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Derechos Humanos en la Infancia y Adolescencia.

Una ley con poca incidencia

 

Especialistas y ONG reclaman la implementación de la norma 26061 de protección de los derechos del niño

Sábado 15 de mayo de 2010

Los vemos todos los días: chicos pidiendo en las esquinas o el subte, chicos con ojos desorbitados de tanto Poxirrán o paco, chicos que salen a robar y no conocen otro lenguaje que el de la violencia. También están los que viven en institutos u hogares a la espera de una familia, los que no reciben los tratamientos médicos que necesitan o los que son víctimas de abuso.

A este contexto se suma que 5 millones de menores de 18 años viven en situaciones de pobreza económica en nuestro país, según un informe del Barómetro de la Deuda Social de la Infancia de la Universidad Católica Argentina.

Todas estas realidades son las que buscó reparar la ley 26061 de protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, sancionada en 2005, sin demasiado éxito. Con ella se acordó garantizar el ejercicio y disfrute pleno de todos los derechos que tienen los niños que habitan el país, así como ratificar la aplicación obligatoria de la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989.

A 5 años de que se sancionó la ley 26061, LA NACION quiso saber en qué situación se encuentra la aplicación de la legislación a nivel nacional. Por eso consultó a abogados especialistas, representantes del Estado y ONG que trabajan para garantizar el funcionamiento de la norma vigente.

"Lo principal de esta ley es reconocer como trascendental el mejor interés del niño, teniéndolo como sujeto de derecho y en ese sentido, como titular con el mismo alcance que los derechos personalísimos -derecho a la vida, a la intimidad, a la identidad, a la salud, a la libertad- reconocidos previamente en la Convención sobre los Derechos del niño en 1989", explicaron las doctoras María Clara Bouchoux, miembro de la Comisión Pro Bono del Colegio de Abogados de la ciudad de Buenos Aires, y María Victoria Tarzian, coordinadora Pro Bono del Estudio Bullo-Tassi-Estebenet-Lipera-Torassa Abogados, que junto a integrantes de la Comisión y el Estudio Marval O´Farrell realizaron, el 19 de marzo, el Seminario sobre protección integral de la niñez a la luz de la ley nacional 26061 y de ley local 114 .

Lo positivo

Algunos de los artículos que encierra la ley 26061 se pusieron en marcha durante estos 5 años. Tal fue el caso del artículo 43, donde se establece la creación de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, entidad que actúa en todo el territorio nacional y tiene la responsabilidad de gestionar políticas y acciones para todos los niños, así como garantizar el acceso al ejercicio de sus derechos.

También se conformó el Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia, que representa a todas las provincias y la ciudad de Buenos Aires, "donde por primera acordaron que el financiamiento federal fuese exclusivamente para iniciativas que respondieran a la ley 26061, a la Convención, dejando atrás la concepción del patronato del Estado como de las políticas de infancia", destacó la presidenta de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, Paola Vessvessian, que recalcó: "La inversión en la Argentina para la niñez pasó de 7048 millones en 2003 a 27.912 millones de pesos en 2009".

Para el grupo de abogados Pro Bono lo que se está tratando de lograr con la ley es evitar la judicialización de aquellas causas que deben ser resueltas por políticas dinámicas y eficientes del Estado. "La gran modificación ha sido el no tener que esperar una orden judicial para que el niño tenga un entorno familiar adecuado. No obstante, en algunas ocasiones, la influencia judicial es necesaria", comentó Bouchoux.

Por su parte, desde Familias de Esperanza -asociación que brindar servicio de familias de tránsito- afirman que de por sí la ley es buena, pero su aplicación no. "Falta capacitar a la gente que trabaja en las defensorías zonales, y vemos que no se brinda el acompañamiento real que la familia necesita. Tenemos casos en los que los chicos vuelven con su familia, al poco tiempo solicitan un nuevo ingreso y retornan más dañados que la primera vez que llegaron acá", afirma Victoria Acosta, cofundadora de la asociación.

Mabel Benegas, asistente social y representante de la Fundación Conin -organización que lucha contra la desnutrición infantil en nuestro país desde la provincia de Mendoza- asevera: "Estamos corriendo el grave riesgo de que el Ejecutivo declame derechos, pero no esté dispuesto a realizar una seria inversión en beneficio de todos los niños y adolescentes mendocinos".

Más que demoras

Desde la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia afirman que no hay retrocesos desde la implementación de la ley, pero sí demoras en algunas cuestiones. "Se avanzó en la adecuación normativa provincial, pero aún hay provincias que no tienen una legislación interna acorde con la ley nacional, así como no hay en todos los municipios una oficina adonde recurrir ante la vulneración de algún derecho o que planifique políticas locales para los niños y jóvenes del lugar", aseguró Vessvessian.

