son los “pactos de silencio” de los victimarios, ¿por qué no enfrentarlos unidos? ¿por qué no hay “pactos de verdad”?
Patricia Peña (“Raíz Natal”)reconoce que “las búsquedas son las mismas” pero aclara: “nosotros tratamos de no buscar rencor, ni de tener problemas con las personas que llegan”. ¿Esa será la diferencia? El discurso de “¿Quiénes somos?”, sin embargo, también condena el rencor y el odio: “no lo fomentamos ni lo queremos”, dice María Rosa Pallone. Y la misma Rosa afirma que no trabajan con las Abuelas porque fueron “discriminadas por no pertenecer a la dictadura”... aunque los relatos iniciales de la organización hablan de un origen vinculado a Abuelas.
Estela Carlotto, por su parte, dice que los integrantes de “¿Quiénes somos?” “tienen una forma muy prepotente y agresiva”. A su vez, cuestiona el inicio tardío de sus búsquedas: “empezaron ahora, a los cuarenta o cincuenta años. ¿Qué hicieron antes?”.
En el fondo aparece una disputa por el funcionamiento de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad, creada en 1992 a pedido de las Abuelas de Plaza de Mayo, que se ocupa –aclara Carlotto– de “la identidad no solamente de los chicos desaparecidos, sino también de otra gente que llega, que ha sido abandonada o robada, y que quiere saber quién es”. La titular de Abuelas reprocha el intento de “¿Quiénes somos?”para modificar la ley que creó la CONADI, buscando introducir su grupo en la conducción del organismo. “Les ofrecimos promover una ley especial para ellos, para que los que se nucleen como adultos que quieren encontrar su identidad lo hagan, pero con una ley específica, con caminos específicos. Nadie les niega nada. Lo que nos perturba es esa intromisión con una ley que está funcionando muy bien”, explica.
Soledad Lugones (“¿Quiénes somos?”)acusa a los organismos de derechos humanos de tener un doble discurso y de excluirlos por “no poseer un tinte político, cuando en realidad se está hablando de lo peor porque nuestros casos tienen que ver con las dictaduras económicas: el tráfico de niños, la prostitución...”.
No hay dudas: en Argentina estamos acostumbrados a la fragmentación y a discutir “quién es más víctima”.Carlotto cree que es porque “no nos hemos educado democráticamente. Y como no tenemos un sentido democrático, nos han enseñado la insolidaridad”.
El de quienes buscan sus raíces biológicas es un ejemplo más para una larga lista. Somos así. Históricamente el país ha tenido varias centrales sindicales. Entre los organismos que reclaman por verdad, justicia y castigo para los crímenes de la última dictadura hay Madres y Madres fundadoras; H.I.J.O.S. e HIJOS. Hay decenas de movimientos de desocupados con los mismos pedidos. A un mes de la tragedia de Cromañón, los familiares de las víctimas ya formaban varios grupos casi enemistados. Para qué hablar de los partidos de izquierda: entender las divisiones de ese sector político requiere un completo manual y mucha paciencia para los detalles.
De algún modo, la ruptura de “¿Quiénes somos?”también nos habla de una identidad: de nuestra identidad como sociedad, en un país deshabituado a la unión y el consenso.
Fan de su hermano
El reencuentro de los hermanos Gonçalves es uno de los 79 logros de las Abuelas. El padre de ambos fue secuestrado en 1976, al igual que su segunda esposa Ana María Granada. Gastón (h) tenía 7 años y vivía con su madre. Claudio había nacido ese año y estaba en su casa cuando fue ametrallada por las fuerzas represivas. Ninguna bala alcanzó su pequeño cuerpo: su mamá lo había escondido en un armario, envuelto en mantas. Un militar que participó del operativo lo encontró semiasfixiado y lo llevó al hospital. Luego fue dado en adopción. Sus padres de crianza, con quienes siguió viviendo tras conocer sus orígenes, no tienen ninguna relación con el terrorismo de Estado.
Gastón y Claudio crecieron separados. El primero siempre supo que su padre había sido asesinado. Se dedicó a la música y formó el grupo “Los Pericos”.Tuvo tres hijos a los que nunca ocultó la verdad: “odio a los militares porque me sacaron a mi viejo y porque me quitaron a mi hermano durante veinte años”.
El encuentro de los restos de Ana María por parte del Equipo Argentino de Antropología Forense permitió localizar al nieto y hermano buscado, a quien su familia adoptiva llamaba Manuel. Conocer su identidad biológica fue más que una sorpresa: Claudio era fanático de “Los Pericos” y había visto a su hermano de sangre tocar el bajo en varios recitales.
La misma nariz
Cuando era chica, a Graciela Palma le ponían broches en la nariz. “Los ponían la mayor cantidad de tiempo posible para ´afinar´ su comisura”, cuenta y recalca con su voz la palabra “afinar”: “Después me enteré de que no era porque no fuera fina; era como un estigma, como un sello: era la misma nariz de mi madre biológica”.
Vistos en perspectiva, los recuerdos de Graciela parecieran indicar que “nunca sentí que ese fuera mi mundo”. El gusto por el rock desde los 8 años y su interés por el arte, cuestionados en su crianza, son algunos ejemplos. Otro es su decisión de estudiar traductorado de ruso: “se armó un lío como si hubiese dicho que me iba a dedicar a robar bancos. Tengo cartas en las que le pido perdón a mi padre de crianza por estar estudiando un idioma que a él no le gustaba”. Y que no le resultó difícil aprender: “es como que pienso en ruso”, asegura.
Entre las pocas respuestas que tiene, supo que su madre biológica “sería rusa o polaca, que se hacía los controles en el Hospital Español de la Capital, que era pelirroja y que tenía la misma nariz que la mía...”.
Hoy se enorgullece al mostrar los parecidos entre las fotos de su hija Macarena y ella cuando tuvieron 5 años. Tienen la misma nariz. Y“parecerse a” la emociona profundamente.
Sangre negra
“En mi familia, jamás me dijeron ´negrita´, salvo un tío que lo decía muy a la pasada y mi mamá lo miraba con cara de pocos amigos”, recuerda María Rosa Pallone, una de las impusoras de “¿Quiénes somos?”: “Nunca se habló del tema de los negros... a lo mejor era para que no se destape mucho...”
María Rosa se acercó a sus orígenes hace más de tres años, cuando un análisis de sangre le indicó que tenía una enfermedad propia de la “raza negra”. Luego descubrió que su partida de nacimiento había sido fraguada.
Hasta entonces todo había sido secretos y mentiras: “era tal el pacto de silencio que todos lo sabían pero nadie me dijo nada. Ni dijeron, ni dicen”. Y ella nunca había imaginado esa posibilidad, porque sus abuelos paternos –de crianza– eran “muy morochos” y “yo podría haber pasado como una nieta de ellos”. Después aclara: “la gente cree que cuando el chico entra a una casa, deja su vida y su historia en la puerta, y no es así. El chico entra con todo”.
Al preguntarse por su verdadera identidad biológica, María Rosa inició una causa penal, pero el Poder Judicial la cerró porque sus padres de crianza estaban muertos: ya no había a quién demandar.
Una vez le preguntaron si hubiese sido mejor que la dejaran en un orfanato y no supo qué contestar: “en un orfanato hubiera tenido la posibilidad de que mis datos figuraran. Así no pude traspasar nunca el portón que me pusieron”.
“Se pagó por mí”
Cuando falleció la mujer que la crió, María Alejandra Pugliese tenía 16 años y creyó que su mamá había muerto. Y así lo entendió hasta que una vecina le recomendó que fuera a Gente que busca gente para encontrar a su madre.
Sus padres de crianza le habían dado todos los gustos: “mi mamá no me hacía una pollera, sino dos, iguales. Así, si me manchaba una me cambiaban en seguida y siempre estaba de punta en blanco”. Igual de exagerados eran para aislarla: “no hablés con nadie en la calle, no atiendas el teléfono”, le advertían, según contó a una periodista de Página/12.
El supuesto padre se suicidó a un año de la muerte de su esposa. Alejandra no comprendió por qué los familiares murmuraban frases como “no le corresponde nada”. Luego, al saber que era adoptada tuvo convulsiones y ataques de pánico que sólo pudo superar con ayuda de su hija. Y llegó a la Defensoría buscando sus raíces.
“Aunque la adopción es un acto de amor, quisiera saber por qué tuvieron que acceder a mí así... Sé que se pagó bastante para obtenerme y conseguir una partida de nacimiento legal”.
Alejandra ya tiene 35 años, forma parte de “Raíz Natal” y aún no sabe toda la verdad. El “tío Cacho”, un amigo de la familia que vivió con ellos, le confesó haberla ido a buscar a una casa en Mataderos. Pero eludió el resto de las preguntas: “No quieras saber la verdad”, le dijo antes de mudarse sin previo aviso.
La verdad como terapia
El derecho a conocer la identidad biológica adquiere una relevancia vital cuando de la salud se trata: la mayoría de las intervenciones requieren saber antecedentes médicos. Cuando hay dudas, se transmiten a la generación siguiente: “nuestros hijos tienen la mitad de su mapa genético”, explica Graciela Palma.
Sonia Judith Castagnoli recuerda las preguntas de su médico durante los embarazos: “¿Su padre era cardíaco? No sé. ¿Su mamá? No sé. ¿Diabetes? No sé. ¿Colesterol? No sé. Pero cómo, ¡vos no sabés nada!”.
Los interrogantes surgieron tras perder sus embarazos de varones: “fue una cosa bastante trágica y a mí se me puso en la cabeza que era algo genético. Todavía no me habían dicho que era adoptada pero yo lo sabía”. El psiquiatra que la trató propuso que exigiera a su familia de crianza que hablara:“me dijeron que sí, pero todo se quedó en el cuento...”. Eso fue hace 18 años, cuando Sonia tenía treinta. El ocultamiento de la verdad sigue.
Ella llegó a “¿Quiénes somos?”mientras La Pulseadaentrevistaba a algunos de sus impulsores. “Me convencí de que no van a hablar. Esta es una familia que ha tenido secretos familiares muy importantes... Ya no soporto más”.
Pero Sonia aclara que no busca contenerse mutuamente, sino acelerar su pesquisa.
“No hay mejor terapia que saber la verdad”, le asegura y acierta Soledad Lugones, la psicopedagoga de la agrupación.
"Desde hace unos años, a partir del caso Tejerina, el ministro de la Corte Suprema Raúl Zaffaroni, en coincidencia con un grupo de legisladores nacionales, vienen impulsando que se reincorpore al Código Penal la figura del “infanticidio”, para reemplazar a la del “homicidio agravado por el vínculo”, en los casos de muertes de bebés provocados por sus madres “bajo la influencia del estado puerperal”. La condena, en esos casos, sería sólo de seis meses a tres años de prisión, mucho menor a la de "homicidio agravado por el vínculo".(Párrafo del texto periodístico reproducido al final de este artículo)
¿Interrumpir el desarrollo de un óvulo hasta los 45 días después de su fecundación es criminal, mientras que asesinan a un recién nacido sometiéndolo a al asfixia, tirándolo en la basura, dejándolo morir de frío es sólo consecuencia de un "estado de alteración mental"?.
El incumplimiento de los derechos humanos es un crimen, sin importar quien comete el delito y resulta más que obvio decir que "matar es un crimen".
En casos como estos considero que FALLARON en todas sus responsabilidades y obligaciones, una familia, un sistema social, una comunidad y un Estado.
Y FALLARON A LO LARGO DE TODO EL PROCESO:
1. No proveyeron la ayuda y asistencia necesarias para que esta joven mujer accediera desde su infancia a sus derechos, aniquilando así su dignidad.
2. No proveyeron la cobertura asistencial integral a una mujer embarazada, cumpliendo con sus derechos así como también con los de la persona por nacer que se gestaba en su vientre.
3. Nadie actuó aun frente a todas estas claras señales de que estaban en riesgo la vida de dos personas, una adulta y otra por nacer.
Por tanto considero que los actores mencionados son cómplices necesarios en este homicidio del cual fue víctima una persona recién nacida y cuyo autor fue su propia madre.
Tampoco quiero olvidarme del hombre adulto partícipe necesario de ese embarazo, cuando no se responsabiliza de las consecuencias de sus actos, cuando no brinda el apoyo necesario a esa mujer que quedó embarazada luego de un hecho compartido con él, cuando abandona a un ser en gestación que sólo fue creado con su voluntaria participación, ¿acaso es válido pensar que es inocente?.
Es necesaria una política integral de garantía y cumplimiento de los derechos humanos (con las consecuentes instituciones idóneas para implementarla). Integral significa que obviamente deberá incluir un menú de políticas para cada uno de estos derechos, observando sus interrelaciones. En este caso específicamente:
1. Una política de educación integral que tenga como centro la dignidad de la persona y por tanto la igualdad en todos los aspectos de la vida respetando la diversidad y los géneros.
2. Una política de educación sexual efectiva y eficiente.
3. Una política de prevención de delitos sexuales y de ejemplar sanción a quienes los cometan
Sólo así niñas y niños podrán ejercer plenamente segun su grado de desarrollo biológico, su derecho crecer, educarse, informarse, protegerse y ser protegidos.
Sólo así los adultos podrán ejercer plenamente su derecho a decidir cómo, cuándo y con quién tener intimidad, y comprenderán por qué es requisito indispensable del ejercicio de todo derecho, el cumplimiento de las obligaciones devenidas a consecuencia de sus actos.
Será el Estado, en tanto todos y cada uno de nosotros en los roles que desempeñamos dentro de la sociedad y en nuestra comunidad, los garantes de estos procesos y de la asistencia integral a los más vulnerables en cada situación, tanto como de la efectiva sanción para quienes rehuyan cumplir sus obligaciones.
Hasta que estas condiciones nos se cumplan, la figura del "infanticidio" tanto como la del "aborto libre" me parecen una excusa hecha sólo a medida y beneficio de oscuros propósitos.
Lic. Claudia Santalla
El siguiente es un listado de artículos relacionados con el tema y publicados por Página12
Cómo era antes en el Código
El infanticidio estaba previsto en el artículo 81 inciso 2º del Código Penal. Pero fue derogado en 1994. Se le cuestionaba que el móvil que se esgrimía para atenuar la pena a la autora del homicidio del hijo recién nacido era el ocultamiento de la deshonra de la mujer adúltera o madre soltera. Con la intención de eliminar ese concepto arcaico y sexista, finalmente se borró por completo la figura penal, que contemplaba penas cuando el homicidio ocurría en el período puerperal. Las penas previstas iban de los seis meses a los dos años de prisión.
Los jueces que lo contemplan
Aunque el Código Penal actualmente no contempla una morigeración de la pena para casos en los que una mujer mata tras el parto a su hijo recién nacido, algunos tribunales siguen interpretando que algunos la merecen, aunque deben partir de un mínimo de 8 años. Por ejemplo, el 4 de noviembre de 2000 la Cámara del Crimen de Salta aplicó esa condena a una joven de 20 años que mató de catorce puntazos a su hijo recién nacido. En abril de 2001, el juez de Sentencia Nº 2 de Rosario dispuso la misma pena a otra mujer, M. L. G., por el crimen del bebé que acababa de parir. El caso más emblemático fue el de M. E. D., de 19 años, oriunda del pueblo cordobés de San Javier. Durante el juicio denunció que desde hacía diez años sufría violaciones sistemáticas de su patrón, para quien trabajaba de mucama: en una de ellas quedó embarazada. A la criatura la mató al nacer. Pero fue absuelta por el jurado integrado mayoritariamente por vecinos de la localidad cercana de Villa Dolores en noviembre de 2006.
El debate que abrió Romina Tejerina
Por Mariana Carbajal
El drama que envuelve a María Isabel Molina, la joven trabajadora golondrina de Catamarca detenida y acusada de “homicidio agravado por el vínculo”, por el asesinato de su bebé recién nacido, puso otra vez en primer plano la necesidad de reincorporar al Código Penal el infanticidio, una figura que existió en el país hasta fines de 1994 y que atenúa la pena a la mujer que mata a su hijo durante el nacimiento o luego, mientras se encuentra bajo la influencia del estado puerperal. Son casos aislados, con características muy especiales. Un proyecto de ley que avanza en ese sentido y fija una pena de seis meses a tres años de prisión obtuvo un amplio consenso en la Cámara de Diputados y está en condiciones de ser tratado en el recinto: promovido por legisladoras del oficialismo y de la Coalición Cívica, cuenta con el apoyo también de diputados socialistas, macristas y de partidos provinciales. Es más, en la sesión del 17 de diciembre estuvo incorporado en el temario del día, pero finalmente no llegó a votarse. Hoy la pena máxima prevista para este delito es de prisión perpetua.
“Son casos más necesitados de una urgente asistencia social, psicológica y a veces hasta psiquiátrica que de punición. Llevar estos casos trágicos a una pena de reclusión o de prisión perpetua me parece algo verdaderamente terrible”, es el argumento que sostiene el ministro de la Corte Suprema Raúl Zaffaroni, en su defensa de la vuelta del infanticidio al Código Penal.
“Es una deuda que tenemos. Se trabajó mucho en el proyecto el año pasado y hay acuerdo de todos los bloques para volver a incorporar la figura del infanticidio. Tomamos el caso de Romina Tejerina como testigo”, señaló ayer a Página/12 la kirchnerista Juliana Di Tulio, presidenta de la Comisión de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia. La tragedia de la muchacha jujeña, que fue condenada a 14 años de prisión, movilizó a las legisladoras del Frente para la Victoria Nora César y Diana Conti y de la CC, Fernanda Gil Lozano, a presentar proyectos que devolvieran el infanticidio al Código Penal. Antes que ellas, la justicialista Juliana Marino, hoy embajadora en Cuba, y la ex diputada socialista María Elena Barbagelata habían elaborado proyectos con el mismo objetivo, pero nunca llegaron a discutirse.
Tras la derogación del infanticidio, el delito se considera un homicidio agravado por el vínculo, figura para la cual el Código Penal establece una pena privativa de la libertad perpetua, a menos que se considere que están presentes circunstancias extraordinarias de atenuación: en esas situaciones la escala penal aplicable es de 8 a 25 años de cárcel. En los fundamentos de su proyecto, César y Conti señalaron su discrepancia con esa respuesta punitiva, a la que consideran “desmesurada” porque “violenta el principio de proporcionalidad que debe existir entre la pena aplicable y el reproche al autor por el delito cometido”.
“No estamos creando una figura nueva. Es de absoluta justicia que se apruebe esta ley. A las mujeres que comenten ese tipo de delitos hay que contenerlas. No podemos revictimizarlas. Suelen ser chicas en situaciones de extrema vulnerabilidad”, dijo César a Página/12.
Los proyectos que reincorporan la figura del infanticidio se discutieron y consensuaron en 2008 en las comisiones de Legislación Penal y de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, donde obtuvieron dictamen de mayoría. Fueron invitados a exponer sus posturas sobre el tema, entre otros expertos, el ministro de la Corte Suprema Raúl Zaffaroni, y el perito forense Mariano Castex, especialista en psiquiatría y psicología médica. Ambos apoyaron la iniciativa. Zaffaroni está a favor de la reincorporación de la figura del infanticidio hace ya varios años. Sostiene que es un delito muy raro en la ciudad de Buenos Aires, que por regla general ocurre en el interior del país. Y que es cometido por mujeres de muy escasa instrucción con antecedentes culturales de bastante aislamiento, algunos casos de debilidad mental superficial, muy escasa capacidad de comunicación, y que tienen partos en soledad, en baños, y muchas veces los productos van a dar a pozos ciegos.
El estado puerperal se presume y tiene criterio cronológico hasta la primera menstruación posterior al parto: se calcula que se extiende alrededor de cuarenta días. Se considera que bajo su influencia, la mujer que ha dado a luz puede sufrir –no todas lo padecen– ciertos trastornos psicológicos y por tanto su culpabilidad se encuentra reducida, explicó el forense Castex, en la Comisión de Legislación Penal.
El dictamen que está en condiciones de tratarse en el recinto lleva la firma de 29 diputados, entre ellos los kirchneristas Héctor Recalde, Carlos Kunkel, Claudia Bernazza y Alejandro Rossi además de Conti, Di Tulio y César. También lo apoyaron Marcela Rodríguez y Gil Lozano de la CC, las socialistas Silvia Augsburger y Laura Sesma, Mirta Pastoriza del Frente Cívico por Santiago del Estero y María Angélica Torrontegui, del puntano Frente Justicia, Unión y Libertad. En disidencia parcial firmó Juan Vega, de la CC, quien sostiene que hay que fijar un plazo máximo de 8 días posterior al parto para aplicar la figura para que no quede librado a la interpretación judicial ni pericial sobre el estado puerperal. En disidencia total se manifestó la ex Recrear Nora Ginzburg, vocera de los sectores más reaccionarios, y Hugo Acuña, del Movimiento Popular Neuquino.
Un drama en medio de la pobreza
Tiene 20 años, vive en Aconquija, Catamarca. Embarazada de ocho meses, indujo el parto. El bebé murió de frío y asfixiado dentro de una bolsa de nylon. Fue internada en terapia por una gravísima infección. Ya de alta, la detuvieron por homicidio.
Por Carlos Rodríguez
María Isabel Molina tiene 20 años. Vivía sola, lejos de sus padres, en una humilde vivienda alquilada de la localidad de Aconquija, en la provincia de Catamarca. Trabajadora golondrina, estaba embarazada de ocho meses y la semana pasada tomó una medicina que suele ser usada en los hospitales para provocar contracciones y ayudar al parto. Nació un bebé al que ella, según lo admitió ante la Justicia, colocó dentro de una bolsa de plástico –no se descarta que pensara que estaba muerto–, y lo dejó dentro de un balde, en el fondo de su casa. El niño murió “de frío y por asfixia”, según dictaminó la autopsia. Sin atencion médica, María Isabel estuvo a punto de morir ella también por una septicemia generalizada, pero sobrevivió luego de varios días en terapia intensiva. Hoy está detenida, en Andalgalá, acusada de “homicidio agravado por el vínculo”.
“Es cierto, como usted dice, que es una chica pobre que ha vivido situaciones muy difíciles y en soledad. De todos modos, la ley me marca que la tengo que acusar por homicidio calificado por el vínculo.” Con evidente emoción en su voz, la fiscal de Andalgalá Martha Graciela Nieva le confirmó a Página/12 la detención de María Isabel Molina en una sala de la comisaría local, durante el día, y por la noche en una habitación del hospital, con custodia policial. “Acá no tenemos comisaría de la mujer y no podemos ponerla en una celda, junto a presos varones”, explicó Nieva.
“Si el niño hubiera muerto dentro del vientre materno, no habría acusación alguna por homicidio, pero la autopsia determinó que vivió unos minutos y que falleció por frío y por asfixia”, insistió la fiscal, que se entrevistó con la joven, una vez que le dieron el alta en el hospital donde estuvo internada. “La chica, que desde hace cuatro años trabaja como ‘golondrina’ en las épocas de cosecha, alquilaba una vivienda muy humilde donde vivía sola. Mantenía algún contacto con su padre, que vive en Tucumán, y está enemistada con su madre, a la que no ve desde que ella se fue a vivir sola, cuando tenía apenas 16 años”, relató Nieva.
La chica tenía relación con tres amigas suyas a las que, a pesar del vínculo, les negó hasta último momento su embarazo evidente. “Una de esas amigas la visitó en su casa el martes 16 y encontró todo manchado de sangre. La joven estaba muy mal de salud, por lo que su amiga fue a pedir ayuda a los médicos del Hospital de Aconquija”. Una médica fue hasta la vivienda para hacerle un examen clínico a María Isabel Molina, quien fue internada en ese centro de salud. Estuvo varios días en terapia intensiva, porque presentaba un cuadro de “septicemia generalizada”. La fiscal Nieva confirmó que “estuvo en gravísimo estado por una infección muy importante. Eso se debió a que tenía la placenta dentro del cuerpo. Se la extrajeron, la limpiaron y estuvo en terapia intensiva hasta el sábado pasado”.
“Una de las amigas declaró que ella le preguntó ¿qué pasó con tu bebé? y ella le respondió que nunca había estado embarazada. ‘No tuve ningún bebé’, le dijo.” Al chico lo encontraron muerto en la casa. Los médicos encontraron en la casa elementos que demostraban, según la fiscal, que hubo “un aborto inducido”. De todos modos, si el embarazo estaba ya en los ocho meses, no debería hablarse de un aborto sino de un parto inducido. María Isabel le contó a la médica que había tomado una pastilla de Oxtra Prost, una medicación que se indica, en su forma original, para problemas de gastroenterología, sobre todo para pacientes con úlceras.
