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Derechos Humanos en la Infancia y Adolescencia.

NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES - CATÁSTROFE ARGENTINA

El nuevo fuero de Responsabilidad Penal Juvenil sigue funcionando a medias

“De los pibes se habla recién cuando delinquen”

Califican de catástrofe la situación de los menores

Por Pablo Morosi - La Nación - Corresponsalía La Plata

LA PLATA.- "Con la estructura actual no estamos en condiciones de enfrentar la catástrofe social que soportan nuestros pibes", admitió la subsecretaria de Niñez y Adolescencia del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia de Buenos Aires, Martha Arriola. En una entrevista con La Nacion, discrepó con el gobernador Daniel Scioli, que propone bajar la edad de imputabilidad de los menores, y no ahorró críticas a los ministerios provinciales de Seguridad y de Salud.

Arriola reconoció que en su dependencia se tomaron medidas de traslado y liberación de menores sin la correspondiente autorización judicial. Por esos hechos, la Suprema Corte de Justicia bonaerense manifestó la semana pasada su "profunda preocupación".

La subsecretaria explicó que esas medidas fueron producto de "un proceso de transición en el que se producen confusiones". Y consideró que es necesario dictar la emergencia en materia de niñez y adolescencia, crear un ente autárquico que dependa directamente del gobernador y triplicar el presupuesto asignado al área.

Dijo que ni ella ni el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, supieron transmitir a Scioli "la hondura de las dificultades de la gestión" ni la propuesta para afrontar la emergencia. Además, cuestionó al Ministerio de Seguridad, al que le atribuye haber difundido datos erróneos sobre la delincuencia juvenil, y al Ministerio de Salud, por no colaborar con la asistencia a jóvenes drogadependientes. Ante una pregunta de LA NACION, Arroyo dijo que "la cuestión no es de autonomía sí o no, sino el fortalecimiento de los recursos", y que el presupuesto del área de niñez y adolescencia pasará el año próximo de 190 a 290 millones de pesos.

Por su parte, la subsecretaria de Atención de las Adicciones del Ministerio de Seguridad provincial, María Gabriela García, negó que en los hospitales bonaerenses se dificulte la atención de menores intoxicados.

LA NACION quiso conocer también la reacción del jefe de la policía bonaerense, Daniel Salcedo, sobre los dichos de Arriola, pero el jefe policial rehusó referirse a ese tema.

 

* * *

 

-Hace unos días, la Corte provincial denunció que funcionarios de su área habían liberado a menores sin consultar a los jueces...

-La entrada en vigor de la ley provincial de promoción de los derechos del niño se encuentra en transición para su efectiva puesta en marcha. Hubo errores. Como en toda transición, se producen confusiones y distintas interpretaciones de la norma. En realidad hubo sólo 20 casos de ese tipo que fueron resueltos. Los jueces reaccionaron de diferente manera: algunos comprendieron, otros denunciaron. Nosotros no estamos para pelearnos con nadie sino para ayudar a los chicos y cumplir con lo que indiquen los magistrados. Es algo superado.

- Otro planteo de los jueces de menores fue por la falta de recursos y de vacantes en institutos.

-Al poco tiempo de asumir advertimos que estábamos frente a una situación de emergencia, un problema de enorme magnitud que no es de este gobierno, sino que lleva décadas. Además, heredamos un presupuesto insuficiente. Lo digo y me hago cargo por los pibes, que son los que soportan verdaderamente todo esto. Pronto llegamos a la conclusión de que, con la estructura actual, no estamos en condiciones de enfrentar la catástrofe social que soportan nuestros pibes y que es necesario dictar la emergencia en materia de niñez y adolescencia, y crear un ente autárquico que dependa directamente del gobernador, además de triplicar el presupuesto del área.

-Si están convencidos de que esas medidas aportarán soluciones, ¿por qué no las instrumentaron?

-Yo elaboré una propuesta y se la elevé al ministro Arroyo, pero quedó ahí. Creo que no le llegó nunca al gobernador. Debimos haber generado suficiente presencia y fuerza para incidir en el tema. No logramos llevar al gabinete la hondura del problema y quedamos desdibujados. En esto somos responsables tanto yo como el ministro. Ninguno logró alcanzar la estatura suficiente ante la dimensión del problema.

-¿Pensó en dejar su cargo?