Otro retraso importante es la designación del defensor de los derechos de los niños -figura creada en el artículo 47-, que debía haber sido ratificado dentro de los noventa días de sancionada la ley, cosa que no sucedió. Con respecto a esto, desde la secretaría sólo informaron que la designación está en manos del Congreso de la Nación y no depende de ellos.

Con una mirada crítica, Lucas Aón, juez de familia, dice: "No se nombra a nadie en ese cargo porque no conviene designar a alguien que controle".

Sin comunicación

Si bien el artículo 6 de la ley establece que "la comunidad por motivos de solidaridad y en ejercicio de la democracia participativa debe y tiene derecho a ser parte en el logro de la vigencia plena y efectiva de los derechos y garantía de los niños", la falta de difusión y conocimiento de la existencia de la ley por parte de la sociedad invitada a formar parte de ella dificulta su aplicación.

"La comunidad, con justa razón, se indigna al ver a los niños abandonados o en situación de calle, o no entiende el motivo por el cual existen personas que quieren adoptar y no pueden hacerlo viendo cotidianamente chicos en situación de riesgo -comentó Tarzian, desde la Comisión Pro Bono-. Una adecuada difusión de las políticas por implementarse en cada caso llevaría a la población a saber distinguir los distintos casos de vulneración de derechos que sufren los niños y a actuar en consecuencia", dijo.

El doctor Norberto Liwski -presidente de Defensa de Niños Internacional, Sección Argentina- concuerda en que la difusión de la ley no ha logrado penetrar suficientemente en las prácticas institucionales, como los sistemas de educación, salud y programas sociales, o bien en el ámbito judicial.

Sin embargo, Liwski afirmó que el debate social y legislativo que requirió casi una década hasta plasmarse en un amplio consenso puso en evidencia que la implementación de la ley requerirá de "un trabajoso, complejo y prolongado proceso de transformaciones institucionales de sus prácticas e innovadoras metodologías con la inclusión de nuevos parámetros sobre los cuales definir y evaluar las políticas públicas".

Mucho más crítico, Aón sostuvo: "Me parece que nuestro país es muy hipócrita con respecto a esta ley porque se hizo un marco legal que establecía un paradigma interesante en relación con los derechos del niño, pero en la realidad no se llegó en absoluto al objetivo deseado", aseveró el juez de familia y sintetizó: "Se hizo la ley, pero no se cumplió con la ley".

Liwski recalcó que la agenda del siglo XXI tiene por delante el "inexcusable desafío del Estado de superar los obstáculos extendidos para la aplicación de la ley 26061 en sus distintas jurisdicciones, así como profundizar en todos los planos, la construcción cultural de un nuevo contrato social, que reconozca a la niñez y adolescencia como sujetos activos de derechos y protagonistas del desarrollo en una sociedad democrática", concluyó.

Por Carla Melicci
Para LA NACION

Avances

1 Reconocimiento de los niños como sujeto de derecho

2 Ratificación de la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989

3 Se generó avances en el pensamiento sobre la concepción de políticas públicas en materia de niñez

4 Se ha propuesto la desjudicialización de los procesos con niños

5 La Asignación Universal por Hijo

6 Se conformaron la Secretaría General de Niñez, Adolescencia y Familia (Sennaf) (Cap. I, Art. 43) y el Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia (Cap II, Art. 45)

7 Reconocimiento de las ONG como actores activos para garantizar los derechos de los niños a través del desarrollo de programas, servicios de promoción, tratamiento, protección y defensa de los derechos del niño (Art. 66)

Pendientes

1 Designación de la figura del defensor de los derechos de la niña, niño y adolescente. Tenía que haber sido elegido por el Congreso de la Nación dentro de los 90 días de sancionada la ley

2 Conformación de programas específicos y concretos que permitan afirmar con certeza la viabilidad y operatividad de las políticas públicas en todo el país pensadas en materia de niñez

3 Implementación de un sistema eficiente de fortalecimiento del núcleo familiar que rodea al niño

4 Si bien se ha propuesto la desjudicialización de los procesos con niños, las cuestiones se tienen que judicializar para exigir al Poder Ejecutivo que cumpla con sus obligaciones de amparo de los niños

5 Falta de comunicación a la sociedad en general sobre la existencia de la ley

6 No se conformó el Registro Nacional de Organizaciones de la Sociedad Civil con personería Jurídica (Art. 68) en el ámbito de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia

7 Capacitación del personal que trabaja en las defensorías zonales

8 Profundizar en todos los planos la construcción cultural del nuevo contrato social para la niñez y adolescencia

9 Falta de recursos por parte del Estado para afrontar la gran demanda existente

10 Falta que algunas provincias y municipios tengan una legislación interna acorde con la ley nacional

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Publicada por LA NACIÓN

 

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