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Derechos Humanos en la Infancia y Adolescencia.

ADOLESCENTES EN LA CARCEL

Adolescentes en el sistema penal argentino: Cuántos son, quién los contiene

 Segun un trabajo realizado entre julio y diciembre del año pasado, "... en el país son casi 6.300 los niños, niñas, adolescentes y jóvenes infractores y presuntos infractores incluidos en dispositivos para el cumplimiento de medidas judiciales.
   De ese total, el 71 por ciento está contenido en programas y el otro 29 por ciento está alojado en alguno de los 119 establecimientos de privación de la libertad que existen, en donde las cosas no son tan sencillas. ¿Por qué? Al menos el 33 por ciento de ellos no son especializados para adolescentes, sino que permiten el encierro (mayor a 72 horas) en comisarías (21%) o en servicios penitenciarios de adultos (12%), en contradicción con la Convención sobre los Derechos del Niño y la Ley Nacional de Protección Integral.
   La recopilación de la información fue realizada en forma conjunta por la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNAF), el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF - Oficina Argentina) y la Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF) y describe la situación de los adolescentes infractores y presuntos infractores de la ley penal en nuestro país con datos estadísticos que dan cuenta de la cantidad y características de los adolescentes, los tipos de delitos que se les imputan y su acceso a derechos; asimismo hace referencia a las distintas modalidades de programas y establecimientos en los cuales se encuentran incluidos, dependencia y regímenes de esos dispositivos, cantidad y funciones de su personal.

   Los que siguen son los puntos centrales de la investigación, la más completa que se haya realizado hasta el momento en el país: 

¿Dónde están alojados? La mayoría de los establecimientos que alojan a niños, niñas, adolescentes y jóvenes (NNAyJ) son de tipo penal juvenil. Se trata de instituciones que han sido diseñadas para alojar exclusivamente a NNAyJ con causas penales, que se encuentran imputados por la posible comisión de un delito. Estos lugares representan el 83 por ciento del total de los establecimientos informados. El 17 por ciento restante corresponde a establecimientos de tipo mixto o asistencial, y en ellos se aloja tanto a NNAyJ infractores y presuntos infractores como a niños/as y adolescentes que son institucionalizados como respuesta a problemáticas diferentes de la infracción de la ley penal (de protección, de salud, otras). La proporción de ocupación de los institutos alcanza el 79 por ciento de la capacidad total de alojamiento disponible.
 
¿Cómo es el régimen? El 55 por ciento del total de los 119 establecimientos detectados posee un régimen cerrado: tienen barreras, alambrados, muros, puertas cerradas, personal de seguridad -armado o no-, que impiden la salida voluntaria de los chicos y chicas allí alojados. El 43 por ciento del total presenta un régimen semi-cerrado; es decir, se trata de establecimientos que cuentan con barreras de seguridad de menor intensidad que en el caso de los cerrados y donde los chicos pueden salir de los mismos solos o acompañados por personal que no sea de seguridad.

¿De quién dependen esos establecimientos? Todos dependen de áreas gubernamentales. No se registra en el país la existencia de establecimientos penales juveniles gestionados por organizaciones no gubernamentales. 
Sin embargo, cabe destacar que el 21 por ciento del total de los institutos informados depende de las policías provinciales. En todo el territorio nacional existen al menos 25 establecimientos policiales con chicos y chicas infractores y presuntos infractores. Por otro lado, el 12 por ciento de los institutos informados depende del Servicio penitenciario. Es decir, que la gestión cotidiana del 33% de los lugares que alojan a chicos y chicas infractores y presuntos infractores se encuentra en manos de áreas no especializadas: organismos que carecen de preparación, controles, normativas y recursos humanos capacitados para el trabajo con dicha población.

La educación, la salud y otros derechos.
Con respecto a los derechos de los chicos y chicas encerrados en los establecimientos relevados, se observa que la oferta educativa formal es despareja según los establecimientos (de 2 a 5 horas diarias; hay que tener en cuenta que los chicos están alojados allí durante todo el día). De todos modos, la existencia de la oferta educativa formal no garantiza en forma suficiente el acceso al derecho por parte de los chicos y chicas.
Por otra parte, con respecto a la educación no formal, se observa que sólo el 40 por ciento de los establecimientos relevados ofrece actividades vinculadas a la formación laboral y el 53 por ciento talleres relacionados con la educación artística. Otro tanto ocurre con las actividades de recreación –deportes y juegos- que se ofrecen en un 53 por ciento y un 36 por ciento respectivamente, de los lugares visitados.
La mayor parte de los instutitos del país cuenta con personal docente propio. La oferta formal de horas por parte del personal docente perteneciente a los establecimientos oscila entre las 6 y las 30 horas semanales, es decir, que algunos lugares aseguran con personal propio una oferta diaria de una hora de clase, mientras otros informan una oferta de seis horas diarias (sin considerar el receso del fin de semana).
La mayoría de los institutos relevados ofrece atención básica en salud. Sin embargo, también en este rubro se observa una oferta despareja con respecto a la atención de la salud sexual reproductiva, especialmente en aspectos preventivos.
En lo relativo al derecho a la identificación, al menos el 21 por ciento de los chicos y chicas alojados en los institutos no posee DNI y se desconoce la situación de otro 21 por ciento.
 