-Yo estoy como siempre, con todas las pilas. Pese a todos los problemas de los que hablábamos, hemos hecho cosas: hemos puesto un piso, una estructura. Atendimos unos 80.000 casos y establecimos los centros zonales.

-¿Qué opina de la propuesta de bajar la edad de imputabilidad?

-La inseguridad que vivimos no se resuelve criminalizando a los chicos. Es sólo mirar una porción mínima del problema que en el fondo es la desigualdad, la exclusión, la destrucción de la familia. Tenemos una ley de avanzada para trabajar. Habría que profundizar su aplicación para luego pensar en nuevos ajustes. Debemos reconstruir la acción integral del Estado. Es necesario conseguir que, desde el Ministerio de Salud, haya más receptividad cuando llevamos a un pibe intoxicado por la droga. Es preciso que la policía no brinde cifras irresponsablemente, que sólo sirven para que la gente vea a los chicos como peligrosos. La semana en que el jefe de policía [Daniel Salcedo] informó erróneamente que había un millón de delitos cometidos por menores creció fuertemente la presión para internarlos.

-¿Scioli la consultó antes de lanzar su propuesta de bajar la edad para penar a los menores?

-Yo le transmití mi posición al ministro Arroyo y supongo que él se la llevó al gobernador.

-¿Sirve el esquema actual de institutos? La mayoría de los especialistas coincide en que los chicos salen peor de lo que entraron.

-Son necesarias nuevas respuestas. Así como está y frente a esta catástrofe social, el área no puede darlas adecuadamente. La nueva ley se sobrepone a esa situación. De todas formas, es necesario hacer grandes cambios.

"Pronto llegamos a la conclusión de que, con la estructura actual, no estamos en condiciones de enfrentar la catástrofe social que soportan nuestros pibes; hay que dictar la emergencia en niñez y adolescencia, y triplicar el presupuesto del área"

