Derechos Humanos en la Infancia y Adolescencia.

El clamor social, obviamente amplificado por los medios de comunicación, por bajar la edad de imputabilidad de los menores, exige algunas aclaraciones para su mejor compresión. Cuál es la realidad normativa actualmente existente? El Régimen Penal de la Minoridad actual no es otro que el decreto 22.278 de 1980, pleno periodo de la dictadura militar. El mismo divide a los menores de edad en dos categorías: mayores y menores de 16 años. Para los primeros, cuando imputados de un delito, se los somete a un misterioso tratamiento tutelar que, de dar resultado, permite la entrega a sus padres o responsables. Milagrosamente dicho tratamiento parece dar siempre resultado, aún antes de comenzar, cuando se trata de menores pertenecientes a sectores medios y altos. Ni uno solo de los 1700 menores de edad presos en la Argentina pertenece a dichos sectores. Para el resto, este tratamiento es siempre un fracaso anunciado, luego de lo cual se lo juzga como adulto al llegar a los 18 por los delitos que cometió siendo menor de edad. Para los menores de 16, a los que este decreto designa como inimputables y no punibles, la situación es todavía peor. Imputados policialmente de un delito, se cierra en razón de la edad, el expediente, con lo cual se abandona cualquier vestigio de debido proceso, pero al mismo tiempo se abre un expediente tutelar que se ocupa de lo que el menor "es” y no lo que el menor “ha hecho” y en base al mismo se lo priva de libertad para ser “protegido”. Donde? En una vulgar cárcel de menores. El día 2 de diciembre de 2008 la Corte Suprema de Justicia en un fallo de autoría intelectual del Dr. Zaffaroni convalidó la constitucionalidad del mencionado decreto y legitimó la privación ilegal de libertad de los menores inimputables. En este contexto, bajar la edad de la imputabilidad no significa otra cosa que tratarlos penalmente exactamente como se trata a los adultos. En otras palabras, arrojar también a los menores de edad a las lacras del sistema penal realmente existente.

Por el contrario, una ley de responsabilidad penal juvenil, por la que venimos bregando desde hace 15 años, implica, entre otras cosas: a) un proceso diferenciado pero no con menos garantias que los adultos; b) asegurar normativa y taxativamente la excepcionalidad y menor duración de la privación de libertad; c) privilegiar para el grueso de los delitos cometidos por los menores edad, sanciones que permitan conectar al adolescente con su responsabilidad como es el caso de la prestacion de servicios a la comunidad.

No podemos mentirnos a nosotros mismos. Una ley de este tipo no es para resolver el problema de la delincuencia juvenil, para ello no hay otra alternativa que las políticas sociales en sus diversas dimensiones. Una ley de responsabilidad penal juvenil resulta imprescindible para administrar en forma transparente, democrática y racional un problema que amenaza a devorarnos como sociedad. Así de simple y así de complejo es el problema que hoy estamos enfrentando.