 ¿Quién los cuida, quién los contiene? El personal con el que cuenta el total de los establecimientos visitados es de 3.152 personas. En promedio, cada uno de los lugares cuenta con una planta funcional conformada por 44 personas. Y existe una relación aproximada de dos personas adultas por cada niño, niña, adolescente o joven. Con respecto a la función que desempeña el personal, se observa que el 32 por ciento cumple tareas de seguridad, el 27 por ciento son operadores que acompañan a los chicos y chicas en sus actividades cotidianas, y el 9 por ciento desarrolla tareas docentes.

¿Quiénes son? ¿Qué edad tienen? El 90 por ciento de los chicos y chicas institucionalizados en estos establecimientos son varones. En su gran mayoría (más del 80 por ciento) los niños, niñas, adolescentes y jóvenes alojados en los institutos del país son argentinos. En una proporción significativamente menor, se encuentran niños provenientes de países limítrofes (1,2 por ciento del total).
Respecto de las edades: 1.290 eran mayores de 16 años de edad. Esto implica que, en la medida en que los delitos imputados fuesen de acción pública y con pena mayor a dos años de prisión, alrededor de un 72 por ciento de los adolescentes y jóvenes alojados sería “punible”. También, el informe destaca que al menos 298 niños y adolescentes alojados eran menores de 16 años de edad al momento del relevamiento. Es decir que, al menos el 17 por ciento de los niños y adolescentes alojados en establecimientos del país, en función de su edad, sería “no punible”. 

¿De qué se los acusa? Con respecto a la obtención de este dato, el informe aclara que las fuentes a las que se recurrió fueron los directores de los establecimientos, quienes no tienen la obligación de conocer ni de registrar las carátulas de los expedientes judiciales. Se obtuvo información sobre el 75 por ciento del total de los chicos y chicas encerrados y, sobre ese total, los porcentajes indican que la mayor frecuencia recae en los delitos contra la propiedad. Así, si se suman las categorías Delitos contra la propiedad con y sin armas, se obtiene que estos delitos representan el 70 por ciento del total de hechos delictivos imputados a los chicos y chicas encerrados.
De estos delitos, el mayor porcentaje recae en los delitos contra la propiedad sin armas, que representan el 38 por ciento del total, mientras que los delitos contra la propiedad con uso de armas representan el 32 por ciento. Alrededor de un 15 por ciento de chicos y chicas alojados en institutos ha sido imputado por el delito de homicidio (porcentaje que incluye las tentativas).
Siguen en importancia las infracciones a la ley de estupefacientes, con un 5 por ciento sobre el total, y los delitos contra la integridad sexual que representan el 4 por ciento del total de delitos imputados.

¿Cuánto tiempo permanecen en los establecimientos? De acuerdo con la información obtenida, es posible establecer que el 29 por ciento de los chicos y chicas permanecen alojados en los establecimientos entre 1 y 4 meses. El 15 por ciento se ubica en el rango de hasta 30 días y otro 15 por ciento en el rango de entre 7 meses y 1 año. El 4 por ciento de la población de chicos y chicas se encuentran hace más de 2 años encerrados en establecimientos.

¿Hacia dónde van? Las vías de egreso más frecuentes de los chicos y chicas de los institutos son, en primer término, con la familia de origen y en segundo lugar, la derivación a otros programas (de protección y penales). El 16 por ciento de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes es trasladado a otros establecimientos: penales, asistenciales o de salud.