   “Empezamos a hablar de los pibes cuando el pibe aparece armado y comete un delito, y mientras tanto tenemos cientos de miles de pibes en una situación crítica y tenemos que ir por ellos, no cuando la situación se transformó en una situación punible, porque ahí ya perdimos el partido”, expresó la subsecretaria de Niñez y Adolescencia de la provincia de Buenos Aires, Martha Arriola. La funcionaria del gobierno de Daniel Scioli, uno de los principales impulsores por estos días de la baja en la edad mínima de imputabildad, señaló que incluso “juristas prestigiosos” toman en cuenta esta posibilidad enmarcada “en un debido proceso”. No obstante, planteó: “Otra parte de la comunidad planteamos que el tema es mucho más profundo, que no se trata de bajar la edad de imputabilidad sino de trabajar para recuperar una vida digna”.
   “Tenemos una ley muy importante, la 13.298, que es la ley marco, el sistema de promoción y protección de los derechos de los pibes que plantea la intervención de todas las áreas para hacerle frente al problema de educación, de salud, prevé la creación de servicios zonales... Avanzamos mucho en la consolidación del sistema, aun con escasos recursos. Cada municipio que hace su adhesión explícita a la ley 13.298, se hace responsable de armar una estructura en el territorio del municipio para tener en cada barrio un servicio que articule con el servicio zonal, para trabajar todas las causas que antes eran judicializables. La gran novedad que trae la 13.298 es que no judicializa más la pobreza”, explicó Arriola. “Este año se asistieron más de 80 mil casos, y los tres motivos predominantes fueron maltrato infantil, abuso sexual infantil, y negligencia de los adultos en el tratamiento de los pibes”, resumió.
   Para Arriola, "entramos en el tema de los pibes mal. Entramos por la arista del delito, entonces planteamos como primera respuesta la baja en la edad de imputabilidad. Mal. Con qué liviandad el jefe de policía Daniel Salcedo sale a decir que los chicos cometen 1 millón de delitos por año”. Además, opinó que “la subsecretaría tiene que tener un instituto autárquico, que pueda disponer de su propio presupuesto y que pueda distribuir los empleados que ahora están burocráticamente concentrados. Se cambió la ley, pero no la estructura de un Estado burocrático que como está no puede dar respuestas rápidas”. En este sentido, advirtió: “Con la estructura actual, no estamos en condiciones de enfrentar la catástrofe social que soportan nuestros pibes y que es necesario dictar la emergencia en materia de niñez y adolescencia, y crear un ente autárquico que dependa directamente del gobernador, además de triplicar el presupuesto del área”.
   Según un informe oficial, la acción de la Subsecretaría de Niñez y Adolescencia bonaerense alcanza a un total de 250.000 chicos, apenas un cuarto de los que el propio gobierno reconoce en situación de vulnerabilidad social. Además, se admiten las deficientes condiciones de internación, la necesidad de reforzar el trabajo de educación y socialización de los menores y se destaca la estigmatización que implica para los chicos el paso por un instituto. El esquema para abordar esta problemática es el de Promoción y Protección Integral de los Derechos del Niño, ley que incorporó el subsistema de responsabilidad penal juvenil, sancionado hace casi dos años y que entró en vigor, sólo en forma parcial, en julio pasado. La ley dispone que el mes próximo debe ser completado. El fuero penal juvenil funciona ahora en menos de la mitad de los 134 distritos de la provincia.
   La defensa de Scioli. El gobernador bonaerense, Daniel Scioli, volvió a defender las iniciativas para bajar la edad mínima de imputabilidad, después de que la ministra de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Carmen Argibay, considerara “absurda” tal medida. “Dentro de poco van a meter presos a nenes de tres años de jardín de infantes por pegarle a un compañerito con una pelota en el pelotero”, había declarado la magistrada, tras lo que Scioli sostuvo: “No hay que ideologizar el debate sobre la inseguridad. Todos los sectores deberían respaldar” la iniciativa.
   El gobernador, además, aseguró que “las villas son como aguantaderos, lugares de alta peligrosidad, porque salen a robar y vuelven al lugar. En muchos casos no hay que generalizar, porque allí vive también gente que, por una razón u otra, no tiene la casa que quisiera”. Al respecto, el sociólogo Alberto Morlachetti, de la Fundación ‘Pelota de Trapo’, recordó que “las personas realmente peligrosas para este país no viven en la villa. Hoy el paco es un problema muy grave, pero los chicos que lo consumen no lo fabrican y los que se lo ponen en la mano tampoco son de la villa”.
   Corte. La Corte Suprema comunicó el viernes (7/11) su “profunda preocupación” porque funcionarios provinciales estarían liberando a chicos presos sin avisarles a los jueces. Le envió una nota al gobernador Scioli donde le exige una solución y más fondos para los institutos. “Es competencia exclusiva del Poder Judicial la adopción, modificación o extinción de medidas de coerción personal (detención) previstas en material de responsabilidad penal juvenil", argumentó el alto tribunal.
Arriola se refirió a esta nota: “Nos pega y en parte tiene razón y en parte no. Rescatemos a los pibes antes de que delincan, pero mientras, los que ya cometieron un delito que se responsabilicen, que aprendan que se deben responsabilizar, pero con su debido proceso”. Asimismo, subrayó:“Había situaciones de chicos presos y sin dictarles prisión preventiva desde hacía tres años. La situación es ilegal”.

Periodismo Social:  (Páginal12, pág. 12 - Horacio Cecchi; La Nación, pág. 1 - Pablo Morosi -  10/11/08; Noticia ampliamente tratada por los medios - 9 y 10/11/08)

 