Sin embargo, desde hace unos años, en más de 80 países del mundo es usado en los hospitales por profesionales de ginecología y obstetricia para ayudar al trabajo de parto. El medicamento tiene una droga que se llama misoprostol y que ayuda a producir contracciones. Los médicos que asistieron a María Isabel dieron aviso a la policía y la joven pasó, de paciente en peligro, a detenida acusada de homicidio. Desde hace unos años, a partir del caso Tejerina, el ministro de la Corte Suprema Raúl Zaffaroni, en coincidencia con un grupo de legisladores nacionales, vienen impulsando que se reincorpore al Código Penal la figura del “infanticidio”, para reemplazar a la del “homicidio agravado por el vínculo”, en los casos de muertes de bebés provocados por sus madres “bajo la influencia del estado puerperal”, antes, durante o inmediatamente después del parto. La condena, en esos casos, sería sólo de seis meses a tres años de prisión.
El capítulo sobre salud mental del reciente Informe sobre Derechos Humanos del CELS ofrece una radiografía –con fundamentación y ejemplos– de la situación de las personas usuarias de los servicios de salud mental en la Argentina.
Por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) *
La ratificación, efectuada en 2008 por la Argentina, de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, se presenta como una oportunidad inmejorable para llevar adelante las reformas que fortalezcan el acceso a la Justicia de este grupo. En particular, la Convención establece la obligatoriedad de que los Estados reconozcan la titularidad de derechos y garanticen su ejercicio pleno y en igualdad de condiciones para todas las personas con discapacidad. La dignidad como valor ha sido un factor crucial en el pasaje hacia una perspectiva de la discapacidad basada en los derechos humanos. Debido a su invisibilidad, estas personas frecuentemente han sido tratadas como objetos a los que había que proteger o compadecer. El cambio fundamental se produjo cuando comenzaron a verse a sí mismas y fueron vistas por otros, como sujetos.
Para avanzar en este cambio de paradigma será fundamental que se reformen, entre otros, el Código Civil, el Código Procesal Civil y Comercial y la Ley Orgánica del Ministerio Público, así como adaptar gran parte de la normativa provincial. La ratificación de la Convención genera la obligación de implementar una serie de medidas, ya que la realidad local se encuentra alejada de los estándares fijados por el nuevo modelo. En este sentido, mientras que el sistema judicial argentino se basa en un modelo tutelar de incapacitación que sustituye a las personas con discapacidad mental en la toma de sus decisiones, el modelo social propone un sistema de “toma de decisiones con apoyo”. Así, en lugar de privar al individuo de su capacidad legal e instalar un tutor o curador para que cuide sus intereses, reforzando su pasividad, deben crearse condiciones que ayuden a que la persona pueda obrar con impulsos propios. Uno de los principios que guían esta metodología supone asumir la dignidad del riesgo y del derecho a transitar por el mundo con todos sus peligros y posibilidades.
En el marco de este nuevo paradigma, las personas con discapacidad mental, en tanto sujetos de derecho, pueden y deben ser protegidas también del accionar del Estado protector. Por ejemplo, el derecho a la defensa técnica implica que, durante el proceso judicial, la persona cuya capacidad se esté cuestionando cuente con la posibilidad de ser asistida por el defensor que elija, o que el Estado le proporcione uno sin cargo. Los profesionales que lleven adelante esta tarea deben estar capacitados y especializados y, de ser necesario, contar con el apoyo de un equipo interdisciplinario (integrado por profesionales en psicología, trabajo social, intérpretes de lenguaje de señas, asistentes personales, etc.), que los ayuden a comprender y cumplir más fielmente la voluntad de su representado, y a traducir sus inquietudes en peticiones concretas dentro del ámbito judicial.
Para que esto se logre, es evidente que no debe haber conflicto de intereses entre la persona y su asistente legal, por lo que el defensor sólo podrá representarla a ella en el juicio, y no a sus familiares, o al personal de la institución psiquiátrica, o a otras dependencias del Estado. Por su parte, el derecho a ser oído consiste en la posibilidad de la persona de participar en el proceso, de tener audiencias personales con el juez y de presentar pruebas y dictámenes médicos independientes sobre su salud mental.
El paradigma aún vigente en la Argentina es el sistema tutelar de protección de los denominados incapaces. En función de esto, es entendible que las instituciones estatales actúen partiendo del supuesto de que la persona sometida a un proceso judicial por cuestiones de salud mental en realidad está siendo resguardada de los peligros de la “vida en sociedad” y, por ende, no tiene por qué preocuparse por el trámite del juicio en cuestión, ya que está motivado sólo por el afán puro de protección.
El sistema tradicional de abordaje judicial de los problemas de salud mental se basa en la idea de que el presunto enfermo mental necesita la protección estatal, es decir, un aparato tutelar que vele desde afuera y desde arriba por los intereses de un objeto de protección que debe ser sustituido en la toma de sus decisiones; en consecuencia, se restringe su capacidad de ejercer derechos, para evitarle así los males mayores que puede traer aparejados su interrelación con el mundo exterior.
La norma pilar de este paradigma resulta ser el Código Civil, que define a las personas declaradas incapaces como “menores de edad”. Por eso sustituye su voluntad por el criterio del curador y aplica para el manejo de sus bienes y de su persona reglas de tutela propias del viejo sistema asistencial que consideraba a los niños como objeto de protección y no como sujetos de derecho. Así, el tutor (o curador del incapaz) termina siendo el representante “en todos los actos de la vida civil” del afectado y, además, “gestiona y administra solo”, “sin el concurso del menor y prescindiendo de su voluntad”. Su figura termina de moldearse cuando el Código le impone el deber de administrar los intereses del menor como “un buen padre de familia” (arts. 377, 411, 413 y 475 del Código Civil).
“Insania”
En 2007 y 2008 se iniciaron en la ciudad de Buenos Aires más de 16.152 procesos judiciales por cuestiones de salud mental (internaciones forzosas, control de internaciones inicialmente voluntarias, insanias e inhabilitaciones). Sin embargo, en el mismo período se obtuvo sentencia o resolución definitiva en sólo 256 casos.
Del total de causas iniciadas, casi el 90 por ciento corresponde a casos generados a raíz de internaciones psiquiátricas. En efecto, durante 2007 y 2008, y sólo en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires, se iniciaron más de 14.500 casos judiciales derivados de internaciones por cuestiones de salud mental. Estos datos confirman que las internaciones psiquiátricas siguen constituyendo la principal política de salud mental en el país. Estas internaciones, instrumentadas en la práctica sin el respeto estricto de las garantías procesales y los derechos básicos de las personas usuarias de los servicios de salud mental, pueden implicar auténticas detenciones arbitrarias.
El segundo grupo de casos corresponde a las causas por interdicción: en esencia, consiste en un procedimiento por el cual se limita la capacidad jurídica de una persona nombrando a un representante para que la supla en todas o algunas decisiones de su vida. En nuestro país los tipos de interdicción son la insania, que determina la incapacitación total de la persona y su sustitución casi absoluta en la toma de la mayor parte de sus decisiones, y la inhabilitación, que es una incapacitación parcial. Las insanias casi triplican el número de inhabilitaciones, pese a implicar una restricción mayor de la capacidad de la persona afectada. En 2007 y 2008 se iniciaron, en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires, más de 1217 nuevos procesos de insanias, contra algo más de 436 nuevos procesos de inhabilitación.
Estos procesos se caracterizan por ser tutelares, es decir, se desarrollan bajo el paradigma de la necesidad de protección de un objeto de derecho (el presunto insano). Son procesos involuntarios, iniciados ante la petición de un tercero (no de la persona denunciada) y en los que se discute judicialmente sobre el estado y la presunción de capacidad mental y legal de una persona y la consecuente futura restricción en el ejercicio de algunos de sus derechos, o sobre la necesidad de una internación coactiva.
Asimismo, una vez iniciados tampoco son contenciosos, o sea, no hay una real bilateralidad en las actuaciones y no juega el principio contradictorio entre las partes, no hay “igualdad de armas” entre el Estado y el “objeto de protección”, y ni siquiera el juez mantiene una función de imparcialidad clásica, sino que su participación en el proceso responde a criterios tutelares y paternalistas.
Electroshock
En 2008, el CELS recibió una denuncia sobre la aplicación de TEC (“terapia electroconvulsiva”; electroshock) a una persona institucionalizada (en adelante, “L”) en el Hospital Psicoasistencial Interdisciplinario José Tiburcio Borda, práctica extremadamente invasiva que iba a llevarse a cabo sin consentimiento del afectado y sin que el juzgado civil a cargo del control de la internación hubiese dado autorización para realizarla. Además, se informó que el hospital carecía de las condiciones materiales necesarias para llevar adelante este tipo de intervención (infraestructura, tecnología, seguridad, anestesia, monitoreo), con el consiguiente riesgo para la integridad personal y la vida de la persona. Según los profesionales que tratan a L en el Borda, en la historia clínica estaba prevista la aplicación de ocho sesiones de TEC, avaladas por las autoridades del hospital debido al “riesgo suicida” del “paciente”. Pese a esto, no se había pedido su consentimiento informado por entender que “no era conveniente”, pues no sabían “cómo podía reaccionar ante la pregunta por la conformidad”. Así, decidieron comunicarle simplemente que “lo iban a dormir un rato” para hacerle “un mapeo cerebral”. Además, reconocieron no haber requerido autorización judicial ni supervisión del curador y defensor de incapaces, e incluso admitieron que la TEC hubiese sido aplicada en esas condiciones unos días antes de la denuncia, de no ser porque L había interrumpido el ayuno necesario para la técnica al ingerir accidentalmente un alimento.
Este caso ilustra una política generalizada en la Argentina, en la que el paradigma aún vigente en salud mental es el sistema tutelar de protección de los considerados incapaces, personas que no son reconocidas como sujetos de derecho, con capacidad para tomar sus propias decisiones sobre las cuestiones que las afectan. Esto al margen de la discusión en torno de la validez médica de la práctica en sí, que, de admitirse, sólo podría ser aplicada en situaciones excepcionales, siempre como último recurso terapéutico, y tomando numerosos recaudos médicos. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), hay controversias alrededor de la legitimidad médica del uso de la TEC.
Agotadas las instancias de incidencia (entre ellas, comunicaciones con miembros de la Comisión de Seguimiento del Tratamiento Institucional Neuropsiquiátrico de la Defensoría General de la Nación. La curadora oficial no interpuso recurso alguno para frenar la medida), se interpuso un hábeas corpus correctivo a favor de L, por tratarse de la única vía judicial prevista por el ordenamiento normativo local que con tanta celeridad podía ser efectiva para impedir el acto denunciado. Otro objetivo de esa acción fue generar un control judicial activo de la situación de L, quien, en las condiciones descriptas, corría el peligro cierto e inminente de ser víctima de un posible trato cruel, inhumano o degradante.
A pesar de haber constatado cada uno de los puntos denunciados, el juzgado penal rechazó formalmente el hábeas corpus, sin realizar la audiencia prevista por la ley con los afectados por la denuncia y mediante una decisión con graves problemas de fundamentación. Sin embargo, la actividad desplegada luego de la presentación y la cobertura periodística del caso provocaron la reacción de los distintos actores involucrados y la aplicación de la TEC fue suspendida. Hubo una audiencia en el Hospital Borda entre los médicos de L, la curadora pública y el defensor de incapaces, en la que se acordó sustituir la práctica de electroshoks por un tratamiento farmacológico alternativo. Así, y pese a que se había prescripto la TEC sobre la base de presunción de “riesgo suicida” y “peligro de vida”, L evolucionó favorablemente y sólo dos meses después obtuvo el alta médica y continuó su tratamiento en forma ambulatoria.
Después de la resolución de este caso testigo, el CELS envió notas a distintas autoridades para comunicar lo sucedido y expresar su preocupación frente a la aplicación de electroshock en instituciones psiquiátricas (públicas y privadas) de la ciudad de Buenos Aires. También consultaba la posición oficial sobre el tema y solicitaba información acerca de las medidas que se iban a adoptar para garantizar el pleno ejercicio de la capacidad legal de las personas usuarias de los servicios de salud mental y para evitar que se repitan nuevos tratamientos involuntarios extremos.
La reacción de las instituciones interpeladas fue muy diversa y, en el caso de las distintas dependencias del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCABA), incluso contradictoria. Aunque el Ministerio de Salud de la ciudad no planteó la posición oficial, remitió informes producidos por el Hospital Borda y por la Dirección de Salud Mental del GCABA. En efecto, el director del Hospital Borda, Dr. Juan A. Garralda, sin referirse al caso puntual denunciado, señaló genéricamente que en la actualidad la práctica de la TEC “es de uso infrecuente”, si bien admitió que se la sigue utilizando. También sostuvo que se efectúa en “quirófanos con anestesia y con monitoreo cardíaco”. Asimismo, y pese a que los hechos constatados judicialmente muestran lo contrario, indicó que “se efectúa, siempre, previo consentimiento informado”. Finalmente, aclaró que “es de conocimiento que este tratamiento se realiza en todos los países modernos del mundo”, pese a que la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la ONU sostienen exactamente lo contrario.
Con una posición distinta, el Comité de Bioética del Hospital Borda sostuvo que “se deben tener en cuenta los efectos negativos a nivel institucional y social de una práctica que, por razones históricas, se encuentra asociada en el imaginario social a métodos de carácter represivo”, aunque reconoció que las disposiciones internas del hospital permiten que se aplique cuando se alega “necesidad clínica, de acuerdo con criterios médicos y jurídicos aceptados”. En este sentido, sugirió que era necesario modificar tales disposiciones a futuro y exigir que se requiera “autorización específica de la familia, representante legal y/o del juez interviniente”. No obstante, el control del comité no fue efectivo a la hora de impedir la realización de la práctica en las condiciones denunciadas.
* Extractado de Derechos humanos en la Argentina. Informe 2009. Capítulo redactado por Roxana Amendolaro, del Equipo de Salud Mental del CELS, y Mariano Laufer Cabrera, del Area de Litigio y Defensa Legal de la entidad. Colaboraron Paula Litvachky, del Programa Justicia Democrática del CELS; Diego Morales, del Area Litigio y Defensa Legal, y Alison Hillman, de Mental Disability Rights International (MDRI).
AHORA TAMBIÉN ESTOS SERES PERVERSOS, NO SÓLO PUEDEN REGODEARSE EN LAS PÁGINAS Y COMUNIDADES VIRTUALES DE PEDÓFILOS CON VIDEOS PORNOGRÁFICOS DONDE ABUSAN SEXUAL Y FÍSICAMENTE DE NIÑ@S (SECUESTRADOS O COMPRADOS) HASTA LA MUERTE, (LA CUAL ES FILMADA EN LOS VIDEOS "HARD" por los que se paga dinero y se recaudan cifras millonarias), SINO QUE ADEMÁS, EN LA TELEVISIÓN ABIERTA DE NUESTRO PAÍS, LES OFRECEN MÁS OPCIONES PARA ALIMENTAR SU LIBIDO.
¿Cuándo será el día en que todos nos empecemos a comportar en cada acto cotidiano COMO COMUNIDAD Y NACIÓN que defiende a toda su población, con mayor ahínco en las personas más débiles y PROTEGE Y VELA POR EL CUMPLIMIENTO ABSOLUTO DE SU CONSTITUCIÓN EN GARANTÍA DE TODOS LOS DERECHOS ESTABLECIDOS EN ELLA PARA CADA UNO DE NOSOTROS?
Hay muchas cosas que se pueden hacer, entre ellas, respetar y hacer respetar los derechos de los más vulnerables. No alcanzaría este email para contarles todas las opciones, organizaciones, instituciones y personas que abogan por estos fines (salud, educación, derechos civiles, derechos humanos, etc.).
Este email surgió como respuesta a una llamada de atención respecto al aberrante espectáculo del cual son "objeto de abuso" nuestros niños en el programa de IDEAS DEL SUR, conducido por Marcelo Tinelli. Pero me pareció importante la ocasión para recordar que defender los derechos de los niños y de todos nosotros comprende y excede a una denuncia sobre programación televisiva nociva.
He realizado la denuncia respectiva en el COMFER y les paso el sitio web en donde cada uno como ciudadano responsable y soberano puede hacer lo mismo.
En el extremo superior derecho encontrarán el link para denuncias y el motivo PROTECCIÓN AL MENOR
Gracias por leer y difundir esta temática reenviando este email o difundiendo su propia opinión al respecto, en beneficio de todos y en especial de nuestr@sniñ@s.
Trato a diario de renovar mi compromiso con estos fines y en especial con la niñez, es algo ínfimo lo que hago y pero espero cada día mejorar mis acciones y sostenerlas en el tiempo.
Sería enriquecedor poder intercambiar opiniones, ideas y acciones. Espero el mail de quien así lo desee.
Lic. Claudia Santalla
Adjunto la denuncia de la Presidente de la Fundación Nueva Mirada, replicada en muchos medios:
"Hago llegar a ustedes mi denuncia por las reiteradas violaciones a la Convención Internacional de los Derechos del Niño, que tiene en nuestro país rango constitucional, que se practican de manera cotidiana en el programa de Marcelo Tinelli. Esta degradación de los niños y las niñas que los ofrece como "objeto" para el consumo y la diversión de los adultos, a la vez que los usa de “anzuelo” del rating, implica un ejercicio de la violencia simbólica hacia el sector mas vulnerable de la sociedad, que facilita el pasaje a las formas mas perversas de violencia física contra ellos. El programa en cuestión está pleno de incitaciones a la pedofilia, cuyos casos consumados puntuales son después difundidos bajo la forma del “escándalo mediático”, dando a entender que son las instituciones de la democracia las que fallan.
Aunque así sea, la hipocresía del Sr. Tinelli al buscar terceros culpables de actos delictivos que son incitados o fomentados de manera explícita y/o implícita por él mismo, presentándolos como hechos risueños o mero pasatiempo, es aberrante y da cuenta de una personalidad tortuosa o bordeando la psicosis, de la cual es preciso proteger a los niños y niñas. Despojar a éstos de su carácter de sujetos y ciudadanos, manipularlos y exponerlos como objeto de diversión en el espacio público, significa violar su dignidad, que está garantizada por las leyes. Significa además, hacer otro tanto con respecto a los espectadores adultos concientes de los derechos que asisten a los niños y niñas.
Esta insólita situación -que no se hubiera producido en la televisión de ningún país civilizado del mundo- además de dar cuenta de la degradación de la cultura argentina y de quienes la promueven, exige la intervención inmediata del COMFER para poner coto a la agresión contra los niños. De no producirse de inmediato esta intervención o no surtir el efecto necesario, ello obligaría a apelar a la Justicia. En el caso de no intervenir el COMFER estaría incurriendo en la figura de complicidad o encubrimiento de hechos delictivos.
En espera de una respuesta, remito a ustedes mis cordiales saludos.
Susana Velleggia Presidenta Asociación Civil Nueva Mirada Miembro de la Alianza Global para la Diversidad Cultural de la UNESCO
Aumenta el número de niños en las cárceles bonaerenses
Un informe de la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) advierte que el 90 por ciento de los niños que viven en las cárceles de la provincia de Buneos Aires son hijos de mujeres que están detenidas sin haber recibido condena.
El 90 por ciento de los niños que viven en las cárceles bonaerenses son hijos de mujeres que están detenidas sin haber recibido condena, advierte un informe de la Asociación por los Derechos Civiles (ADC).
Según el documento, son más de 160 los niños y niñas, menores de cuatro años, que están viviendo en esas condiciones en el país.
De ese total, unos 79 están en cárceles dependientes del Servicio Penitenciario Federal (SPF), y 82 en unidades del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB).
El estudio, elaborado en septiembre de 2008, explica que esos niños y niñas sufren situaciones de discriminación respecto de su derecho al acceso a la educación.
Los investigadores precisan que los niños son discriminados en la "asignación de vacantes", al tiempo que tienen serias dificultades para continuar los estudios "por problemas relacionados a la salud y a las condiciones en las viven en las distintas unidades".
También padecen "ausencia al transporte y traslado a los jardines, y ausencia absoluta de propuestas de educación no formal", afirman.
Las mujeres en contexto de encierro podían retener con ellas a sus hijos hasta que cumplieran los cinco años, gracias al artículo 195 de la Ley de Ejecución de la Pena Privativa de Libertad (Ley 24.660).
Pero la modificación de esa norma -aprobada en 2007 por la Cámara de Diputados y sancionada por el Congreso recién a principios de este año- permite que las mujeres detenidas por causas penales puedan cumplir prisión domiciliaria en el caso de estar embarazadas, tener hijos o hijas menores de cinco años o con alguna discapacidad.
Sin embargo, a principios de abril, el Comité Contra la Tortura, que realizó el informe con ADC en 2008, denunció el agravamiento de las condiciones de las mujeres detenidas con sus hijos en los pabellones destinados a alojar a los niños y embarazadas en la unidad penitenciaria Nº33 Los Hornos, de La Plata.
Además, el informe detalla que en esa unidad penitenciaria, para junio de 2008 había detenidos 71 niños y niñas y 23 mujeres embarazadas, mientras que en abril de este año el número había trepado a 82 chicos y 25 mujeres embarazadas.
Fuente: Terra
Cárcel de Los Hornos: Grave situación de madres presas con sus hijos
El Comité Contra la Tortura denunció el agravamiento de las condiciones de las mujeres detenidas con sus hijos: problemas con el acceso a la educación y hacinamiento en los pabellones destinados a alojar niños/as y embarazadas en la Unidad Nº 33 de Los Hornos. A pesar de una huelga de hambre de 45 madres que duró cinco jornadas. Por su parte, ni la Justicia ni funcionarios del poder político se dieron por enterados.
Buenos Aires, 19 de abril de 2009. (CCLT) Con fecha 1 de abril del año 2009, integrantes del Comité Contra la Tortura de la Comisión Provincial por la Memoria , se hicieron presente en la Unidad N º 33 de Los Hornos, en el Modulo C, pabellones Nº 10 y 11, a partir de recibir la información que las detenidas se encontraban realizando una huelga de hambre pasiva desde el viernes 27 de marzo.
Esta acción fue acompañada por un petitorio en el cuál las detenidas explican los hechos que motivaron tal acción: “Las internas del pabellón 8, 9,10 y 11 de la Unidad Nº 33 “Los Hornos”, La Plata. Que nos adherimos a una huelga de hambre. Motivos: que se proteja la integridad física y mental de cada menor alojado en la Unidad ya que el día 27 del corriente, la menor Palacios Alejandra, regresa de la Guardería (“Las Palomitas”) con signos de mordeduras varias. Paso seguido, la madre de la menor pidió explicaciones a la docente a cargo del cuidado y del traslado de la menor sin tener respuesta alguna de la docente quien manifestó: no saber lo que pasó, que la menor estaba durmiendo, “fue un descuido”.
En entrevistas mantenidas con las detenidas alojadas en el módulo C de la unidad Nº 33, estas nos manifestaron que luego de que la niña fue atendida en “Casa Cuna”, los médicos no les informaron acerca de las causas que produjeron esas lesiones a la niña, aunque ellas así lo solicitaron.
Esta situación forma parte de las complejidades particulares que produce la permanencia de los niños en unidades carcelarias de la provincia. El Poder ejecutivo provincial, a través de los Ministerios correspondientes, no ha garantizado a las mujeres detenidas y sus niños/as el acceso los derechos fundamentales, entre ellos, el derecho a la educación.
En el año 2008 este Comité Contra la Tortura junto a la Asociación por los Derechos Civiles realizaron un diagnóstico sobre el “Acceso a la educación de los niños/as alojados junto a sus madres en la Unidad Nº 33. Allí se señalaban con especial énfasis, problemas derivados de la asistencia de los hijos de las mujeres detenidos a un jardín maternal dependiente del Servicio Penitenciario Bonaerense.
- El jardín maternal Las Palomitas, donde asisten los hijos de las mujeres detenidas y los hijos del personal penitenciario, es supervisado por la coordinación de establecimientos pre- escolares que depende del Servicio Penitenciario, sin intervención de la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia. Esto impide que la propuesta pedagógica y la capacitación de los docentes sea adecuada a las necesidades de la población. Por ejemplo, la propuesta pedagógica no contemplan la particularidad de experiencia de estos niños/as, definida en términos de una brusca ruptura entre los vínculos y la modalidad que estos adquieren al interior de la unidad carcelaria y los que construye en el exterior.
- Es el personal de seguridad penitenciaria el encargado de garantizar el acceso y el traslado al jardín maternal, situación que impide la participación de las madres y el acompañamiento pertinente a los niños.
HACINAMIENTO EN LO PABELLONES DESTINADOS ALOJAR MUJERES CON HIJOS Y MUJERES EMBARAZADAS EN LA UNIDAD Nº 33 DE LOS HORNOS. Es preciso señalar que la población femenina detenida en unidades carcelarias de la provincia de Buenos Aires ha crecido en el ultimo año, mientras que para el año 2007 representaban un número menor al 3%, para el año 2008 representan el 4,1% del total de detenidos.