¿Y qué pasa con los chicos incluidos en programas? Es muy notoria la ausencia en todo el país de registros de información relativa a su sexo y edad, situación procesal, delito que se les imputa y tiempo de permanencia en programas no privativos de la libertad. En general, esto se debe a la falta de especialidad penal juvenil de los dispositivos.
Sin embargo, se pudo establecer que la cantidad de niños, niñas, adolescentes y jóvenes infractores y presuntos infractores incluidos en estos programas entre los meses de agosto y diciembre de 2007, era un total de 4.495. Con relación al sexo, la diferencia es abismal: son 9 los varones por cada mujer incluida en un programa.
Respecto de las edades: 1.290 tenían 16 años o más al momento de la investigación. En cambio, 334 niños y adolescentes contaban con menos de 16 años de edad, es decir que al menos el 7 por ciento de los niños y adolescentes incluidos en programas del país resultan no punibles conforme la normativa vigente.

¿Hay alternativas al encierro? El relevamiento arrojó dos datos muy importantes. Por un lado, que hay muchas jurisdicciones que carecen de manera absoluta de dispositivos de intervención que no sean de privación de libertad. Por el otro, que en aquellas jurisdicciones que cuentan con programas o intervenciones no privativos de la libertad, los mismos raramente se constituyen en una verdadera “alternativa” al encierro (en el sentido de una oferta que le disputa sujetos a la medida potencialmente más perjudicial), sino como un acompañamiento cuando el encierro ya cesó.

La especialización de las instituciones, un desafío pendiente. Los datos obtenidos en el relevamiento señalan la escasa cantidad de programas alternativos a la medida de encierro que se especializan en la problemática de los adolescentes infractores y presuntos infractores de la ley penal, pese a la gran proporción de población que atienden (4495 chicos, el 70 por ciento del total). 
También indican que una proporción importante de los dispositivos en los que son alojados los adolescentes, dependen técnica y operativamente de los servicios penitenciarios y de las fuerzas de seguridad. “Esta situación obliga -señala el informe- a definir en primera instancia, la necesidad de que cada provincia identifique con claridad cuál es el área de gobierno especializada, con formación específica en derecho penal juvenil y en disciplinas vinculadas al abordaje de las problemáticas de la infancia y la adolescencia, que puede tomar a su cargo el proceso de adecuación necesario”. Y recomienda como prioridad “avanzar en el camino de la especialización de las instituciones que intervienen con los adolescentes infractores y presuntos infractores de la ley penal. Desde el poder administrador, la especialización supone al menos dos aspectos: avanzar progresivamente en el sentido de que la gestión de los dispositivos penales juveniles se encuentren a cargo de áreas gubernamentales y personal especializados en la problemática; y establecer como eje principal de la intervención dirigida a los jóvenes infractores o presuntos infractores incluidos en los dispositivos, la promoción de capacidades para el ejercicio de sus derechos en el marco del respeto al derecho de los otros”.

Qué dicen los diarios sobre el tema: poco y nada

   Los principales diarios nacionales y provinciales de Argentina cada vez les dan menos espacio a las noticias acerca del tratamiento hacia chicos y chicas infractores o presuntamente infractores de la ley penal. Esos contenidos, el año pasado, representaron sólo el 0,4 por ciento de las notas sobre infancia publicadas. En 2006, habían sido el 0,5; en 2005, el 0,8; y en 2004, el 1,8 por ciento.
   Esta sostenida disminución de lugar ocupado por esta temática en la prensa nacional va en contra de la prioridad que la Fiscal General de Política Criminal, Derechos Humanos y Servicios Comunitarios de la Procuración General de la Nación, Mary Beloff, reclama: “instalar una discusión inexistente en nuestro país sobre una política criminal basada en la prevención en clave de derechos humanos; en otras palabras, qué debe hacer el Estado para garantizar a los niños y jóvenes vidas dignas en condiciones que los preserven de la violencia y el delito”. 
   Cuando el periodismo prestó atención a este asunto, habitualmente lo hizo estimulando el debate en torno a la edad mínima de imputabilidad penal, a partir de casos puntuales en que los chicos aparecen en la noticia reflejados como “precoces delincuentes”.
   Situación penal fue el año pasado, en efecto, el tema con más presencia de expresiones despectivas hacia los niños: están en el 47,6 por ciento de las noticias publicadas. El ejemplo más claro es la utilización del término “menor”, con el que muchos profesionales de prensa insisten en diferenciar a los chicos infractores de la ley de aquellos a los que no los ha tocado el sistema judicial.
   En cuanto a las voces consultadas para construir estas coberturas, en primer lugar se ubicaron los poderes públicos (42,4 por ciento de las fuentes identificadas). En especial, se escuchan las voces del Poder Ejecutivo, del Judicial y de la Policía, y en menor medida el Legislativo. Las organizaciones sociales constituyeron el 10 por ciento de las fuentes".



