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Derechos Humanos en la Infancia y Adolescencia.

CASO GRASSI

Escuche las declaraciones de JALIL en Perfil Defensor de Menores de la Nación.

Familias instruídas por Grassi para reclamar a los chicos e instruirlos para que sus hijos digan que quieren seguir en el hogar. Situaciones de abuso documentadas en la misma fundación. ¡Espeluznante!

 

Impericias periodísticas

Presentan una denuncia ante el COMFER por la exposición en TV de chicos vinculados al caso Grassi

La titular del Comité Argentino de la Convención Internacional por los Derechos del Niño apuntó contra tres canales. Acusaciones y amenazas.

El próximo mes se conocerá la sentencia en el juicio que se le sigue al cura Julio César Grassi, por presunto abuso sexual de menores, en el tribunal Oral Nº 1 de Morón. Pero el clima enrarecido, previo al veredicto, se dirime entre amenazas y acusaciones.

Nora Shullman, directora ejecutiva del Comité Argentino de la Convención Internacional por los Derechos del Niño, denunció amenazas telefónicas el último domingo por la noche: "Yegua de mierda, dejate de joder con la Fundación. No sabés lo que te va a pasar", le advirtió una voz anónima al teléfono particular de su casa. Con esa intimidación, ya son tres los funcionarios judiciales amenazados.

La responsabilidad de los medios. En diálogo con Perfil.com, Shullmann relató el episodio y adelantó que mañana presentará una nueva denuncia en el COMFER contra los canales C5N, Canal 26 y Crónica TV por la exposición a la que se vio sometido uno de los chicos del hogar: "Nos parece vergonzosa la exhibición que se hizo de un chico de 16 años que habló con los periodistas y al que le dieron media hora de cámara mientras hablaba con (Raúl) Portal. Ese chico está dispuesto por un juzgado".

Esta no es la primera vez que el periodismo aparece como involucrado directo en el caso. En su momento, el propio Grassi fue quien mencionó con nombre y apellido a los chicos que lo acusaban delante de los medios: "Por entonces,  presentamos un amparo. Lo ganamos en la justicia de Morón y se prohibió mencionar a los involucrados".

El destino de los chicos, tras la determinación de la jueza Myriam Rustán de Estrada, quedó en manos del Arzobispado porteño. "El equipo técnico y el aporte de recursos lo tiene el Gobierno de la Ciudad, ellos van a garantizar el personal. El Arzobispado es el que va a poner el director, vicedirector y un tesorero", explicó Shullmann.

Al mismo tiempo, cuando este portal le preguntó por la injerencia repentina que la Iglesia tiene con esta decisión y de sus silencios desde que comenzó el caso, la titular del Comité concluyó: "Es una manera sútil de sacarle la escalera" al padre Grassi.

Un defensor de menores dijo que Grassi manejaba el hogar "a control remoto"

Marcelo Jalil, recordó los casos de abusos denunciados el año pasado. 

Una decisión judicial tomó partido en el hogar que supo presidir el cura Julio Grassi. Ayer, la jueza Myriam Rustán de Estrada dispuso que el Hogar San José Obrero, siga funcionando temporariamente con los doce chicos que no querían irse.

Esta mañana, en diálogo con Radio Mitre, el defensor de Menores de la Justicia Nacional, Marcelo Jalil, recordó que "en septiembre de 2008 un chiquito se quiso ahorcar con un cable en el colegio y cuando lo hicieron desistir de su intento, otro chiquito que estaba al lado le dijo - y es literal -  "señorita lo que pasa que aquí empezó realmente la joda de los abusos".

La denuncia a la que refiere el defensor de Menores fue publicada oportunamente en el diario Perfil. " Era público y notorio lo que pasaba con los chicos del hogar", explica Jalil. "En sus propios legajos - a los que definió como libreta de carnicería - aparecían los abusos. Daban pena".

Luego, explicó por qué es crítico con los manejos de la Fundación. "Es para ambos sexos, chicos chiquitos y chicos grandes. Hay una chiquita que es anorexica, un chiquito psiquiátrico. Tenían tratamiento y tomaban pastillas. Otra nena que repitió el año porque no veía, no tenía anteojos".

A propósito de la situación actual de los menores, el Defensor sostuvo que "lo que cambia es que, para asegurar la contención afectiva de los chicos, se hizo esto con el arzobispado hasta que los chicos puedan ser reubicados".

Según Jalil, desde que estalló el caso por los presuntos abusos de Grassi, el hogar es regenteado por personas "capacitadas en nada y manejado por control remoto desde otro lado". Su primera intervención pública fue cuando Grassi señaló que "como los chicos vienen de familias promiscuas es común que les pase eso adentro del hogar", algo que el propio Jalil calificó de "confesión perversa".

Un defensor de menores dijo que Grassi manejaba el hogar "a control remoto"

Marcelo Jalil, recordó los casos de abusos denunciados el año pasado. 