El aumento de la población femenina, es proporcional al aumento de mujeres detenidas alojadas junto a sus hijos y de mujeres embarazadas. Mientras en que mayo del 2008, se encontraban alojadas en la Unida N º 33 de los Hornos 60 niños; al mes de julio ese número aumentaba a 71 niño/as y 23 mujeres se encentraban embarazadas. Este número aumentó a 82 niños/as y 25 mujeres embarazadas en abril del 2009.
No existe ninguna resolución o reglamentación del Servicio Penitenciario que designe la permanencia de mujeres embarazadas o que residen juntos a sus hijos en esa unidad penal, por lo cual la unidad no ha sido adecuada a tales fines.
Esta situación produce el hacinamiento de mujeres y niños alojados en los pabellones de la Unidad Nº 33 de Los Hornos. En el pabellón 11 de dicha Unidad Penal, se encontraban alojadas 23 y 27 niños. Las celdas de 12 mts2. alojaban dos mujeres con niños/as. Las mujeres debían retirar en el horario diurno las cunas para disponer de lugar para que puedan ser usados por ellas y sus hijos. El aumento de cantidad de niños alojados en dicha unidad penitenciaria, genera problemas de infraestructura y funcionamiento, tal como ha sido reiteradamente denunciado por este Comité:
- los pabellones no se encuentran diseñados para alojar niños/as: las celdas y los pabellones no tienen lugar disponible y adecuado para los niños. Los pabellones cuentan con dos pisos con una escalera sin medidas de seguridad para la movilidad y el desplazamiento de los mismos.
- Las celdas son de tamaño reducido para alojar mujeres con hijos.
- El mobiliario no es el adecuado para el uso de los niños/as. (Mesas, sillas, bancos) y es insuficiente (solo una heladera y una cocina por pabellón). No existen bancos y sillas apropiadas para niños y mucho menos para bebes.
- El hacinamiento en los pabellones produce que las condiciones higiénicas no sean las adecuadas, especialmente para la permanencia de niños y mujeres embarazadas.
- Los baños y duchas no están diseñados ni se encuentran en condiciones para ser usados por niños/as.
En entrevistas mantenidas con las autoridades penitenciarias, estas señalaron que: - La designación de personal médico especializado en la atención de los niños, no ha aumentado en proporción a la cantidad de niños/as alojados en la Unidad penal. - La Unidad penal no cuenta con móviles especialmente designados para el traslado de mujeres con hijos.
ANTE ESTA SITUACION EL COMITE CONTRA LA TORTURA LE SOLICITO AL MINISTERIO DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA :
1. Proporcione las condiciones edilicias adecuadas a los fines de garantizar el cumplimiento de los derechos fundamentales de los niños/as y de sus madres.
2. Designe personal medico especializado a los fines de garantizar el acceso a la salud de los niños/as.
3. Disponga de móviles especialmente asignados para el traslado de mujeres con niños/as y mujeres embarazadas 4.Diseñe un programa de promoción y protección de los derechos de los niños/as que residen en prisión junto a sus madres en forma conjunta con el Ministerio de Desarrollo Humano. Ministerio de Salud y Ministerio de Educación a los fines de garantizar el pleno goce de los derechos fundamentales de los niños - educación, salud, contacto con su madre y familiares, actividades recreativas y culturales- en el marco de un ambiente adecuado. (Artículo Nº 4; Artículo Nº 23; Artículo Nº 14 de Ley 13.298). Esta situación fue denunciada en : - El marco del amparo colectivo a favor de los derechos de los niños que conviven con sus hijso en las unidades carcelarias de la provincia que tramita aun sin resolucion ante el Juzgado Civil y Comercial Nº 13 de La Plata - Ante la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires en el macro del "Habeas Corpus Verbitsky” - Y ante la Dirección provincial de Educación. Comité contra la Tortura
COMITE CONTRA LA TORTURA COMISION PROVINCIAL POR LA MEMORIA
Los recientes sucesos en el Hogar San José Obrero vinculado con la “obra” del cura Grassi se parecen mucho a aquel cuento de Borges donde un anónimo alertaba a un marido ingenuo sobre las peripecias de su mujer, la cual, “con la excusa de trabajar en un lupanar, vendía en realidad allí géneros de contrabando”. El escándalo perfectamente organizado y orquestado por poderosos de todo pelaje, resistiendo al desalojo denunciado por un obispo y ordenado por la Justicia debido a la evidencia de gravísimas violaciones de todo tipo y tamaño, puso al descubierto una situación donde los hechos más graves se escondían y se esconden en el “normal” funcionamiento cotidiano de la institución. Un funcionamiento “normal” que hasta ahora no ha sido puesto en evidencia, tal vez, porque en esta materia hemos perdido la capacidad de percibir lo obvio. Entre otras cosas, el escándalo puso de relieve que buena parte de los niños abandonados fueron rápidamente recuperados por miembros de su entorno familiar, cuya aparente inexistencia era el único motivo que justificaba su “protección”. No quiero abundar aquí en las falacias y los peligros que esconden las diversas formas de institucionalización para el supuesto amparo de sujetos vulnerables.
¿Hasta cuándo y con qué argumentos el Estado seguirá tolerando estas repúblicas autónomas fundadas en un “amor”, para el que no rigen ni los límites ni los controles de ninguna naturaleza? Espacios de grosera y delictiva manipulación de niños y adolescentes. La experiencia concreta y no una vaga especulación filosófica enseña a distinguir las formas legítimas de las formas ilegítimas y espurias de participación de los menores de edad. En las primeras, simplemente, los niños hablan como niños y los adultos, como adultos. En las segundas, los niños hablan como adultos y los adultos, como niños.
En todo caso, algunos interrogantes permanecen flotando en el aire y dependerá de la voluntad real del poder político (de la Nación y de la ciudad) responderlos adecuadamente. Entre otros, resulta incomprensible la ostensible torpeza de la inacción policial. Un poco más clara parece ser la defensa de la “casita” de los niños situada en terrenos de propiedad del Onabe, cuyo valor lejos está de ser de naturaleza simbólica.
Si de la acción de la Justicia y del coraje cívico y solitario de funcionarios como el Dr. Marcelo Jalil no se extraen consecuencias profundas en términos de reformulación de la política social, sólo habrá que sentarse a esperar un nuevo escándalo, aunque le será más difícil a la dirigencia política mostrar sorpresa y estupor frente a la sociedad.
* Diputado nacional. Presidente de la Fundación Sur Argentina.
Con el objetivo de lograr una reducción en el costo del boleto estudiantil, que la última vez aumentó un 70 por ciento en su ciudad, una nena de 12 años de Misiones, recolectó 5.500 firmas para poder acceder a la Banca del Pueblo del Concejo Deliberante de Misiones. Denesse Flores Onedú es de la ciudad de Oberá y alega que desde el aumento que sufrió el boleto estudiantil –de 30 a 50 centavos—“muchos (chicos) vuelven a sus casas caminando" porque sus papás no tienen cómo pagarlo. En ese sentido, la nena comentó que a pesar de las felicitaciones que recibió de parte de sus vecinos, los legisladores locales le habrían negado la posibilidad de acceder a ese lugar porque sólo lo pueden hacer personas mayores de 18 años. Por esa razón, les envió una nota y les recordó que "uno de los derechos que asisten a los niños es el de ser escuchados" y aseguró que continuará con su lucha y demostrará de qué manera afecta este incremento en la economía de las familias de la ciudad. Por su parte, el presidente del Concejo Deliberante, Daniel Behler, prometió “tratar el tema” pero explicó que la “única” manera de bajar el costo del boleto es que el Gobierno subsidie a las empresas de colectivos de Oberá, al igual que en Posadas. (Clarín, pág. 52, 9/5/09)
A principios de año Sonia Escudero oficializó su salida del bloque oficialista. Ya desde la oposición se queja por el rumbo del Ejecutivo en materia de seguridad y del trato público que le daba el titular del bloque. Resalta el consenso que hay respecto al régimen penal juvenil que, a su juicio, va a contribuir a solucionar los problemas que llevaron al joven a delinquir.
Sonia Escudero fue hasta principios de año la más rebelde del bloque oficialista del Senado. Hasta que, junto a su mentor, Juan Carlos Romero, decidieron irse del FpV y armar su propio bloque. Esto le valió la pérdida de la presidencia de la Comisión de Seguridad Interior y Lucha contra el Narcotráfico. Entrevistada por Parlamentario, la salteña cuenta cómo fue esa medida, cómo se sintió en el bloque oficialista durante los últimos meses y analiza las políticas de seguridad del Gobierno. Además. explica por qué cree que el régimen penal juvenil es una ley garantista.
- ¿Cómo fue el momento en que le pidieron la renuncia a la presidencia de la Comisión de Seguridad Interior y Lucha contra el Narcotráfico?
- El senador Pichetto vino a visitarme a mi despacho y a transmitirme que el Poder Ejecutivo le pedía el cambio en la presidencia de la Comisión.
- ¿Fue con audiencia previa o cayó en el despacho de imprevisto?
- Llamó para decir que quería hablar conmigo, y le dije a qué hora y día iba a estar en Buenos Aires. Fue una reunión muy cordial. En privado tengo un muy buen trato con él y en público no sé por qué siempre me agrede en la sesión y en las reuniones de bloque, cuando yo manifestaba mi opinión.
- ¿En el bloque también lo hacía?
- Sí, en el bloque también. Cada vez que yo planteaba una opinión, decía descalificando que yo siempre estaba en contra del Gobierno. Lo hacía en público, porque en privado siempre hemos tenido buena relación.
- ¿Cómo son las reuniones del bloque?
- Es un bloque difícil de conducir porque son muchos. Los que asistíamos éramos 20 ó 25 de los 40. La reunión del bloque es con el acta de Labor Parlamentaria para explicar qué temas se tratarán en la sesión. Supuestamente el senador o senadora a cargo de la comisión que elaboró el dictamen lo explica. En pocas ocasiones se abre el debate para escuchar opiniones. No había posibilidad de tomar decisiones, las decisiones se tomaban en Olivos. Pichetto comunicaba y ante cualquier sugerencia de cambio, la respuesta era que había que consultarlo en Olivos.
- ¿O sea qué cuando hablaban sólo era para hacer catarsis?
- Sí, a veces se hacían reuniones de catarsis. Pero pocas. Después de lo que sucedió en la reunión con el campo, por ejemplo, no hubo en el bloque un debate a fondo sobre lo que pasó. Los que votamos en contra no pudimos expresar los motivos. Se decía que sí había habido una reunión. ¿Esto no existió?
- No una reunión abierta. La pidieron algunos. Y al no haberse debatido el tema quedó una situación de malestar en que algunos senadores nos hacían sentir discriminados a los que votamos en contra, o como que no éramos parte de… También era insostenible que yo los martes pedía que incluyeran temas para tratar en la sesión, y sistemáticamente encontraba que esos temas no estaban. De algún modo el bloque me fue expulsando.
- ¿Cómo quedó su relación con el resto?
- Muy buena, como siempre.
- ¿Cómo era dirigir una comisión como la de seguridad interior cuando usted siempre tuvo una posición contraria a la política de seguridad del Gobierno?
-Yo no tuve posición contraria. Tengo una posición diferente con el ministro Aníbal Fernández en los temas vinculados a narcotráfico, tenencia de drogas y precursores químicos. Es una posición contraria a la del ministro pero en coincidencia con la del titular del Sedronar.
- La postura oficial es que la inseguridad es una sensación. ¿Usted acuerda con eso?
- No, obviamente que no. Creo que en materia de seguridad el Gobierno no ha tenido políticas certeras y adecuadas. Y ha habido una política más o menos sistemática de negar la realidad y esconder estadísticas. Cortó los lazos de la Comisión, no permitió que las fuerzas de seguridad vinieran, eliminó los enlaces de las Fuerzas con el Congreso… si hubiéramos trabajado en conjunto se podría haber evitado.
- Usted lo calificó en una oportunidad como el “ministro de Inseguridad”. ¿Por qué?
- Sí, dije que es el ministro de Inseguridad porque la política de seguridad de este Gobierno está ausente.
- ¿Le pareció correcto que la desplazaran de la Comisión?
- Si el Gobierno considera que esta es una comisión política, está bien. Yo no creo que el tema de seguridad debiera estar en manos del bloque mayoritarios, sino que debería ser una política de Estado.
- ¿Por qué vinculó a Fernández con la ruta de la efedrina?
- No, yo no lo vinculé. Lo que dije es que yo trabajé en la Comisión para llenar un vacío que existe en la ley de drogas, que es la penalización del desvío de precursores químicos para la fabricación de estupefacientes. Y el ministro se ha opuesto abiertamente por escrito, presionando para que no se avance. Hay un claro vacío legal sobre el que nosotros avanzamos antes de que se conociera el tema del triple crimen. La legislación de los países que nos rodean sí penaliza.
- Otro tema en el que la comisión avanzó pero hasta ahora no ha habido resultados es la ley de armas. ¿Por qué cree que habría que cambiarla?
-La ley de armas es del 70 con un paradigma distinto. En la Argentina cualquiera podía comprar un arma y andar con ella legalmente. Posteriormente, se creó un registro de armas para que, quien quiera tener un permiso de portación, tuviera que presentar sus antecedentes. Pero vemos que el registro está administrado y financiado por la asociación de fabricantes y comerciantes de armas. Es decir que la industria que tiene más interés en que las armas se vendan, es la que administra el registro. Es un tema en que el Estado debería estar más presente. Necesitamos un registro que determine claramente si la persona debe o no tener un arma. La idea es que el arma deba ser disparada previa a su venta y que el disparo pueda ser registrado para que cuando se cometa un delito se pueda saber de qué arma provino. Podríamos avanzar mucho más rápido en la prevención del delito si avanzamos con esta ley.
- ¿Hay consenso para esto?
- Sí fue firmado por todas las comisiones. Pero no hay consenso por parte del Ejecutivo. El ministro Fernández me pidió que no me apurara con la ley de armas. El trabajo está hecho a favor del país. Pero el Gobierno va siempre muy atrás. Si alguien se sienta y estudia el dictamen lo impulsaría, porque es una ley a favor de la vida. La cantidad de accidentes y delitos cometidos con armas de fuego da la pauta de que hay un descontrol con el tema.
- ¿Por qué cree que el Gobierno no termina nunca de avanzar con programas que lanza?
- El tema es que no hay respuestas rápidas en los problemas estructurales. Esta metodología del Poder Ejecutivo donde no hay reuniones de gabinete limita mucho la posibilidad de acción. En las reuniones de gabinete se comparte lo que está sucediendo y se escuchan propuestas para tomar medidas consensuadas. El kirchnerismo tiene una metodología de trabajo en que todas las decisiones las toman tres personas, y no se puede en ese lapso estudiar todos los proyectos y temas.
- ¿Le falta gestión al Gobierno?
- Le falta velocidad en la respuesta a los problemas.
- ¿Está de acuerdo con la baja en la edad de imputabilidad?
- Eso ya estaba en el petitorio de Blumberg y cuando surgió el tema en la comisión hicimos una serie de seminarios que concluyeron en un dictamen que caducó y luego representamos. El año pasado decidimos unificar los proyectos con (Marita) Perceval. Hay absoluto consenso de que hay que avanzar en un régimen penal juvenil. Hay consenso mayoritario en hacer un régimen de 14 a 16 y otro de 16 a 18. Hay consenso de que tiene que ser para delitos graves. En general los consensos están, pero falta el consenso del Ejecutivo. Es bueno que el Gobierno entienda que esto no es bajar la edad de imputabilidad, porque eso sería equiparar el tratamiento de los menores a los mayores de edad. No es eso lo que estamos haciendo.
- ¿Se garantizan los derechos de los menores con esto?
- Sí. Se garantiza lo que hoy no. Hoy un menor comete un homicidio, es inimputable: el juez de menores tiene derecho a mandarlo a un instituto por tiempo indeterminado. En los institutos se mezclan los que cometieron delitos con los que están en situación de abandono. Y esos institutos terminan siendo escuelas del delito. Hoy en la Argentina quien pasó por ese instituto, en su edad adulta termina en una cárcel. Eso hay que revertirlo y evitar que esas amplias facultades de los jueces de menores terminen institucionalizando la pobreza.
- ¿Esta ley es garantista?
- Es mucho más garantista que la ley vigente, y va a contribuir a solucionar los problemas que llevaron al joven a delinquir.
- ¿Cómo ve el futuro del Gobierno después de las elecciones de junio?
- Esta es una elección como cualquier otra, de medio término en que la sociedad tiene la oportunidad de decirle al Gobierno que corrija algunas cosas o decirle que está todo bien. Espero que el Gobierno escuche el mensaje para que se siente a lograr los consensos para poder tomar decisiones que perduren en el tiempo.
- ¿Ve a Cristina con capacidad de encabezar este proceso?
- La Presidenta tiene la capacidad, pero no sé si tiene la voluntad.
“Este derecho a conocer los orígenes ha adquirido trascendencia y entidad propia en nuestro país a raíz de la historia reciente y las desapariciones forzadas de personas durante el proceso militar”, concluyó la diputada santafesina socialista Elda Gerez.
El artículo 328 del Código Civil, con la reforma que propone el proyecto de ley de la diputada Elda Gérez, el adoptado podrá “acceder a todos los registros y/o expedientes donde conste información sobre sus orígenes, a partir de los 12 años. El juez podrá autorizar el acceso a los mismos aún antes de alcanzar dicha edad cuando lo considere beneficioso para el niño conforme a circunstancias debidamente evaluadas”.
Con respecto a la identidad de los niños, se reafirma su derecho a “un nombre, a una nacionalidad, a su lengua de origen, al conocimiento de quiénes son sus padres, a la preservación de sus relaciones familiares de conformidad con la ley, a la cultura de su lugar de origen y a preservar su identidad e idiosincrasia”.
Según explicó la legisladora socialista, “A pesar de que la misma fue sancionada en el año 1997, es decir, con posterioridad a la Convención de los Derechos del Niño, (1989),su ratificación por nuestro país (1990) y la Reforma Constitucional del año 1994 que otorga jerarquía constitucional a dicho instrumento, el alcance dado por la Ley de Adopción al derecho a conocer los orígenes, principio integrante del derecho a la Identidad difiere del compromiso asumido con la Convención en su artículo 7 y 8”.
“Este derecho a conocer los orígenes ha adquirido trascendencia y entidad propia en nuestro país a raíz de la historia reciente y las desapariciones forzadas de personas durante el proceso militar”, concluyó la diputada santafesina.
Señor, perdóname por haberme acostumbrado a ver que los chicos, que parecen tener ocho años, tengan trece. Señor, perdóname por haberme acostumbrado a chapotear por el barro; yo me puedo ir, ellos no. Señor, perdóname por haber aprendido a soportar el olor de las aguas servidas de las que me puedo ir y ellos no. Señor, perdóname por encender la luz y olvidarme de que ellos no pueden hacerlo. Señor, yo puedo hacer huelga de hambre y ellos no: porque nadie hace huelga con su hambre. Señor, perdóname por decirles no sólo del pan vive el hombre y no luchar con todo para que rescaten su pan. Señor, quiero quererlos por ellos y no por mí. Ayúdame. Señor, sueño con morir por ellos: ayúdame a vivir para ellos. Señor, quiero estar con ellos a la hora de la luz. Ayúdame.
Oración del padre Mugica, “Meditación en la villa”.
La diputada nacional en la Coalición Cívica Virginia Linares presentó un proyecto expresando su preocupación por el aumento de la tasa de mortalidad infantil registrado durante el 2007 en nuestro país, la cual aumentó a 13.3 por mil, según un informe publicado por el Ministerio de Salud de la Nación en la IV Reunión Ordinaria del Consejo Federal de Salud (COFESA) que fuera realizada en el mes de noviembre de 2008, y que se diera a conocer recién en el presente mes de abril de 2009.
“La tasa de mortalidad infantil en Argentina se incrementó en el año 2007: mientras en el año 2006 se registraron 12,9 muertes cada mil nacimientos, en 2007 aumentó a 13,3 por mil. No hubo avisos oficiales respecto del tema, sólo silencios. Las cifras oficiales se dieron a conocer recién ahora -abril de 2009-, tarde, en una reunión donde se trataba el tema dengue”, sostuvo Linares.
La legisladora de la Coalición Cívica agregó que “la señora ministra de Salud, Graciela Ocaña, justifica el aumento de la tasa de mortalidad infantil por el duro invierno que se sufrió en 2007, que habría provocado una epidemia de enfermedades respiratorias. Estas declaraciones resultaron indignantes, poco serias y extremadamente reduccionistas para numerosos especialistas en la materia, quienes recordaron asimismo que la extensión de enfermedades respiratorias se encuentran íntimamente asociadas a las condiciones sociales de vida, y que bajo ningún aspecto pueden justificarse a partir de la presencia de un invierno especialmente frío”.
“El crecimiento de la mortalidad infantil en nuestro país no es más que una clara señal del abandono por parte del gobierno del sistema de salud y la aplicación de políticas equivocadas desarrolladas en los últimos años. Es el gobierno quien debe brindar los medios e instrumentos a poner en práctica para disminuir la tasa de mortalidad infantil, la cual ha crecido en la Argentina porque no ha habido, ni hay, políticas sanitarias y económicas redistributivas”, afirmó Linares.
“La suba de la tasa de mortalidad infantil no deja de ser una expresión de la profundización de la inequidad. Las cifras así lo reflejan: mientras la tasa de mortalidad de la Ciudad de Buenos Aires es de 8,4 por mil, en la provincia de Formosa es de 22,9 y en Chaco de 21,2”, finalizó la diputada oriunda de la ciudad de Bahía Blanca.
Escrito por Néstor Sappietro para Agencia de Noticias - Pelota de Trapo
Viernes, 17 de Abril de 2009 11:50
(APe).- Cada seis segundos un niño en algún lugar del mundo muere de malnutrición, informó Olivier De Schutter, relator especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU)...
Haga la prueba, cuente hasta seis... Cuente muchas veces hasta seis...
Cuente millones de veces hasta seis...
En este suburbio del Universo, llamado planeta Tierra, cada vez que usted cuenta hasta seis, se desmorona un pibe mal herido por el hambre, por la marginación, por la pobreza...
Habrá que pensarlo así, haciendo el sombrío ejercicio de contar hasta seis para distinguir la dimensión del genocidio.
Mencione un nombre cada seis segundos...
Piense en una historia truncada, en una mirada, en una risa, en un sueño...
Piense en todo lo que se apaga cada seis segundos...
Existen más de mil millones de personas hambrientas en el mundo, la mayoría de ellas mujeres y niños.
Mientras tanto, los autores intelectuales de tanta agonía se reúnen para destinar un billón de dólares a los organismos financieros internacionales para poder hacer frente a la crisis...
¿Qué crisis?
¿La de los mil millones de hambrientos?
No, nada de eso está en la agenda de los amos del planeta.
Los dineros públicos se empeñan para rescatar de la bancarrota universal a los mismos sectores que la ocasionaron.
Según un informe presentado por la Oxfam Internacional “el dinero comprometido por los países ricos para salvar a sus bancos de la crisis alcanza la suma de 8,4 billones de dólares”. Los cálculos difundidos por la organización aseguran que “esa suma sería suficiente para acabar con la pobreza extrema durante 50 años y significaría un paso gigante para terminar con ella definitivamente”.
Esa es la religión del mercado.
El hambre del mundo no encuentra lugar en la billetera de los amos del planeta.
Por eso, por la desmesura de la injusticia.
Por el destino trágico de tanto grito que nadie escucha.
Porque parecemos una manada de zombis anestesiados.
Probemos contar hasta seis...
Contemos muchas veces hasta seis...
Contemos millones de veces hasta seis...
Es necesario saberlo.
Cada vez que contamos hasta seis, el desprecio, le arranca un gajo al futuro.
(APe).- Todo se reduce a las formas del relato. Si el relato de la miseria, la degradación y exterminio de los pobres de nuestra patria lo hace un periodista de clase media, de ésos que escriben para los que leen (así hubiera ironizado Santoro), entonces nos encontraremos con frases como las que siguen:
“Sólo por residir en el Conurbano, la vida se acorta dos años”, escribe un cronista de La Nación.
“En los vecinos de la zona norte de la ciudad de Buenos Aires y las zonas pobres del conurbano, hablamos de 10 años de diferencia en la expectativa de vida", declara al cronista el ex subsecretario del Ministerio de Desarrollo Social porteño, Carlos Regazzoni.