Autor: Emilio García Méndez. Presidente de la Fundación Sur Argentina

Fuente: AAI

   Madres de Plaza de Mayo y el falso ingeniero Juan Carlos Blumberg fueron algunos de los presentes ayer (21/4), al comenzar en la Comisión de Legislación Penal de Diputados el debate para la aprobación de un Régimen Penal Juvenil, después de la repercusión mediática del asesinato de un vecino de Lanús, por el que está detenido en un instituto de encierro un chico de 14 años. Hay más de diez proyectos y los legisladores resolvieron que por ahora sigan siendo discutidos a nivel de los asesores, por lo que tardaría varias semanas en llegar al recinto.
   En el Senado, está previsto consensuar un proyecto en la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, informaron fuentes parlamentarias. Si éste órgano logra emitir un dictamen el próximo martes, al día siguiente el debate podría ser bajado al hemiciclo. De cualquier forma, los impulsores en el Congreso de los distintos textos están atentos a los aportes de llegan desde afuera. UNICEF, por ejemplo, se pronunció a favor de un nuevo sistema que reemplace al instaurado por la dictadura militar, dado que es necesario “aplicar medidas capaces de lograr la reinserción social y la disminución de la reincidencia” de los chicos vinculados con el delito.
   La Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) opinó en cambio que, si se mantiene el concepto “clasista” que tiene la Justicia, “los pibes pobres van a estar en una situación de mayor vulnerabilidad” cuando se baje la edad de imputabilidad, tal como plantean los textos presentados. Asimismo, la candidata a diputada nacional Vilma Ripoll aceptó discutir “un nuevo régimen penal juvenil siempre y cuando se implemente un verdadero plan de inclusión educativa y laboral” de los “400 mil jóvenes de 15 a 25 años que viven en la Capital Federal y el conurbano que no estudian ni trabajan y que son empujados a caer en la marginalidad, la droga y el delito, muchas veces como mano de obra de comisarios y punteros políticos”.
   Sobre la jornada de discusión en la Cámara Baja, la kirchnerista Diana Conti afirmó que “hubo acuerdo en que es necesaria la Ley de Responsabilidad Penal Juvenil, también en que se debe alcanzar a los 14 años, en que es necesario que los chicos que son acusados lo sean con todas las garantías del debido proceso, y en que la prisión sea el último ratio. O sea, que antes de condenar a prisión a un chico se pongan en práctica otros mecanismos.”
   (Noticia ampliamente tratada por los medios – 22/4/09)

Fuente: Periodismo Social

 “Hay problemas de cupo”, reconoció el ministro de Desarrollo Social bonaerense, Daniel Arroyo, respecto de la capacidad física de albergue en los institutos de encierro para chicos en su provincia. Arroyo señaló que actualmente que hay 410 chicos de 16 a 18 años internados por delitos graves, y 50 menores de 14 por el mismo tipo de hechos. Sumados a los imputados por delitos leves, en total en la Provincia hay 1.800 chicos presos.
   El presidente del Colegio de Magistrados bonaerense, Carlos Lami, advirtió que “la carencia de plazas para ubicar a los menores se viene advirtiendo sobre todo desde el año pasado. Y el tema es que muchos jueces dicen que se ven obligados a enviar a estos chicos a sus casas porque no tienen otra alternativa, aún cuando creen que deberían estar en algún instituto. Pero la realidad es que a veces ni les contestan el teléfono ni les abren la puerta, porque les dicen que no hay cupos. Así tampoco se puede seguir porque el sistema está fallando”.
   El primer síntoma del colapso se observa en los llamados Centros de Recepción, que dependen del Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia. Ese es el primer lugar adonde los chicos menores de edad van cuando son detenidos. Los hay en Lomas de Zamora, Pablo Nogués, La Plata y Mar del Plata. Según la ley, los jóvenes deberían pasar allí un tiempo corto para su evaluación, pero en algunos casos hasta se quedan un año por falta de vacantes en otros institutos, señalaron fuentes judiciales.
   Estructura del crimen. “El robo de un auto, como en el caso de Valentín Alsina, tiene detrás, indefectiblemente, una cadena delictiva, una organización que, además, no puede subsistir sin arreglar con los policías”, diagnosticaron tres fiscales del Gran Buenos Aires, uno de ellos de Lomas de Zamora, el departamento judicial en el que ocurrió el robo y asesinato de Daniel Capristo, presuntamente cometido por un chico de 14 años, ahora detenido.
  Uno de los funcionarios explicó que “hoy en día, los autos no se pueden levantar como antes, cuando se le hacía un puente electrónico a un coche estacionado. Ahora se necesita la llave, con su codificado, y eso sólo se puede hacer a mano armada. Para eso usan a los pibes, que son el menor costo de toda la organización. Y esos pibes, por inexperiencia, temor o por el paco, disparan”.
   El fiscal vinculó el resurgimiento de los desarmaderos de autos con el tipo de robos como el que terminó en el crimen de Capristo. “El desarmadero le pide el auto que necesita a una especie de capitalista, éste a un puntero (así le llaman a un hombre que tiene entre 30 y 40 años) y el puntero a pibes dispuestos a todo por 350 pesos, que es lo que se les paga a los levantadores”. Luego, “si al pibe lo detienen, es raro que aparezca alguien para darle una mano. Al puntero, el pibe no le interesa nada. Perdió y punto. Jamás le manda un abogado para que lo defienda. El pibe es descartable.”
   (Clarín, pág. 61, 18/4/09 - Liliana Caruso; Páginal12, pág. 21, 19/4/09 - Raúl Kollmann)