Una decisión judicial tomó partido en el hogar que supo presidir el cura Julio Grassi. Ayer, la jueza Myriam Rustán de Estrada dispuso que el Hogar San José Obrero, siga funcionando temporariamente con los doce chicos que no querían irse.

Esta mañana, en diálogo con Radio Mitre, el defensor de Menores de la Justicia Nacional, Marcelo Jalil, recordó que "en septiembre de 2008 un chiquito se quiso ahorcar con un cable en el colegio y cuando lo hicieron desistir de su intento, otro chiquito que estaba al lado le dijo - y es literal -  "señorita lo que pasa que aquí empezó realmente la joda de los abusos".

La denuncia a la que refiere el defensor de Menores fue publicada oportunamente en el diario Perfil. " Era público y notorio lo que pasaba con los chicos del hogar", explica Jalil. "En sus propios legajos - a los que definió como libreta de carnicería - aparecían los abusos. Daban pena".

Luego, explicó por qué es crítico con los manejos de la Fundación. "Es para ambos sexos, chicos chiquitos y chicos grandes. Hay una chiquita que es anorexica, un chiquito psiquiátrico. Tenían tratamiento y tomaban pastillas. Otra nena que repitió el año porque no veía, no tenía anteojos".

A propósito de la situación actual de los menores, el Defensor sostuvo que "lo que cambia es que, para asegurar la contención afectiva de los chicos, se hizo esto con el arzobispado hasta que los chicos puedan ser reubicados".

Según Jalil, desde que estalló el caso por los presuntos abusos de Grassi, el hogar es regenteado por personas "capacitadas en nada y manejado por control remoto desde otro lado". Su primera intervención pública fue cuando Grassi señaló que "como los chicos vienen de familias promiscuas es común que les pase eso adentro del hogar", algo que el propio Jalil calificó de "confesión perversa".

 

 

 

Un fallo contra la fundación de Grassi

Después de que manifestantes impidieran el desalojo judicial del hogar, la Justicia dispuso que los doce chicos internados queden bajo tutela del Arzobispado porteño, que había denunciado abusos contra los niños. Acusó a la policía de “deliberada desobediencia”.

Por Carlos Rodríguez

Los doce chicos que todavía permanecen en el Hogar Convivencial San José Obrero, de Chacarita, seguirán allí, por decisión de la Justicia y no por la oposición de los manifestantes que fueron movilizados, desde el viernes y hasta ayer, por la Fundación Felices los Niños que lideran el cura Julio César Grassi y el conductor televisivo Raúl Portal. La jueza Myriam Rustán de Estrada, luego de analizar un pedido en ese sentido formulado por el defensor de menores Marcelo Jalil, resolvió que los niños deben quedar a cargo del Arzobispado porteño, que fue el que hizo la denuncia inicial sobre los presuntos abusos sexuales que habrían ocurrido en el hogar, en perjuicio de al menos dos niños de 8 años que estaban alojados allí. En cumplimiento de la medida, el Arzobispado debe designar un director, un subdirector y un tesorero, que se pondrán al frente del hogar, desplazando de esas funciones tanto a la Fundación, cuyos miembros tendrán prohibida la entrada al lugar, como a la intervención del Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes del gobierno porteño.

En un fallo de inusual dureza, la jueza responsabilizó por el escándalo sucedido el viernes a la “obstaculización generada por particulares que (como es) público y notorio, responden a la Fundación Felices los Niños y al presbítero Julio César Grassi”. En el mismo fallo, Rustán de Estrada denunció la “deliberada desobediencia de la Policía Federal, a través del titular de la comisaría 37, comisario inspector Ricardo Raúl Pedace”, lo que habría contribuido a impedir que la medida se pudiera concretar.

Sobre los hechos del viernes, la jueza hizo hincapié en la “grave situación abusiva a la que se ha sometido a los niños”, en alusión al accionar de personas que impidieron la salida de los vehículos en los que iban a ser trasladados los chicos. La manifestación fue encabezada por Portal y por la monja Olivia Jiménez, quien estaba al frente del hogar cuando ocurrieron los abusos sexuales denunciados y fue destituida. “Los hechos son de tal gravedad que no es posible consentir la manipulación de los niños por quienes debían velar por su cuidado. Corresponde entonces acudir a una institución que posea la autoridad moral necesaria para impedir el avasallamiento sistemático de los más elementales derechos del niño”, dijo la magistrada en otro párrafo de su resolución.

La tutela de los doce niños del Hogar San José quedará en manos del obispo auxiliar Horacio Benites Astoul, de la Vicaría Episcopal de Belgrano, de quien depende el Colegio Santa Teresa de los Andes, que funciona en Charlone 753, en el mismo predio donde están el hogar y un call center montado por la Fundación. La jueza dejó constancia de que “surge el interés puesto de manifiesto por las autoridades de la escuela (Santa Teresa) ya que fueron ellas quienes pusieron en conocimiento de la autoridad eclesiástica los aberrantes hechos ocurridos dentro del hogar”.