“Esos contrastes abarcan también las causas que llevan al cementerio. Si los tumores y los infartos concentran el 41,2% de las muertes en el resto de la provincia, en tajadas casi idénticas pero con una ligera prevalencia de los tumores, en el conurbano dominan por mucho las enfermedades del corazón”.
“¿Por qué la municipalidad no limpia todo esto?”, interroga el periodista, de visita en un barrio que ha sido construido sobre un basural. "Porque en 48 horas estaría peor de lo que está. Es algo cultural", le responde su acompañante.
Un golpe a la mandíbula
Ahora bien, si el relato proviene de las Madres contra el Paco, de los vecinos del Cuartel Noveno, de Ingeniero Budge, del barrio La Madrid, entonces nos encontraremos con algo muy distinto, con algo que nos derribará como un inapelable golpe a la mandíbula:
“Este fin de semana, este último fin de semana -cuenta Silvia con lágrimas en los ojos- juntamos doce chicos muertos, acá en el Cuartel Noveno. Arrinconados. Deshechos. Reventados por el paco”.
“Pero estoy contenta -agrega- porque conseguí internar a un muchacho de 20 que estaba muy mal. No lo querían recibir en el CPA porque no tenía documentos, no tenía identidad. Lo único que tenía era un revólver en el bolsillo, que se lo sacamos y lo tiramos por ahí. Ellos no querían recibirlo, pero armamos un escándalo y al final lo pudimos internar”.
“No puede ser -dice la mujer y vuelve a lagrimear- que los pibes estén tirados por ahí, todas las noches, y que nadie haga nada. Nosotras le pedimos a la Provincia una camioneta, para juntar a esos chicos antes de que se mueran solos, o antes de que los maten”.
“Hablan de que no están los padres, que eso no se puede... qué padres ni padres, les digo yo, al pibe lo subís a la camioneta y te lo llevás, porque si no, lo perdés. Si no te lo llevás, el pibe no pasa de esa noche”.
“Los Centros de Prevención de Adicciones que había creado el secretario Yaría en tiempos de Duhalde -continúa Silvia- primero los pasaron a Salud de la provincia, y ahora los dejan morir de a poco. El ministro Zin, me dijeron, quiere tercerizar todo, quiere dárselo a empresas privadas...”
“En los lugares de internación no hay comida, porque no la mandan. Al personal, hace dos meses que no le pagan. En el SEDRONAR, por el retraso en los pagos, ya los profesionales y el personal están de paro. Además, el único lugar que queda para internar menores es una isla en la provincia de Entre Ríos... ¿a vos te parece? ¡una isla en el río Paraná!”
La lucha desigual
Hay dos relatos, en principio. Uno que enmascara, que se disfraza de buenos sentimientos y se horroriza de que haya gente que viva -o muera- en tan precarias condiciones. El otro es un relato brutal, sin mediaciones, que nos golpea en el rostro y la conciencia, y no da otra alternativa que escucharlo y apretar los puños.
En el medio, vemos al Estado inútil. Al Estado torpe. Al Estado cómplice.
En el medio, lo único que vemos son discursos vacuos, campañas electorales, encuestas, la voz repetida y machacada de esos energúmenos que proponen bajar la edad de imputabilidad, como un deporte; a ver quién es más frío, quién más arbitrario, quién más injusto.
Hay una guerra, una guerra feroz, que ha sido declarada. Pobres de un lado y pobres del otro. Y el exterminio como único horizonte.
Una camioneta, tan sólo una camioneta, piden las madres del Cuartel Noveno. Una camioneta, para recoger a los pibitos cuando todavía respiran, cuando aún pueden volver del infierno. Y no cuando ya son cadáveres.
El argumento de la película "Slumdog Millionare" parece una profecía autocumplidora. La pequeña protagonista del film (de 9 años de edad) y ganadora de 8 Oscar, fue puesta en venta por su padre. Algo más cruel que el argumento del cine, en donde era su explotador quien intentaría venderla.
La niña protagonista de ’Slumdog Millionaire’, puesta a la venta por su padre
Por un precio de 300.000 euros.
Según una página británica, el padre de la niña planea abandonar la pobreza y hacerse millonario vendiendo a su hija de nueve años
20/04/2009
Rubiana Ali, la niña protagonista de la premiada película ’Slumdog Millionaire’, ha sido puesta en venta por su padre por un precio de 300.000 euros.
Rubina Ali participó en ’Slumdog Millionaire’, película ocho veces oscarizada. Pero a pesar del éxito del film, Rubina no han tenido mucha suerte. Tiene nueve años y acaba de ser puesta en venta por su padre. Dos periodistas británicos se hicieron pasar por una pareja que quería adoptar a la pequeña actriz. Se citaron en un hotel con el padre y el tío de la pequeña y negociaron su adopción, según publicó ayer el diario británico «News of the World»,
Rafig Qureshi, padre de la pequeña actriz, asegura que han recibido muy pocos ingresos por el trabajo de la niña y que el "sólo piensa en el futuro de su hija", ha dicho en el diario Daily Mail. Qureshi se queja de que los productores han incumplido sus promesas. "Nos dieron algo de dinero al principio pero nada más, dijeron que nos darían una casa pero lo único que hacen es hablar", ha dicho. Su familia vive en uno de los peores tugurios de Bombay, en la India. Con todas estas penurias y siempre apelando al bien de su hija, Qureshi intentó, al parecer, reclamar hasta 20 millones de rupias (unos 310.000 euros) para la adopción ilegal de la niña.
"Vivimos todos en una habitación, siete dormimos en el suelo. Gano 2 ó 3 libras al día. Tengo que pensar en qué es lo mejor para mí, para mi familia, y para el futuro de Rubina", explica el padre de la pequeña. Sin embargo, Qureshi en ningún momento se interesó por cómo iba a ser la vida de la niña con su nueva familia.
Rubina ha desfilado como modelo y ha protagonizado un anuncio junto a Nicole Kidman por el que ha recibido 2.000 euros. Sin embargo, el progenitor de Rubina, carpintero de profesión, manifiesta no haber logrado sacar a su familia de la miseria en la que viven
La madre de la pequeña ha impuesto una denuncia en la policía después de conocer la noticia, según informa EFE
Esto aparecía un tiempo atrás, cuando los niños ganaban el Oscar.
Niños de Slumdog pasan de barriada a los Oscar
Los padres del actor Rubina Ali, protagonista de Slumdog Millionaire, ven la entrega de premios Oscar.
(AP) — Rubina Ali, de 9 años, reía de felicidad junto con los demás protagonistas de “Slumdog Millionaire” en el escenario más sofisticado del mundo, apenas tres días después de dejar a su familia en las condiciones deplorables que marcan su vida en la India. A 14,500 kilómetros (9,000 millas) de distancia, en la precaria casucha rosada donde vive Ali, su madre, Munni Qureshi, miraba la ceremonia de los Oscar por televisión mientras sus otros tres hijos dormían a su lado en el piso. En Hollywood, una estruendosa ovación de gente vestida con esmoquins y prendas de diseñadores saludó la selección de “Slumdog Millionaire” como la mejor película. Frente a la pequeña casita de Mumbai, donde apenas caben tres adultos, una multitud de cámaras de televisión y periodistas registraban los festejos del barrio al compás de “Jai Ho”, uno de los temas más populares de la película. “Estamos muy contentos. Es como si nos hubiese caído un manto de felicidad del cielo”, declaró Sohail Qureshi, un vecino que dice conocer a Ali desde que nació. Los astros más pequeños de “Slumdog Millionaire” desbordaron de sonrisas y entusiasmo en la alfombra roja, incluidos los dos niños que fueron seleccionados en un barrio marginal de Mumbai por el director Danny Boyle para trabajar en la historia de un muchacho de uno de esos barrios que sale adelante en la vida. Enfrente de la fila de periodistas, todos ellos lucieron tan elegantes como Angelina Jolie y Brad Pitt. El filme fue nominado a 10 Oscares, y se llevó ocho honores, incluyendo lo de mejor película, guión y dirección. “Es fantástico. Va más allá de nuestros sueños”, dijo Tanvi anesh Lonkar, quien hizo el papel del protagonista Jamal, mientras buscaba con la mirada a las celebridades que caminaban por la alfombra roja afuera del Teatro Kodak. Lonkar es uno de los seis actores que interpretó a los tres personajes principales en tres etapas de sus vidas. El grupo conversó feliz con la prensa acercando sus rostros sonrientes a los micrófonos. Cuando se le pidió a uno de ellos que bailara, ellos lo hicieron de buena gana, y Tanay Hemant Chheda exclamó: “Todos los indios pueden bailar”. Cuatro de los seis hablan inglés, y ellos frecuentemente hablaban a la misma vez, pero todos estuvieron de acuerdo que quieren estar en más filmes. Lonkar admitió que espera conocer a Tom Cruise y decirle, “Hola, soy tu más grande admirador”. Rubina Ali, de 9 años, quien interpretó a la joven Latika, vive en una barriada pobre, junto con su vecino de 10 años y compañero de filme Azharuddin Ismail. El nunca había estado en un avión o viajado afuera de India hasta que vino a Hollywood. Ali vistió un vestido corto azul pálido y zapatos blancos de ballet sin taco, con el típico tatuaje indio decorando sus brazos y uñas. Los chicos lucieron esmoquins y Lonkar vistió un vestido rosado pálido. Rubina y Azhar tuvieron una semana ajetreada para conseguir visas, pasaportes y boletos luego que sus padres decidieran, a último minuto, que querían que sus hijos asistieran a la ceremonia. Todo ocurrió el jueves, y el viernes ellos estaban cruzando Mumbai en una furgoneta con aire acondicionado, haciendo compras de último minuto y recibiendo consejos. Los actores del filme Dev Patel, de 18 años, y Freida Pinto, de 24, festejaron la acogida de celebridades que disfrutaron los niños. “Mientras Freida y yo hemos estado acaparando todo, estos chicos son grandes astros”, manifestó Patel. “Este es un reconocimiento que ellos merecen”.
En la ciudad india de Jaipur, cerca del Taj Mahal.
En torno a ella ha nacido una guerra de pujas donde se subasta el derecho de ser la primera persona en dormir con ella.
La semana pasada habíamos subido este artículo de Kliksberg al blog, basado en la película. Ahora resulta nimia la denuncia con relación a la realidad....
El Oscar fue para los niños pobres
Bernardo Kliksberg (*)
En primer lugar llevó a audiencias masivas a un mundo que no conocen, el de los niños pobres. Jamal, Salim, y Latika, tres huérfanos, son la realidad de la infancia de muchos niños de la India, y otras áreas. Su madre fue asesinada, su subsistencia miserable revolviendo basura, su caída en el infierno al ser robados por una banda que quita los ojos a otro de los niños para que pueda mendigar con “más eficiencia”, su explotación por una mafia criminal, la complicidad de las autoridades, la sordidez abrumadora de su infancia, son vida cotidiana. En la India, el 46% de los niños menores de tres años están desnutridos.
El paisaje humano de SlumDog tiene semejanzas con el de la célebre película brasilera “Estación Central” que también ganó el Oscar. Filma el hall de la estación central de ferrocarril. Una ex maestra está sentada allí escribiendo cartas para los pobres, y analfabetos. A ella llega un niño cuya madre termina de ser matada por un auto, y está solo en el mundo. Lo alberga para venderlo a una banda de traficantes de órganos y comprarse un televisor. La mala conciencia la hace después rescatarlo.
En ambos casos hay un “final feliz”. La realidad no es así. La inmensa mayoría de los niños pobres no ganarán nunca un concurso que los hará millonarios, ni los que entregan niños a las mafias se arrepienten después. Anualmente mueren 10 millones de niños por causas evitables vinculadas a la pobreza.
Las respuestas existen. 3 de los 10 millones, mueren por neumonía. Con 0.35 centavos de dólar tendrían los antibióticos necesarios. 2 millones mueren por malaria. Una red mosquitero que sale 5 dólares la reduciría, 300.000 mueren por sarampión, la vacuna sale 0.30 centavo de dólar.
América Latina es parte de esta problemática. Mueren 30 niños de cada mil antes de cumplir 5 años de edad, frente a 3 en Suecia. En un Continente que produce alimentos para más del doble de su población actual, el 16% de los chicos sufre de desnutrición crónica. Por la altísima inequidad no tienen acceso a ellos. Hay 18 millones de niños menores de 14 anos que se ven obligados a trabajar. Muchos lo hacen en los basureros, en las minas, en los campos, superexplotados, y en riesgos graves de salud. Abandonan la escuela. Sólo uno de cada dos niños de la región termina la secundaria. Después sin secundaria, no van a conseguir trabajo. Uno de cada cuatro jóvenes latinoamericanos está fuera del sistema educativo y del mercado de trabajo. Están expulsados de hecho por la sociedad. En la desesperación pueden ser tentados por la delictualidad.
En una encuesta reciente, sólo el 41% de los latinoamericanos considera que en la región se respeta la dignidad de los niños.
Cómo llegar a un “buen final” en esta región no sólo en la pantalla sino en la realidad. Se necesitan políticas públicas que protejan a las familias pobres, aseguren educación y salud universal, y creen oportunidades de trabajo para jóvenes excluidos. En lugar de rechazarlos hay que tenderles puentes.
Hay experiencias de la sociedad civil que han roto terminantemente el mito de que por ejemplo los niños más sufridos de América Latina, “los niños de la calle” no son redimibles. Desde la mala conciencia se dice con liviandad, que son “niños malos”, están en la calle porque quieren. Nada que ver con la realidad. Son niños excluidos. Su familia se desarticuló por la pobreza, son rechazados por la escuela, la sociedad hace muy poco por ellos. En Honduras se mostró que el 60% sufría de un mal que no es para niños, depresión. Un porcentaje se suicidaba. En la Argentina, Caritas, la Red Social, la AMIA, Periodismo Social, hacen mucho por ellos. Una organización silenciosa “Las mujeres del Anden” trabaja en la provincia de Buenos Aires, con los que viven en las estaciones de trenes. Otra, “Nuestros Hijos” creada por Jabad Lubavtich, en experiencia que documento la Unesco por su valor para la región, ha rescatado el 98% de todos los niños en riesgo que recogió.
En América Latina, y en la Argentina, no basta sentarse en el cine a ver el nuevo Oscar. La cuestión es que hacemos después de verlo.
Esos chicos, están entre nosotros. Basta de racionalizaciones, es hora de reconocer su presencia como un escándalo ético, a cuya solución todos podemos aportar ya.
(*)Asesor Principal de la Dirección de la ONU/PNUD para América Latina. Su más reciente obra escrita con el Premio Nobel de Economía Amartya Sen, el best seller internacional “Primero la Gente” (nueva edición, Temas, Buenos Aires, 2009).
Fuente: Agenda Social
La película SlumDog Millionaire, recibió ocho Oscares 2009 de la Academia de Hollywood. No tuvo publicidad, ni ninguna estrella importante entre sus actores, y fue hecha con recursos muy modestos. ¿Cuál fue el secreto del éxito de este humilde film indio?
Siete millones de chicos argentinos viven sin cloacas ni agua potable
Las industrias sin control y el uso de plaguicidas también afectan a la población de hasta 18 años.
En la Argentina siete millones de chicos viven en situación de riesgo ambiental.
“La falta de cloacas y agua potable, las actividades industriales sin control y el uso indebido de plaguicidas son las causas de esta situación, que afecta seriamente la salud de la población de entre 0 y 18 años”, explicó el defensor del Pueblo de la Nación, Eduardo Mondino, al presentar las conclusiones de un informe que definió el mapa de la contaminación ambiental en la niñez.
Según la investigación –que fue presentada por el ombudsman junto a representantes de las Naciones Unidas–, el 58% de los menores viven en distritos donde no existen condiciones adecuadas de saneamiento, el 42% habita en municipios con riesgo industrial y el 22% está expuesto a los agrotóxicos.
A partir del análisis de cinco casos de daño ambiental investigados por la Defensoría –cuenca Matanza-Riachuelo, Reconquista, barrio Ituzaingó (Córdoba), Abra Pampa (Jujuy) y los cartoneros– pudieron identificarse “problemas de contaminación que vulneran los derechos de la niñez y ponen en situación de riesgo su desarrollo y calidad de vida”, afirma el documento.
El estudio determinó un índice de vulnerabilidad social de la niñez (IVSN) cuyos valores representan “un llamado de atención sobre algunas regiones del país”. De acuerdo con el relevamiento territorial predominan muy altos, altos o medianos IVSN en las provincias de Formosa, Chaco, Misiones, Corrientes, Santiago del Estero, Jujuy, Salta y Tucumán. Lo mismo sucede con diversos departamentos de la Patagonia norte y de los siguientes partidos del Área Metropolitana: Escobar, Ezeiza, Florencio Varela, José C. Paz, Malvinas Argentinas, Marcos Paz, Merlo, Moreno, Presidente Perón y San Vicente. CUATRO GRANDES BOLSONES. El mayor riesgo por contaminación industrial se concentra en cuatro grandes ciudades con bolsones importantes de pobreza: La Matanza, Rosario, General San Martín y Córdoba. “Esto implica la afectación potencial de 5.113.044 niños menores de 18 años, que residen en estos departamentos”, concluye el informe.
En cuanto al peligro que representa la presencia de plaguicidas para los niños, la denuncia destaca que los departamentos del país con riesgo medio, alto y muy alto son 108, en los cuales residen 2.715.714 menores. Las zonas más afectadas se encuentran en las provincias de Córdoba, Santa Fe y Chaco, cerca del límite con Santiago del Estero. Se incluyen, además, algunos municipios de Entre Ríos, Santiago del Estero y Tucumán.
En cuanto al riesgo ambiental causado por saneamiento básico insuficiente, los 104 departamentos del país afectados se encuentran en las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Mendoza, Misiones, Río Negro, Salta, Santa Fe y Gran Rosario, Santiago del Estero y Tucumán. Allí viven en riesgo 7.117.513 niños y niñas, lo que totaliza el 58% de la población infantil del país. LA METRÓPOLI. Un análisis aparte merece el Área Metropolitana, que incluye casos con valores altos en el segundo cordón: Almirante Brown, Escobar, Ezeiza, José C. Paz, La Matanza, Lomas de Zamora, Malvinas Argentinas, Merlo, Pilar y Tigre, y muy altos en Florencio Varela y Moreno.
La multinacional Pfizer firmó un acuerdo para resarcir a las familias de los niños que fallecieron o sufrieron disfunciones, en Nigeria, tras haberlos sometido al experimento de una droga contra la meningitis, sin autorización.
Por Daniel Howden *
Lo más excitante que había pasado en el estudio de abogados de Richard Altschuler, en West Haven, Connecticut, era algún caso de divorcio, hasta que sonó el teléfono hace nueve años. Del otro lado de la línea, a un mundo de distancia desde el calor de Nigeria, estaba Eitgwe Uwo, un joven abogado con “una increíble historia sobre Pfizer”, el laboratorio medicinal. El fiscal de Lagos iba a iniciar una demanda sin precedentes contra la empresa farmacéutica más grande del mundo, enfrentando a los padres africanos con el gigante corporativo estadounidense. Y necesitaba ayuda.
Eitgwe había elegido a Altschuler porque, en 1979, el abogado de Connecticut había defendido exitosamente a un amigo de Nigeria. La insólita pareja estaba por embarcarse en un viaje maratónico hacia el mundo de “grandes laboratorios farmacológicos”. Nueve años han pasado y sus esfuerzos finalmente se han visto recompensados con un acuerdo de 75 millones de dólares, cuyos términos probablemente sean dados a conocer esta semana. Si suena como el guión de un éxito de Hollywood es porque esta fue la historia que inspiró a John Le Carré a escribir El jardinero fiel, según Altschuler. Y al cineasta brasileño Fernando Meirelles a filmar la película del mismo nombre, que recibió varios Oscar.
En la vida real ocurrió en Nigeria, no en Kenia, donde el libro sitúa la historia. En 1996, la empresa Pfizer necesitaba hacer pruebas con humanos de lo que esperaba que fuera un éxito farmacéutico, un antibiótico de amplio espectro que podía tomarse en formas de tabletas. La empresa con sede en Estados Unidos envió un equipo de sus médicos a una ciudad-villa miseria Kano, en Nigeria, en medio de una pavorosa epidemia de meningitis, en lo que llamaron una “misión humanitaria”. Sin embargo, los demandantes afirman que fue una prueba sin permiso médico en niños sumamente enfermos. Un equipo de médicos de Pfizer llegó al campo nigeriano justo cuando se había desatado la epidemia que mató a casi 11.000 personas. Se establecieron a metros de un puesto médico dirigido por el grupo de asistencia de Médicos Sin Fronteras, que estaba brindando tratamientos ya probados para aliviar la epidemia. De la multitud que se había reunido en el Hospital de Enfermedades Infecciosas de Kano, se eligieron 200 niños enfermos. A la mitad les dieron dosis de la droga experimental de Pfizer llamada Trovan y los otros fueron tratados con un antibiótico probado de una empresa rival.
Once de los niños murieron y muchos más, se presume, sufrieron posteriores efectos secundarios serios, que iban desde disfunciones de órganos hasta daño cerebral. Pero dada la virulencia de la meningitis, el cólera y el sarampión, el equipo de Pfizer hizo sus valijas y después de dos semanas se fue.
Ese probablemente hubiera sido el final de la historia si no fuera por un empleado de Pfizer, Juan Walterspiel. Unos 18 meses después del ensayo médico, escribió una carta al entonces jefe ejecutivo de la empresa, William Steere, diciendo que el ensayo había “violado las reglas éticas”. Walterspiel fue despedido un día después por motivos “no relacionados” con la carta, insiste Pfizer.
La empresa afirma que sólo cinco niños murieron después de tomar Trovan y seis murieron después de recibir inyecciones de la droga certificada Rocephin. El gigante farmacéutico dice que fue la meningitis lo que dañó a los niños y no el ensayo con la droga. Pero ¿sabían los padres que estaban ofreciendo a sus hijos para un ensayo experimental médico? “No”, dice el padre nigeriano Malam Musa Zango. Afirma que su hijo Sumaila, que entonces tenía 12 años, quedó sordo y mudo después de tomar parte en el ensayo. Pero Pfizer niega esto y dice que habían recibido el consentimiento del Estado nigeriano y de las familias de aquellos tratados. Presentó una carta de permiso de un comité de ética de Kano. La carta resultó haber estado antedatada y el comité había sido establecido un año después del ensayo médico original.
Trovan nunca se convirtió en el éxito que Pfizer había esperado y ya no se produce más. La Unión Europea prohibió la droga y fue finalmente retirada de la venta en Estados Unidos. Parece que Pfizer finalmente puso fin a la pesadilla con el acuerdo del viernes pasado. Pero la batalla de Trovan puede no haber terminado.
A fines de enero de 2009, una corte de apelaciones de Nueva York dictaminó que el caso de Etigwe y Altschuler podría ser revisto en Estados Unidos. El fiscal de Connecticut dice que puede salir. “Nuestro caso está firmemente planteado en Estados Unidos, de manera que el acuerdo nigeriano no cierra nuestro caso. Y estas son muy buenas noticias. Estoy feliz de haber permanecido como el jardinero fiel y poder ver que esto llega a buen término.”
* De The Independent de Gran Bretaña. Especial para Página/12
Son adolescentes que fueron derivados por hechos puntuales a alguna clínica neuropsiquiátrica y nunca más pudieron salir. Documentos del propio Gobierno de la Ciudad reconocen que están sobremedicados y que no hay motivos para que sigan allí. Tienen el alta médica, pero ningún organismo oficial se ocupa de ellos.
Por Mariana Carbajal
El gobierno porteño mantiene encerrados en una clínica privada neuropsiquiátrica a cuatro chicas adolescentes y un varón de 15 años con historias de profundo desamparo social y familiar, a pesar de que existen expresas indicaciones de profesionales del área de Salud Mental y de supervisores de la Dirección de Niñez del Ministerio de De-
sarrollo Social de que deben ser dados de alta y derivados a casas de medio camino u hogares con talleres terapéuticos, entre otras posibilidades de externación. Una de las chicas, incluso, tiene la posibilidad de vivir con una hermana si su familia recibiera un subsidio habitacional. Sin embargo, la única receta que les ofrecen es más encierro y en algunos casos sobremedicación. Por esos cuidados y esa atención, Desarrollo Social paga por día por cada jovencita entre 100 y 150 pesos. Otros cuatro chicos, de 13 a 15 años, tienen alta médica en el Hospital Neuropsiquiátrico Infanto Juvenil Tobar García y tampoco el gobierno les ofrece una alternativa para dejar esa institución. La Asesoría General Tutelar de Menores e Incapaces, que encabeza Laura Musa, expresó ya su preocupación al gobierno porteño por la grave violación de los derechos de estos chicos y chicas.