Fuentes informativas recomendadas:

Mary Beloff 
Fiscal General de Política Criminal. Profesora de derecho penal juvenil 
(011) 4372-1896 / 4372-9673

Diego Freedman 
Docente de la Facultad de Derecho de la UBA- Especialista en derecho penal juvenil.
(011) 15-5497-7072

Diana Conti 
Diputada Nacional. Miembro de la Comisión de Legislación Penal Congreso de la Nación 
(011) 15-6271-7974

David Funes 
Director de Niñez de la Provincia de Mendoza 
(0261) 15-622-6823

Jorge Toro 
Director de Niñez de la Provincia de San Juan 
(0264) 15-482-8767

Gabriel Lerner 
Subsecretario de Derechos para la niñez, Adolescencia y Familia (SENAFF) 
(011) 4338-5825 
glerner@senaf.gov.ar 

Gustavo Piantino 
Director Nacional para Adolescentes Infractores a la Ley Penal (SENAFF)
(011) 4338-5823 
gpiantino@senaf.gov.ar

Gimol Pinto 
UNICEF Argentina. Especialista en Protección de Derechos 
(011) 5093-7100 / 7153
Prensa:
-Paula A. Chinellato. Oficial de Prensa. Cel: (011) 15-5745-2824 / Tel: 5093-7100 i. 144 / pchinellato@unicef.org 
María José Ravalli. Responsables de Comunicación y Relaciones Externas / Tel: (011) 5093-7100 int. 154 / mjoseravalli@unicef.org

Redacción: Patricio Suárez y Gisela Grunin - Periodismo Social
Edición: Adrián Arden 

 


Sigue demorada la sanción de un régimen de responsabilidad penal juvenil
   El ministro de Justicia, Aníbal Fernández, dispuso en junio, a través de una resolución, la creación de una comisión para estudiar una reforma legal en ese sentido. Pero hasta ahora no designó a sus integrantes. Mientras tanto, en ambas cámaras del Congreso hay diversos proyectos de ley de responsabilidad penal juvenil, sin que se avance en su tratamiento.
   El diputado Emilio García Méndez, de Solidaridad e Igualdad, autor de una de las primeras iniciativas que se presentaron en la Cámara baja explicó el régimen vigente: “según el decreto 22.278, de la última dictadura militar, los menores de 16 años son imputables y no punibles. Cuando la policía imputa un delito a un menor de 16 queda a disposición de un juez, que cierra el expediente penal y abre un expediente tutelar. En base al artículo 1º de ese decreto, el juez puede disponer de ellos para hacerles estudios y mantenerlos para ello encerrados en institutos. Entre los 16 y los 18 años, el juez ordena un tratamiento tutelar: si da resultado el chico se entrega a los padres o responsables. Puede durar media hora o cuatro meses. Estoy seguro de que entre los más de 6000 adolescentes institucionalizados ninguno es de clase media. Sólo los pibes pobres están recluidos. Si ese tratamiento no da resultado, a los 18 años lo juzgan por los delitos que cometió siendo menor de 18 años y mayor de 16”.
   El legislador y presidente de la Fundación Sur contó los ejes principales de su proyecto: “Hoy la imputabilidad es a partir de los 16 años. Yo propongo que se suba a los 18 y que entre los 14 y los 18 años haya un régimen de responsabilidad penal juvenil. La privación de libertad está prevista solo para los delitos graves como acceso carnal violento, secuestro extorsivo, robo con violencia u homicidio doloso, por ejemplo. En esos casos, el proyecto establece penas de 3 años para los chicos de 14 a 15 años y de un máximo de 5 años para los que tienen entre 16 y 17 años. Para el 85 por ciento de los delitos que cometen los menores, que son vandalismo, robo, hurto, destrucción de la propiedad pública, propongo que presten servicios a la comunidad. Es decir, ni pasarles la mano por la cabeza ni privarlos de la libertad”.
   Hábeas Corpus. Desde la Fundación Sur y en forma conjunta con una serie de organizaciones, entre ellas el CELS, García Méndez presentó un hábeas corpus colectivo por alrededor de 45 chicos que estaban encerrados en el Instituto San Martín, que depende de la Nación, y que está ubicado en la ciudad de Buenos Aires. La Cámara de Casación hizo lugar al pedido, pero la Corte Suprema suspendió la ejecución del fallo sin pronunciarse sobre el fondo del asunto..
   (Páginal12, pág. 20 y 21 – Mariana Carbajal; La Nación, pág. 17 – 8/10/08)

 

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