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Derechos Humanos en la Infancia y Adolescencia.

Los menores y el sistema penal: imputabilidad y responsabilidad penal.

El clamor social, obviamente amplificado por los medios de comunicación, por bajar la edad de imputabilidad de los menores, exige algunas aclaraciones para su mejor compresión. Cuál es la realidad normativa actualmente existente? El Régimen Penal de la Minoridad actual no es otro que el decreto 22.278 de 1980, pleno periodo de la dictadura militar. El mismo divide a los menores de edad en dos categorías: mayores y menores de 16 años. Para los primeros, cuando imputados de un delito, se los somete a un misterioso tratamiento tutelar que, de dar resultado, permite la entrega a sus padres o responsables. Milagrosamente dicho tratamiento parece dar siempre resultado, aún antes de comenzar, cuando se trata de menores pertenecientes a sectores medios y altos. Ni uno solo de los 1700 menores de edad presos en la Argentina pertenece a dichos sectores. Para el resto, este tratamiento es siempre un fracaso anunciado, luego de lo cual se lo juzga como adulto al llegar a los 18 por los delitos que cometió siendo menor de edad. Para los menores de 16, a los que este decreto designa como inimputables y no punibles, la situación es todavía peor. Imputados policialmente de un delito, se cierra en razón de la edad, el expediente, con lo cual se abandona cualquier vestigio de debido proceso, pero al mismo tiempo se abre un expediente tutelar que se ocupa de lo que el menor "es” y no lo que el menor “ha hecho” y en base al mismo se lo priva de libertad para ser “protegido”. Donde? En una vulgar cárcel de menores. El día 2 de diciembre de 2008 la Corte Suprema de Justicia en un fallo de autoría intelectual del Dr. Zaffaroni convalidó la constitucionalidad del mencionado decreto y legitimó la privación ilegal de libertad de los menores inimputables. En este contexto, bajar la edad de la imputabilidad no significa otra cosa que tratarlos penalmente exactamente como se trata a los adultos. En otras palabras, arrojar también a los menores de edad a las lacras del sistema penal realmente existente.

Por el contrario, una ley de responsabilidad penal juvenil, por la que venimos bregando desde hace 15 años, implica, entre otras cosas: a) un proceso diferenciado pero no con menos garantias que los adultos; b) asegurar normativa y taxativamente la excepcionalidad y menor duración de la privación de libertad; c) privilegiar para el grueso de los delitos cometidos por los menores edad, sanciones que permitan conectar al adolescente con su responsabilidad como es el caso de la prestacion de servicios a la comunidad.

No podemos mentirnos a nosotros mismos. Una ley de este tipo no es para resolver el problema de la delincuencia juvenil, para ello no hay otra alternativa que las políticas sociales en sus diversas dimensiones. Una ley de responsabilidad penal juvenil resulta imprescindible para administrar en forma transparente, democrática y racional un problema que amenaza a devorarnos como sociedad. Así de simple y así de complejo es el problema que hoy estamos enfrentando.

Autor: Emilio García Méndez. Presidente de la Fundación Sur Argentina

Fuente: AAI

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