Las jovencitas tienen entre 16 y 21 años, vivieron gran parte de sus vidas en institutos, bajo la tutela de juzgados civiles. Llevan internadas en un neuropsiquiátrico privado entre veinte meses y cinco años en condiciones asimilables a la tortura, según describe un informe elaborado por especialistas del Programa de Atención Comunitaria de Trastornos Mentales en Niños, dependiente de la Dirección General Adjunta de Salud Mental, del Ministerio de Salud. El documento, que remitió ese ministerio al de De-
sarrollo Social y al que accedió Página/12, indica que en los últimos meses en la clínica privada Nuestra Señora de Luján, del barrio de Palermo, recibieron diariamente cócteles de varias drogas para mantenerlas dopadas, tuvieron como comida principalmente fideos, no se les ofreció la posibilidad de realizar actividad física ni salir cotidianamente a un patio y mucho menos, a pasear por el exterior. El informe señala que “resulta llamativo lo prolongado del tiempo de las internaciones tratándose de niños y adolescentes”. Muchas de las chicas “previamente estaban alojadas en casas de medio camino” pertenecientes a la misma institución o provenían de otros hogares. “Cuando se pregunta sobre el porqué una vez resuelta la crisis que presentan las adolescentes en el momento de la consulta no regresan al dispositivo anterior, refieren que es porque no se adaptan o principalmente porque no tienen ya el lugar en dicho dispositivo”, afirma el informe. Y advierte que “durante estas prolongadas internaciones en los períodos de estabilización de los pacientes no se trabaja sobre un proyecto de externación”.
Lo más llamativo es que desde hace varios meses están al tanto de esta situación la ministra de Desarrollo Social, María Eugenia Vidal; la directora general de Niñez y Adolescencia, María Vanesa Wolanik; la presidenta del Consejo de Derecho de Niños, Niñas y Adolescentes, Jéssica Malegarie, y el área de Salud Mental del gobierno porteño. Lucía Quiroga, la última titular de la Dirección Adjunta de Salud Mental, del Ministerio de Salud, renunció hace tres semanas. El cargo continúa vacante.
En la reunión plenaria del Consejo de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes (Cdnnya), que se realizó días pasados, estaba previsto que las autoridades porteñas de Salud Mental presentaran un informe sobre el área de los temas vinculados con niñez. Unos días antes de la fecha se anunció que cambiaba el temario.
“Están cometiendo una privación de la libertad de las adolescentes que tienen que ser externadas. Pero a pesar de conocer la situación el Gobierno de la Ciudad no hace nada. Sabían que la clínica donde las mantuvieron en los últimos años era mala y no tuvieron la capacidad de ubicarlas en otras instituciones, como hogares de medio camino, es decir, de generar otras opciones de vida para ellas”, cuestionó duramente Mabel Bianco, titular de la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM), vocal del Consejo de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de la ciudad en representación de las ONG. Bianco señaló que además el gobierno porteño está violando la Ley 448 de Salud Mental, que en su artículo 15º establece que “las personas que en el momento de la externación no cuenten con un grupo familiar continente serán albergadas en establecimientos que al efecto dispondrá el área de Promoción Social”.
Hasta el 18 de febrero, las seis adolescentes estuvieron internadas en la clínica Nuestra Señora de Luján. Un incendio en sus instalaciones obligó al gobierno porteño a trasladarlas. La fatalidad las sacó de una institución que les brindaba una atención siniestra. El convenio con esa clínica fue heredado por el gobierno porteño de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Sennaf) a fines de octubre de 2007. Pero a pesar del informe lapidario sobre la atención que brindaba a las seis chicas, el gobierno porteño las mantuvo allí.
“A partir del incendio, las adolescentes fueron enviadas a la clínica psiquiátrica San Jorge, de Lanús Oeste, con la cual la ciudad ni siquiera tenía un convenio firmado que le permitiera al menos controlar y supervisar la atención. Es una barbaridad lo que están haciendo con estas chicas”, dijo a Página/12 José Machain, vocal en representación de la Legislatura del Cdnnya.
“El tiempo de internación (en una clínica psiquiátrica) debe ser el menor necesario y sólo en el momento agudo. Cuando dicho cuadro cede el paciente debe externarse y continuar con su tratamiento en forma ambulatoria”, advirtió a las autoridades de Niñez el equipo del Programa de Atención Comunitaria de Trastornos Mentales en Niños, que inspeccionó la clínica Nuestra Señora de Luján entre septiembre y noviembre. “Por no contar con una familia o un lugar donde vivir ningún niño ni adolescente puede permanecer en internación psiquiátrica, tanto en un efector público como privado, situación que se observa en varias adolescentes que están internadas en la clínica”, alertó. Y denunció que en la Clínica Luján “no se trabaja la inclusión social de los adolescentes” ni “se toma como modalidad el dispositivo de acompañamiento terapéutico especialmente por fuera de la institución ni la inclusión en espacios educativos y/o laborales”.
También advirtió que la única estrategia que se les ofrece a las adolescentes es “el encierro y la medicación”. “Estrategia fallida ya que se ha observado que a mayor encierro, más dosis de psicofármacos y más crisis de excitación o autoagresión, lo que ubica a las jóvenes muchas veces en un sin salida”, apuntan.
El lunes, abogadas de la Oficina de Salud Mental y Derechos Humanos de la Asesoría General Tutelar de Menores e Incapaces realizaron una inspección a la clínica San Jorge. Cuando llegaron, se encontraron con dos preguntas insistentes de las cuatro chicas y el muchachito, que les paralizó el corazón: “¿Cuándo nos vamos? ¿Nos vinieron a buscar?”.
“La situación en la que están estos chicos es muy grave. Es una clínica para adultos, que no está especializada en el trato a niños y adolescentes. No existe escuela ni proyectos de revinculación. Siguen sobremedicados. La misma clínica les informó a los juzgados que intervienen en cada caso, el 9 de marzo, que ese lugar no era el adecuado para mantenerlos, pero ninguno tomó una decisión y tampoco el gobierno porteño”, señaló la abogada Clarisa Adem, de la Asesoría General Tutelar de Menores e Incapaces de la ciudad. Musa le advirtió al gobierno porteño que debe ofrecer a los chicos en forma urgente alternativas para vivir.
“El encierro potencia los cuadros”
Por Mariana Carbajal
El Consejo de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes es el encargado de fijar las políticas en materia de niñez con las autoridades del gobierno porteño. A lo largo de 2008, los consejeros se cansaron de reclamar la presencia de la directora de Niñez. María Vanesa Wolanik recién concurrió a dar cuenta de las acciones del área a la reunión plenaria del Cdnnya del 18 de diciembre, donde los consejeros plantearon su preocupación por la situación de las adolescentes encerradas en la clínica Nuestra Señora de Luján. La primera que se refirió al tema fue la vocal del organismo en representación de las Defensorías Zonales de Niños, Niñas y Adolescentes: “Sabemos por la Comisión de Salud Mental que se producen serias violaciones a los derechos de los niños que allí están, y que además han ingresado a tres niños más”, le dijo la vocal a la funcionaria macrista, según consta en el Acta 68 del Cdnnya. Wolanik respondió: “En determinadas ocasiones han derivado a la Clínica Luján porque en situaciones de emergencia intentamos llevarlo al Tobar García o al Alvear, y ante la ausencia de un dispositivo de salud mental, es uno de los lugares que tenemos para estabilizar al chico y luego derivarlo a otro dispositivo. No obstante estamos logrando externaciones”.
La respuesta de Wolanik no coincide con el informe del equipo profesional del Programa de Atención Comunitaria de Trastornos Mentales en Niños, de la Dirección Adjunta de Salud Mental. También supervisores de la Dirección de Niñez en la misma clínica habían ya dado el alerta, según pudo saber este diario. El diagnóstico de los especialistas de Salud Mental da cuenta de que las externaciones no eran política de la institución. El informe fue realizado a partir de visitas a la clínica Luján en los meses de septiembre, octubre y noviembre durante las cuales se entrevistó a pacientes y profesionales. Entre otros aspectos, advierte que todas las adolescentes se encuentran excluidas de una trama social y “con la imposibilidad de pensar un proyecto en el futuro que no sea su permanencia dentro de la clínica”.
Otras observaciones sobre la atención en la Clínica Luján fueron las siguientes:
- “Llama la atención que los planes de medicación contienen psicofármacos de distintos grupos: ansiolíticos típicos variados que provocan efectos adversos importantes (deterioro cognitivo, trastornos metabólicos, entre otros) combinados con estabilizadores del ánimo, sedativos y algún antipsicótico atípico. Todas estas medicaciones se suministran en dosis altas, refiriendo los profesionales que a pesar de ellos los pacientes igualmente presentan crisis de excitación o autoagresión, administrándose en esos casos dosis extras de psicofármacos para ‘tranquilizarlos’ y otros métodos de contención (Ej. contención física, esto referido por algunas jóvenes).”
- “Se evidencia que muchos de los cuadros que motivaron la internación no remiten con la medicación sino que se potencian con el encierro y engruesan un circuito de aumento de la misma.”
- Además, se ha observado “sobrepeso y obesidad en varias de las adolescentes, que manifiestan que la alimentación es poco variada y a base de hidratos de carbono.”
- Con respecto a las características edilicias, “el piso de internación que se visitó, donde las niñas pasan la mayor parte del día, son habitaciones de dimensiones pequeñas, donde duermen tres pacientes y no se observan objetos personales o marcas que expresen alguna singularidad”.
- “No cuentan con espacios de recreación en común dentro del piso. Tienen días y horarios para bajar al patio o al salón de usos múltiples, aunque según lo relatado por las adolescentes, pasan muchos días sin que puedan utilizar esos espacios.”
Dos casos para el espanto
Por Mariana Carbajal
Una de las adolescentes lleva tres años de encierro. Cuando estaba internada en la Clínica Luján presentaba frecuentemente “episodios de excitación y autoagresión que no cedían con el aumento progresivo de la medicación”, lo que justificaba su permanencia la institución según los profesionales que la atendían, según el informe del Programa de Atención Comunitaria de Trastornos Mentales en Niños. Sin embargo, desde que comenzó las salidas con un acompañante terapéutico, sugeridas por el Programa, no presentó más crisis y “se solicitó la externación con derivación a un dispositivo de medio camino”. La jovencita, sin embargo, ahora sigue encerrada en otro neuropsiquiátrico.
Sofía, otra de las jóvenes, de 20 años, sufre discapacidad mental. Tiene en su historia clínica una indicación del 17 de octubre de 2007, de una médica, que dice que “no reúne criterios para continuar internada en clínica de agudos” e indica traslado urgente a un hogar. Había ingresado en la Clínica Luján en 2004, según su legajo. Un año y cinco meses después de aquella recomendación de externación, Sofía continúa internada.
Yo señor, no señor
Página/12 intentó hablar con funcionarios del Ministerio de De-sarrollo Social sobre el caso de los chicos internados sin motivo en clínicas neuropsiquiátricas y sobremedicados, pero no contestaron a los requerimientos. El ministro de Salud, Jorge Lemus, deslindó sus responsabilidades en el tema en diálogo con este diario, y dijo que era competencia exclusiva de Desarrollo Social. De acuerdo con la Ley 448, no corresponde al Ministerio de Desarrollo Social realizar convenios con clínicas psiquiátricas, sino al de Salud. Jéssica Malegarie, del Consejo de la Niñez, respondió la consulta de este diario a través de su área de prensa: “La problemática de salud mental en niños y adolescentes es cada vez más compleja –dijo–, los chicos llegan al sistema de protección con patologías psiquiátricas de base con poca o ninguna contención familiar. Y en algunos casos también se agregan las adicciones a las drogas. En este sentido y entendiendo esta grave problemática, el Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes designó un equipo interdisciplinario EAC (Equipo de Acciones Centralizadas) para el seguimiento y externación de los chicos. También desde el Consejo se trabaja permanentemente en propuestas que se elevan tanto al Ministerio de Salud como al Ministerio de Desarrollo Social para dar respuestas integrales a esta preocupante situación”.
El destino de la niñez
La encargada de llevar adelante las políticas de Niñez desde el gobierno porteño, María Vanesa Wolanik, llegó al cargo en septiembre último sin antecedentes en el tema. Al único joven que defendió antes de ser designada fue al jugador de fútbol Carlos Tevez en el reclamo por su derecho a jugar en Boca y no en el Sub-20, hace seis años, como oportunamente dio cuenta Página/12. En ese momento, tuvo éxito.
La funcionaria que se ocupa de realizar los convenios con las instituciones a las que son derivados chicos y chicas con historias de desamparo social y familiar es Andrea Bruzos, directora de Coordinación del Programa de Chicos en Situación de Calle. El programa, tal como está planteado por el gobierno, consiste en derivar chicos que deberían ser atendidos por el Estado a las ONG, con fondos del programa. Hasta que llegó a ese puesto, Bruzos era titular de la ONG Pronat, dedicada a la recepción de chicos. Después renunció, dejó a cargo a su marido, que era empleado estatal, y se dedicó a determinar qué ONG estaba en condiciones de recibir fondos, entre ellas la de su marido.
La Iglesia de Recife excomulgó a la madre de la chica y a los doctores que realizaron el aborto. La nena, de 9 años, había sido abusada por el padrastro.
El arzobispo de Olinda y Recife, en Brasil, desató una polémica al excomulgar a la madre de una nena de 9 años que había sido violada por su padrastro y a los médicos que le practicaron un aborto. El prelado eximió de la sanción a la menor.
La ley brasileña permite que los médicos realicen abortos a víctimas de violaciones sin necesidad de autorización de la Justicia. De esta forma, en la decimoquinta semana de gestación de los gemelos que aguardaba la niña se procedió a la operación. Para el obispo José Gomes Sobrino, lo acontecido fue un acto de criminalidad. “Se trató de un homicidio contra dos vidas inocentes”, consideró.
El médico Sergio Cabral, director del Centro Integrado de Salud Amaury de Medeiros (CISAM), explicó que “la clínica cumplió su deber de prestar asistencia a una familia pobre, siempre en el marco de la legalidad”. El médico Olimpio Moraes, a cargo de la intervención quirúrgica, confirmó que “si el embarazo continuaba iba a ser peor. El riesgo existiría hasta la muerte o de una secuela definitiva de no poder quedar más embarazada. No podemos dejar que una nena de 9 sea sometida al sufrimiento hasta pagar con la propia vida”.
El obispo conservador afirmó que los castigados no podrán comulgar en las misas ni tampoco recibir sacramentos. “Los excomulgados no se irán al infierno. Mientras haya tiempo para redimirse, el cristiano podrá pedir la absolución, si se arrepiente de verdad y pide perdón”, dijo.
El padre biológico de los gemelos fue arrestado el 27 de febrero pasado y confesó que abusaba sexualmente de su hijastra desde hace por lo menos tres años.
La criminalidad es una de las lacras de América Latina. Para reducir su incidencia, los Estados necesitan intervenir con un enfoque social más efectivo que las simples actuaciones policiales
Publicado por el diario EL PAIS, de Madrid, el 04/01/2009
La población latinoamericana reclama respuestas a la crucial cuestión de la inseguridad ciudadana. En 1995, sólo el 5% de la población consideraba que ése era el problema más importante. Ahora es el 17% (Latinobarómetro, septiembre de 2008). Encabeza el ranking de los problemas, seguido por la desocupación. La tasa de homicidios anuales es de 25,1 por cada 100.000 habitantes, el doble de la de 1980 (12,5), y 25 veces la de los países nórdicos (Noruega, 0,9; Dinamarca, 1,1; Suecia, 1,2). En México hubo este año casi 4.000 muertes por el crimen organizado, y 1,9 secuestros diarios. En El Salvador, con una de las tasas más altas, se aplicaron en las últimas presidencias las políticas denominadas mano dura y supermanodura, y el delito siguió ascendiendo. En Guatemala se multiplicó la seguridad privada, y continuó aumentando.
En Argentina, mientras que la población subió un 8% entre 1995 y 2005, la tasa de encarcelamiento aumentó en un 92%, y sin embargo el delito no disminuyó.
¿Qué se debe hacer? Por lo pronto es fundamental mejorar la calidad de un debate muy simplificador que sólo aborda el tema policialmente, manteniendo la discusión encerrada entre cuestiones como hacer imputables a los niños, crear cárceles especiales para niños y adolescentes, presionar a los jueces por mayores penas y gastar más en seguridad. Dados los limitados resultados obtenidos por estas vías, parece que urge poner la discusión en un marco de análisis más amplio que integre, junto a los temas policiales, muchos otros. Entre ellos:
1.Hay diversos tipos de delincuencia. Es errado aplicarles a todas el mismo tratamiento. En la región se debería diferenciar por lo menos entre el crimen organizado -conformado por las mafias del narcotráfico, el secuestro, la trata de personas, el robo de automóviles- y una delictualidad joven en ascenso conformada por delitos menores de adolescentes y jóvenes que después pueden ir escalando y convertirse en cada vez más graves.
A las mafias debe aplicárseles el máximo peso de la ley. Desarticularlas por todas las vías. Hoy, muchas forman parte de mafias internacionales globalizadas. Se requieren, además de respuestas nacionales, esfuerzos internacionales en áreas como el lavado de dinero, los paraísos fiscales, la corrupción, y otras que permiten a las mafias financiar y legalizar sus ganancias. Se presentan desafíos de alta complejidad como el que está enfrentando México de desbaratar las complicidades entre las mafias y fuerzas policiales.
La delictualidad joven tiene otras lógicas causales. En América Latina, uno de cada cuatro jóvenes está fuera del sistema educacional y del mercado de trabajo. Sólo el 49% de los jóvenes termina la secundaria. Sin ella no hay posibilidad de conseguir ningún trabajo en la economía formal. De todos los presos que hay en las cárceles argentinas, sólo el 5% terminó secundaria. En las uruguayas, el 70% son menores de 30 años y no tienen educación. Cuando se preguntó a jóvenes de las maras centroamericanas por qué estaban en ellas, contestaron: "¿Dónde quieren que estemos, si nadie nos acepta en ningún lado?".
La primera gran simplificación es meter en una misma bolsa todos los tipos de delitos.
2.La culpa es de los jueces. Se argumenta que estarían dejando salir a delincuentes que después vuelven a reincidir. La realidad no es tan sencilla. Muchos de los jóvenes encarcelados llegaron al delito desde la marginación total. Cuando salen con prontuarios penales adicionales están mucho peor que antes para obtener algún tipo de inserción. Si la sociedad no hace nada al respecto, es difícil sorprenderse después. En Estados Unidos se llegó a conclusiones muy claras al respecto. The New York Times editorializa: "Se liberan cada año 650.000 presos, se puede esperar que 2-3 de ellos retornen a la prisión en un plazo de tres años...". Este mecanismo que llama "la puerta giratoria" es antiético, pero además, no financiable. Muchos Estados, aun los más conservadores, no soportan más las cargas económicas de seguir construyendo prisiones. A partir del reconocimiento de estos hechos, el Congreso aprobó casi por unanimidad la ley de la segunda oportunidad (abril de 2008), que convierte la rehabilitación en una meta central del sistema de justicia federal. Los ex reclusos serán apoyados activamente por los Estados y municipios para conseguir casas, seguros de salud, empleos y tratamiento contra la droga. Se estima que el costo es mucho menor que el de los juicios y cárceles.
En América Latina, los intentos en esa dirección han tenido resultados. Así, por ejemplo, en Argentina se creó un centro universitario en una cárcel, Devoto, para que los presos pudieran seguir estudios. Sólo el 3% de sus ex alumnos volvieron a cometer delitos. En Costa Rica, el sistema penitenciario está obligado a dar cursos de alfabetización, escuela primaria, secundaria y Universidad para los presos que lo deseen. La tasa de reincidencia es menor que la regional.
3.Los países exitosos. ¿Por qué países como los nórdicos, que tienen la más baja proporción de policía per cápita del planeta, tienen tan bajos niveles de delincuencia? Su éxito está en que el sistema social incluye. Hay oportunidades reales de educación y trabajo para los jóvenes Estudios como los de Briggs y Cutright (1994), Messner y Rosenfeld (1997) encontraron una sólida correlación entre redes de seguridad económica y reducción de homicidios. Fansilber y otros (1996) encontraron en 45 países que las altas desigualdades -y América Latina es la región más desigual- favorecían los homicidios.
4.La discriminación en acción. Un estudio de USAID (2006) que pone a foco el fracaso de la mano dura en Honduras, El Salvador y Guatemala, muestra que "muchos de los jóvenes jamás han experimentado una interacción positiva con el Estado. Con frecuencia, su única vivencia del Estado es la policía haciendo arrestos y encarcelando personas". El clima social para los jóvenes pobres es bien hostil. En el Latinobarómetro 2008, los encuestados dicen que las personas más discriminadas en América Latina son los pobres, y un 62% dice que la policía es más propensa a detener a un joven que a un adulto. Ser pobres y jóvenes es un estigma muy importante.
5.La desarticulación familiar. En diversos países, 2-3 de los delincuentes jóvenes vienen de hogares desarticulados. La familia es fundamental en la prevención del delito. Da códigos éticos, modelos de conducta y tutorea. Muchas familias pobres se quiebran ante el estrés socioeconómico. Sin embargo, la protección de la familia no está en la agenda de la seguridad ciudadana.
6.Más de lo mismo. En lugar de dar a los jóvenes en riesgo más educación, más trabajo y más familia, la respuesta convencional es "más de lo mismo": represión, encarcelamiento y punición. Se está facilitando así la generación de una mano de obra cautiva para el crimen organizado. Mientras que la sociedad es indiferente a su destino, las mafias les ofrecen incentivos económicos inmediatos. Señala Pineyro (UNAM de México): "La base de apoyo social del narcotráfico comprende a más de 500.000 personas... Mientras no haya una política económica y social para reducir la pobreza, será difícil revertir la situación". La Secretaría de Seguridad Pública estatal estima que uno de los carteles de la droga tiene en Ciudad Juárez el control de 521 pandillas integradas por 14.000 menores de 14 a 17 años.
Un debate con éstas y otras simplificaciones crea el ambiente para la mano dura que agresivamente postulan los sectores más conservadores. A ellos se les suman quienes tratan de conseguir ganancias electorales con el tema. El problema requiere soluciones multicausales. Hay que modernizar, capacitar y recuperar a la policía, que es una institución decisiva para la prioritaria lucha contra el crimen organizado; fortalecer la justicia; reformar el pésimo sistema penitenciario; reducir la tenencia de armas cortas... pero al mismo tiempo, pasar del enfoque sólo policial del problema a uno más amplio que responda a su complejidad. A pesar del sensacionalismo con que se suele tratar el tema y del interés de algunos sectores en ganar votos como sea, una parte considerable de la opinión pública está abierta a una discusión más amplia. Una encuesta reciente en Argentina, donde las ideas mano dura crecen, reveló que el 37% de la población de Buenos Aires atribuía la inseguridad y su propia desprotección a la pobreza, la desigualdad social y la desocupación (Universidad de Belgrano, octubre de 2008). Un 30%, a la lenidad de la legislación. Si se logra elevar la calidad del debate, la sociedad defenderá una respuesta integral y no caerá en la trampa de la represión alegre. En muchos países de la región, políticas públicas acertadas, el esfuerzo de organizaciones pioneras de la sociedad civil y jueces ejemplares han logrado incluir a miles y miles de jóvenes en riesgo. Están en la misma línea que la sugerente experiencia de un juez de menores de Granada, Emilio Calatayud, que ha logrado una recuperación de un 75% en menores que cometieron delitos. Declaró en una entrevista reciente: "Si no creemos que un chaval de 14 años puede ser reinsertado en la sociedad, estamos perdidos”.
Fuente:
Newsletter “Construyendo Inclusión y Gobernabilidad”- Número 8 – Enero 2009
Niños beneficiarios del programa 'Dembayá' de Cruz Roja. (Foto: Cruz Roja)
EFE | Alicante
Alrededor de 2.000 menores de África Occidental han sido rescatados de la explotación infantildesde 2006 gracias al proyecto 'Dembayá' que desarrolla la Cruz Roja en Burkina Faso, Costa de Marfil, Níger y Togo.
Así lo ha afirmado el responsable del proyecto en Burkina Faso, Jeremy Wrange, quien ha ofrecido una rueda de prensa en Alicante para presentar esta iniciativa.
Wrange ha estado acompañado por la coordinadora de Desarrollo Comunitario de Cruz Roja Burkinabé, Hortense Sombie; la coordinadora del proyecto en la Comunitat Valenciana, Elsa San José, y el presidente provincial de la Cruz Roja en Alicante, Emilio Bascuñana.
