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Derechos Humanos en la Infancia y Adolescencia.

La Corte votó por las personas con discapacidad

Las empresas de transporte automotor de pasajeros sometidas a contralor de la autoridad nacional no deben cobrar pasaje a las personas con discapacidad, según dispuso el miércoles la Corte Suprema de Justicia de la Nación, al declarar la inconstitucionalidad de un decreto del año 2006 que reglamentó la protección integral de las persnas con discapacidad, sin incluir ese derecho.
La obligación de las empresas se refiere al transporte gratuito "en el trayecto que medie entre su domicilio y cualquier destino al que deban concurrir y que tiendan a favorecer su plena integración social".
Así lo estableció la Corte, que consideró inconstitucional el artículo 4, inciso b, del decreto 118 de febrero de 2006, reglamentario de las leyes 24.314 y 25.635, sobre protección integral de las personas con discapacidad. Esa norma disponía que esa obligación se limitara a una plaza para la persona con discapacidad y una para su acompañante si el servicio cuenta con hasta 54 asientos, y de 2 plazas para discapacitados y acompañantes si la capacidad fuera mayor

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