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Derechos Humanos en la Infancia y Adolescencia.

La denuncia penal por 600 prostíbulos porteños

1. Texto de la denuncia penal que será presentada el martes 15 ante la Procuración General de la Nación y también en la Agencia de Control Comunal y la Fiscalía Contravencional de la CABA
 
2. Comunicado consensuado convocando a la movilización del martes 15 firmado por más de un centenar de organizaciones.

3. Llamamiento que dio origen a esta convocatoria
 
4. Se entregarán a los organismos públicos de 613 direcciones de prostíbulos en la Capital; 178 números de teléfonos de prostíbulos porteños anunciados públicamente en los que no figura su dirección en la web y 20 direcciones web de prostíbulos. Solicitar a quien quiera la nómina completa de los mismos.
 
                                                            Gustavo Vera (La Alameda)
 

FORMULA DENUNCIA

Señor Procurador General de la Nacion:
Gustavo Javier Vera DNI 16.952.954 por la Fundación Alameda; Juan Grabois DNI 30.334.765 por el Movimiento de Trabajadores Excluídos; Mercedes Inés Assorati DNI 16.764.101 por el Programa Esclavitud Cero; María Fabiana Tuñez DNI 16.137.151 por la Asociación Civil Casa del Encuentro; Claudia Fernanda Gil Lozano DNI 12.792.615 en su calidad de Diputada Nacional; Sara Torres DNI 3.948.619 por Diirectorio argentino de la Coalición contra el Tráfico de Mujeres, Niñas y Niños; Fernando Mao DNI 14.751.429 y Viviana Caminos DNI 13.506.313 por la RATT Argentina con el patrocinio legal del los Dres Rodolfo Yanzón (T° F° CACF) y Mario Fernando Ganora (T° 36 F° 227 CACF) con domicilio en Avda Callao 178 Piso  5° de la Ciudad Autónoma de Bueno Aires, constituyendo conjuntamente el procesal en Directorio 3998 CABA respetuosamente dicen:


I) Objeto
Por el presente, venimos a denunciar los locales que se mencionan en la nómina del Anexo I del presente a los fines de que se investigue la presunta comisión de los delitos previstos y reprimidos en los arts. 117, 120 y 121 de la ley 25.871; 125 bis, 126, 127,  140, 145 bis y 145 ter C.P.; y 15 y 17 de la ley 12.331 por parte de los responsables de la red de prostitución que a continuación se describirá y sus eventuales cómplices y encubridores.

Esta denuncia tiene particularmente en cuenta la Resolución n ° 99/2009 de la Procuración General de la Nación orientada a la lograr la clausura de las casas de tolerancia tal como las define el art. 15 de la ley 12.331 en función de lo dispuesto en el art. 6 de la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y los arts. 1,2,3,y 4 del Convenio para la Represión de la Trata de Personas y Explotación de la Prostitución Ajena del 2 de diciembre de 1949, ratificado por ley 11.925. La Resolución n° 99/2009 constituye un gran avance en la lucha contra la discriminación de la mujer y a favor de la libertad y dignidad humanas.
Sin embargo, no podemos dejar de señalar que sus disposiciones están siendo resistidas no sólo por la inercia de los funcionarios policiales y de los magistrados del Poder Judicial de la Nación sino también por la voluntad contraria al derecho de la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal, cuyos integrantes pretenden que la explotación de la prostitución ajena en casas de tolerancia por parte de los proxenetas está tutelada por el art. 19 de la Constitución Nacional.



II) FUNDAMENTOS

IIa) Hechos.

Las presente denuncia versa sobre la existencia de una conocida y pública red de locales donde se ejerce ostensiblemente la prostitución, y probablemente la trata de personas con fines de explotación sexual  y la reducción a servidumbre de las personas que ejercen el meretricio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La nómina y ubicación precisa de estos locales es la que se detalla en el Anexo I que se agrega a continuación:

Al igual que en los casos anteriores se trata en muchos casos de locales abiertos al público que con la aparente habilitación de locales bailables, bares y cafés desempeñan este menester. En otros casos de locales que si bien no tienen esas habilitaciones realizan publicidad de su actividad por medio de la prensa y de volantes en la vía pública.
Los locales abiertos al público que desvirtúan el rubro de su habilitación funcionan habitualmente desde las 23. horas hasta las 8 de la mañana del día siguiente. Se caracterizan por tener carteles que indican el nombre del establecimiento en su frente o que  sugieren su actividad como casa de tolerancia y operan con música muy fuerte que trasciende al exterior y casi sin luces internas.  Concentran un número importante de mujeres provenientes de distintas provincias de la República Argentina  de países limítrofes como la República del Paraguay que exhibiéndose en ropa interior o en forma muy llamativa ejercen la prostitución. Los otros locales, denominados “privados” en la jerga de esa criminalidad, operan las veinticuatro horas del día de estar a su publicidad.