El proyecto 'Dembayá', según Wrange, consiste en una campaña de sensibilización y educación al desarrollo sobre los derechos del niño, con el objetivo de erradicar la explotación infantil en África Occidental.
"Hay diferentes tipos de explotación en África. Uno de ellos se produce en el ámbito doméstico y afecta principalmente a niñas de entre 10 y 13 años. Mientras que el otro es de índole laboral e incide en los niños, un colectivo que en esos países trabaja en los campos de frutos y plantaciones de algodón", ha explicado Wrange.
El responsable del proyecto 'Dembayá' ha recordado que también existe la explotación infantil sexual y la utilización de los 'niños soldados' para combatir en guerras de países africanos vecinos, así como en el 'mundo' de la droga y la mendicidad.
Wrange ha subrayado que 'Dembayá', financiado por la Comunitat Valenciana con 1.200.000 euros, "ayuda a sensibilizar a las familias de África Occidental más vulnerables ante este fenómeno y apoya la escolarización del niño rescatado de la explotación".
"La cifra de 2.000 niños salvados es muy satisfactoria, pero no es suficiente, porque aún hay muchos pequeños que necesitan ayuda", ha recalcado.
Por su parte, San José ha indicado que 'Dembayá' tiene como otro frente de actuación promover una educación en valores solidarios en la sociedad valenciana, "especialmente entre los más pequeños", respecto a la explotación infantil.
Así, el proyecto contempla actividades formativas y de educación al desarrollo en centros de Cruz Roja Juventud, colegios, institutos y universidades de toda la Comunitat Valenciana, ha detallado.
Imaginen de qué tipo de abuso no serán objeto los niños y niñas que frecuentan estas bailantas clandestinas, para conseguir "paco" o algo de dinero o comida....
La venta de paco a niños y adolescentes se oculta en las bailantas clandestinas
Las bailantas clandestinas expandidas en el conurbano bonaerense conforman desde hace unos meses un nuevo espacio en el cual los mercaderes de la droga comercializan paco entre niños y adolescentes. Especialistas en la problemática de las adicciones afirmaron que la falta de control facilita la presencia en esos lugares de niños de menos de 12 años, generalmente de sectores sociales marginados. Asimismo, sostienen que es inevitable asociar la actividad de estos centros de diversión nocturna a los “guiños” de autoridades municipales y policiales tendientes a facilitar el accionar sin control “oficial” de esta versión bolichera ‘trucha’. “La mafia de la droga bailantera no es nueva y en ese ámbito el negocio es la venta de paco, que se impone por sobre los ingresos por la entrada y los tragos que se transforman en todo caso en una pantalla para hacer caja con lo otro”, describió el licenciado en criminalística Roberto Locles, para quien un transformación en el mecanismo de distribución de los narcos dio origen a las bailantas clandestinas.
(APe).- Es madrugada, barrio porteño de Constitución, avenida San Juan y Cochabamba... Un cartonero revuelve la basura en un contenedor... Hasta ahí no es más que la descripción del paisaje urbano nocturno, desolador y misterioso. La madrugada siempre sabe a misterio, a trampa y a soledad. El comienzo de la crónica, bien podría ser la presentación de una canción del poeta rosarino Adrián Abonizio, esa que dice:
“La noche en Constitución tiene un aire particular, la lleva la brisa del río la trae los autos al clarear. Nunca andes solo por ahí que te roban el corazón las brujas del tráfico pintarrajeadas con algo tan oscuro. Y hay quien ve la luna como por primera vez enganchada en un cartel que dice: ‘No habrá mas penas’”.
Pero la noticia avanza, y entonces, la canción se deshace en un dolor incurable, y uno se descubre con toda la tristeza encima. La poesía urbana se vuelve espanto, angustia, impotencia...
El cartonero que revuelve la basura del contenedor descubre dentro de una bolsa plástica, envuelto en una frazada, el cadáver de un niño de entre 3 y 4 años, en un marcado estado de desnutrición. Un jefe de la Policía Federal informó que: "Si bien no tenemos los resultados de la autopsia para confirmar la causa de la muerte, el cuerpo estaba muy flaquito. Todo indica que presentaba fuertes signos de desnutrición".
Ahora el cartel debiera decir: “Sí, habrá más penas”. Claro que habrá más penas. Si ni siquiera la información trae el nombre del pibe ni puede determinar claramente su edad. Si todavía no había aparecido denuncia alguna sobre su desaparición y la noticia desapareció de los diarios al día siguiente. Claro que habrá más penas.
La canción de Abonizio, trae también un par de líneas donde se presume que el diablo merodea la noche de Constitución.
“Como la capa de un torero, roja y roja es Constitución, la viven gastando las balas del diablo la sangre del alcohol”.
Y cuando no son las balas del diablo, es la voracidad del hambre que nos sigue matando a los pibes. Para ser más claro, los mata la desidia, la desigualdad, la indiferencia...
Y uno busca desesperadamente algún anuncio que distraiga al dolor. Y solo escucha hablar de tablitas eliminadas para quienes perciben importantes sueldos, planes de salvataje para empresas de electrodomésticos, nuevas posibilidades de comprar un 0 kilómetro o de cambiar la heladera o de viajar en cuotas... A todo esto se le llama paquete de medidas anticrisis o incentivación del consumo...
Mientras tanto, en Constitución, un pibito sin nombre que tendría entre 3 y 4 años, apareció sin vida y desnutrido en un contenedor de basura. No hay anuncios que hablen de ese pibe que quizás no tuvo tiempo de patear una pelota. No hay planes de salvataje para los que no tienen nada.
El cartel que cuelga de la luna, ahora, se alcanza a ver desde cada esquina habitada por los pibes abandonados a su suerte; y dice: “Sí que habrá más penas, mientras ande suelto tanto olvido”.
Publicado en la revista virtual de "Pelota de Trapo"
Fuente de datos: Diarios La Nación 11-12-08 y Crítica de la Argentina 10-12-08
Allí podrán leer y hojear los artículos de nuestro primer número "Hacia una nueva generación de derechos humanos".
Les adelanto unos párrafos de dos de los artículos para que los vayan leyendo, el primero pertenece a Claudia Santalla y el segundo a Giselle Zarlenga. Los artículos completos se encuentran en la página del Instituto Jacques Maritain de Buenos Aires.
Cuando era chica, existía una canción que me gustaba mucho, aunque no entendía bien por qué y tampoco importaba. Yo la cantaba …“No crezca mi niño, no crezca jamás, los grandes al mundo le hacen mucho mal. El hombre ambiciona cada día más y pierde su tiempo por querer volar. Vuele bajo porque abajo, está la verdad. Esto es algo que los hombres no aprenden jamás”….
Los invito sólo mientras dure este artículo, a bajar su mirada, a descubrir nuevamente el suelo donde pisamos.
¿Logran ver a personas de pequeña estatura?, sí, esas que muchas veces empujamos o golpeamos con nuestros bolsos o maletines cuando caminamos apurados por la calle, esas a las que accidentalmente quemamos con brasa de nuestro cigarrillo en una vereda abarrotada de transeúntes, porque con tanto apuro, no tenemos tiempo de levantar la mano y evitarles la lesión, (¿o lección?).
Esas a las que tampoco les pedimos disculpas, porque tenemos cosas muy importantes que hacer, y después de todo, son niños.
Sé que muchos de nosotros para “nuestros niños” no escatimamos en tiempo y dedicación además de protegerlos con costosos accesorios de seguridad, intercomunicadores, alimentos y productos naturales, educación, esparcimiento y deportes, seguros de salud y de estudio.
Los invito sólo mientras dure este artículo a arrodillarse frente a ellos, a nuestros niños y a los otros niños, mirarlos profundamente a los ojos tratando de comunicarnos y escuchar lo que tienen que decir.Los adultos podemos ser muy temerosos, pues solemos necesitar tener el control total de todos los riesgos y que nada nos sorprenda, pero les pido que lo intenten, tal vez haciéndolo obtengamos la sorpresa que nos resucite como seres humanos, espirituales y trascendentes. Mientras tanto, quiero contarles brevemente qué hacemos en tanto sociedad y Estado por el bien de todos los niños y niñas en nuestro país. (...)
Había una vez una niña en la fábula de Perrault cuya inocencia le valió ser engañada por un vil personaje encarnado por un feroz lobo. La moraleja del cuento reside en que su ingenuidad y pureza se vio engañada por las artimañas de un timador. No obstante, si la imagen de la pequeña hubiera sido otra, si hubiese tenido la viveza de un Tom Sawyer, nuestra reacción hubiera sido probablemente de menor compasión por su infortunio y de hecho, hasta habría habido algunas personas que excusaran la acción del lobo, para quienes no la habría ingerido intencionalmente, sino que lo habría hecho inducido por los engaños de una niña malintencionada, cuyo deseo era ver en problemas al lobo.
Como vemos, la forma en que se relata un evento o una historia no es indiferente a la percepción que tendrá el público de la misma. Por esto, en vista a la nueva ley de minoridad que últimamente se está debatiendo en la opinión pública y en los medios de comunicación, es de suma importancia que no se realice la división de la niñez en dos universos antepuestos, tal como en los cómics o las fábulas infantiles se presenta a los “buenos” y los “malos”.
Si nos preguntamos si son realmente niños los llamados “menores”, “delincuentes precoces” o “chicos de la calle” se llega a la conclusión de que la figura del niño se ha desvirtuado de acuerdo a su situación socio-económica. Esta diferenciación de terminología para referirse a un niño contenido en un hogar de estrato social medio o alto y a otro careciente, convierte a este último, en un marginado o excluido de la sociedad. Los medios son formadores de opinión y son los que instalan en la agenda pública los temas que serán tratados por el gobierno, que luego se convertirán en políticas públicas para subsanar los problemas. Si se realizan crónicas amarillistas o se da una visión sesgada de las noticias, se atenta contra el futuro de generaciones enteras de chicos por consiguiente, ya que el resto de la población los verá como pertenecientes a una dimensión paralela de la cual sólo se tienen noticias cuando acaecen delitos o hechos de violencia. Auspiciosamente, esta situación se está revirtiendo últimamente en algunos medios, dando voz a los niños y exponiendo la situación crítica y de alto riesgo en que viven. Los medios tienen el poder de dar a conocer los problemas que aquejan a nuestra infancia y demandar acciones a favor de ella, por lo cual es necesario que la visión del niño sea integral, en el marco de una persona plena.(...)
La Fuerza Aérea los invitó a pasear en un Fokker F-27. Volaron 15 minutos y llegaron hasta Luján. Tomaron la merienda, saltaron en juegos inflables y recibieron juguetes.
Los chicos de la agrupación Los Principitos de Retiro, de la villa 31, y los del Centro Cultural El Árbol, de Villa Diamante, en Lanús oeste, vivieron una fiesta de Reyes Magos diferente. La Fuerza Aérea los invitó a una tarde que incluyó el primer vuelo en avión para más de 75 chicos, la aparición sorpresiva de Melchor, Gaspar y Baltasar, juegos inflables, una merienda y un cierre con muchos regalos. Ni la demora de más de dos horas en la salida del avión pudo opacar la sonrisa de los agasajados.
“La Fuerza Aérea, a partir del contacto que tiene con comedores infantiles y organizaciones sociales, invita a los chicos para que tengan su vuelo de bautismo. Generalmente, lo hace el Día del Niño o en Reyes Magos, las fechas más significativas para ellos”, describió el vocero de la Fuerza Aérea, vicecomodoro Fernando Rubio. Así fue como 35 chicos de Los Principitos de Retiro y 42 del Centro Cultural El Árbol levantaron vuelo por primera vez.
Juan Domingo Romero, presidente de la asociación civil de Retiro, una entidad que se dedica a la contención y a la prevención de chicos y adolescentes, aseguró que lo ocurrido fue “una iniciativa de la Fuerza Aérea para poder brindarles a los chicos que no conocen lo que es un avión la posibilidad de volar. Sentir la misma sensación que otros chicos, la de que ellos también pueden”.
La música de Disney y tres juegos inflables, sumados a una merienda que consistía en bebidas y sándwiches, divirtieron a los chicos hasta la llegada del gran momento. No obstante, su primer abordaje corrió la misma suerte que la de muchos pasajeros que buscan emprender viaje en este país: la salida del avión que estaba programada para las 18 se efectuó a las 20.45.
¿Y QUÉ PASÓ? Para todos ellos, las sensaciones previas al primer vuelo fueron de lo más diversas.
–El viaje va a estar muy bueno –confió Juan Pablo.
–Creo que vamos a vomitar –gritó una pequeña con una gran sonrisa.
–Me da un poco de miedo –dijo Bryan– pero quiero vencerlo.
–Me imagino a todos los edificios muy, muy chiquitos –describió otro.
Después de la merienda y los saltos en el pelotero, empezó el verdadero regalo. Fue cuando el avión aterrizó. Entonces, en la cara de los chicos se dibujó una sonrisa que todavía se agrandaría más con llegada de una princesa rusa y la aparición de los tres Reyes Magos.
Melchor, Gaspar y Baltasar saludaron a los 75 chicos. A medida que iban siendo recibidos, las azafatas los invitaban a abordar el avión Fokker F-27, con capacidad para 44 personas.
El piloto realizó dos viajes, de 15 minutos cada uno. Llegaron hasta la ciudad de Luján y pudieron ver la Basílica desde la altura. Todos tuvieron una oportunidad única: su cuerpo había volado tan alto como su imaginación.
Cuando la incredulidad de los más pequeños parecía no acabar, los Reyes Magos y la princesa les hicieron los últimos regalos: pelotas de goma, autos de carrera, juegos de mesa y sets de belleza. Ahora sí, la fiesta estaba completa. Así lo entendieron todos. “Esto no lo vamos a olvidar más”, concluyeron. Fuente: Crítica Digital
"Básicamente, los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a la igualdad de oportunidades, al acceso a servicios de calidad y a ser educados en la participación, así como a exigir el cumplimiento de esos mismos derechos"
Un informe de CTA sobre datos oficiales señala que en el país el 52,2% de los menores vive en hogares cuyos padres tienen inserción laboral precaria.
Más de seis millones de chicos argentinos viven en la pobreza, de los cuales la mitad pasa hambre. Por día se mueren 25 recién nacidos, 14 por causas que podrían evitarse. Así lo denuncia un documento elaborado por el Instituto de Estudios y Formación de la Central de los Trabajadores de Argentina (CTA).
“Si existe un drama que no debemos dejar de denunciar, es el alto nivel de deterioro que han alcanzado las condiciones de vida de nuestros chicos”, afirmó el economista y diputado nacional Claudio Lozano, uno de los autores del trabajo junto a Ana Rameri y Tomás Raffo.
La investigación –basada en datos estadísticos oficiales y en relevamientos realizados por distintas organizaciones sociales y sindicales– sostiene que, al año 2008, 6,3 millones de menores de 18 años son pobres y 3,1 millones directamente pasa hambre.
Los menores resultan ser los más castigados: mientras la tasa de pobreza a nivel nacional es del 26,9%, para la población que tiene menos de 18 años la misma medición es de, prácticamente, el doble (40,6 por ciento). Algo similar ocurre con la indigencia, mientras a nivel país la tasa de indigencia era del 8,7%, la correspondiente a la población menor era muy superior, del 14,1 por ciento.
“El daño que se les está causando no sólo significa dolor y tristeza, sino que implica hipotecar el futuro de nuestra sociedad; la permanencia de esta realidad resulta incompatible con un desarrollo económico sostenible”, sostuvo el legislador.
Otra de las situaciones que denuncia el informe es la falta de atención médica que sufren los menores. El 47,2% no posee cobertura sanitaria, esto implica que 6,3 millones de chicos no cuentan con una obra social o un plan médico. “El actual esquema de seguridad social desconoce el derecho de percibir una asignación familiar a nueve millones de chicos, que equivalen al 70% del total de nuestros pibes”, remarcó Lozano.
El informe detalla que “los montos de ingresos por hijo que brinda la ayuda social del Estado equivalen a un tercio de la actual asignación familiar por hijo del sistema de seguridad social y sólo el 44% de los menores en situación de pobreza pueden acceder a ella”.
En la mayoría de los hogares que cuentan con la presencia de menores de 18 años se verifican situaciones de insuficiencia de espacio habitacional. “Cerca de 1,2 millones de menores (el 19,4% de los chicos pobres) viven en viviendas ubicadas en zonas inundables y otro millón de chicos (el 16% de los menores pobres) no tiene agua corriente”, especifica el relevamiento.
Según los datos del informe, el 52,2% –alrededor de siete millones de chicos– vive en hogares donde los padres tienen inserción laboral precaria. “Hasta los 18 años de edad todas las personas deben estar a cargo de un mayor o, por lo menos, deberían estarlo. Una de las cuestiones que esto implica es que hasta esta edad las condiciones de vida tanto materiales, sociales, educativas y culturales están directamente condicionadas por las posibilidades de desarrollarlas que les garanticen sus padres o tutores. Si somos conscientes de que en las sociedades modernas el acceso a estos bienes necesarios para el normal desempeño de la vida se obtienen mayoritariamente a través del ingreso percibido por el trabajo, es interesante analizar el vínculo entre el ya mencionado deterioro de las condiciones de vida de la mayor parte de los menores y la inserción laboral de las personas de las cuales ellos dependen para vivir”, afirmó el economista.
También se destaca que 1,9 millones de menores no asisten o nunca asistieron a un establecimiento educativo. “Esta generación ya cuenta como base con un núcleo duro de fuerza laboral futura que muy probablemente se desenvuelva en puestos de trabajo con inserción precaria. Sin embargo, lo más alarmante de esta ya triste situación es el efecto multiplicador que esto provoca en la desprotección y el desamparo de sus futuros hijos, que son los futuros niños de nuestra sociedad.”
INEQUIDADES PROVINCIALES. Las provincias que evidencian los niveles más alarmantes en el cuadro social de los menores coincide con aquellas que a nivel general presentan las tasas más elevadas de pobreza e indigencia. Esto significa que los chicos son las principales víctimas del hambre y la pobreza, marcando el rasgo central de esta problemática social: “La infantilización de la pobreza”. La extendida pauperización de las condiciones de vida de los menores se verifica en niveles de indigencia para algunas provincias que superan el 20% de la población menor. Las provincias con mayor deterioro infantil del promedio nacional son: Chaco, Corrientes, Formosa, Santiago del Estero, Misiones, Jujuy, Salta, Tucumán, San Juan, Catamarca, Entre Ríos, La Rioja y Buenos Aires.
Las restantes once provincias también muestran cuadros sociales muy deteriorados. En las grandes ciudades como Córdoba, Mendoza y Santa Fe, los niveles de indigencia están cerca del 10 por ciento.
Darío Rojas tenía 21 años y estaba en coma desde la madrugada de ayer. Su padre denunció que el personal de seguridad del boliche lo atacó "salvajemente" y lo dejó abandonado en la vía pública en donde 2 horas después lo encontraron los bomberos.
Darío era padre de tres hijos pequeños y trabajaba en un frigorífico. "Era un chico trabajador que solamente había ido a divertirse", relató su madre a un canal de noticias.
"Darío no tuvo problema con ninguno de los custodios del boliche. Nos pegaron porque sí y lo abandonaron. La policía también nos agredió y cuando pedíamos que envíen una ambulancia se nos reían", relató Roberto, uno de los amigos del joven muerto
La CTA-La Matanza convocó para el viernes 5 una movilización en defensa de Brian. El adolescente de 16 años está preso por la muerte de Ricardo Barrenechea.
La Secretaría de Derechos Humanos de la CTA–La Matanza convocó para el viernes 5 de diciembre a las 17 a una marcha en defensa de Brian, el adolescente de 16 años detenido en la causa que investiga el crimen del ingeniero Ricardo Barrenechea.
"Vení, para que los únicos privilegiados sean efectivamente los niños. Para Brian y para todos los pibes reclamamos irrestricto cumplimiento de la ley y efectiva promoción y protección de derechos", sostiene la convocatoria.
La concentración se realizará en la intersección de Arieta y Avenida Juan Manuel de Rosas y los manifestantes marcharán con murgas hasta la Plaza de San Justo, donde se realizará un acto.
A principios de esta semana, la filial gremial y el Colegio de Abogados de Morón se sumaron a las voces que reclaman "justicia" para Brian: "Es un niño pobre, pero no queremos que sea un pobre niño. Brian es alumno de la ESB 141 de La Matanza. Está detenido sin causa. Se lo pretende imputar por ser pobre, niño y vivir en un barrio humilde".
El 14 de noviembre, el juez de San Isidro Fernando Ribeiro Cardadeiro procesó a Brian por el delito de "robo doblemente calificado", pero según la abogada del niño, Florencia Arieto, "no pesa sobre él ninguna imputación por el homicidio" de Barrenechea.
¿Y QUÉ HEMOS HECHO CADA UNO DE NOSOTROS PARA EL BIENESTAR DE TODOS?
Música y Letra: John Lennon / Yoko Hono
So This Is Christmas
So this is christmas And what have you done Another year’s over New one’s just begun So this is christmas I hope you have fun The near and the dear ones The old and the young
A merry, merry christmas And a happy new year Let’s hope it’s a good one Without any fear
So this is christmas For weak and for strong The rich and the poor ones The road is so long So happy christmas For black and for white For yellow and red ones Let’s stop all the fight
A merry, merry christmas And a happy new year Let’s hope it’s a good one Without any fear
A merry, merry christmas And a happy new year Let’s hope it’s a good one Without any fear
War is over if you want it War is over if you want it War is over if you want it
YA ES NAVIDAD, Y ¿QUÉ HAS HECHO? OTRO AÑO SE ACABA Y UNO NUEVO VA A EMPEZAR. Y YA ES NAVIDAD, ESPERO QUE TE DIVIERTAS, EL QUE ESTÁ CERCA Y EL QUERIDO, EL VIEJO Y EL JOVEN.
Y UNAS MUY MUY FELICES NAVIDADES Y UN FELIZ AÑO NUEVO, DAR ESPERANZA ES BUENO, SIN NINGÚN MIEDO.
Y YA ES NAVIDAD, PARA LOS DÉBILES Y LOS FUERTES, PARA LOS RICOS Y LOS POBRES, EL CAMINO ES TAN LARGO.
Y UNAS FELICES NAVIDADES, AL NEGRO Y AL BLANCO, AL AMARILLO Y A LOS ROJOS, PAREN TODOS DE LUCHAR.
LA GUERRA A TERMINADO, SI TÚ LO QUIERES LA GUERRA HA TERMINADO SI TÚ LO QUIERES
A muchos de nosotros nos resultó altamente sospechosos los "suicidios" de dos adolescentes con diferencia de horas, en el mismo instituto correccional que como todos sabemos lo único que corrige son las buenas conductas de vida y las ganas de sobreponerse a la miseria, el horror y el espanto, sometiendo a más miseria, horror y espanto.
