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Derechos Humanos en la Infancia y Adolescencia.

Políticas Públicas para la Niñez

Detrás de cada estrategia de intervención social del Estado, existe una concepción de la pobreza y de la exclusión (léase también de
los derechos de las mujeres y de los niños y niñas), de sus causas y consecuencias sociales. En este sentido, los problemas que atraviesa
la población infantil más vulnerable y sus familias son interpretados de múltiples y, a veces, contradictorias maneras por decisores y
técnicos del sector público y privado.

• Las investigaciones y evaluaciones sobre desarrollo infantil realizadas (aunque escasas) parecen no constituir un asunto de interés para quienes elaboran las políticas.

• Estas investigaciones y evaluaciones generalmente son de alta sofisticación metodológica, y no se centran en “ideas claves” que
proyecten temas y modalidades de intervención en la agenda pública e impacten en el pensamiento social e institucional.

• Existe poco desarrollo en el diseño y la operación de relevamientos sencillos sobre creencias, pautas y prácticas de crianza. Este conocimiento resulta indispensable a la hora de implementar políticas con eje en las familias.

Al respecto, merece destacarse el tema de la evaluación como insumo fundamental para el diseño y operación de políticas y programas, en términos de procesos, resultados e impactos de las experiencias en las capacidades, destrezas y prácticas de la población “beneficiaria” (sean niños, niñas, familias, docentes y/o madres cuidadoras). Parecería que, además de lo expresado anteriormente, no se han institucionalizado modalidades evaluativas que permitan apreciar logros y dificultades en diferentes campos,
y/o que los instrumentos existentes no han sido difundidos y probados suficientemente como para constituir un “corpus” metodológico e instrumental validado.
Ello involucra también un problema de “comunicación” entre los actores que han desarrollado y probado metodologías evaluativas en el área del desarrollo infantil.

Otro tema instrumental que reviste importancia para tomar decisiones sobre políticas y programas es el del dimensionamiento de los costos de las estrategias adoptadas. Es evidente que existe una gran dificultad en las áreas sociales públicas y privadas para definir claramente los costos involucrados en los proyectos y experiencias de desarrollo infantil temprano.
Esta dificultad constituye un obstáculo importante para la colocación del tema en la agenda pública, sobre todo teniendo en cuenta que
existen diversas “puertas de entrada” para trabajar con los niños, sus familias y la comunidad y que el cálculo presupuestario es un requisito fundamental para formular y evaluar políticas y programas.
Además, existe un importante vacío de información referido al costo de estrategias no institucionales (trabajo con familias, tutorías familiares, alfabetización con eje en crianza, extensión comunitaria, etcétera).

Falta de visibilidad social de la problemática Más allá de la dimensión técnica (información, evaluación), que supone que un “hecho social” sea reconocido como problema y trasladado a una cuestión de Estado, el tema de la circulación de la información es crucial.
En efecto, tal como lo expresó el primer grupo de trabajo, si la diseminación de la información queda limitada sólo a los especialistas en el tema y no trasciende a la esfera pública, la temática en cuestión no será percibida como un problema social.
Parecería que la “visibilidad social” está directamente ligada a la instalación de la problemática del desarrollo infantil temprano en la agenda política, como una “cuestión de Estado”. Y aquí el rol de la sociedad civil es fundamental, dado que las políticas se ponen “en acto” cuando existen ciudadanos organizados que las demandan y plantean alternativas en nombre de derechos concebidos como  habilitadores” para la acción.

El paso de los “discursos” a la acción colectiva agregada (universidades, técnicos de diversas instituciones, grupos de base comprometidos, etc.) es una instancia ineludible para el debate social y la construcción de políticas públicas.
En un esquema de responsabilidades compartidas entre el Estado (considerando que éste tiene funciones indelegables) y la sociedad civil para la promoción de políticas de desarrollo infantil con criterio universalista, la función de rectoría es fundamental. Para concretar institucionalmente esta función con amplia cobertura, es necesario descubrir la forma organizativa más adecuada y efectiva (y menos burocrática), entendiendo que eso no implica la creación de nuevas estructuras o unidades ejecutoras, ya sean “supra” o “para-gubernamentales”.

Por tanto, es evidente que el tránsito desde la práctica hacia los temas de política pública no se produce por mero voluntarismo, sino que implica prerrequisitos ideológicos, políticos y técnicos, y una integración de las políticas de desarrollo infantil al desarrollo económico y social de los países.

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http://www.unicef.org/argentina/spanish/Sistematizacion_final.pdf

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