A raíz del funcionamiento de estas casas de tolerancia se produce un significativo incremento de la inseguridad toda vez que los vecinos manifiestan  desde hace tiempo:
* Ejercicio de la prostitución organizada y solventada por grupos ilegales.
* La producción de hechos de violencia muy seguidos con derramamiento de sangre. Locales con o sin habilitación en los cuales «vale todo», se ofrecen mujeres mayores o menores, niños o drogas o son escenarios de trifulcas muy seguidas, con lesionados y muertos en hechos de sangre.
* Proliferación de grupos de delincuentes organizados en torno a la referida actividad que se disputan el territorio.
* Tráfico mayor y menor y venta de sustancias y drogas ilícitas.
* Connivencia activa o pasiva de las autoridades policiales y de los funcionarios del Gobierno local o Nacional que toleran y amparan estas actividades haciendo caso omiso de las denuncias.

Resultaría de la persistencia de este fenómeno que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no existe la voluntad política de hacer cumplir la ley 12.331 y el Convenio para la Represión de la Trata de Personas y de la Explotación de la Prostitución Ajena , ratificado por ley 11.925 que obliga al cierre de los prostíbulos en todo el territorio nacional y al castigo de los proxenetas. Es evidente que las máximas autoridades de la Administración nacional y local encargadas de velar por la seguridad, salud e higiene públicas, no se consideran obligadas por las disposiciones de los arts. 15 y 17 de la ley 12.331 y del art. 2 del  Convenio para la Represión de la Trata de Personas y de la Explotación de la Prostitución Ajena, puesto que de otro modo no se entiende como es posible el hecho publico y notorio del funcionamiento abierto y escandaloso de numerosísimas casas de tolerancia a pesar de que esta actividad está prohibida por ley nacional (12.331) desde el año 1936. El hecho de que las mencionadas autoridades permanezcan indiferentes y sin disponer medidas conducentes a combatir este fenómeno delictivo es revelador de que la tolerancia de los prostíbulos es una política de estado. Las autoridades no entienden que el funcionamiento de los prostíbulos sirve de factor determinante para la estructuración de las redes de trata con las características que prevé el Protocolo de Palermo, ratificado por ley 25.632, y la ley 26.346.

En efecto, en   la medida en que no se cierren los prostíbulos resultará imposible luchar contra los fenómenos asociados a ellos y que están básicamente enunciados en la doctrina de los tratados internacionales mencionados.