La madre y el padre de uno de los adolescentes fallecidos hace diez días en un instituto de encierro, en el partido bonaerense de La Matanza, sembraron dudas sobre la versión oficial, según la cual su hijo y otro chico se quitaron la vida, y aguardan que la fiscalía a cargo de la causa les permita acceder al expediente, en el que presuntamente consta una carta del adolescente. Estas muertes ocurrieron en medio de la polémica por la iniciativa del gobernador Daniel Scioli de bajar la edad mínima de imputabilidad y el alejamiento de la Subsecretaria de Niñez bonaerense, Martha Arriola, por su oposición al proyecto. “Ese lugar fue abierto hace poco tiempo sin las más mínimas condiciones para funcionar. Era realmente un “pozo” y hasta se comenta que no contaba con la correspondiente habilitación. No había médico, ni asistencia social, ni posibilidad de comunicación. Y para el caso de mi hijo, tampoco contaba con medios de transporte para que pudiera ser trasladado a un consultorio para continuar con su tratamiento de recuperación física”, denunciaron Mónica Perilli y José Caballero, los papás de Cristian. Este joven de 17 años estaba desde hacía dos años encontraba privado de su libertad, acusado de robo, y ya había pasado por institutos de encierro de Lomas de Zamora, Cruce Varela y La Plata. “Cuando inauguraron el Centro de Recepción de La Matanza, en la localidad de Virrey del Pino, lo trasladaron allí por disposición de la jueza de Morón, Cristina Landolfi, quien en una charla me dijo que eso era lo mejor, ya que si estaba afuera iba a terminar muerto. Entonces, ahora nos preguntamos, si encerrarlo en ese lugar era una garantía y esta claro que no. Sólo nos dijeron que se ahorcó, colgándose con una sábana, siete horas después que se suicidara otro pibe, de 16 años, que era su amigo, pero esa versión tiene muchos cosas poco claras”, contaron sus padres. “Él padecía una lesión irreversible en su brazo derecho, producto de un disparo recibido tiempo atrás. Por esa razón, no poseía movimiento alguno en dicha extremidad, en la que, de hecho, ya no contaba con fibra muscular. De todas maneras, Cristian apareció ahorcado en su celda”, afirmó su tía, Lorena Perilli. “Además, cuando nos entregaron el cuerpo vimos que tenía golpes y raspones”, agregaron los padres. El Centro de Recepción de La Matanza había sido inaugurado el 6 de septiembre pasado y albergaba a 16 chicos con distintas causas penales. Tras este episodio, la subsecretaria de Niñez y Adolescencia bonaerense, Cristina Tabolaro, ordenó su desalojo del instituto y el traslado de los chicos que se encontraban alojados a otros establecimientos de la provincia de Buenos Aires. Fuente: Periodismo Social (Diario Popular, pág. 16, 25/11/08)
Chicos y chicas de escuelas primarias, jardines de infantes, clubes, centros maternales, munidos de carteles se movilizaron por las calles de Neuquén en la octava marcha por los derechos de los niños y adolescentes que organizaron la Pastoral Social y Movimiento Ecuménico de los Derechos Humanos (MEDH), entre otras instituciones. Este año la consigna fue "¿Nos ayudás a que nuestros derechos se cumplan?" y en torno a ella se sumaron otros mensajes, plasmados en lienzos de todos los colores: "Che, paremos con la violencia": "Los chicos de los barrios del oeste también queremos que se respeten nuestros derechos"; "Juguemos que nos hacen muy felices", fueron otras de las consignas de las pancartas. Moreno. Una caravana de tres cuadras de chicos y chicas pasó por el Barrio Lomas de Moreno, en provincia de Buenos Aires, para reclamar que se cumplan sus derechos, “que sólo están en los papeles”, y rechazar el endurecimiento de la legislación penal juvenil impulsado por el gobierno bonaerense, el mismo día en que se cumplieron 19 años desde que la ONU firmara la Convención sobre los Derechos del Niño. Los cartelitos de los pibes de Chicos del Sur, una organización de Fiorito, Lomas de Zamora, eran elocuentes: “Ropa digna”, “Que no me mate la desnutrición” y “Queremos alimentarnos bien”. “Es una locura bajar la edad de imputabilidad, no se soluciona nada. Ya sabemos lo que pasa con los pibes que caen en los institutos, donde caen en el individualismo de tener que robar una zapatilla o comida. La solución es que ellos vean que sus papás salen de su casa con ropa de trabajo”, graficó Aluminé, del hogar Ruca Hueney, una organización de General Rodríguez miembro del Movimiento Nacional de los Chicos del Pueblo. Río Negro. Los derechos de los niños que menos se respetan "son los relacionados con el cuerpo" y con "la discriminación", y es en la escuela donde mayormente se advierte este tipo de situaciones, de acuerdo con un relevamiento realizado en 2007 por la Comisión de Niñez del Observatorio de Derechos Humanos de Río Negro entre más de 200 niños y dado a conocer ayer en la inauguración de las Jornadas de Buenas Prácticas en Niñez, Adolescencia y Familia.
Una vecina de la zona sur de La Plata capturó con su celular cómo la Policía local detenía y golpeaba en la calle a tres chicos sospechosos de un delito que no habían cometido. El video de la golpiza fue llevado a la Justicia como prueba de la denuncia realizada y para identificar a los culpables. Los tres adolescentes estaban desayunando el domingo a la mañana en la calle, luego de salir de un boliche, y fueron interceptados por policías que los acusaron de un robo que sufrió un agente de la Comisaría 5ta. “Los policías nos subieron al patrullero a los empujones y nos dijeron que habíamos cometido un robo en Moreno y Gálvez (a 10 cuadras del lugar donde los apresaron). Pero cuando llegamos a Dorrego y Saavedra nos bajaron del auto, nos tiraron al piso y nos empezaron a pegar", denunció uno de los chicos, de 15 años. Cuando el padre de uno de los adolescentes fue a buscarlo a la comisaría, los efectivos cambiaron el discurso. "Tu pibe no tiene nada que ver con el robo", admitieron. (La Capital – Santa Fe, edición digital, 21/11/08)
"No hay chicos delincuentes en las familias más pobres del país"
Lo asegura Norberto Cosacov, psicólogo y perito judicial, autor del trabajo más completo que se haya realizado sobre menores que delinquen. Una verdadera radiografía de los "pibes chorros". Jorge Camarasa, desde Córdoba.
En un país donde el problema cada vez más grave de la delincuencia juvenil se discute sin estadísticas ni estudios serios, sino por aproximación, por sensacion térmica o prejuicios ideológicos, el doctor Norberto Eduardo Cosacov tiene el mérito de haber hecho el relevamiento más completo y detallado que se conozca en esta materia. Un equipo de profesionales a su cargo indagó sobre las características personales, familiares, socioculturales y psicológicas de chicos cuyas edades iban desde los 10 a los 19 años. Algo así como una “radiografía de los pibes chorros”. Entre los resultados sorprendentes (ver infografía) hay uno que sobresale: los menores no pertenecen a los márgenes más humildes de la sociedad, lo que sociológicamente se conoce como “indigentes” (menos de 570 pesos mensuales) sino a la franja que va desde la pobreza hasta la clase media baja (ingresos de 600 pesos a 2.500), tal como publicó Crítica de la Argentina en su tapa de ayer. “Es así, no hay delincuencia por debajo de la última línea de pobreza, en las familias más pobres. Tal vez tenga que ver con la necesitad de una infraestructura básica para delinquir. Hace falta una moto para escapar, un lugar donde ocultar el botín, una cobertura para usar como coartada”, explica este psicólogo de 54 años, 25 de ellos como perito judicial y los últimos 12 con trabajo específico en el Equipo Técnico de Menores.
–Su trabajo se basa en entrevistas con 108 menores que pasaron por los cuatro juzgados correccionales de Córdoba. ¿Por qué sostiene que esta estadística provincial puede proyectarse a nivel nacional?
–Porque las variables arrojadas por la encuesta en Córdoba se corresponden a las obtenidas en todas las grandes ciudades del país, sus líneas más generales son aplicables y válidas para zonas como el conurbano bonaerense, Rosario o Mendoza. Son comunes la procedencia social de los menores, sus valores, las características del entorno familiar, los botines obtenidos en los robos y su utilización por los chicos. Puede haber pequeños matices que no invalidan el paralelo. Por ejemplo, en Córdoba, no se registran niveles de consumo de paco, pero siempre pasa que las drogas llegan primero al conurbano y luego se extienden al resto del país.
–¿Cuáles son los motivos que encontró en los chicos para delinquir?
–Sobre todo, la falta de perspectivas y de movilidad social. Están anclados a ese entorno y les resulta muy difícil salir. En la mayoría de los casos, la necesidad de consumir los empuja a robar: quieren comprarse zapatillas o jeans de marca, que para ellos es una forma de integrar grupos a los que por origen social no pertenecen. –¿Hay contención familiar?
–En general, las familias no apañan el delito, no los mandan a robar, como se cree generalmente. Pero tampoco se hacen cargo de la situación, y las conductas delictivas se adjudican a las “malas juntas”. Una de las conclusiones es que a la mayoría de los chicos delincuentes los educaron sus hermanos. Casi todos ellos provienen de familias numerosas, donde los padres no pueden ocuparse, y los hermanos mayores van criando a los más chicos. Eso se corresponde con un dato que arrojó esta encuesta: cuando hay antecedentes penales en la familia, en el 61% de los casos ese antecedente lo tiene un hermano mayor. –¿Y que manifiestan los jóvenes con respecto a ese entorno donde están anclados?
–La mayoría dice que quisiera irse de sus hogares para sustraerse a su medio barrial antes que al familiar. –¿Cuál es el origen del problema?
–Hay datos predictivos que figuran en cualquier bibliografía: cuando aumenta la inflación y la desocupación, aumenta el delito. Lo que no se sabe científicamente es qué pasa cuando esas variables disminuyen. Y después está el problema de las víctimas, porque los mismos pobres son los blancos principales. Y son los que tienen posiciones más duras, los que reclaman hasta la pena de muerte. –¿Cómo se soluciona?
–Aplicando la ley sin modificarla. Aplicándola con convicción, porque existe la ingeniería jurídica necesaria, pero los jueces no la usan. Los chicos tienen que estar más tiempo detenidos, porque si no van a empezar a aparecer los escuadrones de la muerte.
–¿Qué punto o detalle que no se traduzca en un número lo sorprendió de las respuestas de los menores?
–El nivel de racismo y de fragmentación social. El racismo era palpable en sus comentarios y vocabulario, siendo sensibles no sólo al color de la piel sino también a tener un apellido de origen italiano o criollo, es decir, español. La fragmentación se da en la inclinación a los grupos antagónicos por trivialidades tales como la hinchada de un equipo de futbol, vivir en un barrio y no otro, o ser fan de grupos musicales distintos. –¿Imaginan un proyecto de vida para ellos?
–Sin caer en generalizaciones, es notable que la mayoría de las respuestas coincidentes manifiestan el sueño de poner un maxikiosco para ayudar a su familia.
Fuente: Crítica digital
Siete de diez dicen que roban para salir o comprar ropa. El 51% dijo que no salió a robar drogado y el 33% asegura que sufrió maltrato infantil. Jorge Lanata.
El Instituto Dr. Luis Agote, el Agote, aloja a 38 chicos entre 18 y 20 años. Nahuel Gallota coordina allí un taller de periodismo deportivo. Un día les preguntó qué querrían hacer si pudieran tener una noche libre, o una vida libre:
–Tener un hijo, llamarlo Taiel, llevarlo a Disney y llevarlo siempre a McDonald’s en una 4 x 4 –le dijo Pedro, de la Isla Maciel. –¿Y tu noche ideal? –Quiero llevar a mi novia al McDonald’s. –Yo quiero ir con mi novia a comer, después ir a bailar a Rimbo o Mónica con mis amigos, y tomar New Age de durazno –respondió Daniel. –Salir con mi chica –dijo Juan–, después llevarla en un 206 a la casa, dejarla, darle un beso y que me diga que pasó una linda noche.
Todos contaron cómo les gusta comprarse ropa. La mayoría ya están casados, y tienen más de un hijo. Otros soñaron su noche perfecta con Nazarena Vélez o Luisana Lopilato.
La mayoría está condenada por robo y tentativa de homicidio, y algunos pasaron de la tentativa al hecho. Sus “vidas libres” son un sueño vano. Creen que la felicidad se aloja en un Big Mac, un beso, un 206, un trago, una noche perfecta que nunca termina de pasar. ¿No fuimos nosotros, los adultos, quienes les vendimos esos sueños? Matan porque los matan: saben que sus vidas no valen nada e intuyen que las de los demás tampoco. Matar es un flash, una película que sucede en otro lado al que se entra y sale, una pesadilla de puerta giratoria. A ellos no les importa; a nosotros no nos importan ellos, al Sistema no le importan ni ellos ni nosotros, y así. La historia que sigue, en realidad, habla de los adultos todo el tiempo.
LA NARANJA MECÁNICA. El mismo jefe de la Policía Bonaerense que hace un par de años sostuvo la inexistencia del “paco” asegura ahora que “según estadísticas de su fuerza” (?) “los menores cometen un millón de delitos graves por año”. “Tampoco registra la Corte, en los últimos siete años, un alza considerable del delito a cargo de menores, sino que la tendencia fluctuó: en 2000 se iniciaron 23.105 expedientes, en 2006 subió a 31.602 causas, hasta llegar a las 29.371 del año pasado.”
En octubre último Unicef, el Ministerio de Desarrollo Social y la Universidad Nacional de Tres de Febrero presentaron un estudio nacional sobre la cantidad de menores “en conflicto con la ley”, en base a datos de diciembre de 2007: hay 6.294 jóvenes en institutos por orden judicial, el 30% del total está en establecimientos cerrados o semicerrados y el 70% en programas alternativos que no implican privación de la libertad. Hay 11 varones por cada mujer alojada, y el 90% de los chicos “institucionalizados” son hombres.
Como puede observarse en los cuadros que acompañan esta nota (ver edición impresa), la mayoría está preso por robo, y en el 38% de los casos se trata de delitos contra la propiedad sin armas.
Hay en el país 119 establecimientos de privación de la libertad de menores, treinta y nueve de ellos contradicen la Convención de los Derechos del Niño, permitiendo el encierro mayor de 72 horas en comisarías o cárceles de adultos. Se les imparte entre dos a cuatro horas diarias de educación primaria y de dos a cinco de secundaria, y el 40% de los establecimientos tienen talleres de capacitación en oficios.
Las penas para menores están reguladas por dos decretos ley de la dictadura, el 22.278 y el 22.803, que dividen a los adolescentes en dos grupos:
–Menores de 16 años: no son punibles, pero pueden terminar en un instituto por decisión del juez. No se los juzga ni castiga por el delito, sino que se les abre un “expediente tutelar”. El chico es considerado un “incapaz” y el juez asume su tutela. Las categorías del decreto son ambiguas: se habla de “menores en situación de riesgo”, “en peligro moral o material” o en “circunstancias especialmente difíciles”, con lo que se termina equiparando al menor abandonado con el menor delincuente.
–Entre 16 y 18 años: son punibles con restricciones. Se instruye una investigación sobre el delito, pero el chico no cumple condena hasta ser mayor de edad. Es en ese momento cuando el juez decide si la pena se aplica y el chico pasa a una cárcel de adultos.
–Con esta ley se abre la posibilidad a la intervención judicial más discrecional que hay –le dijo a Crítica de la Argentina Laura Musa, a cargo de la Asesoría General Tutelar de la Ciudad–. El chico puede estar encerrado en un instituto tanto tiempo como le plazca al juez. Para colmo, hay mecanismos que facilitan la fuga, necesitan ingresar chicos todo el tiempo. EL CALVARIO DE LOS GÓMEZ. En 2002 la familia Gómez, de La Boca, luchaba por sobrevivir a la crisis. El padre, miembro de la clase media caída al precipicio, terminó cartoneando mientras la madre cuidaba a cuatro de sus seis hijos: una nena de cinco y tres varones de seis, quince y dieciséis. Los otros dos hijos de la pareja ya tenían más de veinte años y vida propia lejos de la casa. La señora de Gómez se dejó tragar por un pozo depresivo y casi no se levantaba de la cama. Dejó de mandar sus chicos al colegio, y la escuela formuló una denuncia por abandono de los dos más pequeños. Personal judicial llegó a la casa para hacer una “inspección socioambiental”: informaron la presencia de “olor nauseabundo” (los Gómez acumulaban allí algunos cartones que después vendían) y señalaron que la madre “seguía estando en camisón al mediodía”. “La mujer no materna apropiadamente”, concluyeron. Los dos hijos menores terminaron en un instituto y la crisis emocional de la señora de Gómez empeoró. El nene de quince, en una de las visitas, le pegó a un funcionario judicial. Lo enviaron a un instituto. El mayor, al poco tiempo, se involucró en un robo y también terminó internado. La mala suerte les cayó encima como un alud; en menos de ocho meses los cuatro hijos fueron a parar a un instituto: los dos más chicos en el Alvear y los otros en el Belgrano y el San Martín. Finalmente una de las hermanas mayores, cuatro años más tarde, logró concluir los trámites de adopción de sus hermanos, que no volverían a ser restituidos a su madre. El hermano mayor hoy está preso por robo en una cárcel de adultos.
Mirta Ravera Godoy, jueza del Tribunal Oral 5 de San Isidro, fue testigo de una fuga inducida por el propio centro de detención: la de un chico de 14 años acusado de violación. El menor fue detenido y llevado a un instituto cerrado. Al tiempo, sin notificarle al juzgado, lo trasladan a un centro de régimen abierto del que se fugó. El pasado 4 de enero el chico volvió a entrar a una casa, robó y atacó sexualmente a una mujer. Detenido de nuevo, el chico relató ante la jueza que en el centro de detención le habían sugerido que se fuera.
Raquel Robles, una de las fundadoras de HIJOS, especialista en chicos en riesgo y directora del Instituto de Menores San Martín, que aloja chicos entre 13 y 15 años comentó a este diario el caso de Diego, un chico de La Matanza que está en situación de calle en Capital, entró por primera vez a los 13 años, ahora tiene 15 y ya tuvo treinta ingresos al instituto.
–Lo que me parece es que los chicos tienen una falta de infancia muy profunda –señaló Raquel– y me parece mal que el Estado los trate como si fueran adultos o jóvenes de más edad, que es lo que pasaría si bajan la edad de imputabilidad. Eso no ayuda a restituirles infancia. Eso no significa que el Estado no accione, tiene que poder tener una intervención de los chicos antes de que transgredan.
EL INFORME COSACOV. El perito del Equipo Técnico de Menores del Poder Judicial y docente de la Universidad de Córdoba Norberto Cosacov realizó un pormenorizado estudio sobre los menores que pasaron por los juzgados correccionales de su provincia entre 2006 y 2007. Según Cosacov “las variantes arrojadas en la encuesta de Córdoba se corresponden a las obtenidas en todas las grandes ciudades del país”. El estudio muestra que la mayoría de los jóvenes que delinquen no provienen de hogares indigentes (esto es con ingresos inferiores a $570 mensuales para cuatro personas), sino de hogares pobres y de clase media baja, con ingresos por hogar entre 500 y 2.500 pesos mensuales. Siete de cada diez afirman que no roban para comprar drogas sino ropa y calzado de lujo, financiar salidas y entretenimientos; la mayor parte de los encuestados sostiene que querría irse del barrio que habita, y su sueño más reiterado es el de “poner un maxikiosco”. El 34% admite consumir regularmente alcohol, el 21% marihuana, el 18% pastillas mezcladas con alcohol, el 14% pegamento y el 7% cocaína. El 51% dijo que no salió a robar drogado. El 33% dijo haber sufrido maltrato infantil y el 40% no quiso responder a esa pregunta.
La mitad de los jóvenes entrevistados no supo qué contestar cuando se le preguntó qué harían, de ser jueces, con un caso como el suyo. El 16% dijo que “lo dejaría libre” y el 19% optó por “darle otra oportunidad”. Ninguno de ellos usaba piercing o se teñía el pelo, pero la gran mayoría exhibía sus tatuajes como símbolo de pertenencia y expresaban, tanto en su vocabulario como en los comentarios, un fuerte nivel de racismo. (Investigación: Jorge Lanata / Jorge Camarasa (Desde Córdoba) / Luciana Geuna / Jesica Bossi)
Los legisladores Miguel Ángel Iturrieta y Fabiola Bianco, hablan de un “vació legal” en nuestro ordenamiento jurídico “la entrega de un menor de edad a cambio de una retribución o beneficio no se encuentra en nuestro Código Penal” explica la diputada Bianco.
“El eje central de esta modificación es incluir la mal llamada "compra-venta" de bebes, y decimos mal llamada, porque claramente no podemos otorgarle entidad jurídica a esta conducta; los niños y niñas no son una cosa, no es un bien de propiedad de sus padres, no es un bien transable. Por ello creemos que es fundamental que esta conducta se encuentre tipificada en el Código Penal como un delito. Se trata de alterar la identidad del menor a cambio de una remuneración o un beneficio cualquiera”, comentó Bianco.
“Es así que proponemos que se incluya en el Código Penal un nuevo artículo dentro del Capítulo que establece los delitos contra el estado civil y la identidad, en el cual se fija una pena de dos a ocho años para aquellas personas que entreguen a un menor de edad a cambio de remuneración u otro beneficio, con la finalidad de establecer un vínculo análogo al de filiación”, fundamentan en el proyecto, los diputados Renovadores Miguel Iturrieta y Fabiola Bianco.
Organizaciones de defensa de los derechos de los niños, la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), Abuelas de Plaza de Mayo, organismos de derechos humanos y partidos políticos convocaron hoy a una marcha hacia la Casa de la provincia de Buenos Aires, en capital federal, para manifestarse en contra del proyecto que impulsa el gobierno bonaerense para bajar la edad de imputabilidad. La movilización se hará con la consigna "Scioli: los niños, niñas y jóvenes no somos peligrosos, estamos en peligro". En tanto, para mañana, miércoles, a las 10.30, está convocada otra movilización desde la República de los Niños hacia la gobernación bonaerense, organizada por el Foro por los derecho de Niñez, la Adolescencia y la Juventud local, para reiterar su reclamo por una Asignación Universal por hijo y la aplicación efectiva de las leyes leyes 13.298 y 13.634, y expresar su rechazo al proyecto oficial para bajar la edad en la que los niños puedan ser imputados penalmente. (El Día – Buenos Aires, edición digital, 11/11/08)
Un juez dio 10 días para abrir un albergue para chicos en situación de calle Un juez platense dio un plazo de diez días para que el gobierno de la provincia de Buenos Aires y la Municipalidad de La Plata adopten las medidas necesarias para el funcionamiento de un "parador" que funcione las 24 horas y brinde a los chicos en situación de calle -en particular, al grupo que prácticamente vive en la Plaza San Martín-, "cobertura básica de alimento, higiene, descanso, recreación y contención".
Además, el juez del fuero contencioso administrativo Luis Arias -el mismo que hace unos días ordenó a la Policía de la Región abstenerse de demorar a personas menores de edad por averiguación de antecedentes- dispuso que los gobiernos tienen veinte días para habilitar un servicio hospitalario especial para chicos en riesgo y otros cinco días para ampliar el Servicio de Atención Telefónica para la recepción de denuncias por vulneración de derechos de niños y niñas y el plantel de Operadores de Calle. “
Las medidas fueron ordenadas en el marco de una demanda iniciada por las madres de dos chicos del grupo que vive desde hace un año en la plaza ubicada frente a la Gobernación y representantes de organizaciones sociales.
El juez describió que esos chicos "viven y duermen en la calle, salvo momentos excepcionales en los que regresan a dormir a su antigua casa por unos días" y señaló que "no concurren a la escuela; están subalimentados o mal alimentados; su salud es precaria y cargan con innumerables afecciones, algunas de ellas crónicas cuyos tratamientos han abandonado; tienen conflictos con la ley penal; algunos han sufrido abuso sexual infantil por parte de las personas encargadas de su cuidado; y tienen serios problemas de adicciones: inhalan pegamento y nafta; consumen cocaína, marihuana y paco".
Además, dijo que tienen "serios problemas de adicciones: inhalan pegamento y nafta; consumen cocaína, marihuana y paco" y denunció que esa situación "evidencia la falta de control, o su escasa eficiencia, de parte de los órganos estatales competentes, sobre la distribución, comercialización y/o facilitación del consumo de alcohol, estupefacientes, sustancias psicotrópicas y otros productos químicos nocivos para los menores de edad".
(El Día – Buenos Aires, edición digital, 11/11/08)
Califican de catástrofe la situación de los menores
Por Pablo Morosi - La Nación - Corresponsalía La Plata
LA PLATA.- "Con la estructura actual no estamos en condiciones de enfrentar la catástrofe social que soportan nuestros pibes", admitió la subsecretaria de Niñez y Adolescencia del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia de Buenos Aires, Martha Arriola. En una entrevista con La Nacion, discrepó con el gobernador Daniel Scioli, que propone bajar la edad de imputabilidad de los menores, y no ahorró críticas a los ministerios provinciales de Seguridad y de Salud.
Arriola reconoció que en su dependencia se tomaron medidas de traslado y liberación de menores sin la correspondiente autorización judicial. Por esos hechos, la Suprema Corte de Justicia bonaerense manifestó la semana pasada su "profunda preocupación".
La subsecretaria explicó que esas medidas fueron producto de "un proceso de transición en el que se producen confusiones". Y consideró que es necesario dictar la emergencia en materia de niñez y adolescencia, crear un ente autárquico que dependa directamente del gobernador y triplicar el presupuesto asignado al área.
Dijo que ni ella ni el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, supieron transmitir a Scioli "la hondura de las dificultades de la gestión" ni la propuesta para afrontar la emergencia. Además, cuestionó al Ministerio de Seguridad, al que le atribuye haber difundido datos erróneos sobre la delincuencia juvenil, y al Ministerio de Salud, por no colaborar con la asistencia a jóvenes drogadependientes. Ante una pregunta de LA NACION, Arroyo dijo que "la cuestión no es de autonomía sí o no, sino el fortalecimiento de los recursos", y que el presupuesto del área de niñez y adolescencia pasará el año próximo de 190 a 290 millones de pesos.
Por su parte, la subsecretaria de Atención de las Adicciones del Ministerio de Seguridad provincial, María Gabriela García, negó que en los hospitales bonaerenses se dificulte la atención de menores intoxicados.
LA NACION quiso conocer también la reacción del jefe de la policía bonaerense, Daniel Salcedo, sobre los dichos de Arriola, pero el jefe policial rehusó referirse a ese tema.