La doctora Rustán de Estrada sostuvo que buscó una autoridad que sea “un referente genuino y desinteresado, que no ejerza actos de manipulación sobre sus personalidades en formación”. Se aclaró en el fallo que “el Arzobispado deberá ejercer la guarda hasta tanto los jueces naturales de cada uno” de los doce niños “disponga la reubicación de cada uno de ellos en un hogar que contemple sus necesidades afectivas, psicológicas y materiales”. La jueza advirtió que “conforme a los graves hechos vividos a lo largo de estos años por los menores, se encomienda especialmente al Arzobispado la atención psicológica y espiritual de los niños”. Antes de las denuncias de abuso, había en el hogar 36 chicos, entre niños y adolescentes. De ellos, 24 fueron trasladados sin que se produjeran enfrentamientos con los manifestantes de la Fundación.

Antes de dictar su fallo, la jueza se reunió con el defensor Jalil y con la vicepresidenta del Consejo, Gladys Suárez, quien se había hecho cargo de la dirección del hogar y había tenido “una actitud muy comprometida, a nivel personal, frente a la situación planteada”, según confió a Página/12 una fuente allegada al proceso que se abrió a partir de las denuncias de abuso sexual. Anoche, en el Consejo, se advertía un gran malestar por la decisión de la jueza de dejarlos afuera de la resolución del problema. Jalil, por su parte, declaró que “se mantiene la decisión de trasladar a los chicos (del hogar San José), pero se hará en su momento de manera no traumática y respetando los tiempos y las necesidades de cada uno”.

Falta saber cuál será la actitud de los manifestantes movilizados por Portal y Grassi, que ayer seguían en la puerta de acceso al hogar y que abuchearon y empujaron a una persona enviada por el obispo Benites Astoul. La asesora general tutelar de menores de la Ciudad, Laura Musa, expresó ayer su rechazo a la “grosera manipulación” que se hizo de los chicos del hogar San José y sostuvo que se hizo “en una brutal defensa de intereses que nada tienen que ver” con los derechos de los niños sino “con el juicio que se le sigue al cura Grassi (en Morón)” y “con la defensa del predio de Felices los Niños” en Charlone 753. Musa recordó que el lugar “es propiedad del Estado y deberá ser devuelto una vez que los niños sean alojados en lugares apropiados”.

Infancia, la aberrante “normalidad”

Por Emilio García Méndez *

Los recientes sucesos en el Hogar San José Obrero vinculado con la “obra” del cura Grassi se parecen mucho a aquel cuento de Borges donde un anónimo alertaba a un marido ingenuo sobre las peripecias de su mujer, la cual, “con la excusa de trabajar en un lupanar, vendía en realidad allí géneros de contrabando”. El escándalo perfectamente organizado y orquestado por poderosos de todo pelaje, resistiendo al desalojo denunciado por un obispo y ordenado por la Justicia debido a la evidencia de gravísimas violaciones de todo tipo y tamaño, puso al descubierto una situación donde los hechos más graves se escondían y se esconden en el “normal” funcionamiento cotidiano de la institución. Un funcionamiento “normal” que hasta ahora no ha sido puesto en evidencia, tal vez, porque en esta materia hemos perdido la capacidad de percibir lo obvio. Entre otras cosas, el escándalo puso de relieve que buena parte de los niños abandonados fueron rápidamente recuperados por miembros de su entorno familiar, cuya aparente inexistencia era el único motivo que justificaba su “protección”. No quiero abundar aquí en las falacias y los peligros que esconden las diversas formas de institucionalización para el supuesto amparo de sujetos vulnerables.

¿Hasta cuándo y con qué argumentos el Estado seguirá tolerando estas repúblicas autónomas fundadas en un “amor”, para el que no rigen ni los límites ni los controles de ninguna naturaleza? Espacios de grosera y delictiva manipulación de niños y adolescentes. La experiencia concreta y no una vaga especulación filosófica enseña a distinguir las formas legítimas de las formas ilegítimas y espurias de participación de los menores de edad. En las primeras, simplemente, los niños hablan como niños y los adultos, como adultos. En las segundas, los niños hablan como adultos y los adultos, como niños.

En todo caso, algunos interrogantes permanecen flotando en el aire y dependerá de la voluntad real del poder político (de la Nación y de la ciudad) responderlos adecuadamente. Entre otros, resulta incomprensible la ostensible torpeza de la inacción policial. Un poco más clara parece ser la defensa de la “casita” de los niños situada en terrenos de propiedad del Onabe, cuyo valor lejos está de ser de naturaleza simbólica.

Si de la acción de la Justicia y del coraje cívico y solitario de funcionarios como el Dr. Marcelo Jalil no se extraen consecuencias profundas en términos de reformulación de la política social, sólo habrá que sentarse a esperar un nuevo escándalo, aunque le será más difícil a la dirigencia política mostrar sorpresa y estupor frente a la sociedad.

Diputado nacional. Presidente de la Fundación Sur Argentina.

Fuente: Perfil 19 y 20/05/09

 

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