   El fuero de Responsabilidad Penal Juvenil debería estar implementado en su totalidad antes del 1º de diciembre. Sin embargo, el gobierno de la provincia de Buenos Aires no podría cumplir con los plazos fijados por la Suprema Corte de Justicia y llegaría a esa fecha con la mitad de los departamentos judiciales sin el nuevo sistema de minoridad en marcha.
   La Corte 'retó' dos veces este año al gobierno bonaerense por las demoras en la implementación del nuevo sistema. Las complicaciones del gobierno provincial para instrumentar el nuevo fuero de Responsabilidad Penal Juvenil arrancaron el año pasado, cuando el sistema, de acuerdo a lo que disponía la ley, debía entrar en vigencia. Ante la imposibilidad de contar con los medios -recursos económicos y humanos e infraestructura- para cumplir con ese plazo, la Legislatura aprobó una prórroga hasta mediados de 2008.
   Pero los problemas no desaparecieron. Por eso, la Corte resolvió fijar un "cronograma tentativo" para la puesta en marcha del nuevo sistema en forma gradual, en tres etapas. Así, se dispuso que el fuero arrancaría "antes del 15 de julio" en los departamentos judiciales de La Plata, San Martín, Quilmes, Necochea y Trenque Lauquen. En tanto, "durante los meses de agosto y septiembre", el fuero juvenil debía implementarse en los departamentos judiciales de Azul, Mercedes, Pergamino, San Nicolás, Bahía Blanca, Dolores, Junín, La Matanza, Morón y Zárate-Campana.
   La tercera etapa del cronograma fijado por la Corte preveía que "durante los meses de octubre y noviembre" se pusiera en funcionamiento en Lomas de Zamora, Mar del Plata y San Isidro. Sin embargo, a pesar del tiempo transcurrido, el gobierno provincial no pudo completar ninguna de las dos primeras etapas y se encamina a incumplir con el plazo fijado para poner en marcha la tercera.
   En el caso de la primera etapa, aún resta implementar el fuero de Responsabilidad Penal Juvenil en Trenque Lauquen, mientras que en la segunda el panorama es mucho más complicado, ya que todavía no se pudo poner en marcha en Bahía Blanca, Dolores, Junín, La Matanza, Morón y Zárate-Campana.
  

Periodismo Social: (El Día – Buenos Aires, 10/11/08 – edición digital)

Una ayuda que llega a sólo el 25%
En total, casi un millón de chicos se encuentra en riesgo social

LA PLATA.- Según un informe oficial al que tuvo acceso LA NACION, la acción de la Subsecretaría de Niñez y Adolescencia bonaerense, conducida por Martha Arriola, alcanza a un total de 250.000 chicos, apenas un cuarto de los que el propio gobierno reconoce en problemas.

Es que en la provincia, según una estimación del ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, hay un millón de chicos en situación de vulnerabilidad y riesgo social debido a los efectos de la exclusión y de la marginalidad que soportan. Además, unos 400.000 jóvenes, de entre 14 y 20 años no estudian ni tienen trabajo.

El esquema para abordar esta problemática es el de Promoción y Protección Integral de los Derechos del Niño, ley que incorporó el subsistema de responsabilidad penal juvenil, sancionado hace casi dos años y que entró en vigor, sólo en forma parcial, en julio pasado. La ley dispone que el mes próximo debe ser completado.

El fuero penal juvenil funciona en menos de la mitad de los 134 distritos de la provincia. En algunos de los 61 distritos que lo instrumentaron, que se corresponden con ocho de los 18 departamentos judiciales -Necochea, Azul, La Plata, Quilmes, San Martín, Mercedes, San Nicolás y Pergamino- no se ha logrado aún su aplicación completa y efectiva.

Infraestructura

En materia de infraestructura, la provincia posee 851 plazas para menores acusados o condenados por delitos y que, según disposición judicial, requieren medidas de encierro. Esos lugares se distribuyen en ocho centros de régimen cerrado, 17 de contención y tres centros de recepción. A ello se suman los 19 centros de referencia donde se aplican medidas alternativas a la privación de la libertad.

Además, hay 770 plazas en clínicas psiquiátricas y comunidades terapéuticas, y 5000 chicos alojados en instituciones por convenio. Así, viendo los casos de protección y restitución de derechos a los niños y las causas penales, el sistema atiende en forma directa a unos 16.000 chicos y, según informaron oficialmente, "se están incorporando otros 15.000 más".

Los centros zonales y locales atienden los problemas asistenciales. Se estima que este año darán tratamiento a unos 120.000 casos. También existen los centros de día que articulan medidas para unos 10.000 chicos.

En un informe de la dependencia conducida por Arriola, se admiten las deficientes condiciones de internación, la necesidad de reforzar el trabajo de educación y socialización de los menores y se descata la estigmatización que implica para los chicos el paso por un instituto.

Según el citado trabajo, hay actualmente 522 adolescentes alojados en institutos cerrados y otros 1838 chicos cumplen medidas alternativas a la privación de la libertad. La mayor parte de los casos penales responden a robos y hurtos. En lo que respecta a delitos graves (homicidio, violación, secuestro), sólo ingresa el 3 por ciento de los menores.

En tanto, entre los expedientes asistenciales, donde los niños son víctimas, sobresalen las causas por violencia física, adicciones y abusos sexuales.

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