* * *
-Hace unos días, la Corte provincial denunció que funcionarios de su área habían liberado a menores sin consultar a los jueces...
-La entrada en vigor de la ley provincial de promoción de los derechos del niño se encuentra en transición para su efectiva puesta en marcha. Hubo errores. Como en toda transición, se producen confusiones y distintas interpretaciones de la norma. En realidad hubo sólo 20 casos de ese tipo que fueron resueltos. Los jueces reaccionaron de diferente manera: algunos comprendieron, otros denunciaron. Nosotros no estamos para pelearnos con nadie sino para ayudar a los chicos y cumplir con lo que indiquen los magistrados. Es algo superado.
- Otro planteo de los jueces de menores fue por la falta de recursos y de vacantes en institutos.
-Al poco tiempo de asumir advertimos que estábamos frente a una situación de emergencia, un problema de enorme magnitud que no es de este gobierno, sino que lleva décadas. Además, heredamos un presupuesto insuficiente. Lo digo y me hago cargo por los pibes, que son los que soportan verdaderamente todo esto. Pronto llegamos a la conclusión de que, con la estructura actual, no estamos en condiciones de enfrentar la catástrofe social que soportan nuestros pibes y que es necesario dictar la emergencia en materia de niñez y adolescencia, y crear un ente autárquico que dependa directamente del gobernador, además de triplicar el presupuesto del área.
-Si están convencidos de que esas medidas aportarán soluciones, ¿por qué no las instrumentaron?
-Yo elaboré una propuesta y se la elevé al ministro Arroyo, pero quedó ahí. Creo que no le llegó nunca al gobernador. Debimos haber generado suficiente presencia y fuerza para incidir en el tema. No logramos llevar al gabinete la hondura del problema y quedamos desdibujados. En esto somos responsables tanto yo como el ministro. Ninguno logró alcanzar la estatura suficiente ante la dimensión del problema.
-¿Pensó en dejar su cargo?
-Yo estoy como siempre, con todas las pilas. Pese a todos los problemas de los que hablábamos, hemos hecho cosas: hemos puesto un piso, una estructura. Atendimos unos 80.000 casos y establecimos los centros zonales.
-¿Qué opina de la propuesta de bajar la edad de imputabilidad?
-La inseguridad que vivimos no se resuelve criminalizando a los chicos. Es sólo mirar una porción mínima del problema que en el fondo es la desigualdad, la exclusión, la destrucción de la familia. Tenemos una ley de avanzada para trabajar. Habría que profundizar su aplicación para luego pensar en nuevos ajustes. Debemos reconstruir la acción integral del Estado. Es necesario conseguir que, desde el Ministerio de Salud, haya más receptividad cuando llevamos a un pibe intoxicado por la droga. Es preciso que la policía no brinde cifras irresponsablemente, que sólo sirven para que la gente vea a los chicos como peligrosos. La semana en que el jefe de policía [Daniel Salcedo] informó erróneamente que había un millón de delitos cometidos por menores creció fuertemente la presión para internarlos.
-¿Scioli la consultó antes de lanzar su propuesta de bajar la edad para penar a los menores?
-Yo le transmití mi posición al ministro Arroyo y supongo que él se la llevó al gobernador.
-¿Sirve el esquema actual de institutos? La mayoría de los especialistas coincide en que los chicos salen peor de lo que entraron.
-Son necesarias nuevas respuestas. Así como está y frente a esta catástrofe social, el área no puede darlas adecuadamente. La nueva ley se sobrepone a esa situación. De todas formas, es necesario hacer grandes cambios.
"Pronto llegamos a la conclusión de que, con la estructura actual, no estamos en condiciones de enfrentar la catástrofe social que soportan nuestros pibes; hay que dictar la emergencia en niñez y adolescencia, y triplicar el presupuesto del área"
“Empezamos a hablar de los pibes cuando el pibe aparece armado y comete un delito, y mientras tanto tenemos cientos de miles de pibes en una situación crítica y tenemos que ir por ellos, no cuando la situación se transformó en una situación punible, porque ahí ya perdimos el partido”, expresó la subsecretaria de Niñez y Adolescencia de la provincia de Buenos Aires, Martha Arriola. La funcionaria del gobierno de Daniel Scioli, uno de los principales impulsores por estos días de la baja en la edad mínima de imputabildad, señaló que incluso “juristas prestigiosos” toman en cuenta esta posibilidad enmarcada “en un debido proceso”. No obstante, planteó: “Otra parte de la comunidad planteamos que el tema es mucho más profundo, que no se trata de bajar la edad de imputabilidad sino de trabajar para recuperar una vida digna”. “Tenemos una ley muy importante, la 13.298, que es la ley marco, el sistema de promoción y protección de los derechos de los pibes que plantea la intervención de todas las áreas para hacerle frente al problema de educación, de salud, prevé la creación de servicios zonales... Avanzamos mucho en la consolidación del sistema, aun con escasos recursos. Cada municipio que hace su adhesión explícita a la ley 13.298, se hace responsable de armar una estructura en el territorio del municipio para tener en cada barrio un servicio que articule con el servicio zonal, para trabajar todas las causas que antes eran judicializables. La gran novedad que trae la 13.298 es que no judicializa más la pobreza”, explicó Arriola. “Este año se asistieron más de 80 mil casos, y los tres motivos predominantes fueron maltrato infantil, abuso sexual infantil, y negligencia de los adultos en el tratamiento de los pibes”, resumió. Para Arriola, "entramos en el tema de los pibes mal. Entramos por la arista del delito, entonces planteamos como primera respuesta la baja en la edad de imputabilidad. Mal. Con qué liviandad el jefe de policía Daniel Salcedo sale a decir que los chicos cometen 1 millón de delitos por año”. Además, opinó que “la subsecretaría tiene que tener un instituto autárquico, que pueda disponer de su propio presupuesto y que pueda distribuir los empleados que ahora están burocráticamente concentrados. Se cambió la ley, pero no la estructura de un Estado burocrático que como está no puede dar respuestas rápidas”. En este sentido, advirtió: “Con la estructura actual, no estamos en condiciones de enfrentar la catástrofe social que soportan nuestros pibes y que es necesario dictar la emergencia en materia de niñez y adolescencia, y crear un ente autárquico que dependa directamente del gobernador, además de triplicar el presupuesto del área”. Según un informe oficial, la acción de la Subsecretaría de Niñez y Adolescencia bonaerense alcanza a un total de 250.000 chicos, apenas un cuarto de los que el propio gobierno reconoce en situación de vulnerabilidad social. Además, se admiten las deficientes condiciones de internación, la necesidad de reforzar el trabajo de educación y socialización de los menores y se destaca la estigmatización que implica para los chicos el paso por un instituto. El esquema para abordar esta problemática es el de Promoción y Protección Integral de los Derechos del Niño, ley que incorporó el subsistema de responsabilidad penal juvenil, sancionado hace casi dos años y que entró en vigor, sólo en forma parcial, en julio pasado. La ley dispone que el mes próximo debe ser completado. El fuero penal juvenil funciona ahora en menos de la mitad de los 134 distritos de la provincia. La defensa de Scioli. El gobernador bonaerense, Daniel Scioli, volvió a defender las iniciativas para bajar la edad mínima de imputabilidad, después de que la ministra de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Carmen Argibay, considerara “absurda” tal medida. “Dentro de poco van a meter presos a nenes de tres años de jardín de infantes por pegarle a un compañerito con una pelota en el pelotero”, había declarado la magistrada, tras lo que Scioli sostuvo: “No hay que ideologizar el debate sobre la inseguridad. Todos los sectores deberían respaldar” la iniciativa. El gobernador, además, aseguró que “las villas son como aguantaderos, lugares de alta peligrosidad, porque salen a robar y vuelven al lugar. En muchos casos no hay que generalizar, porque allí vive también gente que, por una razón u otra, no tiene la casa que quisiera”. Al respecto, el sociólogo Alberto Morlachetti, de la Fundación ‘Pelota de Trapo’, recordó que “las personas realmente peligrosas para este país no viven en la villa. Hoy el paco es un problema muy grave, pero los chicos que lo consumen no lo fabrican y los que se lo ponen en la mano tampoco son de la villa”. Corte. La Corte Suprema comunicó el viernes (7/11) su “profunda preocupación” porque funcionarios provinciales estarían liberando a chicos presos sin avisarles a los jueces. Le envió una nota al gobernador Scioli donde le exige una solución y más fondos para los institutos. “Es competencia exclusiva del Poder Judicial la adopción, modificación o extinción de medidas de coerción personal (detención) previstas en material de responsabilidad penal juvenil", argumentó el alto tribunal. Arriola se refirió a esta nota: “Nos pega y en parte tiene razón y en parte no. Rescatemos a los pibes antes de que delincan, pero mientras, los que ya cometieron un delito que se responsabilicen, que aprendan que se deben responsabilizar, pero con su debido proceso”. Asimismo, subrayó:“Había situaciones de chicos presos y sin dictarles prisión preventiva desde hacía tres años. La situación es ilegal”.
Periodismo Social: (Páginal12, pág. 12 - Horacio Cecchi; La Nación, pág. 1 - Pablo Morosi - 10/11/08; Noticia ampliamente tratada por los medios - 9 y 10/11/08)
El fuero de Responsabilidad Penal Juvenil debería estar implementado en su totalidad antes del 1º de diciembre. Sin embargo, el gobierno de la provincia de Buenos Aires no podría cumplir con los plazos fijados por la Suprema Corte de Justicia y llegaría a esa fecha con la mitad de los departamentos judiciales sin el nuevo sistema de minoridad en marcha. La Corte 'retó' dos veces este año al gobierno bonaerense por las demoras en la implementación del nuevo sistema. Las complicaciones del gobierno provincial para instrumentar el nuevo fuero de Responsabilidad Penal Juvenil arrancaron el año pasado, cuando el sistema, de acuerdo a lo que disponía la ley, debía entrar en vigencia. Ante la imposibilidad de contar con los medios -recursos económicos y humanos e infraestructura- para cumplir con ese plazo, la Legislatura aprobó una prórroga hasta mediados de 2008. Pero los problemas no desaparecieron. Por eso, la Corte resolvió fijar un "cronograma tentativo" para la puesta en marcha del nuevo sistema en forma gradual, en tres etapas. Así, se dispuso que el fuero arrancaría "antes del 15 de julio" en los departamentos judiciales de La Plata, San Martín, Quilmes, Necochea y Trenque Lauquen. En tanto, "durante los meses de agosto y septiembre", el fuero juvenil debía implementarse en los departamentos judiciales de Azul, Mercedes, Pergamino, San Nicolás, Bahía Blanca, Dolores, Junín, La Matanza, Morón y Zárate-Campana. La tercera etapa del cronograma fijado por la Corte preveía que "durante los meses de octubre y noviembre" se pusiera en funcionamiento en Lomas de Zamora, Mar del Plata y San Isidro. Sin embargo, a pesar del tiempo transcurrido, el gobierno provincial no pudo completar ninguna de las dos primeras etapas y se encamina a incumplir con el plazo fijado para poner en marcha la tercera. En el caso de la primera etapa, aún resta implementar el fuero de Responsabilidad Penal Juvenil en Trenque Lauquen, mientras que en la segunda el panorama es mucho más complicado, ya que todavía no se pudo poner en marcha en Bahía Blanca, Dolores, Junín, La Matanza, Morón y Zárate-Campana.
Periodismo Social: (El Día – Buenos Aires, 10/11/08 – edición digital)
Una ayuda que llega a sólo el 25%
En total, casi un millón de chicos se encuentra en riesgo social
LA PLATA.- Según un informe oficial al que tuvo acceso LA NACION, la acción de la Subsecretaría de Niñez y Adolescencia bonaerense, conducida por Martha Arriola, alcanza a un total de 250.000 chicos, apenas un cuarto de los que el propio gobierno reconoce en problemas.
Es que en la provincia, según una estimación del ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, hay un millón de chicos en situación de vulnerabilidad y riesgo social debido a los efectos de la exclusión y de la marginalidad que soportan. Además, unos 400.000 jóvenes, de entre 14 y 20 años no estudian ni tienen trabajo.
El esquema para abordar esta problemática es el de Promoción y Protección Integral de los Derechos del Niño, ley que incorporó el subsistema de responsabilidad penal juvenil, sancionado hace casi dos años y que entró en vigor, sólo en forma parcial, en julio pasado. La ley dispone que el mes próximo debe ser completado.
El fuero penal juvenil funciona en menos de la mitad de los 134 distritos de la provincia. En algunos de los 61 distritos que lo instrumentaron, que se corresponden con ocho de los 18 departamentos judiciales -Necochea, Azul, La Plata, Quilmes, San Martín, Mercedes, San Nicolás y Pergamino- no se ha logrado aún su aplicación completa y efectiva.
Infraestructura
En materia de infraestructura, la provincia posee 851 plazas para menores acusados o condenados por delitos y que, según disposición judicial, requieren medidas de encierro. Esos lugares se distribuyen en ocho centros de régimen cerrado, 17 de contención y tres centros de recepción. A ello se suman los 19 centros de referencia donde se aplican medidas alternativas a la privación de la libertad.
Además, hay 770 plazas en clínicas psiquiátricas y comunidades terapéuticas, y 5000 chicos alojados en instituciones por convenio. Así, viendo los casos de protección y restitución de derechos a los niños y las causas penales, el sistema atiende en forma directa a unos 16.000 chicos y, según informaron oficialmente, "se están incorporando otros 15.000 más".
Los centros zonales y locales atienden los problemas asistenciales. Se estima que este año darán tratamiento a unos 120.000 casos. También existen los centros de día que articulan medidas para unos 10.000 chicos.
En un informe de la dependencia conducida por Arriola, se admiten las deficientes condiciones de internación, la necesidad de reforzar el trabajo de educación y socialización de los menores y se descata la estigmatización que implica para los chicos el paso por un instituto.
Según el citado trabajo, hay actualmente 522 adolescentes alojados en institutos cerrados y otros 1838 chicos cumplen medidas alternativas a la privación de la libertad. La mayor parte de los casos penales responden a robos y hurtos. En lo que respecta a delitos graves (homicidio, violación, secuestro), sólo ingresa el 3 por ciento de los menores.
En tanto, entre los expedientes asistenciales, donde los niños son víctimas, sobresalen las causas por violencia física, adicciones y abusos sexuales.
El tercer lugar fue para Hartmut Schwarzbach, un fotógrafo el alemán que captó a una niña malnutrida, Annalyn, saltando arriba de un sillón, cerca de su hogar en Manila.
Alojan a chicos alejados de sus afectos - Lunes 3 de noviembre de 2008
Por Cynthia Palacios - De la Redacción de LA NACION
Cuando mañana se inaugure oficialmente la cuarta aldea en nuestro país, decenas de chicos habrán conseguido lo que tanto necesitaban: vivir en familia.
Porque la apertura formal de la aldea de Luján es ni más ni menos que la posibilidad para muchos niños de recuperar el clima familiar. Ya existen en Oberá, Misiones; en Córdoba y en Mar del Plata, así como en 132 países: hay 1766 Aldeas Infantiles SOS dispuestas a recibir a los chicos que buscan una casa donde crecer en paz.
Esta organización internacional, que desembarcó en nuestro país hace más de 28 años, brinda un modelo de atención familiar a miles de chicos que, por distintos motivos, no pueden vivir con sus familias de origen. En Argentina, cerca de 300 chicos viven en las cuatro aldeas.
No importa en qué idioma se hable, la filosofía es la misma en cualquier latitud: basadas en la Convención de los Derechos del Niño, buscan el mejor camino para cada chico. La inauguración oficial contará con la presencia del presidente de Aldeas Infantiles SOS Internacional, el doctor, Helmut Kutin.
Y para asegurarles esa oportunidad de crecer con amor, respeto y seguridad, las aldeas están formadas por pequeñas "familias", donde menos de diez chicos conviven con una mujer cuidadora. Sin demasiada formalidad por el cargo, todos los chicos las llaman "tías". Se trata de un modelo de acogimiento en el que se favorece los vínculos entre los chicos y que asegura que los hermanos biológicos se mantengan juntos.
Ofrecen algo que muchas familias no están en condiciones de dar: una relación emocional estable y segura, alimentación y educación que permitan un desarrollo sano de los pequeños. "El objetivo de Aldeas Infantiles tiene que ver con el valor de la familia, con crecer en familia como un derecho fundamental de cada chico", asegura la asesora de Programas, Mercedes Ansaldo.
Si bien los niños pueden quedarse todo el tiempo que sea necesario, en las aldeas se trabaja para que vuelvan a sus orígenes. Con mamá y papá, si se puede, o con otro familiar si la primera opción no es posible. Y para prevenir futuras separaciones, Aldeas Infantiles SOS también desarrolla programas de fortalecimiento familiar para aquellas que están en riesgo de resquebrajarse.
Los programas de desarrollo comunitario tiene, al menos, cuatro objetivos que no pierden de vista: los chicos, a los que se les da acompañamiento durante el día, alimentación, salud y educación; la mujeres, a las que se ofrece alfabetización y capacitación laboral, además de apuntalar su autoestima; la familia, a la que se acompaña en la construcción de un proyecto de vida; y la comunidad, que se organiza para salir adelante.
"Estamos a favor de la vinculación del chico con su familia. Si bien en este momento no pueden estar juntos, la idea es que puedan volver a hacer y trabajamos para eso", cuenta el presidente de Aldeas Infantiles SOS Argentina, Josef Schwald. "Por eso es fundamental trabajar en las comunidades donde se detectó una vulneración de derechos", agrega el director de la aldea de Luján, Cristian Cóceres.
La estrategia es en todos los casos la misma: un abordaje integral a la problemática de cada chico y cada familia. "Aunque la organización tiene muchos lineamientos, el sistema de monitoreo no pierde de vista la relación de uno a uno necesaria: el proceso de vida de cada chico", explica Mercedes.
Vida de familia
Las chicas secaban los platos y Valeria terminaba de repasar la cocina cuando la puerta se abrió. Entusiasmados con la visita, los siete chicos de la casa querían hacer de guías, querían mostrarnos todo y se atropellaban para explicar quién dormía dónde y qué prefería hacer cada uno.
Con 31 años y ningún hijo propio, de pronto Valeria "tiene" siete. No le pesa esta maternidad múltiple: "Se portan bien, colaboran y me ayudan", dijo con dos nenas colgadas del cuello. Rápidamente se pusieron a hacer dibujos, a leer cuentos a los periodistas y a mostrar cada rincón de la casa de ladrillos a la vista y madera.
Está todo listo para el corte de cinta y la foto. Pero la aldea de Luján funciona desde principios de año. Hoy viven 72, de entre tres y 16 años, y la aldea tiene capacidad para 120. Además de las 14 viviendas individuales, cuenta con un salón de usos múltiples y una plaza abierta a la comunidad.
El verdadero proceso empezó en 2005 con dos actividades simultáneas: la construcción edilicia y la humana, como la capacitación de personal y el trabajo social que permitió llegar a los chicos más vulnerables. Desde octubre del año pasado, varios grupos vivían en casas alquiladas en Luján.
Cada aldea tiene entre 10 y 14 casas. Los chicos llegan a través de algún juzgado de menores o de algún servicio de protección de derechos.
El acompañamiento sigue: cuando los jóvenes se mudan de la aldea y comienzan su vida independiente, la organización los apoya dándoles la posibilidad de vivir en las Comunidades Juveniles, donde reciben apoyo humano y económico.
La fundación nació en Austria, durante la posguerra, cuando un médico visionario vio la posibilidad de unir dos dramas: el de miles de chicos que habían quedado huérfanos y el de mujeres que habían perdido a sus familias.
Para sostener toda la obra, la organización recibe el aporte de pequeñas sumas de dinero de miles de personas que colaboran con Aldeas Infantiles SOS. En www.aldeasinfantiles.org.ar o en el 5352-2002 se puede recibir información de cómo ayudar a la entidad.
En nuestro país, como en otras aldeas del mundo, también existen las Escuelas SOS Hermann Gmeiner, en Oberá y en Mar del Plata, a las que asisten casi mil alumnos.
La discriminación que las mujeres indígenas y pobres sufren en la Justicia se encarnó en tres historias singulares: dos niñas violadas, revictimizadas por los responsables de reparar el daño, y una cacica condenada por reclamar su derecho a la tierra. Así fue el comienzo del Encuentro Interprovincial de Mujeres de Pueblos Originarios para debatir sobre Acceso a la justicia en Casos de Violencia de Género, organizado por el Instituto de Género, Derecho y Desarrollo (Insgenar) y Qomlasherolga, una ONG de la comunidad qom, liderada por Ofelia Morales. "Este día es un hito importante. Damos inicio a la formación de una Red de Mujeres de Pueblos Originarios para garantizar el acceso a la Justicia. Vamos a poner nuestro granito de arena para que se termine la impunidad", propuso Susana Chiarotti, presidenta de Insgenar. La primera mesa convocó a tres mujeres de comunidades indígenas. Vacas regaladas. La encargada de abrir el fuego fue una de las anfitrionas. Ofelia fue portavoz de la historia de L. N. P, una mujer del pueblo qom que vive en El Espinillo, en Chaco, en el noroeste del país. En 2003, cuando era una niña de 15 años, L. N. P fue violada por tres criollos. Aunque ellos suelen resolver (silenciar) el abuso con el "regalo" de una vaca, en esta ocasión la víctima, su madre y la comunidad se pusieron firmes. Debieron pedalear 80 kilómetros, instalarse en la comisaría e insistir para que les tomaran la denuncia. Las lesiones se constataron, los testimonios fueron contundentes. Pero las pruebas fueron desestimadas. Sobre el daño físico, los jueces consideraron que podía tratarse de "la violencia propia de una relación sexual consentida", y también provocaron nuevos daños: mandaron a averiguar en el pueblo si la víctima ejercía la prostitución y desestimaron a los testigos qom por "la animosidad hacia los criollos". Así, con argumentos sexistas y racistas, la Cámara Segunda en lo Criminal de Roque Sáenz Peña absolvió a los agresores. Esta sentencia, paradigmática, fue llevada a organismos internacionales. Los estados nacional y provincial analizan una indemnización para la víctima, y la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación impulsa el juicio político a los magistrados. Pero esta denegación de justicia provocó además una serie de acciones. El Encuentro de la semana pasada, en Rosario, fue una de ellas. Sin garantías. La segunda historia se desarrolló en la comunidad mocoví de Colonia Dolores, en el centro de la provincia de Santa Fe. Con 610 habitantes, es el primer asentamiento indígena de la provincia, y en 1994 fue reconocido como comuna por el Estado provincial. La jefa comunal se llama Dora Salteño. Eso sí, el 3 de noviembre de 2006, cuando un vecino violó a una niña de 9 años, la jueza de menores de Santa Fe Susana Giordano de Bilich decidió separarla de su familia y enviarla a la Casa de la Niña, lejos de su pueblo. Argumentó que "la comunidad no ofrecía garantías". Además, entregó a la niña en adopción a una familia de Buenos Aires. El experimento duró pocos días, porque la niña no pudo adaptarse al ambiente de la Recoleta, tan distinto a su pueblo natal. Entonces, la jueza la volvió a internar en la institución. Quiso hacer lo mismo con una hermanita de cuatro, pero cuando recibieron la notificación de que también ella sería sacada de su familia, el pueblo la escondió. Toda Colonia Dolores, con Dora a la cabeza, batalló sin bajar los brazos, para recuperarla. Intervinieron la Defensoría del Pueblo, la Secretaría de Derechos Humanos y -especialmente- los medios de comunicación. Después de cinco meses de desarraigo, la niña volvió a su casa. "Hoy está bien, con su familia y todos sus hermanos. Va a la escuela", relató Dora, que es presidenta comunal desde hace ocho años. "Nosotros no veíamos por qué no ofrecíamos garantías. Somos una comunidad donde todos somos todos, le pasa algo a alguien y es como si nos pasara a todos. En Santa Fe hay violaciones todos los días. Por qué nosotros fuimos tratados de manera diferente a otras comunidades, donde los chicos continúan en sus hogares", expresó Dora cuando terminó la charla. La tierra o la cárcel. Leonarda Chavarría fue impetuosa en su descripción. En un momento, la cacica guaraní, de 51 años, se paró, se levantó la blusa naranja y mostró una cicatriz. "La depresión me provocó esto. Los médicos creyeron que tenía cálculos en la vesícula y me abrieron para operarme. Pero no tenía nada, sólo la angustia que me hicieron pasar", contó. Ella puso el cuerpo al reclamo por el derecho a la tierra, y la justicia de Salta la procesó. "Son nada más que cinco hectáreas, para vivir con mis paisanos. Somos 96 familias", abundó después. La Constitución nacional la av