Fuente: Periodismo Social

   La diputada kirchnerista Diana Conti admitió ayer (19/4) que el asesinato del chofer Daniel Capristo, por el que está detenido un chico de 14 años, “aceleró” el tratamiento en la Cámara Baja de proyectos que promueven la creación de un Régimen Penal Juvenil, y adelantó que los legisladores aprobarán “rápido” una iniciativa en ese sentido. De los siete proyectos que deambulan en el Congreso, el oficialista es uno de los que propone bajar a 14 la edad mínima de imputabilidad, y podría ser aprobado antes de las elecciones legislativas nacionales del 28 de junio.
   “En la actualidad, a los menores se los priva de la libertad sin ser juzgados. Los jueces de menores, a través de la tutela, se adueñan de la vida del menor y no existen grises. O lo mandan a la casa o a un Instituto. No hay un proceso (judicial) que les dé garantías, con un juez que juzgue su situación”, sostuvo el ministro de Justicia, Aníbal Fernández, para quien el chico acusado de matar a Capristo, el miércoles pasado en Valentín Alsina, “comprende la criminalidad de su conducta, o sea que está en condiciones de comportarse conforme a derecho”.
   Otras voces. El juez de la Corte Suprema Eugenio Zaffaroni insistió en que “se debe debatir en profundidad” el Régimen Penal Juvenil y advirtió que en el país hay una legislación penal para los chicos “que va a contramano de la Constitución”. Por su parte, la procuradora bonaerense, María del Carmen Falbo, opinó que “bajar la edad de imputabilidad o agrandar las penas no sirven como simple efecto para revertir el estado de inseguridad”.
   Otro miembro de la Corte, Carlos Fayt, aseguró que el sistema judicial no falló al no dar algunas respuestas requeridas ante los chicos que cometen delitos. “Lo que pasa es que el país vive una situación muy excepcional. Hay que examinar todas las alternativas de solución, y no se puede improvisar”, opinó el juez. Lo hizo en respuesta a palabras del ex presidente Néstor Kirchner, quien la semana pasada, en medio de los reclamos sociales y mediáticos por “la inseguridad”  acusó a la Justicia de no haber actuado a tiempo contra el chico de 14 años acusado del crimen en Valentín Alsina.
   En uno de los actos convocados por familiares y vecinos del chofer asesinado, su hijo, Facundo, exhortó: “Todos tenemos que poner el pecho y salir adelante, digámosle a Cristina que baje la edad de imputabilidad”. En la concentración en el Obelisco, además, pudieron leerse o escucharse consignas como “Control de natalidad ya”; “No quieren trabajar”; y “Hay que echar a todos los bolivianos y a los paraguayos”, apuntando contra ciertos sectores sociales como culpables de los delitos contra la propiedad.
   Debido proceso. La Asesora General Tutelar de la Ciudad de Buenos Aires, Laura Musa, opinó que “la seguridad ciudadana requiere por lo menos, que cuando el Estado a través de los jueces ordena y mantiene a personas privadas de libertad, sea con la certeza de que es la persona que ha cometido un delito, y que después de un debido proceso tiene una sentencia firme que ordena sólo medidas previstas en la ley”.
   Topes. Claudia Cesaroni y María Laura Böhm, del Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos (Cepoc), se expresaron a favor de la creación de “un régimen penal juvenil aplicable a los adolescentes de 16 años en adelante –que hoy ya son punibles–, estableciendo claramente topes a las penas de prisión aplicables, medidas reparatorias, acceso a la mediación penal, etcétera.
   (Noticia ampliamente tratada por los medios – 20/4/09)

Fuente: Periodismo Social