IIb) En cuanto a la cuestión de derecho

Aquí corresponde señalar que no podemos dejar de mencionar, a contrario del criterio expuesto por la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital in re “Rojas, Isabel y otros s/ procesamiento”, resuelta el día 19 de agosto de 2009 (causa n° 42.719), que es un deber constitucional la represión del proxenetismo y la clausura de los prostíbulos para proteger los Derechos Humanos contemplados en la Ley Fundamental y los tratados internacionales ratificados por nuestro país.
Las razones que justifican esta afirmación son las siguientes:
La explotación de la prostitución ajena en casas de tolerancia (art. 15 de la ley 12.331) no es una conducta sexual amparada en el art. 19 de la Constitución Nacional. La conducta de sostener, administrar o regentear una casa de tolerancia nada tiene que ver con la intimidad sexual en sí misma. Esas conductas pueden ser perfectamente realizadas por verdaderos ascetas que abominen del sexo. Las conductas mencionadas en los arts. 15 y 17 de la ley 12.331 conciernen a actividades comerciales y a determinados usos de la propiedad sobre locales y establecimientos que la ley prohíbe y reprime.
La Constitución Nacional permite a las autoridades nacionales y locales en ejercicio del poder de policía prohibir actividades comerciales o la utilización de la propiedad en perjuicio de los demás y en beneficio de la salud pública conforme lo dispuesto en el art. 14 C.N.. La ley 12.331 de Profilaxis de las Enfermedades Venéreas consideró entre otras cosas que esta actividad comercial de explotación de la prostitución ajena no sólo era inmoral sino además peligrosa para la salud pública y que no había ninguna posibilidad de reglamentarla para tornarla inocua. En consecuencia, el legislador decidió prohibirla. Pese a la opinión de la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, estas normas que despectivamente son llamadas de “biopolítica” con alusión a las doctrinas del ensayista Michel Foucault, constituyen una adecuada reglamentación del art. 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que tiene jerarquía constitucional. La salud pública es un derecho o más bien un bien jurídico que está por encima de la libertad de comercio, de empresa y del uso de la propiedad (CSJN Fallos 117:432; 118:278; 136:161; 142:62, 171:88, 171:360; 199:483, etc) . En este sentido cabe traer a colación la antigua y siempre reiterada doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación enunciada por su entonces presidente, el Dr. José Benjamín Gorostiaga, quien había tenido el honor de ser entre otras cosas, el miembro informante de la Convención Constituyente de 1853 en el leading case “Podestá, Santiago y otros c/Provincia de Buenos Aires s/indemnización de daños y perjuicios” del 14 de mayo de 1887: “ninguno puede tener un derecho adquirido de comprometer la salud pública y esparcir en la vecindad la muerte y el duelo con el uso que haga de su propiedad, y especialmente con el ejercicio de una profesión o de una industria”… “la autorización de un establecimiento industrial está siempre fundada en la presunción de su inocuidad, y no obliga al Gobierno que la concedió, cuando esta presunción ha sido destruida, por los hechos, pues en tal caso, el deber que sobre el pesa de proteger la salud pública contra la cual no hay derechos adquiridos, recobra toda su fuerza y no solamente puede imponer al establecimiento nuevas condiciones, sino retirar la autorización concedida, si estas no cumplieran o fuesen ineficaces para hacerlos totalmente inocuos”.
La explotación de la prostitución ajena como forma de discriminación contra la mujer atenta contra bienes jurídicos contemplados expresamente en la Constitución Nacional, lo que justifica la conminación de sanciones de naturaleza penal sin quebrantamiento alguno del principio de lesividad. En efecto, la discriminación constituye una violación del principio de igualdad ante la ley (art. 16 C.N.), que justifica la interposición de la acción de amparo (art. 43 C.N.) y que motiva la intervención del Defensor del Pueblo (art. 86 C.N.). Los tratados internacionales en materia de Derechos Humanos con jerarquía constitucional establecen la obligación de los Estados Partes de luchar contra la discriminación (arts. 7 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, 24 de la declaración Americana sobre Derechos Humanos, 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos). La discriminación contra la mujer, de acuerdo con los considerandos de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, viola los principios de la igualdad de derechos y del respeto de la dignidad de la mujer, en las mismas condiciones que el hombre en la vida política, social, económica y cultural de su país, constituye un obstáculo para el aumento del bienestar de la sociedad y de la familia y entorpece el pleno desarrollo de las posibilidades de la mujer para prestar servicio a su país y la humanidad. Por lo tanto, no corresponde que tanto el Gobierno Nacional como el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires omitan el cumplimiento de las leyes reglamentarias de normas expresas y específicas destinadas a la prohibición y represión de la explotación de la prostitución ajena sobre la base de que no son lesivas de bienes jurídicos. Cabe destacar que según la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer la explotación de la prostitución ajena en todas sus formas constituye una forma de discriminación contra la mujer contemplada expresa y específicamente en el art. 6. Este instrumento internacional de Derechos Humanos tiene jerarquía constitucional conforme lo establecido en el art. 75 inc. 22 C.N. Las disposiciones de este tratado, en las condiciones de su vigencia, no derogan artículo alguno de la primera parte de la Ley Fundamental y deben entenderse complementarios de los derechos y garantías por ella reconocidos. En consecuencia, no corresponde interpretar el art. 19 C.N. en colisión con el art. 6 de la Convención mencionada sino compatibilizando ambas normas de acuerdo con los criterios exegéticos tradicionales en materia constitucional. El art. 75 inc. 23 C.N. obliga al Congreso a legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato y el pleno goce y ejercicio de lso derechos reconocidos por la Ley Fundamental y por los tratados internacionales vigentes sobre Derechos Humanos, en particular respecto de las mujeres, ente otros. En consecuencia, el Gobierno Nacional está obligado a legislar para prohibir y reprimir todas las formas de explotación de la prostitución de mujeres y niños. La ley 12.331 es en la actualidad la única norma que reúne este requisito de completa generalidad de la prohibición.
La explotación del hombre por el hombre (art. 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos), la esclavitud, la servidumbre, la trata de personas (arts. 6 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 6 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos) y la explotación de la prostitución ajena (arts. 6 de la Convención Americana sobre derechos Humanos y 6 de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer) constituyen formas específicas de violación de los Derechos Humanos que los Estados deben reprimir. Las víctimas de estos hechos no pueden con su consentimiento, aunque lo hubieran dado y mantenido válidamente, justificar o exculpar a los autores y partícipes de esta clase de hechos por cuanto está en juego el orden público nacional e internacional. En este sentido vale el principio de que los Derechos Humanos son inalienables, irrenunciables e imprescriptibles. Por lo tanto, la renuncia a ellos es de ningún valor (art. 19 del C.C.).
Según el art. 31 y 75 inc. 22 C.N. la Convención para la Represión de la Trata de Personas y Explotación de la Prostitución Ajena forma parte de la ley suprema de la Nación y tiene jerarquía superior al derecho interno por lo que las autoridades nacionales y locales tiene la obligación de acatarlo en la medida de sus posibilidades..


III) Petitorio
Por todo lo expuesto, los abajo firmantes solicitamos que:
Se tenga por presentada la denuncia formulada.
Se tenga por ofrecida la prueba aportada en el Anexo I
Se de el curso correspondiente instruyéndose a los fiscales para que procedan de conformidad con lo dispuesto en el art. 33 incs. d) y g) de la ley 24.946

Proveer de conformidad. Será justicia.

 

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